Violencia policial en Colombia: un patrón estructural de impunidad y ausencia de reforma

La violencia policial no es un fenómeno aislado, es una problemática estructural y sistemática ejercida por parte de agentes del Estado. De acuerdo con lo documentado por la ONG Temblores, en 2020 hubo en promedio 8.2 casos de violencia policial por semana, y en 2021, entre el 28 de abril y el 20 de julio, en el marco del paro nacional, las cifras aumentaron, registrando más de 5.000 casos de violencia policial en todo el país, entre los que se documentaron 40 casos de violencia homicida, 105 casos de trauma ocular, y 35 casos de violencia sexual.

Pese a que las cifras expuestas solo evidencian el panorama entre 2020 y 2021, la problemática lleva décadas, donde miles de personas han sido víctimas de la brutalidad policial que ha cobrado varias vidas, entre ellas, la de Nicolas Neira, quien fue asesinado el 1 de mayo de 2005 a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una unidad policial que se ha caracterizado por el uso desproporcionado de la fuerza en contextos de protesta social.

Agentes del ESMAD golpearon a Nicolás Neira, dejándolo inconsciente en el suelo. Los agentes continuaron la agresión e impidieron que transeúntes le prestaran auxilio, en consecuencia Nicolás sufrió un trauma craneoencefálico severo, fractura occipital y edema cerebral, y tras permanecer seis días en coma, falleció el 6 de mayo de 2005.

El caso escaló a instancias internacionales para determinar la responsabilidad del Estado en las acciones de la fuerza pública y el presunto encubrimiento. En 2021, fue admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con potencialidad de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se emitiría una sentencia que determine si Colombia vulneró derechos fundamentales.

Aunque este hecho construyó jurisprudencia en tres frentes clave: (i) la competencia de la justicia ordinaria sobre la fuerza policial, (ii) la responsabilidad de la cadena de mando por encubrimiento, y (iii) la rendición de cuentas internacional del Estado colombiano, y auque contribuyó también a identificar mecanismos de impunidad aplicados por la institución policial, como: el uso ilegal de armas, el encubrimiento, el esconder prendas para evitar identificación, la promoción amenazas a familiares y testigos, y la obstrucción a la justicia mediante conflictos de competencia (El Espectador,2021). Aún se espera un proceso de esclarecimiento integral, donde el Estado colombiano reconozca su responsabilidad y establezca medidas de prevención y no repetición a través de una reforma policial, púes el esclarecimiento no se agota en las condenas, este debe estar acompañado del reconocimiento de los patrones estructurales que desencadenaron tal hecho de violencia, además del establecimiento de una reparación integral para las víctimas y de garantías de no repetición.

En medio de este panorama, donde aún persiste esta problemática, la visita durante el mes mayo de 2026 de Víctor Rodríguez Rescia, presidente del Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de las Naciones Unidas para promover la Justicia y la Igualdad Racial, cobra especial relevancia, ya que encabezará el establecimiento de una delegación que examinará las leyes, políticas y prácticas que regulan el accionar de las fuerzas policiales, donde además se estudiarán medidas para garantizar la rendición de cuentas por uso excesivo de la fuerza y otras violaciones de los derechos humanos cometidas por estos agentes (Caracol radio, 2026).Los insumos recolectados tras la visita se presentarán en un informe de conclusiones y recomendaciones ante la 63ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, prevista para septiembre y octubre de este año.

En definitiva, en medio de la persistencia de casos de violencia policial, se destaca la presencia de delegados internacionales que examinen las leyes, políticas, y practicas de la fuerza policial, de manera que pueda contribuir al desarrollo de reformas institucionales que desmilitaricen el manejo del orden público y prioricen la protección de la vida. Pese a su importancia, mientras el Estado colombiano no reconozca su responsabilidad en el establecimiento de este fenómeno estructural de violencia, y no construya políticas de seguridad humana, y garantías efectivas para el ejercicio del derecho a la protesta, es probable que la violencia policial persista.