El Johnson reduce la velocidad antes de tomar una curva del río y se acerca lentamente a la orilla. Nadie da una orden, pero todos saben lo que viene. El silencio reemplaza las conversaciones. Algunos guardan sus teléfonos celulares; los funcionarios acomodan sus chalecos y carnés institucionales; los barequeros, mineros y campesinos ajustan sus sombreros para que sus rostros puedan distinguirse con claridad. El motorista no necesita explicar el motivo de la maniobra. Como quienes recorren con frecuencia estas aguas, sabe que unos metros más adelante hay un punto donde toda embarcación debe detenerse.

No hay una caseta oficial, tampoco uniformes del Estado ni señales que anuncien un puesto de control. Aun así, todos conocen el protocolo. Quienes viajan por primera vez reciben una breve advertencia antes de llegar: responder con tranquilidad quiénes son, hacia dónde se dirigen, cuál es el motivo del viaje y, en algunos casos, indicar qué líder los autorizó para ingresar a la comunidad de destino.

En los ríos Cauca y Nechí, las dos principales arterias fluviales del Bajo Cauca antioqueño, la autoridad no siempre lleva uniforme ni porta insignias oficiales. Durante los últimos años, estos corredores estratégicos han sido escenario de un creciente control por parte de grupos armados organizados, que regulan la movilidad de personas y embarcaciones mediante puestos de control informales distribuidos a lo largo del recorrido. «Aquí todos sabemos dónde hay que parar», relata un jhonsero —nombre con el que se conoce a los motoristas que transportan pasajeros y carga por estos ríos en diversos botes—. «Si alguien viene por primera vez, uno le explica qué debe responder para evitar problemas, aunque la mayoría ya sabe porque los lideres o presidentes de las comunidades le indican que deben hacer antes de ingresar».

Comprender el significado de estos controles exige mirar primero el papel que históricamente han desempeñado los ríos Cauca y Nechí en la vida del Bajo Cauca. Mucho antes de que las carreteras conectaran parcialmente la subregión, ambos ríos constituían las principales vías de comunicación entre cabeceras municipales y veredas. Aún hoy continúan siendo indispensables para miles de habitantes que dependen de ellos para desplazarse, transportar alimentos, combustible y mercancías, comercializar el oro extraído de las minas a las orillas de los ríos, desarrollar actividades pesqueras y acceder a servicios básicos de salud, educación o abastecimiento.

Las dinámicas económicas, sociales y culturales del Bajo Cauca se han tejido históricamente alrededor de los ríos Cauca y Nechí. Municipios como Caucasia, El Bagre, Zaragoza, Cáceres, Tarazá y, especialmente, Nechí, mantienen una relación cotidiana y profundamente dependiente de estos cauces. En este último municipio, enclavado en el complejo cenagoso de la Depresión Momposina, el río no constituye únicamente una fuente de sustento o un elemento del paisaje: es el principal eje de movilidad, abastecimiento y comunicación para gran parte de la población (Alcaldía de Nechí, 2024, pág. 117).

En numerosas veredas y corregimientos, el acceso terrestre es limitado o simplemente inexistente, por lo que la navegación sigue siendo la única forma de llegar o salir de las comunidades. Allí, el Johnson —nombre con el que los habitantes de la región denominan de manera coloquial a las embarcaciones con motor fuera de borda, en referencia a una de las primeras marcas de motores que se popularizó en los ríos colombianos— representa mucho más que un medio de transporte. Es, al mismo tiempo, el autobús que conecta a los estudiantes con sus escuelas, la ambulancia que traslada a un enfermo hasta el centro de salud más cercano, el vehículo que abastece de alimentos y combustible a las comunidades, el transporte para mineros, pescadores y campesinos, y, en muchos casos, el único vínculo permanente entre las poblaciones ribereñas y las cabeceras municipales.

Esa importancia estratégica también explica por qué los ríos se han convertido en un objetivo de disputa y control para los grupos armados. Quien controla la navegación controla el tránsito de personas, el movimiento de mercancías, la circulación de información y buena parte de las economías legales e ilegales que dependen del territorio. En una región donde la presencia institucional continúa siendo limitada en extensas zonas rurales, el dominio sobre el río termina traduciéndose en una forma de control territorial que trasciende la vigilancia armada y se proyecta sobre la vida cotidiana de las comunidades ribereñas.

