¿Por qué el conflicto del Bajo Cauca no puede entenderse solo desde la seguridad?

Durante las últimas décadas, el Bajo Cauca antioqueño se ha consolidado como uno de los territorios más complejos y estratégicos del conflicto armado en Colombia. Su ubicación geográfica, que conecta el interior del país con la región Caribe, junto con su riqueza minera —especialmente aurífera— y la presencia de economías ilícitas, han convertido a esta subregión en un escenario permanente de disputa entre distintos grupos armados. En consecuencia, la violencia no puede entenderse únicamente como el resultado de la presencia de estas organizaciones, sino como la expresión de problemas históricos relacionados con la debilidad institucional, la pobreza, la exclusión social, la informalidad económica y la disputa por el control de recursos estratégicos.

Estas condiciones se reflejan en los principales indicadores sociales de la subregión. En 2023, el 35,7 % de la población del Bajo Cauca se encontraba en situación de pobreza monetaria, 10,6 puntos porcentuales por encima del promedio de Antioquia (25,1 %). Asimismo, registró la mayor incidencia de pobreza multidimensional del departamento (25 %), asociada principalmente al empleo informal, el bajo logro educativo, el rezago escolar y las deficiencias en el acceso a servicios básicos (Antioquia Cómo Vamos, 2024) (Antioquia Cómo Vamos, 2024). Estas brechas limitan las oportunidades de desarrollo y aumentan la vulnerabilidad de la población frente a economías de subsistencia e ilícitas.

A esta realidad social se suma una fuerte dependencia de actividades extractivas. El Bajo Cauca concentra la mayor evidencia de explotación de oro de aluvión (EVOA) de Antioquia y constituye uno de los principales enclaves cocaleros del país. Municipios como Cáceres, Tarazá, Nechí y Zaragoza reúnen una parte significativa de las áreas afectadas por minería de aluvión y cultivos de coca, actividades que han fortalecido las economías ilegales y alimentado las disputas por el control territorial (Ministerio de Minas y Energía de Colombia & Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)., 2022) (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI)., 2025).

En este contexto, las políticas de paz, seguridad y gobernanza adquieren una importancia decisiva. En territorios como el Bajo Cauca, la consolidación de la autoridad estatal no depende únicamente de la capacidad de la Fuerza Pública para enfrentar a los grupos armados, sino también del fortalecimiento de las instituciones, la ampliación de la oferta de bienes y servicios públicos, la generación de oportunidades económicas y la construcción de relaciones de confianza entre el Estado y las comunidades.

Las propuestas del presidente electo Abelardo Gabriel de la Espriella Otero representan un cambio radical frente al enfoque del gobierno de Gustavo Francisco Petro Urrego. Su programa plantea fortalecer la seguridad, recuperar el control territorial y combatir las economías ilegales como ejes para restablecer la autoridad del Estado. Sin embargo, la experiencia del conflicto armado en Colombia muestra que la reducción de los hechos de violencia no siempre implica la transformación de las condiciones que han permitido su persistencia. En distintos territorios, la disminución de los enfrentamientos ha coexistido con la continuidad de las economías ilícitas, la fragilidad institucional y la exclusión social.

A partir de este contexto, el presente artículo busca responder la siguiente pregunta: ¿las propuestas de paz, seguridad y gobernanza del presidente electo Abelardo de la Espriella responden a las causas estructurales del conflicto en el Bajo Cauca antioqueño o priorizan el tratamiento de sus manifestaciones más visibles o coyunturales? Para ello, se analizan las principales problemáticas de la subregión y se contrastan con las propuestas contenidas en el programa de gobierno, con el propósito de identificar sus posibles alcances y limitaciones. Se sostiene que, aunque estas iniciativas pueden contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y debilitar las economías ilegales, su capacidad para consolidar una paz sostenible dependerá de que se articulen con políticas orientadas a transformar las causas económicas, sociales e institucionales que han alimentado el conflicto durante décadas.

Bajo Cauca, un conflicto de raíces profundas: ¿cuáles son las causas estructurales del conflicto?

