¿Quién será el presidente de Colombia en el periodo 2026-2030? En una anterior columna, publicada el pasado 25 de julio en este espacio de Pares, respondí en parte a esta pregunta, y dije que el próximo presidente de Colombia era Abelardo De La Espriella. No obstante, también escribí, en la misma ocasión, que en mi condición de ciudadano obediente del contrato social y de las leyes que nos hemos impuesto, lo aceptaba así, en tanto dicho reconocimiento provenía de quienes legalmente tienen la potestad para hacerlo.
Aludía a los magistrados del Consejo Nacional Electoral, que a rajatabla y sin reparar en la maliciosa conducta del registrador y de la campaña del candidato De La Espriella, legitimaron la dudosa victoria de éste. No obstante, vale reafirmar que, esa legitimación, apenas constituye una declaración de manifiesta argucia formal; pues, moral y éticamente no tenían cómo hacerlo, si en verdad, como hoy se reclama con pruebas fehacientes, hacía falta suplir la totalidad de la requisitoria. Me refiero al correcto y completo reconteo de los votos, a la examinación del software y sus algoritmos; y, especialmente, me refiero al estatus de ciudadano del señor Abelardo De La Espriella que, habiendo nacido en Colombia, por nacionalizado en los Estados Unidos hoy solo puede garantizarle su lealtad al imperio gringo; porque, de lo contrario, allá lo enjuiciarían por traición a la patria, y hasta podrían condenarlo a la pena de muerte.
Por fortuna, y pese a su imperfección, la democracia cuenta con mecanismos para asegurar su funcionamiento de la mejor manera, como lo es la opción -si descreemos de la mentada legitimación- de utilizar recursos jurídicos para desmontarla; máxime si reconocemos que por el candidato De La Espriella -descontando si engañados o porque vendieron al diablo su alma ciudadana- votaron al menos el 40% de los electores.
Aceptar el nombramiento de Abelardo De La Espriella, en calidad de presidente legitimado -que no legítimo-, es lo mínimo que debe esperarse de un ciudadano fiel a las reglas establecidas en la Constitución Nacional, a la cual debemos obedecer -sin “tragarnos sapos” ni “mordernos el codo”-, aun si a nuestro juicio dicha persona no merezca serlo, o al menos no hasta cuando -usándose las herramientas dispuestas por la constitución- se demuestre que el proceso y la requisitoria para su validación, se hayan cumplido debidamente; es decir, dentro de la legalidad.
Mientras eso ocurre, por muy evidente y demostrable que sea el fraude, debemos esperar que la mecánica de la justicia -porque esta tiene sus tiempos y sus formas- funcione en los términos explicitados en la Constitución. Con todo, porque no somos seres humanos inertes, obedecer esas estructuras legales, creadas en pro del orden y de la convivencia, no pueden inhibirnos la capacidad de actuar en defensa de la verdad y de lo justo. De modo que, en beneficio de la paz, debemos soportar un trance político molesto, y aguardar pacientemente a que la justicia nacional -o en su defecto la internacional- resuelva cuál de ambos candidatos ganó en verdad, y entonces podamos hacerle valer a ese candidato victorioso -al margen de nuestras ideas políticas- los derechos adquiridos tras la contienda electoral; derechos que le son otorgados, única y estrictamente por el pueblo, y no por los jueces y los magistrados.
Siendo así el trasunto, mientras la justicia funciona, el señor Abelardo De La Espriella es, sin equívocos, el presidente “legitimado”; y el senador Iván Cepeda, mientras no se demuestre lo contrario, el presidente “legítimo”. No se trata de un doble gobierno, como lo hubo en Venezuela, en manos de Guaidó y Maduro; porque a Guaidó -una especie de bodoque parado- lo pusieron allí la extrema derecha venezolana y el gobierno estadounidense, lo cual significó la permanencia de Nicolás Maduro; mientras que a Iván Cepeda lo ha elegido el pueblo.
Al reconocer a De La Espriella como presidente legitimado y a Iván Cepeda como el presidente legítimo, lo hacemos conscientes de la distinción entre un adjetivo y otro. De La Espriella, en calidad de “legitimado”, solo ha sido autorizado, o convertido en “legítimo”, tras la decisión oficial de unos contados magistrados que, a mi juicio y a la vista de todos, fueron movidos por sus intereses políticos y no por su inteligencia y aptitudes, que habrán puesto a un lado. Por su parte, Iván Cepeda, en calidad de presidente “legítimo”, ha sido “legitimado” por el pueblo.
De tal suerte, podemos decir esto a los cuatro vientos, y en consonancia con el Presidente Gustavo Petro: “No fuimos derrotados electoralmente, somos mayoría legítima, el registrador se prestó no solo para un fraude sino para golpear nuestra soberanía nacional, pero dice u constitución que la soberanía es del pueblo, así que hay que rescatarla con el pueblo”.
