En el Catatumbo, la guerra dejó de ser un eco remoto para convertirse en una experiencia cotidiana marcada por retenes, caminos bloqueados, escuelas cerradas y silencios impuestos por la fuerza. Las comunidades rurales, que históricamente han sostenido formas profundas de organización y resistencia, se encuentran hoy frente a violencias tecnificadas que modifican las dinámicas del conflicto y elevan el nivel de riesgo humanitario. Comprender esta crisis exige situar la voz de las comunidades que viven entre explosivos, fronteras invisibles y la creciente disputa armada por el control territorial.
La región del Catatumbo atraviesa uno de los momentos más complejos y críticos de los últimos años. Las dinámicas actuales del conflicto armado configuran un escenario de riesgo extremo para la población civil, que profundiza las afectaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), debilita las estructuras comunitarias y agudiza una crisis social y humanitaria que amenaza con escalar aún más en los meses siguientes. Las evidencias recogidas en las veredas Campo Seis y Bertrania en Tibú y Versalles y Filo Gringo en El Tarra, por la Comisión Humanitaria (que lideró la ONG Vivamos Humanos, la Corporación Poder Paz y la Asociación Campesina del Catatumbo) y las alertas de líderes locales, organizaciones sociales y firmantes de paz permiten trazar un panorama profundo de las violencias que hoy enfrentan las comunidades rurales de Tibú, El Tarra, Convención, Teorama, