Colombia enfrenta una amenaza que ya no puede leerse únicamente en términos de ilegalidad o economía criminal. Lo que ocurre con la minería ilegal de oro en distintas regiones del país constituye un proceso sistemático de destrucción ambiental que hoy puede ser nombrado con mayor precisión: ecocidio. No se trata de hechos aislados, sino de una dinámica estructural que compromete la sostenibilidad del territorio.
El concepto de ecocidio permite comprender la magnitud del problema. No estamos frente a impactos ambientales puntuales, sino ante daños graves, acumulativos y de larga duración sobre ecosistemas estratégicos. Deforestación, contaminación de ríos con mercurio y destrucción de suelos configuran una forma de violencia ambiental que afecta tanto a la naturaleza como a las comunidades que dependen de ella.
En Colombia, la minería ilegal está produciendo justamente eso: un daño acumulado que compromete la sostenibilidad del territorio y la vida de quienes lo habitan. Las noticias recientes lo muestran con claridad: ríos convertidos en canales contaminados, selvas arrasadas por retroexcavadoras y comunidades expuestas a niveles críticos de mercurio. No es un fenómeno marginal, es una transformación territorial en curso.
Pero el problema no es solo ambiental. También es político. En territorios donde la presencia estatal es débil, la gobernanza no desaparece: se transforma. Allí donde el Estado no logra ejercer control efectivo, otros actores ocupan ese lugar. Grupos armados, economías ilegales y redes criminales terminan definiendo las reglas de uso del territorio y de explotación de los recursos.
Lo más preocupante es que esta situación no ocurre necesariamente en ausencia del Estado. En varias regiones del país se observa una paradoja inquietante: la fuerza pública tiene presencia territorial, pero no logra controlar las dinámicas ilegales. En algunos casos, actividades de minería ilegal se desarrollan a pocos kilómetros de bases militares o estaciones de policía, evidenciando una pérdida de capacidad efectiva del Estado para imponer reglas.
Esta coexistencia revela una crisis de gobernabilidad más profunda. No se trata solo de llegar al territorio, sino de ejercer autoridad real. Cuando actores ilegales mantienen el control económico y territorial, incluso en presencia institucional, la gobernanza queda capturada por lógicas que privilegian la rentabilidad inmediata sobre la sostenibilidad ambiental. En este escenario, el ecocidio no es un accidente, sino una consecuencia previsible.
Frente a este panorama, es necesario evitar lecturas simplistas. No todos los actores vinculados a la minería operan bajo la misma lógica. Existen mineros artesanales cuya subsistencia depende de esta actividad y que no cuentan con alternativas económicas viables. Equipararlos con redes criminales organizadas impide diseñar soluciones diferenciadas y efectivas.
Aquí se abre una oportunidad de política pública. La transición hacia modelos productivos sostenibles requiere pensar en alternativas reales antes de que los territorios queden completamente degradados. Procesos de reconversión hacia actividades agrícolas o agroindustriales, acompañados de asistencia técnica y acceso a mercados, pueden ofrecer salidas viables para poblaciones que hoy dependen de la minería ilegal.
Sin embargo, esta transición no será posible sin cambios en la estructura económica que sostiene el problema. La minería ilegal no existe solo porque se extrae oro, sino porque ese oro encuentra mercados donde es aceptado sin mayores controles. Mientras exista una demanda global que no distingue entre oro legal e ilegal, los incentivos para destruir ecosistemas seguirán intactos.
En este sentido, el problema desborda las fronteras nacionales. Informes recientes han señalado cómo parte del oro ilegal extraído en Colombia logra insertarse en circuitos internacionales, incluso llegando a mercados altamente regulados. Esto evidencia fallas en los sistemas de trazabilidad y en los mecanismos de control de la cadena global de valor del oro.
Por ello, cualquier estrategia efectiva debe incorporar una dimensión internacional. Es necesario avanzar hacia sistemas de certificación robustos, sellos de origen verificables y mecanismos de trazabilidad que permitan distinguir el oro producido bajo estándares ambientales y sociales adecuados. Sin estos instrumentos, el mercado seguirá legitimando indirectamente el ecocidio.
La solución tampoco puede ser exclusivamente coercitiva. La destrucción de maquinaria o las operaciones militares, aunque necesarias, no transforman las condiciones estructurales que hacen rentable esta economía. Se requiere una gobernanza compartida que articule a comunidades locales, autoridades, fuerza pública y actores económicos en torno a reglas claras y sostenibles.
Esta gobernanza compartida no implica tolerar la ilegalidad, sino reconocer la complejidad del problema. Solo mediante la articulación de actores será posible construir acuerdos que permitan proteger los ecosistemas sin desconocer las realidades sociales del territorio. Ignorar esta dimensión ha sido, en gran medida, la causa del fracaso de muchas intervenciones estatales.
Colombia enfrenta, en este punto, un dilema que trasciende lo ambiental. La destrucción de sus ecosistemas no es solo un problema técnico ni una externalidad económica. Es la manifestación de un modelo de desarrollo que, en nombre de la rentabilidad inmediata, sacrifica las condiciones que hacen posible la vida.
Cuando una economía logra ser simultáneamente rentable, socialmente tolerada y ambientalmente devastadora, el problema deja de ser sectorial. Se convierte en un problema civilizatorio. Y en ese punto, el ecocidio no es una exageración retórica, sino una advertencia sobre el rumbo que está tomando el país.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
