Mujeres en Norte de Santander bajo la disputa armada y las economías ilegales

Después de catorce meses de iniciada la disputa armada entre las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC, el panorama para las mujeres en Norte de Santander (especialmente en el Catatumbo y la zona de frontera) es profundamente preocupante. La confrontación no solo transforma el mapa del control territorial y de las economías ilegales, sino que altera de manera directa la cotidianidad de las comunidades, incrementando los niveles de riesgo, miedo y vulnerabilidad.

En este contexto, la violencia contra las mujeres adquiere un carácter estratégico. El cuerpo de las mujeres (cis y trans) se convierte en escenario de disputa y dominación: un espacio de disciplinamiento social, una fuente de rentas criminales y un mecanismo de intimidación colectiva que busca enviar mensajes de poder a toda la comunidad. La guerra, así, no solo se libra con armas, sino también a través del control y la instrumentalización de la vida y la dignidad de las mujeres.

A través del informe Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz, la Defensoría del Pueblo confirma que la violencia basada en género en la región no es un hecho aislado ni coyuntural, sino una problemática estructural asociada al conflicto armado. Entre enero y noviembre de 2025 se registraron 634 casos, de los cuales 151 corresponden a trata de personas y 179 a delitos contra la libertad e integridad sexual, cifras que evidencian la gravedad y la sistematicidad de estas agresiones en el territorio.

Lejos de ser simples estadísticas, estos datos reflejan un patrón sostenido de violencia en un escenario donde los actores armados imponen reglas paralelas sobre la vida social, incluyendo la salud sexual y reproductiva. La vigilancia y el control sobre la vida íntima de mujeres y adolescentes se convierten en mecanismos de dominación que trascienden la agresión directa: son formas de administración del cuerpo femenino como instrumento de poder en medio de la disputa armada.

En este escenario, los matices de las violencias basadas en género en el Catatumbo evolucionan hacia formas más complejas de instrumentalización del cuerpo femenino. No se trata únicamente de agresiones individuales, sino de prácticas que configuran una verdadera economía criminal alrededor de la explotación, la trata y la coerción sexual, al tiempo que se imponen mecanismos de control reproductivo sobre mujeres y adolescentes. La regulación de sus relaciones, maternidades, decisiones sobre el propio cuerpo e incluso su movilidad evidencia un ejercicio de poder que combina dominación territorial con disciplinamiento social. Así, el cuerpo se convierte simultáneamente en botín de guerra, fuente de rentas ilícitas y dispositivo de control poblacional, profundizando las desigualdades de género y consolidando la violencia como una herramienta funcional dentro de la disputa armada.

“Seguimos poniendo el pecho”: amenazas, confinamiento y resistencia femenina

En conversación con Pares, Carmen García, integrante de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, advierte que “Es muy difícil, porque seguimos poniendo el pecho, que nos llevan a amenazas contra nuestra integridad, contra nuestras familias… es muy difícil ser mujer…”. Su testimonio ofrece una radiografía contundente de la realidad territorial y evidencia una dimensión central del conflicto: la feminización de la resistencia comunitaria. En amplias zonas del Catatumbo, las mujeres abanderan la defensa del territorio y la interlocución con actores armados y autoridades estatales para intentar salvaguardar la vida de la población civil.

García precisa que los hechos victimizantes con mayor impacto sobre las mujeres (amenaza, confinamiento, estigmatización, violencia sexual y daños psicológicos) no actúan de forma aislada, sino como un entramado de presiones simultáneas. El confinamiento limita la movilidad y el acceso a ingresos; la estigmatización quita legitimidad de sus liderazgos; la amenaza impone silencio y autocensura; la violencia sexual envía mensajes de control colectivo; y los daños psicológicos prolongan la afectación más allá del hecho inmediato. Se configura así un sistema de coerción integral orientado a debilitar la organización femenina y fracturar el tejido social.

De acuerdo con el registro y monitoreo que adelanta la asociación, cerca de 820 mujeres sufrieron en 2025 algún tipo de afectación asociada a su condición de género. Tibú (350 casos) y El Tarra (120) concentran la mayor parte de los reportes, lo que no solo evidencia la magnitud del fenómeno, sino su focalización territorial. Ambos municipios coinciden con corredores estratégicos de economías ilegales, rutas de movilidad armada y escenarios de confrontación directa, lo que sugiere que la violencia contra las mujeres se inserta en la lógica de control geoestratégico.

