Desde comienzos de 2025, Norte de Santander, especialmente la región del Catatumbo, enfrenta un progresivo agravamiento de la situación de seguridad como consecuencia del recrudecimiento de la confrontación entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP. Este escenario genera una creciente inestabilidad territorial, marcada por desplazamientos, confinamientos, amenazas y múltiples afectaciones a la vida cotidiana de las comunidades rurales, que han visto deteriorarse de manera sostenida sus condiciones de seguridad y acceso a derechos fundamentales.
La dinámica del conflicto evoluciona desde disputas localizadas hacia una expansión territorial más amplia, que involucra no solo zonas rurales históricamente afectadas, sino también municipios del área metropolitana de Cúcuta. Este cambio evidencia una transformación en la confrontación armada, caracterizada por la reconfiguración de actores, la incorporación de nuevas tecnologías en la guerra y el aumento de la presión sobre territorios estratégicos. Este análisis se sustenta en conversaciones sostenidas desde la Fundación Paz y Reconciliación (PARES) con el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo en Norte de Santander, donde se identificó que, desde el 16 de enero de 2025, la región del Catatumbo atraviesa una situación particularmente compleja.
Según lo señalado por esta instancia, el conflicto actual responde a una acumulación de factores advertidos previamente, pero que hoy presentan mayor intensidad debido a la disputa territorial entre grupos armados ilegales y la consolidación de economías ilícitas en corredores estratégicos del departamento. Estas dinámicas estructurales, sumadas a la limitada presencia institucional en zonas rurales, facilitan la expansión de los actores armados y la profundización de los riesgos para la población civil. El Catatumbo, históricamente afectado por la violencia armada, concentra múltiples factores de vulnerabilidad, entre ellos la presencia de cultivos de uso ilícito, la débil infraestructura estatal, la pobreza multidimensional y su ubicación fronteriza, condiciones que han permitido la consolidación de actores armados ilegales que disputan el control territorial y económico de la región.
En este contexto, las comunidades quedan atrapadas en medio de la confrontación, enfrentando presiones, restricciones a la movilidad y limitaciones para el desarrollo de sus actividades cotidianas. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes del actual escenario de violencia es que esta dinámica ha comenzado a desbordar lo rural. La expansión del conflicto hacia entornos urbanos del área metropolitana de Cúcuta marca un punto de inflexión en la configuración de la violencia en el departamento. De acuerdo con el balance oficial del Puesto de Mando Unificado (PMU), con corte al 14 de abril, se registran 173 homicidios y más de 101.883 personas afectadas por desplazamiento forzado, cifras que evidencian una crisis humanitaria que ya no se limita al Catatumbo, sino que empieza a trasladarse a la capital y sus municipios aledaños.
En las zonas rurales y de frontera, especialmente en municipios como El Zulia y Villa del Rosario, así como en corredores hacia el Catatumbo, hacen presencia estructuras armadas organizadas, como el Frente Carlos Germán Velasco Villamizar del ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC, actores que protagonizan confrontaciones por el control territorial y de economías ilícitas. Entre el 17 y el 20 de abril de 2026, estos enfrentamientos dejaron al menos seis víctimas, incluyendo una masacre de cuatro personas en zona rural de El Zulia, lo que evidencia la intensidad de la disputa en áreas periféricas.
Para defensores de derechos humanos, como Luis García, esta situación es resultado de la expansión de las confrontaciones armadas del Catatumbo hacia zonas urbanas, lo que incrementa la complejidad del conflicto. Así, mientras en lo rural predominan actores armados organizados con control territorial, en lo urbano se consolidan estructuras criminales que reproducen la violencia en contextos de ilegalidad y economías clandestinas. Este tránsito no es simplemente geográfico, sino funcional: la ciudad comienza a operar como un nodo estratégico dentro del conflicto, donde se articulan las rentas ilegales, la logística criminal y el control social.
