La confrontación entre las dos disidencias de las antiguas FARC dejó uno de los episodios más graves registrados en Colombia durante 2026. El pasado 27 de mayo, combates entre la facción de Calarcá, el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), y el Estado Mayor Central (EMC) liderado por Iván Mordisco en la zona rural de San José del Guaviare dejaron al menos 48 personas muertas, entre ellas once menores de edad, un hecho que volvió a poner en evidencia el reclutamiento de niños y adolescentes junto a la profundización de la disputa armada por el control del suroriente del país.
Los enfrentamientos ocurrieron en el sector de Barranco Colorado, una zona rural de difícil acceso ubicada al sur del municipio de San José del Guaviare. Aunque las primeras informaciones hablaban de una elevada cifra de víctimas, durante varios días no fue posible establecer con precisión la magnitud de lo ocurrido debido a las condiciones de seguridad y al control territorial ejercido por los grupos armados. Habitantes de la zona reportaron que los cuerpos permanecieron durante horas en el lugar de los combates mientras las comunidades enfrentaban restricciones de movilidad y temor ante la posibilidad de nuevos enfrentamientos.
La dimensión de la tragedia comenzó a esclarecerse cuando las autoridades lograron ingresar al territorio y adelantar las labores de recuperación de los cuerpos. El 2 de junio, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses informó que había culminado la identificación de 43 de los 48 cadáveres recuperados. De acuerdo con los análisis forenses, entre las víctimas se encontraban 39 hombres y 9 mujeres, mientras que cinco cuerpos permanecían sin identificar. El dato que más conmocionó al país fue la confirmación de que 11 de los fallecidos eran menores de edad, 8 hombres y 3 mujeres.
La lista divulgada por Medicina Legal mostró además que las víctimas provenían de distintos departamentos del país, una circunstancia que ha fortalecido las hipótesis sobre la existencia de redes de reclutamiento y movilización de combatientes que operan más allá de los límites del Guaviare. Parte de los jóvenes vinculados a estas estructuras armadas habrían sido reclutados en departamentos del suroccidente colombiano, particularmente en zonas del Cauca, para luego ser trasladados hacia el Guaviare y otras regiones donde los grupos armados requieren reforzar sus capacidades militares.
La presencia de once menores de edad entre las víctimas no constituye un hecho aislado. Organizaciones de derechos humanos y entidades estatales han advertido durante los últimos años sobre el incremento del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales. En 2025 se documentaron 386 casos de reclutamiento de menores, se le atribuyeron el 42% de estos a las estructuras a cargo de “Mordisco”. En departamentos donde convergen disputas armadas, economías ilícitas y débil presencia institucional, el reclutamiento se ha convertido en un mecanismo utilizado por las organizaciones ilegales para sostener su capacidad de combate y reemplazar rápidamente las bajas que producen los enfrentamientos, además de una oferta recurrente para los niños y jóvenes que no tienen acceso a otras oportunidades.
La confirmación de la muerte de los once adolescentes generó una fuerte reacción institucional, la Procuraduría General de la Nación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rechazaron los hechos y exigieron acciones urgentes para garantizar la protección de niños, niñas y adolescentes frente a los riesgos de reclutamiento forzado, el organismo calificó lo sucedido como una grave vulneración de los derechos de la infancia y una demostración de la degradación alcanzada por el conflicto armado en la región. En la misma línea, organizaciones defensoras de derechos humanos insistieron en que el caso revela la persistencia de prácticas que continúan afectando especialmente a las poblaciones rurales, indígenas y campesinas.
Aunque las autoridades aún avanzan en la reconstrucción de los hechos, existe consenso en que la mayoría de las víctimas correspondían a integrantes de las estructuras armadas enfrentadas. De hecho, la magnitud de las bajas permite inferir que no se trató de una escaramuza aislada ni de un enfrentamiento entre pequeñas unidades, sino de una confrontación de gran escala en la que ambas organizaciones desplegaron una cantidad significativa de combatientes para intentar consolidar posiciones en uno de los territorios más estratégicos del país.
