Los resultados recientes de las pruebas Saber 11 dejaron nuevamente al descubierto una realidad incómoda para Colombia: aunque el promedio nacional mejora lentamente, las brechas educativas entre colegios públicos y privados, regiones urbanas y rurales, estudiantes de estratos socioeconómicos altos y bajos, siguen profundamente intactas. Las pruebas terminaron mostrando el mapa de un país profundamente desigual.
El asunto no debería sorprender. En Colombia las trayectorias educativas siguen estando altamente condicionadas por el origen social. Los jóvenes provenientes de hogares con mayores ingresos, estabilidad económica, acompañamiento familiar, conectividad estable y acceso a mejores instituciones educativas tienen mayores probabilidades de obtener buenos resultados.
Lo contrario ocurre con quienes viven en municipios pobres, hogares vulnerables o territorios históricamente excluidos. Cuando se observan los mapas de desempeño de las pruebas Saber aflora casi el mismo mapa de la pobreza colombiana. Las regiones con mayores dificultades económicas y menores capacidades institucionales suelen coincidir con los peores resultados educativos.
La figura 1 permite observar con claridad esa fractura territorial. Allí puede observarse cómo las regiones con mayores niveles de pobreza multidimensional tienden a registrar menores resultados promedio en las pruebas Saber 11. El Pacífico, amplias zonas rurales del Caribe, departamentos amazónicos y numerosos municipios periféricos continúan mostrando rezagos estructurales que terminan reflejándose en las pruebas estandarizadas.
Figura 1. Desigualdad territorial y resultados promedio en las pruebas Saber 11 (2025)
Si se profundiza aún más en la información, y se aprovecha la que ofrece la clasificación por estratos socioeconómicos, la figura 2 complementa esta lectura. A medida que aumentan las condiciones materiales de los hogares, también mejoran los puntajes promedio obtenidos por los estudiantes. Los jóvenes provenientes de hogares con conectividad, alimentación adecuada y acompañamiento académico parten con ventajas acumuladas.
Figura 2. Estrato socioeconómico y desempeño promedio en pruebas Saber 11 (2025).
Durante años el país ha insistido en interpretar estos resultados únicamente desde el rendimiento individual de los estudiantes. Sin embargo, las pruebas no miden solamente capacidades personales. También reflejan las profundas desigualdades materiales en las cuales aprenden millones de jóvenes. No es lo mismo estudiar en un colegio urbano con laboratorios, conectividad y docentes estables, que hacerlo en instituciones rurales con dificultades de transporte, baja infraestructura y limitaciones tecnológicas permanentes.
A esto se suma otro elemento menos visible, pero igualmente importante. Las desigualdades educativas comienzan mucho antes de llegar al colegio. Un niño que crece en un hogar con pobreza, déficits nutricionales, hacinamiento, informalidad laboral familiar y dificultades de acceso a bienes culturales básicos, comienza acumulando desventajas desde los primeros años de vida.
Por eso los resultados de las pruebas Saber terminan funcionando como una radiografía acumulada de las desigualdades sociales del país. El problema, aunque aparece en el último año escolar, se viene construyendo desde la infancia, desde las condiciones territoriales y desde las enormes diferencias de capacidades entre regiones y municipios.
Este análisis, sobre la relación entre calidad educativa y condiciones de vida no es nuevo. En un trabajo que publiqué hace casi tres décadas con un par de colegas en la revista Lecturas de Economía de la Universidad de Antioquia, mostramos que pobreza no podía entenderse únicamente como ausencia de ingresos, sino también como limitación de capacidades y oportunidades sociales (https://revistas.udea.edu.co/index.php/lecturasdeeconomia/article/view/4862) .
Tres décadas después, buena parte de esa discusión sigue vigente. La educación continúa siendo uno de los principales mecanismos de movilidad social, pero el acceso efectivo a ella permanece profundamente condicionado por el origen socioeconómico. Allí aparece uno de los problemas más delicados para una sociedad democrática. Cuando las desigualdades sociales terminan reproduciéndose en el sistema educativo, las posibilidades reales de movilidad comienzan a reducirse.
Los jóvenes con bajos desempeños académicos tienen menos probabilidades de ingresar a universidades de alta calidad, acceder a becas, permanecer en la educación superior o vincularse posteriormente a empleos formales y bien remunerados. Así comienza a consolidarse una reproducción intergeneracional de la pobreza.
Los hogares pobres enfrentan mayores barreras educativas; esas barreras producen menores resultados académicos; y esos resultados terminan limitando nuevamente las oportunidades laborales y económicas futuras. El círculo vuelve a empezar en la siguiente generación.
Esto explica por qué las brechas educativas no pueden analizarse solamente como un problema pedagógico. También son un problema económico, territorial y político. Municipios con baja presencia estatal, debilidad institucional y altos índices de pobreza multidimensional tienden a registrar peores desempeños educativos.
Las pruebas Saber muestran entonces una fractura más profunda: la existencia de varias Colombias educativas. Una Colombia urbana, conectada y con mayores capacidades institucionales; y otra Colombia rural y periférica donde el derecho a la educación continúa siendo precario.
Lo preocupante es que el debate público suele concentrarse únicamente en el promedio nacional de las pruebas. Se celebra si el puntaje sube algunos puntos y se lamenta si desciende, pero pocas veces se discute de manera estructural qué factores explican las diferencias entre territorios, estratos sociales y tipos de instituciones educativas.
Por eso las pruebas Saber deberían convertirse en una advertencia importante para el debate presidencial que comienza a tomar forma en Colombia. Los candidatos suelen concentrar sus propuestas en seguridad, crecimiento económico, infraestructura o reducción del déficit fiscal, pero pocas veces se aborda de manera integral la relación entre pobreza, desigualdad y exclusión educativa.
El país necesita discutir seriamente qué hacer para romper ese círculo de reproducción social. Lo que implica ir más allá de reformas curriculares o cambios administrativos, hay que fortalecer la educación pública rural, mejorar la infraestructura escolar, ampliar la conectividad, garantizar alimentación escolar de calidad y construir sistemas diferenciales para los municipios más pobres del país.
También exige avanzar en políticas de primera infancia, formación docente y acceso efectivo a la educación superior. La desigualdad educativa resulta de trayectorias sociales acumuladas durante años y de capacidades estatales profundamente desiguales entre regiones. Y continúa en el último año del colegio con las pruebas Saber y con el ingreso a la educación superior.
Quizá uno de los mayores retos para el próximo gobierno sea precisamente entender que la política educativa no puede seguir viéndose separada de la política social. Reducir la pobreza y reducir las brechas educativas forman parte del mismo desafío. De no avanzar en estos frentes, Colombia seguirá diagnosticando cada año las mismas desigualdades, observando los mismos mapas de exclusión y reproduciendo las mismas brechas sociales generación tras generación.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