Comprender los posibles efectos de las propuestas de paz, seguridad y gobernanza del nuevo gobierno exige entender la naturaleza del conflicto en el Bajo Cauca antioqueño. Reducir esta realidad a la presencia de grupos armados organizados o al aumento de los hechos de violencia conduce a un diagnóstico incompleto. El conflicto responde a la interacción de factores históricos, económicos, sociales e institucionales que, durante décadas, han favorecido su persistencia.

Integrado por los municipios de Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Tarazá y Cáceres, el Bajo Cauca ocupa una posición estratégica que conecta el interior del país con la región Caribe, el Urabá antioqueño, el sur de Córdoba y el sur de Bolívar. Esta ubicación, sumada a su riqueza minera y agropecuaria, ha impulsado el desarrollo económico de la región, pero también ha convertido al territorio en un escenario de disputa por el control de corredores estratégicos, la explotación del oro y otras economías legales e ilegales.

Durante los últimos cincuenta años, el conflicto armado ha cambiado de actores, pero no ha desaparecido. A la presencia de las guerrillas en las décadas de 1970 y 1980 le siguió la expansión de las estructuras paramilitares en los años noventa y, posteriormente, la consolidación de diversos grupos armados organizados tras la desmovilización de las AUC y el Acuerdo de Paz de 2016. Más que una sustitución de organizaciones, el Bajo Cauca ha experimentado una constante reconfiguración de las estructuras que disputan el control del territorio y de las economías que financian la violencia. Como afirman algunos habitantes de la región: «Estos grupos no están aquí porque sí, sino por la riqueza de esta tierra».

En muchas zonas, la violencia trasciende los enfrentamientos armados y se convierte en un mecanismo de control sobre la población. Los grupos armados organizados regulan actividades económicas, restringen la movilidad, imponen normas de comportamiento e incluso intervienen en la resolución de conflictos comunitarios, funciones que corresponden al Estado. Por ello, la disminución de los combates no siempre significa una reducción del conflicto, sino que puede dar paso a formas de gobernanza híbrida, en las que la autoridad estatal coexiste y compite con estructuras armadas ilegales (Paz Seguridad y Derechos Humanos, 2026).

Estas dinámicas se ven reforzadas por profundas brechas sociales e institucionales. El Bajo Cauca registra algunos de los indicadores de pobreza e informalidad laboral más altos de Antioquia, mientras amplios sectores de la población enfrentan dificultades para acceder a servicios públicos, infraestructura, educación y empleo formal (Antioquia Cómo Vamos, 2024). Al mismo tiempo, la limitada capacidad del Estado para mantener una presencia integral y permanente en las zonas rurales ha permitido que, en algunos territorios, los grupos armados ocupen espacios de autoridad y control que las instituciones no han logrado consolidar.

En consecuencia, la persistencia del conflicto en el Bajo Cauca no puede explicarse únicamente por la presencia de actores armados, sino por la combinación de desigualdad, economías ilícitas, debilidad institucional y una histórica disputa por el control del territorio. Desde esta perspectiva, el principal desafío para las propuestas de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella no consiste únicamente en fortalecer la respuesta en seguridad, sino en complementar esa estrategia con inversiones sostenidas en desarrollo social, infraestructura, generación de empleo y fortalecimiento institucional. El Bajo Cauca constituye, por ello, un escenario clave para evaluar si las políticas públicas logran transformar las causas estructurales del conflicto o si se limitan a contener temporalmente sus manifestaciones.

¿Qué propone el nuevo gobierno para enfrentarlo? Entre la recuperación del control territorial y la transformación institucional

El programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella parte de un diagnóstico según el cual Colombia enfrenta una crisis de seguridad, gobernabilidad y legitimidad institucional asociada a la expansión de las economías ilegales, el fortalecimiento de los grupos armados organizados, la corrupción y el debilitamiento de la autoridad del Estado. Como respuesta, propone una estrategia basada en tres ejes: fortalecer la seguridad, reconstruir las instituciones y reactivar la economía. Dado que estos problemas convergen en el Bajo Cauca antioqueño, resulta pertinente analizar el alcance de estas propuestas en un territorio marcado por el conflicto armado y la fragilidad institucional.