Desde hace más de dos años, habitantes de distintas comunidades ribereñas del Bajo Cauca denuncian una intensificación del control sobre la navegación en los ríos Cauca y Nechí. Según testimonios, en diferentes puntos estratégicos de estos corredores fluviales hombres identificados por la comunidad como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), conocido también como Clan del Golfo, detienen las embarcaciones para verificar la identidad de quienes transitan por el río, preguntar el motivo de su desplazamiento y confirmar el lugar de destino.

De acuerdo con los relatos de jhonseros, líderes comunitarios y habitantes de la región, las personas que no pertenecen a las comunidades donde pretenden ingresar deben informar quiénes son, cuál es el propósito de su visita e indicar qué presidente de Junta de Acción Comunal o líder comunitario del territorio conoce o respalda su llegada. Este procedimiento, que según las comunidades se ha vuelto cotidiano, alcanza a funcionarios de las administraciones municipales, entidades del Estado, organizaciones no gubernamentales, empresas prestadoras de servicios públicos, contratistas, comerciantes, empresas privadas, periodistas e incluso familiares o visitantes de los habitantes de la zona.

Más que controles aislados, estos puntos de verificación configuran un sistema de regulación de la movilidad fluvial que permite ejercer vigilancia sobre quién entra, quién sale y qué actividades se desarrollan en los territorios ribereños. En una región donde el río constituye la principal vía de comunicación para numerosas comunidades, controlar la navegación significa también controlar el flujo de información, las relaciones sociales, el acceso al territorio y buena parte de la vida cotidiana del Bajo Cauca.

Este escenario plantea una pregunta central: ¿cómo el control de la movilidad sobre los ríos Cauca y Nechí refleja el grado de gobernanza ejercida por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca antioqueño? Más allá de la existencia de retenes informales, este texto sostiene que dichos mecanismos hacen parte de una estrategia orientada a consolidar el dominio territorial de esta organización armada. A través de ellos, el Clan del Golfo no solo regula la circulación de personas y embarcaciones, sino que también obtiene información estratégica, supervisa las dinámicas sociales y económicas de las comunidades ribereñas y proyecta una autoridad paralela que, en amplias zonas de la subregión, compite con las funciones que constitucionalmente corresponden al Estado.

Desde esta perspectiva, los puestos de control fluvial no deben entenderse únicamente como dispositivos de vigilancia o intimidación. Constituyen una expresión de gobernanza hibrida: un conjunto de prácticas mediante las cuales una organización armada establece reglas, condiciona la movilidad, controla el acceso al territorio y ejerce mecanismos de autoridad sobre la población, configurando un orden social que trasciende el uso de la violencia y se inserta en la vida cotidiana de las comunidades.

Del corredor fluvial al corredor secuestrado

El río como frontera

Históricamente, los ríos Cauca y Nechí han sido sinónimo de conexión. Durante siglos permitieron el intercambio comercial, la movilidad de las comunidades, el acceso a la salud, la educación y el encuentro entre familias separadas por la geografía del Bajo Cauca. En una región donde las carreteras siguen siendo insuficientes y numerosas veredas solo pueden alcanzarse por vía fluvial, el río nunca fue una barrera: fue el camino.

Sin embargo, esa función ha comenzado a transformarse. Los puestos de control instalados a lo largo de estos corredores convierten al río en un espacio donde la movilidad deja de ser libre y pasa a estar condicionada por la autorización de un actor armado. El tránsito ya no depende únicamente de las condiciones del clima o del caudal, sino también de la capacidad de demostrar quién se es, por qué se viaja y quién conoce o respalda la llegada al territorio.

Esta transformación modifica el significado mismo del río. Lo que antes articulaba comunidades hoy también delimita jurisdicciones informales. Cruzar una curva, ingresar a una ciénaga o remontar un afluente implica atravesar una frontera invisible donde la autoridad no está representada por instituciones estatales, sino por grupos armadas organizados que deciden quién puede continuar su recorrido.

El río como mecanismo de vigilancia

El control de la navegación cumple una función que va mucho más allá de impedir el paso de personas consideradas sospechosas. Cada embarcación que se detiene aporta información valiosa para quien ejerce el control del territorio. La identidad de los viajeros, la institución para la que trabajan, el motivo de la visita, la comunidad de destino, las personas con quienes se reunirán e, incluso, el tiempo estimado de permanencia permiten construir un conocimiento detallado sobre las dinámicas cotidianas del territorio. Funcionarios públicos, contratistas, organizaciones sociales, empresas prestadoras de servicios, empresas privadas, periodistas o familiares de los habitantes dejan, consciente o inconscientemente, un registro de sus movimientos.