Así mismo, en los entornos urbanos del área metropolitana de Cúcuta se configura un escenario particular, en el que confluyen estructuras transnacionales y bandas delincuenciales locales. Organizaciones como el Tren de Aragua y Los AK-47 han consolidado presencia en sectores estratégicos de la ciudad y en la zona de frontera, especialmente en actividades relacionadas con el contrabando, la extorsión y el narcotráfico. A este panorama se suman bandas locales como La Familia P, Los Mexicanos y Los Turcos, que disputan el control del microtráfico y han incidido directamente en el aumento del sicariato. En particular, Los Turcos han tenido una fuerte presencia en la comuna 6 de Cúcuta, desde donde han expandido su accionar hacia municipios cercanos como El Zulia.
Esta última organización delincuencial, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Cúcuta, mantendría una alianza criminal con el Frente 33 de las disidencias de las FARC-EP, lo que se reflejaría en la reciente ola de violencia registrada en el municipio de El Zulia y el área metropolitana. En un primer momento, las autoridades individualizaron a cuatro presuntos integrantes conocidos como el Negro, la Garza, Sebas y Andrey, presuntos responsables de ejecutar una serie de homicidios ocurridos entre la última semana de marzo y las primeras de abril, periodo en el que se registraron once asesinatos en tan solo 25 días. Según el coronel Fabio Ojeda, estos actores habrían sido trasladados desde los departamentos de Cauca y Valle del Cauca para la comisión de estos delitos, en el marco de la articulación con el Frente 33.
Entre tanto, el 24 de abril, en un consejo de seguridad liderado por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las autoridades señalaron que los recientes hechos de violencia en el área metropolitana de Cúcuta estarían relacionados con la disputa entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo, que se mantiene desde enero de 2025.
“Las acciones violentas que se vienen registrando en la región obedecen a los enfrentamientos entre estructuras del narcotráfico de las disidencias de las FARC y el ELN. En las últimas semanas se conoció el asesinato de 23 personas, 19 en zona rural y 4 en el casco urbano de Cúcuta; 14 de las víctimas tenían antecedentes judiciales. Se trata de 21 hombres y 2 mujeres”, dijo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, a medios de comunicación.
No obstante, la violencia en el área metropolitana de Cúcuta y su expansión hacia municipios como El Zulia no responde a hechos aislados, sino a una recomposición criminal en la que confluyen alianzas entre estructuras locales y actores armados de mayor alcance, como el Frente 33 y el ELN. La articulación de bandas como “Los Turcos”, su capacidad de movilizar actores desde otras regiones del país y la persistencia de mandos que operan incluso desde centros carcelarios reflejan un nivel de organización que supera las respuestas tradicionales de seguridad. Este escenario plantea desafíos significativos para las autoridades, no solo en términos de contención de la violencia, sino en la necesidad de estrategias integrales que aborden las economías ilegales, el control territorial y la prevención del reclutamiento de nuevos actores en contextos urbanos y de frontera.
Por otro lado, el Catatumbo no deja de encender las alarmas, el confinamiento de comunidades rurales se convierte en uno de los principales impactos humanitarios de este escalamiento. Las familias campesinas permanecen limitadas en su movilidad debido a la presencia de actores armados ilegales, lo que restringe el acceso a servicios básicos, centros de salud, instituciones educativas y zonas productivas. Este confinamiento prolongado genera efectos acumulativos en la seguridad alimentaria, la salud física y el bienestar emocional.
Las restricciones a la movilidad también generan impactos significativos en la economía campesina. La imposibilidad de acceder a cultivos, comercializar productos o transportar insumos agrícolas ha provocado pérdidas sostenidas y ha debilitado los medios de subsistencia, incrementando el riesgo de desplazamientos forzados graduales. A esto se suma la presencia de minas antipersona y artefactos explosivos improvisados, instalados en caminos veredales, zonas productivas y alrededores de centros educativos. Según el Sistema de Alertas Tempranas, en lo corrido de 2026 se registran diez víctimas por estos artefactos.
