Contaminación, despojo y violencia: El precio ambiental y humano del extractivismo en Venezuela

Si existe una organización que sigue denunciando sistemáticamente los atropellos constantes del gobierno de Nicolás Maduro es Provea. En el próximo informe publicado por el Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA) de la Fundación Paz y Reconciliación esta organización de la sociedad civil hace una denuncia sobre la doble moral del régimen con el cuidado del medio ambiente y la protección de los pueblos originarios. Desde los discursos de Chávez la llamada República bolivariana de Venezuela ha señalado los excesos del capitalismo que han llevado inevitablemente a perder buena parte de la fauna y la flora del mundo en su afán de explotación. Lo que no sabíamos es que el socialismo venezolano está permitiendo cosas peores.

En el informe titulado Venezuela: Una mezcla explosiva entre la deficiente política de control ambiental y la expansión de la minería en territorios indígenas se muestra como se ha destruido en unos pocos años el Arco minero del Orinoco, como la poca pericia a la hora de manejar la infraestructura petrolera ha provocado continuos derrames de petróleo en el lago de Maracaibo y, lo más grave, como se ha venido persiguiendo a los pueblos indígenas de Venezuela que están en la zona de explotación de recursos naturales.

 

 

Pero el caso más dramático es el de los pueblos indígenas que están en la zona de influencia del Arco minero del Orinoco y el estado Amazonas, en el informe se hace la siguiente denuncia en donde los datos tienen más fuerza que los mismos adjetivos: “La devastación provocada por la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, implementada por decreto presidencial 2.248 desde el 24.02.16, que incluye trabajo forzado, prostitución, contaminación, violencia generalizada, trata y tráfico de personas, reclutamiento forzado de menores, militarización de los territorios, asesinato y criminalización a defensores de la naturaleza, por parte de las gobernanzas híbridas criminales, no solo está haciendo desaparecer los territorios ancestrales de los pueblos indígenas, sino su manera de entender y vivir el mundo, sus lugares sagrados, su idioma y su cosmovisión.”

Ya la devastación minera ha llegado al amazonas venezolano afectando la fauna, flora y la seguridad que han tenido por siglos los pueblos originarios. Además, estados como Bolívar y Amazonas se han convertido en un refugio para grupos armados como el ELN. La aparición de esta guerrilla y de mineros ilegales han obligado al desplazamiento entero de comunidades indígenas como la Piaora ubicada en San Juan de Puruname, En el municipio Manapiare (Amazonas), los indígenas Ye’kuana del Alto Ventuari desalojaron a mineros ilegales que estaban extrayendo oro en la zona del Alto Parú, cerca del Salto Bocón. La acción, que incluyó la destrucción de cinco máquinas utilizadas para la minería, se ejecutó entre el 20 y el 21 de enero, en colaboración con las organizaciones Kuyunu, Unión Maquiritare de Alto Ventuari (UMAV) y otras asociaciones comunitarias.

 

Cualquier acción que lleve a desaparecer pueblos originarios tal y como está ocurriendo en  Venezuela es una acción genocida. El gobierno venezolano ha permitido que mineros ilegales y que el propio ELN permanezcan en sus zonas de influencias llevados por el afán de obtener riqueza, con la misma ambición y violencia que alguna vez tuvieron los primeros españoles que llegaron a esta tierra.

 

Para obtener más información espere nuestro informe completo que saldrá este viernes.