Desde esta perspectiva, los retenes funcionan como puntos permanentes de recolección de información. No solo permiten identificar posibles amenazas o detectar la presencia de la Fuerza Pública, sino también monitorear proyectos institucionales, inversiones públicas, intervenciones de organizaciones sociales y la llegada de personas externas a las comunidades. En otras palabras, el control de la movilidad se convierte en un mecanismo de inteligencia territorial que fortalece la capacidad de anticipación y respuesta de la organización armada.

El río como espacio de gobierno

Uno de los elementos más reveladores de este sistema de control es la exigencia de que quienes ingresan a muchas comunidades informen qué presidente de Junta de Acción Comunal (JAC), líder comunitario o habitante del territorio conoce, respalda o ha sido informado de su llegada. A primera vista, esta práctica podría interpretarse como un mecanismo de identificación propio de comunidades rurales donde sus habitantes suelen conocerse entre sí. Sin embargo, observada en el contexto del conflicto armado, revela una dinámica mucho más compleja.

Aunque el aviso parece provenir de una autoridad comunitaria, su validez depende, en última instancia, de quien ejerce el control armado sobre el río. En la práctica, los líderes comunitarios quedan insertos en un sistema de regulación de la movilidad que no controlan, pero del cual terminan haciendo parte. Su nombre funciona como una garantía frente al actor armado y, al mismo tiempo, los expone a nuevas responsabilidades y riesgos.

Diversos líderes del Bajo Cauca coinciden en que esta situación ha transformado profundamente el ejercicio de su labor. Ya no solo representan a sus comunidades o gestionan proyectos colectivos; ahora también enfrentan la presión de responder por el ingreso de personas al territorio, aun cuando no tienen la capacidad de controlar sus actuaciones. Como expresó uno de ellos: “Hoy ser líder en esta región se volvió un trabajo mucho más difícil. Si una persona dice que viene para la comunidad porque habló conmigo y después ocurre algún problema, quienes ejercen el control preguntan por qué permití su ingreso. La responsabilidad termina recayendo sobre nosotros.”

Esta dinámica genera una profunda tensión entre la autonomía organizativa de las comunidades y la coerción ejercida por los grupos armados. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal continúan desempeñando sus funciones de representación, pero parte de sus decisiones relacionadas con la movilidad y el acceso al territorio quedan condicionadas por un sistema de vigilancia impuesto desde fuera de la institucionalidad. Su autoridad deja de ejercerse en un escenario plenamente autónomo y pasa a desenvolverse bajo reglas definidas por un grupo armado.

En este sentido, lo que emerge no es la desaparición de las organizaciones comunitarias, sino una forma de gobernanza híbrida, en la que instituciones sociales legítimas continúan operando, aunque condicionadas por relaciones de poder impuestas mediante la coerción. El grupo armado no reemplaza a los líderes ni asume formalmente sus funciones; más bien, incorpora parte de su legitimidad y de sus redes sociales para fortalecer un sistema de control territorial que combina vigilancia, regulación de la movilidad y supervisión de la vida cotidiana.

El río como instrumento de poder económico

El control de los ríos Cauca y Nechí también representa el control de buena parte de la economía regional. Por estos corredores circulan diariamente combustible, alimentos, materiales de construcción, maquinaria para la minería, cultivos ilícitos, mercancías, medicamentos y miles de personas que sostienen las actividades económicas del Bajo Cauca.

La minería aurífera, principal actividad económica de numerosos municipios de la subregión, depende en gran medida de la movilidad fluvial para transportar trabajadores, combustible, insumos, maquinaria y, posteriormente, el oro extraído. Esta dinámica es especialmente visible en el corredor minero del río Nechí, entre el corregimiento de Cuturú (Caucasia) y el corregimiento de Las Conchas (Nechí), donde diariamente transitan embarcaciones vinculadas a la actividad minera y donde el EGC ejerce un fuerte control territorial (Línea de Paz Seguridad y Derechos Humanos, 2026). Lo mismo ocurre con el comercio local y el abastecimiento de comunidades donde el acceso terrestre es limitado o inexistente.

En este contexto, controlar el río significa controlar la circulación de bienes estratégicos, conocer las dinámicas económicas del territorio e influir sobre ellas. Quien ejerce autoridad sobre la principal vía de comunicación en muchos territorios de esta región posee también la capacidad de facilitar, restringir o supervisar el funcionamiento cotidiano de las economías legales e ilegales que convergen en el Bajo Cauca. El dominio del río deja de ser únicamente un asunto militar y se convierte en un instrumento para consolidar poder económico, político y social.

¿Por qué existen los retenes y por qué se han intensificado?