De acuerdo con la Alerta Temprana de Inminencia 017-2025, comunidades como Versalles, 20 de Julio, Oru 7, Campo Seis, Miramontes, El Retiro, El Líbano, Bertrania, Nazareth La Angalia, Guachimán, Caño Victoria, Campo Tres, Campo Yuca, Socuavo, Caño Indio y Chiquinquirá, así como sectores de los kilómetros 19, 25 y 28, Palo Quemado, Llano Grande y corregimientos como Reyes de Campo Dos, Pachelli y La Gabarra, resultan afectadas por confrontaciones, minas antipersonal y el uso de drones con explosivos. En veredas como 20 de Julio, Versalles, Oru 7 y Campo Seis se han identificado artefactos incluso cerca de escuelas rurales, lo que ha llevado a la suspensión de clases en algunos sectores y ha incrementado la deserción escolar.
Este contexto ha intensificado las prácticas de reclutamiento forzado de menores de edad, que van desde la seducción y el enamoramiento hasta el uso de redes sociales. Casos como el de Yormai Sebastián Contreras Castillo, joven de 16 años retenido en la vereda Km 25 en Tibú, reflejan la gravedad de esta situación. Durante 2025, el COALICO verificó 292 eventos de conflicto armado con impacto en al menos 379.524 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 99 estuvieron relacionados con su vinculación. El ICBF reportó la desvinculación de 49 menores en el Catatumbo, mientras que el sistema especializado registró 60 casos en el departamento, con alta concentración en Tibú.
El reclutamiento no solo vulnera derechos fundamentales, sino que funciona como un mecanismo de sostenibilidad del conflicto, al garantizar el relevo generacional de los grupos armados y debilitar el tejido social. A esto se suma la tecnificación de la guerra, evidenciada en el uso de drones con explosivos. Según la ONG Vivamos Humanos, en 2026 se registraron al menos cinco ataques con drones en el Catatumbo, mientras que, desde enero de 2025, se contabilizan más de 200 ataques, lo que refleja un aumento en la capacidad ofensiva de los actores armados y en el nivel de riesgo para la población civil.
Entre tanto, reportes de entidades oficiales y organizaciones sociales indican que, desde el inicio de la confrontación en enero de 2025, se registraron más de 200 ataques con drones dirigidos tanto contra la fuerza pública como contra la población civil. Esta cifra refleja la creciente sofisticación tecnológica de los actores armados y el aumento del nivel de riesgo para las comunidades rurales.
El uso de drones genera cambios en la vida cotidiana de las comunidades, obligando a las familias a restringir su movilidad, suspender actividades productivas y evitar desplazamientos hacia zonas consideradas de riesgo. Estas dinámicas afectan la economía campesina y generan desplazamientos preventivos ante el temor de nuevos ataques. Además, el impacto psicosocial de estos ataques es significativo, especialmente en niños, niñas y personas mayores, quienes enfrentan una constante sensación de inseguridad. Esta situación debilita el tejido social, reduciendo actividades comunitarias y procesos organizativos.
Otro elemento que profundiza el análisis del escalamiento del conflicto en Norte de Santander es la expansión de las dinámicas de violencia hacia municipios distintos a la región del Catatumbo. Mientras que en los apartados anteriores se evidenció la intensificación de la confrontación en territorios históricamente afectados, ahora se observa un proceso de dispersión hacia zonas que anteriormente mantenían condiciones de relativa tranquilidad.
Esta expansión territorial sugiere una reconfiguración del conflicto armado en el departamento, en la que los actores ilegales buscan ampliar su presencia, consolidar nuevos corredores estratégicos y fortalecer su control territorial. Este fenómeno incrementa el riesgo humanitario, ya que implica que nuevas comunidades comiencen a experimentar afectaciones similares a las registradas en zonas con presencia histórica del conflicto.