Detrás de los enfrentamientos se encuentra una disputa que desde hace más de un año viene transformando el mapa armado del Guaviare desde el fraccionamiento del grupo. El choque en esta ocasión fue específicamente entre el Frente Armando Ríos, asociado a la estructura de alias “Iván Mordisco”, y la estructura Isaías Carvajal, vinculada al grupo de alias “Calarcá. Lo ocurrido en Barranco Colorado muestra hasta dónde ha escalado la confrontación entre los dos grupos en una lucha por el control territorial que deja decenas de muertos, incrementa la presión sobre las comunidades rurales y fortalece las dinámicas de reclutamiento y violencia en la región.
Ante el deterioro de la situación humanitaria, la Alcaldía de San José del Guaviare declaró el confinamiento de cinco comunidades rurales mediante el Decreto 065 del 3 de junio de 2026, la medida cobija a las veredas Cumare, Siberia y Pipiral, así como a los resguardos indígenas Barranco Ceiba y Barranco Colorado, territorios que han quedado directamente afectados por la presencia de los grupos armados y por el riesgo de nuevos enfrentamientos. Según las autoridades locales, las restricciones impuestas por los actores armados han limitado la movilidad de la población y dificultado el acceso a servicios básicos, actividades productivas y atención institucional.
Frente a este panorama, la administración municipal activó la Ruta de Atención Humanitaria y solicitó al Gobierno Nacional la instalación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta de las diferentes entidades del Estado. El alcalde Willy Alejandro Rodríguez advirtió que cientos de personas permanecen expuestas a las consecuencias de la confrontación y a posibles nuevos episodios de violencia, mientras persisten las dificultades para garantizar condiciones seguras de movilidad en la zona. Aunque el decreto no fija una fecha para el levantamiento del confinamiento, las autoridades han señalado que la medida se mantendrá mientras continúen los riesgos para la población civil y no existan garantías suficientes de seguridad en el territorio.
La antesala de los combates en Barranco Colorado
La crisis que hoy vive Guaviare no puede entenderse únicamente a partir de los recientes enfrentamientos. Durante décadas, el departamento fue uno de los principales bastiones de las antiguas FARC-EP gracias a su ubicación estratégica entre la Amazonía y los Llanos Orientales. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, varias estructuras permanecieron en armas o retomaron posteriormente la actividad armada, consolidándose bajo el liderazgo de alias “Iván Mordisco”. Durante años, esta facción mantuvo una posición predominante en municipios como San José del Guaviare y El Retorno. Sin embargo, la ruptura interna del Estado Mayor Central dio origen a una nueva disputa entre la estructura de Mordisco y la liderada por alias “Calarcá”, que comenzó a expandirse hacia territorios históricamente controlados por su antigua organización. Desde finales de 2024 y durante todo 2025, la presencia simultánea de ambas facciones fue reportada en distintos sectores de San José del Guaviare, Calamar y El Retorno, configurando un escenario de confrontación que había sido advertido por la Defensoría del Pueblo.
En el fondo, la disputa responde al interés por controlar uno de los corredores más estratégicos del suroriente colombiano. La red de ríos, carreteras y trochas que atraviesa Guaviare conecta la Serranía de La Macarena, los Llanos Orientales, la Amazonía y rutas que conducen hacia Venezuela y Brasil, convirtiendo al departamento en un punto clave para la movilidad armada y el desarrollo de economías ilícitas. La confrontación ya había dejado hechos de gran impacto, como la masacre de 26 integrantes de la estructura de Mordisco ocurrida en enero de 2026. Los combates del 27 de mayo y la muerte de 48 personas, entre ellas once menores de edad, evidencian que esta guerra interna entre las disidencias ha alcanzado un nuevo nivel de intensidad y que sus principales consecuencias continúan recayendo sobre las comunidades rurales que habitan el territorio.
