Seguridad sin protección a las comunicades: Primera semana de Abelardo de la Espriella

La lectura de este balance obliga a cuestionar la idea de que la primera semana de gobierno representa una recuperación inmediata de control. Pues, aunque el despliegue estatal puede haber incrementado la presión sobre ciertos grupos armados, los grupos armados respondieron con una capacidad de dispersión territorial de sus acciones en Colombia que revela tanto su adaptación operativa como la continuidad de sus accionar en diferentes focos regionales. Así, por ejemplo, los ataques con drones, en especial, expresan una mutación relevante en el accionar de los grupos armos, pues les permite combinar el bajo costo de los drones, el alcance sobre instalaciones fijas y la alta capacidad de impacto.

El ELN como objetivo del nuevo gobierno

El grupo más golpeado durante la primera semana parece ser el ELN. La prioridad puede responder a razones operacionales, políticas y geopolíticas. En el plano territorial, esta guerrilla conserva presencia y capacidad ofensiva en zonas estratégicas de frontera colombo venezolana, en particular el Catatumbo, y mantiene una estructura binacional con integrantes y redes de apoyo distribuidas entre Colombia y Venezuela. Estimaciones recientes sitúan al ELN en cerca de 6.300 integrantes, entre combatientes y redes de soporte, con actividad a ambos lados de la frontera.

Esta condición transfronteriza convierte al ELN en un objetivo funcional para la nueva estrategia de seguridad[1]. Este grupo no solo representa una amenaza para la Fuerza Pública colombiana, ya que puede ser presentada como parte de un problema regional de narcotráfico, economías ilegales y violencia fronteriza. En ese marco, la ofensiva contra el ELN se alinea con el giro de la política exterior y de seguridad hacia Estados Unidos, particularmente con la agenda antiterrorista regional promovida desde Washington. La relevancia de Venezuela en esa ecuación es central pues cualquier política que busque debilitar de manera estructural al ELN tendrá que enfrentar su capacidad de movilidad, retaguardia y operación en territorios fronterizos venezolanos, en un contexto en el que la relación con Caracas aparece cada vez más mediada por la política estadounidense.

Este reposicionamiento se hizo explícito el 12 de agosto, cuando el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que el Gobierno de Abelardo de la Espriella autorizó operaciones militares conjuntas en territorio colombiano “para destruir terroristas y redes terroristas”. El anuncio fue acompañado por la incorporación de Colombia a la Americas Counter Cartel Coalition o Escudo de las Américas, una coalición impulsada por Washington contra redes de narcotráfico y crimen organizado en la región.  La decisión amplía el alcance de la ofensiva, en tanto la seguridad deja de plantearse únicamente como una respuesta interna al conflicto armado y pasa a inscribirse en una arquitectura regional de lucha contra el narcoterrorismo.

En este contexto, golpear al ELN permite al gobierno de ADLE producir resultados alienados con su promesa de mano dura, diferenciarse de los anteriores esquemas de diálogo y ofrecer a Estados Unidos un interlocutor dispuesto a integrar su estrategia regional. La baja de alias “Manchado”, señalado de pertenecer a una estructura de financiación del frente de guerra Darío Ramírez Castro, contribuye a esa narrativa de resultados tempranos. Sin embargo, la cooperación militar con Estados Unidos y el lenguaje antiterrorista no resuelven por sí mismos el problema territorial, pues una estrategia que no combine control fronterizo, inteligencia financiera, protección de comunidades, coordinación binacional y respeto estricto del DIH puede aumentar la presión armada sin desarticular las redes sociales, económicas y logísticas que sostienen al ELN.

El reinicio de los bombardeos y la población civil

La decisión más controversial de la primera semana fue el primer bombardeo ordenado por el Gobierno contra estructuras del ELN en el Catatumbo. La operación, desarrollada entre zonas rurales de Tibú y San Calixto durante la noche del 10 de agosto y la madrugada del 11 de agosto, fue presentada por el Ministerio de Defensa como una acción contra infraestructura de la guerrilla. El balance oficial informó la muerte de dos presuntos integrantes del ELN, la destrucción de cinco campamentos y dos búnkeres, así como la incautación de cerca de 1,5 toneladas de explosivos y material de guerra.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo informó que tres campesinos, incluida una mujer de 44 años, resultaron heridos como consecuencia del bombardeo. La entidad también reportó movimientos forzados de población hacia El Tarra y solicitó atención humanitaria de emergencia.  Sumado a esto, organizaciones sociales y de derechos humanos del Catatumbo, como El Comité de Integración Social del Catatumbo, el Equipo Jurídico Pueblos, la Asociación MINGA y otras 19 organizaciones rechazaron la operación y sostuvieron que el ataque habría impactado de manera indiscriminada viviendas de población civil en la vereda El Sinaí, con una posible vulneración de los principios de distinción, precaución y proporcionalidad del DIH.