El riesgo se intensifica cuando se trata de lideresas. “Es muy duro, nos estigmatizan los grupos armados por ser lideresas. Nos señalan de ser uno u otro grupo”, agrega Carmen García. Este señalamiento funciona como mecanismo de deslegitimación y antesala de amenazas, desplazamientos o agresiones. La estigmatización cumple así una función política clara: desarticular procesos organizativos, sembrar desconfianza en las comunidades y aislar a quienes alzan la voz.

En este escenario, la violencia contra las lideresas no solo afecta a quienes ejercen vocería, sino que impacta directamente la capacidad de las comunidades para organizarse, denunciar y exigir garantías. Silenciar a una mujer líder en el Catatumbo implica debilitar procesos colectivos de defensa del territorio, memoria y construcción de paz. Por ello, la protección de las mujeres no puede entenderse únicamente como una medida individual de seguridad, sino como una condición esencial para la preservación del tejido social y la vida comunitaria en medio de la confrontación armada.

El cuerpo como botín de guerra y mercancía

Alejandra Vera, de la Corporación Mujer, Muévete y Denuncie, advierte en conversación con Pares que, además de los múltiples factores de riesgo que enfrentan las mujeres en el territorio, la trata de personas con fines de explotación sexual se convierte en una de las manifestaciones más graves, persistentes y lucrativas de la violencia en el Catatumbo. Lo que deja en evidencia que, no se trata de hechos aislados ni de redes marginales, sino de estructuras que operan en articulación con economías ilegales y con el control territorial ejercido por actores armados, donde el cuerpo de las mujeres es instrumentalizado como mercancía y fuente de financiamiento.

“Nos preocupa ser mujer, porque es claro que ser mujer es una materialidad es un cuerpo sexualizado…”, añade Vera, subrayando que esta violencia no puede entenderse únicamente en clave de conflicto armado. Su reflexión ubica el problema en un marco cultural y político más profundo: el cuerpo femenino es concebido como objeto disponible, atravesado por estereotipos sexistas que normalizan la dominación y legitiman su explotación. En ese contexto, la guerra no crea la desigualdad, pero sí la exacerba y la convierte en mecanismo sistemático de control.

Esta lectura permite comprender que la trata y la explotación sexual no emergen únicamente de la confrontación armada, sino que se sostienen sobre estructuras históricas de desigualdad de género que el conflicto profundiza y aprovecha. En otras palabras, la violencia contra las mujeres en el Catatumbo se ubica en la intersección entre economías criminales, control territorial y patrones culturales que deshumanizan el cuerpo femenino, creando un escenario donde la discriminación estructural y la guerra se refuerzan mutuamente.

Entre tanto, Vera advierte que “en Norte de Santander, hay desprecio y odio contra la mujer… seguimos viviendo instrumentalización, opresiones y explotaciones que los hombres no viven estas realidades materiales como la viven las mujeres…”, Lo que permite tener una lectura diferencial con el conflicto armado interno colombiano. Si bien la guerra afecta al conjunto de la población, su impacto no es neutro: recae de manera desproporcionada sobre los cuerpos de las mujeres, especialmente en mujeres campesinas, indígenas, víctimas del conflicto y migrantes. La intersección entre género, ruralidad, pobreza y movilidad forzada no solo incrementa la exposición al riesgo, sino que limita las posibilidades de denuncia, protección y acceso a justicia, profundizando ciclos de exclusión histórica.

Cuando afirma que “Con sus cuerpos han hecho crímenes de lesa humanidad, las han torturado, mutilado, secuestrado y victimas de tratos crueles e inhumanos”, subraya el carácter sistemático de estas agresiones. La violencia sexual y las prácticas de mutilación no constituyen hechos aislados ni excesos individuales, sino mecanismos de dominación que buscan enviar mensajes de poder y control a la comunidad. La mutilación, en particular, trasciende la humillación personal: se convierte en una marca visible de sometimiento, un acto ejemplarizante que instala miedo colectivo y reafirma jerarquías impuestas por la fuerza.