Seguridad: recuperar el control territorial

La seguridad constituye el eje central del programa. Entre las principales medidas se encuentran el fortalecimiento de las Fuerzas Militares y de Policía, el incremento de las capacidades de inteligencia e investigación criminal, la persecución de las economías ilícitas, el desmantelamiento de los grupos armados organizados, el fortalecimiento de la extinción de dominio y el retorno de la fumigación aérea como parte de la política contra los cultivos de uso ilícito (Defensores de la Patria , 2026).

Estas propuestas responden a una realidad evidente en el Bajo Cauca, donde distintos grupos armados disputan el control de corredores estratégicos y de actividades como el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. Un Estado con mayor capacidad operativa podría reducir la movilidad de estas organizaciones, afectar sus fuentes de financiación y mejorar las condiciones de seguridad para la población.

Sin embargo, la experiencia del Bajo Cauca demuestra que el debilitamiento militar de una organización no garantiza, por sí solo, una reducción sostenible de la violencia. En distintos momentos, la captura o desarticulación de un grupo ha dado paso a procesos de fragmentación, reorganización o reemplazo por nuevas estructuras armadas. Por ello, el verdadero desafío consiste en consolidar una presencia permanente del Estado que combine seguridad con justicia, inversión social y fortalecimiento institucional.

Paz: del diálogo a la confrontación

Sus propuestas plantean abandonar la negociación con los grupos armados organizados y reemplazarla por una estrategia basada en la acción militar y el sometimiento a la justicia. El programa sostiene que “con los criminales no habrá negociación” y el presidente electo a indicado en varias declaraciones: “No habrá más procesos de falsa paz en mi Gobierno” (Dannemann, 2026).

Este cambio supone una ruptura con la política del gobierno anterior y podría modificar significativamente la dinámica del conflicto en el Bajo Cauca. Mientras los procesos de diálogo generaron resultados diversos según el territorio y el momento, la nueva estrategia buscaría restablecer la autoridad estatal mediante operaciones ofensivas. No obstante, también podría intensificar la confrontación en el corto plazo y aumentar los riesgos para la población civil si no va acompañada de mecanismos eficaces de protección y respuesta humanitaria.

Más allá de la discusión entre negociación o confrontación, la evidencia muestra que la estabilidad de los territorios depende de la capacidad del Estado para combinar seguridad, justicia, desarrollo económico y legitimidad institucional. El impacto de esta política dependerá, por tanto, de que las instituciones logren consolidar de forma permanente los espacios recuperados.

Gobernanza: fortalecer las instituciones

El programa propone modernizar el Estado mediante medidas de transparencia, lucha contra la corrupción, digitalización de la contratación pública y descentralización administrativa.

Estas reformas pueden contribuir a mejorar la gestión pública en territorios donde la debilidad institucional ha facilitado la persistencia del conflicto. Sin embargo, su impacto dependerá de que se traduzcan en mayores capacidades para los gobiernos locales, una mejor prestación de los servicios públicos, una justicia más cercana a la ciudadanía y un aumento de la confianza de las comunidades en las instituciones.

Desarrollo económico, minería y economías ilícitas

En materia económica, el programa plantea fortalecer la inversión privada, promover la minería legal, apoyar la formalización de los pequeños productores y perseguir las estructuras criminales que controlan esta actividad.

Estas propuestas responden a una de las principales características del Bajo Cauca, donde la minería constituye simultáneamente una fuente histórica de empleo y uno de los principales factores de financiación de los grupos armados. La formalización minera podría fortalecer las economías locales y reducir la dependencia de la minería ilegal. No obstante, su éxito dependerá de que el Estado simplifique los procesos de formalización, ofrezca asistencia técnica y garantice condiciones de seguridad para quienes desarrollan esta actividad dentro de la legalidad.

