Entre dos proyectos de país

El pasado 21 de junio, Abelardo de la Espriella ganó la presidencia con 12.959.542 votos, superando a Iván Cepeda por apenas 250.830 sufragios (12.708.712), según cifras oficiales (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2026). Se trata de uno de los márgenes más ajustados de la historia electoral reciente del país, un resultado que no refleja un consenso amplio, sino una sociedad dividida casi en dos mitades. Esa estrechez erosiona, desde el arranque, la fortaleza del mandato con el que llega el nuevo gobierno y anticipa un escenario de gobernabilidad disputada, en el que buena parte del electorado no lo percibe como una alternativa propia de país, sino como el rechazo al gobierno saliente (El Colombiano, 2026).

En ese mapa nacional, el Cauca ocupó un lugar protagónico desde la primera vuelta, en parte porque dos de sus figuras políticas tuvieron papeles centrales: Paloma Valencia, heredera de clanes políticos tradicionales, como candidata presidencial, y la lideresa indígena Aída Quilcué, como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda. Ese cruce no fue sólo electoral: expresó la confrontación histórica entre dos narrativas que han convivido —y chocado— en el departamento durante décadas, una asociada al poder tradicional y otra a la movilización social y la reivindicación étnica. Tras la consolidación de la segunda vuelta, las organizaciones sociales del Cauca se volcaron a respaldar la candidatura de Cepeda, con la expectativa de un gobierno garantista, en contraste con el proyecto de reducción del Estado que representaba De la Espriella.

Esa apuesta se reflejó con contundencia en las urnas: el programa de Iván Cepeda fue respaldado con 585.479 votos —el 75,64% del departamento—, frente a los 176.901 obtenidos por Abelardo de la Espriella (Registraduría Nacional del Estado Civil, 2026), una de las brechas más amplias del país a favor del Pacto Histórico. En Popayán, la capital, el patrón se repitió con igual contundencia. Sin embargo, ese respaldo mayoritario no impidió el triunfo nacional del abogado, lo que deja al departamento ante un panorama paradójico: una región que votó de manera abrumadora en una dirección política deberá convivir, durante los próximos cuatro años, con un gobierno que representa exactamente lo contrario de lo que eligió la mayoría de su electorado.

Frente a este panorama, los liderazgos sociales del Cauca coinciden en señalar varios puntos centrales. El primero es que no leen el triunfo de De la Espriella como un hecho aislado, sino como parte de una tendencia continental: gobiernos alineados con un discurso de derecha ya gobiernan en Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Ecuador, en un contexto reforzado por la influencia de la administración de Donald Trump en Estados Unidos, lo que asumen como un retroceso regional en materia de derechos, un punto especialmente sensible para movimientos que han hecho de la ampliación de derechos su bandera histórica.

Un segundo punto es la preocupación explícita por que la protesta y la organización social, herramientas históricas de defensa de derechos en el Cauca, sean estigmatizadas y reprimidas por un gobierno cuyo discurso tiende a señalar como adversaria a toda voz que se movilice u oponga abiertamente a su proyecto. Frente a ello, la respuesta que se plantea es la movilización, “porque este es un momento que se debe afrontar con ánimo, disposición y compromiso para promover la movilización social, la organización del pueblo y la resistencia al fascismo” (lideresa social, Popayán, 2026). Pero esa herramienta, toma un sentido diferente a los últimos cuatro años, si durante el gobierno de Petro se salía a las calles para respaldar las políticas sociales impulsadas por el gobierno saliente, ahora se concibe como resistencia frente a políticas orientadas a la reducción del Estado y a la privatización de servicios públicos. Como lo resumió una lideresa social de Popayán, “aquí solo está derrotado quien deja de luchar” (2026). Preocupa además un escenario de confrontación no solo con grupos armados, legales o ilegales, sino al interior de la propia población civil, ante iniciativas como la de conformar bloques de seguridad ciudadana.

A esto se suma un tercer elemento: un reconocimiento explícito de que la administración Petro dejó avances relevantes en materia de derechos, tales como: el aumento del salario mínimo, la entrega de tierras a comunidades campesinas y despojadas, y la apuesta por la gratuidad en la educación pública, entre otros. Pero ese reconocimiento va acompañado de una lectura autocrítica: los propios liderazgos identifican los desaciertos del gobierno saliente en seguridad como el terreno en el que germinó la narrativa que terminó favoreciendo a De la Espriella. Es una lectura que no exime de responsabilidad al proyecto de izquierda, pero tampoco desconoce el contexto que lo hizo vulnerable. Ese desacierto en materia de seguridad no es una percepción abstracta: según la Fundación Ideas para la Paz, entre 2022 y 2026 se registraron más de 620 ataques de grupos armados ilegales en Cauca y Valle del Cauca, con un incremento del 52% en el Cauca entre 2024 y 2025, atribuido principalmente al Bloque Occidental del Estado Mayor Central (EMC), la disidencia de las antiguas FARC liderada por alias “Iván Mordisco” (Fundación Ideas para la Paz, abril de 2026). A esto se suma que, en lo corrido de 2026, el Cauca es el departamento con más masacres del país —once casos con 58 víctimas, dentro de un registro nacional de 69 masacres y 364 víctimas—, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz, julio de 2026). Este panorama explica la realidad del departamento, es una región en medio de un conflicto armado que es auspiciado por las economías ilegales.