No obstante, reconocer la violencia contra las mujeres como práctica sistemática y no como hecho aislado es fundamental para dimensionar la gravedad de lo que ocurre en el territorio. No se trata únicamente de proteger a víctimas individuales, sino de desmontar estructuras de poder que utilizan el cuerpo femenino como herramienta de control y terror. Sin este enfoque diferencial y estructural, cualquier respuesta institucional resultará insuficiente frente a una violencia que es, al mismo tiempo, armada, económica y profundamente patriarcal.

La ruta de la explotación: economía criminal y control reproductivo

De acuerdo con organizaciones de mujeres en la zona de frontera con Venezuela, lograron identificar un patrón progresivo de explotación que no responde a hechos aislados, sino a una lógica sistemática de captación, control y mercantilización del cuerpo femenino. Este circuito se activa en un contexto de alta vulnerabilidad social, marcado por la migración venezolana, el desplazamiento interno y la precariedad económica. La ausencia de empleo y de redes de protección convierte a muchas mujeres en blanco de economías ilegales que operan bajo el control de estructuras armadas con presencia en la región. Según la Policía Metropolitana, el Grupo Armado Organizado Ejército de Liberación Nacional (ELN) mantiene influencia en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, a través del Frente Urbano Carlos Germán Velazco Villamizar; y en las zonas rurales de Cúcuta, Puerto Santander y El Zulia, mediante el Frente Urbano Reinaldo Ardila Gómez, extendiendo sus actividades hacia poblaciones fronterizas.

Paralelamente, otras estructuras criminales ejercen control territorial en puntos estratégicos del área metropolitana y la frontera. En las comunas 7 y 8 se reporta afectación directa por la estructura conocida como “Familia P”, mientras que “AK47” tendría injerencia en el sector céntrico de Cúcuta. Por su parte, Tren de Aragua concentra su epicentro delictivo en el corregimiento La Parada, en Villa del Rosario, y el grupo “Los Mexicanos” mantiene incidencia en la comuna 8 y en el municipio de El Zulia. Este entramado de actores armados configura un escenario de control fragmentado pero complementario, que facilita la consolidación de economías ilegales y profundiza los riesgos para las mujeres en condición de vulnerabilidad.

En medio de este escenario, el cuerpo de la mujer sigue siendo un botín de guerra, ya que son engañadas, obligadas y explotadas siendo ellas el eslabón más débil de la violencia. En Cúcuta, se viene presentando el flagelo de la trata de personas con fines de explotación sexual, desde Pares, se pudo conocer la ruta premeditada que llevan a cabo grupos criminales de carácter nacional y transnacional. La primera fase de estos actos delictivos se presenta bajo una apariencia de legalidad: personas pertenecientes a estos grupos ofrecen la compra de cabello a las mujeres que se encuentran en dificultades económicas. Esta situación se la hacen ver a la víctima como una transacción voluntaria y rápida para obtener ingresos inmediatos, sin embargo, el grupo criminal con esta acción busca un mecanismo de acercamiento y reconocimiento de la mujer para empezar a establecer relaciones de dependencia económica.

Posteriormente, a mayor presentación de escenarios de vulnerabilidad y ante la posibilidad de no generar mayores ingresos, la dinámica escala hacia formas más agresivas de explotación. Al consolidarse la prostitución como una economía altamente rentable en la región, emergió con mayor claridad la trata de personas con fines de explotación sexual, donde los grupos armados presentes en la zona de frontera y zona céntrica (en las llamadas zonas rosa como la comuna 1 de Cúcuta o el corregimiento La Parada en Villa del Rosario) controlan las dinámicas ilegales. En medio de este panorama, las mujeres comenzaron a ser obligadas a trabajar en establecimientos controlados por actores armados, sometidas a extorsiones, amenazas y restricciones a su movilidad. En varios casos, algunas mujeres que denunciaron hechos de explotación sexual fueron trasladadas a otros territorios e incluso fuera del país, ampliando la red de explotación y dificultando cualquier posibilidad de protección institucional.