En conjunto, las propuestas presentan una estrategia coherente para fortalecer la autoridad del Estado mediante una combinación de seguridad, reformas institucionales y promoción de la economía formal. Sin embargo, su principal reto en el Bajo Cauca no será únicamente mejorar los indicadores de seguridad en el corto plazo, sino demostrar que estas medidas pueden transformar las condiciones estructurales que han permitido la persistencia del conflicto durante décadas. Esa es la pregunta que orienta el siguiente apartado de este análisis.

¿Las propuestas del nuevo gobierno transforman las causas del conflicto o intervienen sobre sus manifestaciones?

El programa de gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella plantea una estrategia orientada a fortalecer la capacidad del Estado para recuperar el control territorial, combatir las economías ilegales y restablecer la autoridad institucional. Sin embargo, para valorar su posible impacto en el Bajo Cauca es necesario distinguir entre las manifestaciones del conflicto y las condiciones que han permitido su persistencia durante décadas.

En términos generales, las propuestas priorizan la intervención sobre las expresiones más visibles de la violencia. El fortalecimiento de la Fuerza Pública, la recuperación del monopolio de la fuerza, la persecución de las economías ilegales y el rechazo a la negociación con grupos armados buscan reducir la capacidad operativa de estas organizaciones y recuperar el control del territorio. En una región como el Bajo Cauca, estas medidas podrían traducirse en mejoras de corto plazo, como una disminución de la extorsión, una mayor movilidad de la población y mejores condiciones para el desarrollo de actividades económicas legales.

No obstante, la experiencia del conflicto armado en Colombia demuestra que la recuperación militar del territorio constituye solo el primer paso. Cuando las instituciones civiles no consolidan una presencia permanente, los espacios recuperados suelen ser ocupados por nuevos grupos armados o por organizaciones que reemplazan a las anteriores para controlar las mismas economías ilegales. En consecuencia, la sostenibilidad de los avances en seguridad depende de la capacidad del Estado para fortalecer la justicia, ampliar la oferta de servicios públicos, promover oportunidades económicas y consolidar instituciones legítimas en el territorio.

Al contrastar las propuestas con las problemáticas del Bajo Cauca, se observa que incorpora medidas relacionadas con el fortalecimiento institucional, la formalización minera, el desarrollo rural, la lucha contra la corrupción y la promoción de la inversión privada. Estas iniciativas podrían contribuir a reducir algunos de los factores que alimentan el conflicto. Sin embargo, el énfasis del programa continúa concentrado en la seguridad, mientras que otros desafíos estructurales —como la generación de empleo, la ampliación de la oferta educativa, el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales y la participación ciudadana— aparecen con un menor nivel de desarrollo y sin mecanismos claros para su implementación en los territorios más afectados por la violencia.

La política minera constituye uno de los componentes con mayor potencial para el Bajo Cauca. La diferenciación entre minería legal y minería criminal, junto con el fortalecimiento de los procesos de formalización, puede contribuir a proteger una actividad económica fundamental para la región y, al mismo tiempo, reducir una de las principales fuentes de financiación de los grupos armados. Sin embargo, estos resultados dependerán de la capacidad del Estado para simplificar los procesos de formalización, brindar asistencia técnica, ofrecer seguridad jurídica a los pequeños y medioanos mineros y garantizar condiciones de seguridad para el desarrollo de la actividad legal.

En síntesis, las propuestas del nuevo gobierno tienen el potencial de reducir varias de las manifestaciones más visibles del conflicto, especialmente aquellas relacionadas con el control territorial y las economías ilegales. No obstante, su capacidad para transformar las causas estructurales de la violencia dependerá de que las estrategias de seguridad se articulen con políticas sostenidas de desarrollo territorial, fortalecimiento institucional, inclusión social y generación de oportunidades económicas. En el Bajo Cauca, la consolidación de una paz duradera dependerá menos de la intensidad de las operaciones militares que de la capacidad del Estado para construir una presencia integral, permanente y legítima en el territorio.