La existencia de retenes sobre los ríos Cauca y Nechí responde a una lógica que trasciende el control de la seguridad inmediata. En términos estratégicos, estos puntos de verificación permiten al EGC o Clan del Golfo conocer quién circula por el territorio, identificar posibles amenazas, monitorear la presencia de la Fuerza Pública y supervisar el desarrollo de actividades institucionales, económicas y comunitarias. Al mismo tiempo, constituyen un mecanismo para proteger corredores estratégicos utilizados por las economías legales e ilegales que convergen en el Bajo Cauca.

Diversos habitantes, jhonseros y líderes comunitarios consultados coinciden en que estos controles se han fortalecido durante los últimos dos años. A partir de sus testimonios surge una hipótesis que merece atención: la intensificación de los retenes fluviales coincide con un periodo en el que el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), o Clan del Golfo, ha buscado consolidar y hacer más visible su control territorial en el marco de los acercamientos y conversaciones sostenidas con el gobierno nacional. Esta interpretación encuentra respaldo en análisis previos de la Fundación Paz & Reconciliación (PARES), que han documentado cómo, en diversos territorios del Bajo Cauca, el EGC ha fortalecido sus mecanismos de control social y territorial mientras avanzan escenarios de diálogo con el Estado, con el propósito de reafirmar su capacidad de gobernanza y su influencia sobre las comunidades y los territorios bajo su dominio (Línea de Paz, Seguridad y Derechos Humanos, 2026).

En ese contexto, fortalecer el control sobre la movilidad puede interpretarse como una forma de demostrar capacidad de gobierno sobre el territorio. Más que ejercer violencia de manera permanente, la organización busca evidenciar que posee la capacidad de imponer normas, regular el acceso a las comunidades, administrar la circulación de personas y ejercer autoridad sobre espacios donde la presencia estatal continúa siendo limitada. En otras palabras, el territorio no solo se controla con hombres armados; también se controla administrando quién entra, quién sale y bajo qué condiciones puede hacerlo.

Este fenómeno refleja una forma de gobernanza hibrida, entendida como la capacidad de una organización armada para ejercer funciones que tradicionalmente corresponden al Estado, como regular la movilidad, establecer reglas de comportamiento, recopilar información y condicionar el funcionamiento cotidiano de las comunidades. En el caso del Bajo Cauca, esa gobernanza no reemplaza completamente a las instituciones comunitarias, sino que condiciona su funcionamiento y aprovecha la legitimidad de actores como las Juntas de Acción Comunal para fortalecer un sistema informal de control territorial.

Conclusiones

Los puestos de control sobre los ríos Cauca y Nechí no constituyen hechos aislados ni pueden entenderse únicamente como mecanismos de intimidación. Representan una expresión concreta de la forma en que el EGC ejerce control territorial sobre amplias zonas del Bajo Cauca antioqueño. A través de la regulación de la movilidad fluvial, la organización obtiene información estratégica, supervisa las dinámicas sociales y económicas, condiciona el ejercicio del liderazgo comunitario y consolida una autoridad paralela que, en distintos lugares de la subregión, limita el ejercicio efectivo de las funciones del Estado.

El caso de los ríos demuestra que las disputas armadas en el Bajo Cauca ya no se expresan exclusivamente mediante enfrentamientos o acciones militares. También se manifiestan en el dominio cotidiano de la movilidad, la circulación de información y la regulación de la vida comunitaria. Cuando navegar por un río implica identificarse, informar el motivo del viaje y contar con el reconocimiento de un líder comunitario para ingresar a una población, el control territorial deja de medirse únicamente por la ocupación física del espacio y pasa a reflejar la capacidad de imponer reglas, administrar permisos y ejercer autoridad sobre la población.

Finalmente, la aparente intensificación de estos mecanismos de control durante los últimos años plantea interrogantes que merecen mayor investigación. Una de las hipótesis que surge de los testimonios recopilados es que, en un escenario de conversaciones con el Estado, fortalecer el control sobre el territorio puede convertirse en una forma de demostrar capacidad de gobernanza y de consolidar posiciones de poder de cara a un eventual proceso de negociación. Confirmar o refutar esta hipótesis una análisis más profundo y extenso; sin embargo, el fenómeno observado evidencia que cualquier discusión sobre paz en el Bajo Cauca deberá considerar no solo la presencia armada de los actores ilegales, sino también las formas de gobierno que han construido sobre el territorio y los desafíos que ello representa para la recuperación de la autoridad estatal y la autonomía de las comunidades.