El control no se limita al ámbito sexual. Algunas mujeres son forzadas a desempeñarse como expendedoras de droga, integrándose a circuitos criminales bajo coerción. La violencia se convirtió en mecanismo de disciplina dentro de la disputa por el control territorial. En 2025, según registros de la Corporación Mujer Muévete y Denuncie, ocho mujeres que ejercían la prostitución fueron asesinadas en la capital de Norte de Santander que estaban siendo utilizadas como expendedoras de droga o en alguna cadena de las economías ilegales.

En los escenarios de dominio armado más cerrados, la explotación alcanzó niveles extremos. Se documentaron casos de mujeres trasladadas a la región del Catatumbo para ser sometidas a violaciones múltiples, sin protección, que derivaron en embarazos forzados. A partir de allí se configura una nueva dimensión de violencia: la explotación reproductiva. Algunas fueron obligadas a vender a sus hijos recién nacidos; en otros casos, se registró coacción para la venta de óvulos. Solo en 2025, la corporación documentó ocho situaciones de este tipo.

Un elemento particularmente grave dentro de este entramado es la retaliación contra quienes intentan denunciar o escapar. De acuerdo a Alejandra Vera, “algunas de las mujeres que se atrevieron a denunciar fueron posteriormente enviadas a otros países, donde permanecen bajo el control de redes de explotación sexual asociadas”. Todo un escenario donde continúan siendo víctimas de violencia física, amenazas y actos de tortura como mecanismo de castigo. El traslado transnacional no representa una ruptura con la violencia, sino su prolongación en contextos de mayor opacidad y menor acceso a mecanismos de protección.

La secuencia descrita revela un sistema escalonado en el que el cuerpo de las mujeres es convertido en recurso económico multifuncional: primero estético, luego sexual, posteriormente criminal y finalmente reproductivo. Más que una suma de delitos, se trata de una arquitectura de explotación que articula violencia de género, economías ilegales y control armado del territorio. En este esquema, la violencia no es accidental ni colateral: es estructural, rentable y funcional a la sostenibilidad del poder armado en la región.

Visita de expertas al Catatumbo

En medio de este panorama, el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará de la OEA, a Norte de Santander, confirmó que la violencia contra las mujeres y niñas en la subregión no constituye un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una manifestación estructural y sistemática de violencia basada en género, agravada por el recrudecimiento del conflicto armado y la consolidación de economías ilegales en la frontera. Los testimonios recogidos, el análisis institucional y la verificación en territorio evidencian que el cuerpo de las mujeres continúa siendo utilizado como instrumento de control territorial, disciplinamiento social y sostenimiento financiero de actores armados y redes criminales.

Los hallazgos muestran patrones persistentes de violencia sexual, trata, explotación, reclutamiento forzado, persecución a lideresas y uso de tecnologías para vigilancia y coerción, en un escenario marcado por debilidad institucional, fragmentación de rutas de atención, impunidad y revictimización. La ausencia de respuestas adaptadas a contextos de conflicto y crisis humanitaria profundiza la desprotección, mientras que las mujeres migrantes, desplazadas, rurales, indígenas, campesinas y defensoras enfrentan riesgos diferenciados que exigen medidas específicas e interseccionales.

Las recomendaciones formuladas por el Comité delinean una hoja de ruta clara: medidas urgentes para garantizar vida e integridad; fortalecimiento estructural de la institucionalidad con enfoque de género; incorporación transversal del enfoque interseccional en la planificación y el presupuesto; y mecanismos efectivos de seguimiento y rendición de cuentas. La exigencia central es inequívoca: el Estado colombiano debe adoptar una respuesta integral, coordinada y sostenida que no solo atienda la emergencia, sino que transforme las condiciones estructurales que permiten la reproducción de estas violencias.

En definitiva, la situación del Catatumbo interpela directamente las obligaciones internacionales del Estado bajo la Convención de Belém do Pará. La garantía del derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia no puede quedar supeditada a la dinámica del conflicto armado ni a limitaciones administrativas. La protección efectiva de sus vidas, su autonomía y su liderazgo es una condición indispensable para la paz territorial y para la vigencia real de los derechos humanos en la región.