El caso del municipio de Chinácota refleja esta tendencia de expansión territorial. La creciente presencia de grupos armados ilegales ha incrementado la percepción de inseguridad entre la población, generando temor y afectaciones directas en la dinámica social y económica del municipio. Chinácota, reconocido por su vocación turística y por haber mantenido durante años condiciones de estabilidad, comienza a evidenciar cambios en la movilidad, disminución de visitantes y preocupación entre comerciantes y prestadores de servicios turísticos. Estas transformaciones no solo afectan la economía local, sino que también alteran la vida cotidiana de la población, generando restricciones en actividades comerciales, reducción de eventos comunitarios y un clima de incertidumbre que impacta la convivencia y la confianza entre los habitantes.
De manera paralela, la ciudad de Cúcuta continúa registrando ataques contra la fuerza pública, hechos que son atribuidos al ELN. La ocurrencia de estos eventos en la capital del departamento evidencia una posible estrategia de presión armada en entornos urbanos, lo que representa un cambio relevante en las dinámicas del conflicto. Este escenario incrementa el riesgo para la población civil, considerando la alta densidad poblacional y la concentración de actividades económicas e institucionales en la ciudad. Asimismo, estos ataques generan un impacto en la percepción de seguridad ciudadana y plantean mayores desafíos para las autoridades, que deben fortalecer los mecanismos de prevención y control en un contexto urbano cada vez más complejo.
El panorama descrito evidencia que Norte de Santander atraviesa un momento crítico en materia de seguridad y protección de la población civil, donde la expansión territorial del conflicto armado, la tecnificación de la violencia y la reconfiguración de actores ilegales configuran un escenario de alta complejidad. La persistencia de estas dinámicas no solo incrementa los impactos humanitarios inmediatos, sino que también compromete la estabilidad social y económica del departamento en el mediano y largo plazo. Comunidades rurales confinadas, territorios urbanos con creciente presión armada y municipios que comienzan a experimentar la expansión del conflicto reflejan la necesidad de una intervención integral y coordinada que permita contener el deterioro de la situación.
En este contexto resulta fundamental fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional, las autoridades departamentales y municipales, así como las entidades encargadas de la atención humanitaria y la protección de los derechos humanos. La respuesta institucional requiere no solo medidas de seguridad, sino también estrategias integrales que incluyan inversión social, fortalecimiento de la presencia estatal en zonas rurales, atención a víctimas, prevención del reclutamiento forzado y protección a líderes sociales. La implementación de estas acciones permitiría reducir los factores de riesgo y avanzar en la estabilización de los territorios más afectados por el conflicto armado.
De igual manera, la atención oportuna de las alertas tempranas y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención se convierten en elementos clave para evitar un mayor deterioro de la situación. La adopción de medidas anticipadas permitiría mitigar los impactos humanitarios y evitar nuevas emergencias en el departamento. En este sentido, el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes es a priorizar la situación de Norte de Santander dentro de la agenda institucional, promover una respuesta coordinada y sostenida, y garantizar acciones que permitan proteger a la población civil, reducir la violencia y evitar que el escalamiento del conflicto continúe extendiéndose hacia nuevos territorios.
Referencias bibliográficas
- Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (COALICO). (2025). Informe anual sobre niñez y conflicto armado en Colombia 2025.
- Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta Temprana de Inminencia 017-2025: Situación de riesgo en la región del Catatumbo. Sistema de Alertas Tempranas.
- Puesto de Mando Unificado (PMU). (2026). Balance oficial de seguridad y desplazamiento forzado en Norte de Santander, corte al 14 de abril de 2026.
- Vivamos Humanos. (2026). Informe sobre el uso de drones en el conflicto armado en el Catatumbo.
- García, L. A. (2025). Entrevista sobre la situación de seguridad y derechos humanos en El Zulia, Norte de Santander. Fundación Paz y Reconciliación (Pares).