Según estas organizaciones, el hecho dejó tres campesinos heridos y provocó el desplazamiento de cerca de 40 familias hacia el casco urbano de El Tarra. También cuestionaron que, pese a que tropas del Ejército se encontraban cerca de la vivienda afectada, la evacuación de los heridos hubiera sido realizada inicialmente por la propia comunidad. Aunque las organizaciones sociales no afirman que se trate de un “falso positivo”, sí exigen una investigación independiente y verificable. Pues cuestionan profundamente la divergencia entre la versión oficial y los testimonios comunitarios sobre el lugar de los impactos; la falta de evidencia pública que respalde la anunciada incautación de 440 granadas adaptadas para drones; y la ausencia de información sobre la afectación efectiva a campamentos o mandos del ELN.

Frente a este hecho, la Revista RAYA reportó que solicitó al Ministerio de Defensa registros fotográficos del operativo y recibió las mismas ocho imágenes difundidas oficialmente, en las cuales no se observan las 440 granadas anunciadas. A esta versión se suma la postura de las Fuerzas Militares, que adelantan una verificación sobre un posible “montaje” o sabotaje del ELN, según fuentes militares consultadas por Semana, la guerrilla habría podido aprovechar o provocar una situación con un dron explosivo para atribuir las lesiones de la población civil al bombardeo y desacreditar la operación. La divergencia se concentra, entre otros aspectos, en la ubicación del operativo y en el lugar donde resultaron heridos los campesinos.

Este cruce de versiones no permite anticipar responsabilidades ni validar de forma automática ninguna de las narrativas. Sin embargo, advierte un posible patrón para el nuevo Gobierno, en donde ante operaciones de la Fuerza Pública con denuncias de afectaciones civiles o sospechas de vulneraciones a los derechos humanos y al DIH, la respuesta estatal podría privilegiar inicialmente la hipótesis de desinformación, instrumentalización comunitaria o montaje de los grupos armados.

En este sentido, la gravedad de este hecho aumenta porque el bombardeo coincidió con una emergencia nacional provocada por el terremoto del 10 de agosto. El terremoto dejó más de un centenar de personas muertas, daños en infraestructura hospitalaria, edificaciones colapsadas, personas desaparecidas y miles de afectados en distintas zonas del país.  En ese contexto, la priorización de una operación aérea de alto impacto plantea una pregunta fundamental sobre la vida, por qué mientras las capacidades estatales debían concentrarse en búsqueda, rescate, atención médica, albergue y restablecimiento de servicios esenciales, el Gobierno optó por inaugurar su estrategia de seguridad con un bombardeo que produjo, víctimas civiles, en comunidades vulnerables.

Finalmente, la primera semana deja al Gobierno ante una contradicción. Por una parte, requiere mostrar resultados frente a la presión de los grupos armados y frente a las expectativas creadas por la promesa de recuperar la seguridad. Por otra, la obtención de resultados no puede separar la eficacia militar de la legitimidad jurídica y humanitaria. La fuerza pública puede desmantelar campamentos, incautar explosivos y neutralizar mandos; pero si estas operaciones generan daños civiles sin esclarecimiento, erosionan la confianza comunitaria, alimentan el desplazamiento y debilitan la legitimidad de la presencia estatal.

El aumento de acciones armadas muestra que la disputa no está resuelta y que grupos armados conservan capacidad de respuesta. Frente a este punto los puntos de acciones armadas coinciden plenamente con la focalización de posibles focos de disputa, que hemos alertado desde PARES, por eso los ataques en Norte de Santander, Cauca, Tolima, Huila y Antioquia indican que el problema no se concentra exclusivamente en el ELN ni puede enfrentarse con una respuesta única. El Gobierno de ADLE deberá decidir si convierte la seguridad a una carrera por producir bajas y anuncios de corto plazo.

[1] Incluso en la reunión Petro-Trump que hubo en su momento, el ELN era uno de los objetivos de acciones militares