El cuarto punto, quizás el más sensible, es el temor a una política de “mano dura”. El Cauca ya conoce, en carne propia, los costos de una estrategia de seguridad de corte militarista articulada con Estados Unidos. El anuncio de bombardeos, fumigación aérea y ofensiva militar sin espacio para la negociación no llega a un territorio neutral, sino a uno que ha pagado un costo altísimo en vidas humanas, incluidos liderazgos sociales asesinados por su labor. La preocupación de las comunidades no es un ejercicio de alarmismo: responde a un antecedente histórico en el que, cada vez que el Estado ha optado por esa vía, las consecuencias han sido profundamente dolorosas para el tejido social del departamento.

Un ejemplo de ello es la Operación Perseo, la ofensiva militar desplegada en el Cañón del Micay con cerca de 1.400 efectivos, cuyo propósito era recuperar el control territorial de la zona. Esa operación dejó consecuencias complejas: reforzó la percepción de que la presencia del Estado se limita a lo militar, sin ir acompañada de una oferta institucional más amplia, y aun así no logró desplazar de manera definitiva al grupo armado, que continúa haciendo presencia en la región. A ello se suma que las Fuerzas Armadas retomaron los bombardeos como parte de su estrategia, lo que vuelve a dejar a la población civil en el centro del riesgo.

Más allá de estos cuatro ejes, la ventaja obtenida en las urnas no garantiza, por sí sola, que ese respaldo se traduzca en los próximos comicios regionales. Por eso, entre las organizaciones sociales existe hoy la tarea de consolidar esa base electoral de cara a la disputa por la Alcaldía de Popayán y la Gobernación del Cauca. La apuesta, sin embargo, no puede limitarse al terreno institucional: se plantea la necesidad de articular los procesos sociales del departamento, apostar por el fortalecimiento de la juntanza entre organizaciones sociales, para disputar también el terreno electoral, sin que la lucha se agote allí. No se trata solo de hacer oposición al gobierno de turno, sino de sostener, desde el territorio, una resistencia organizada frente a un proyecto que, para estos liderazgos, no es un episodio pasajero sino parte de una ofensiva regional de mayor alcance contra los derechos conquistados en las últimas décadas. En ese propósito, identifican como reto adicional la innovación en sus formas de lucha, particularmente el uso de herramientas digitales, para construir una narrativa propia y posicionar hacia dónde se dirige el movimiento social, así como la posibilidad de pensar una nueva perspectiva de ciudad desde Popayán, orientada tanto a defender los derechos ya adquiridos como a disputar los que aún faltan por conquistar.

Al día de hoy, ese trasfondo se cruza con un episodio muy concreto que ha vuelto a poner al Cauca en el centro de la coyuntura nacional. El presidente electo se posesionará el próximo 7 de agosto, y la definición del lugar en que se llevará a cabo esta ceremonia ha generado un debate de fondo, De la Espriella ha planteado su intención de posesionarse en una guarnición militar ubicada en el Cauca, particularmente en Popayán, como una forma de reivindicar el papel de la Fuerza Pública. A esa propuesta se opone el presidente saliente, Gustavo Petro, quien ha señalado que ninguna instalación militar podrá usarse para ese fin mientras él siga siendo comandante en jefe (El Colombiano, 13 de julio de 2026).

Uno de los elementos que más complejiza esta discusión es que, constitucionalmente, la posesión presidencial debe realizarse ante el Congreso, lo que implicaría trasladar a la totalidad del legislativo hasta el lugar donde finalmente se realice el acto. En esa línea, el pasado 22 de julio el Senado aprobó dicho traslado, con 55 votos a favor y 32 en contra (El País, 22 de julio de 2026), a la espera de que la Cámara de Representantes se pronuncie sobre el mismo punto el próximo 27 de julio.

Este hito ha suscitado reacciones encontradas. Desde las filas del mandatario electo se argumenta que la decisión sienta un precedente positivo, en la medida en que constituye una forma simbólica de reafirmar la presencia del Estado en uno de los departamentos históricamente más golpeados por la violencia. Sectores institucionalistas, en cambio, han cuestionado la propuesta por romper con la tradición civilista de las posesiones presidenciales al involucrar instalaciones militares en un acto de naturaleza política (El Tiempo, julio de 2026). Los liderazgos sociales e indígenas de la región, por su parte, expresan una preocupación distinta, leen este acto no como un gesto de fortalecimiento institucional, sino como una posible provocación hacia los grupos armados que aún operan en el territorio, un escenario particularmente delicado en un departamento donde, como se señaló, la conflictividad armada ya se encuentra en uno de sus puntos más críticos en años, dejando, una vez más, a la población civil en el centro del riesgo.

En síntesis, el Cauca queda atrapado en una tensión estructural que la coyuntura de la posesión no hace más que confirmar, es uno de los departamentos que con mayor claridad rechazó en las urnas el proyecto de De la Espriella, pero deberá gobernarse bajo su administración durante los próximos cuatro años, y ahora además será escenario simbólico del arranque de ese gobierno. Esa paradoja, sumada al historial de violencia asociado a políticas de seguridad de mano dura, al deterioro reciente del orden público en el propio territorio y a la fragilidad de un mandato nacional ganado por un margen mínimo, configura un escenario de alta incertidumbre. El desenlace dependerá, en gran medida, de si las organizaciones sociales logran traducir su capacidad histórica de movilización en incidencia política sostenida, tanto en la disputa electoral regional como en la defensa cotidiana del territorio y de si el nuevo gobierno acompaña el gesto simbólico del 7 de agosto con una presencia estatal integral, más allá del despliegue militar.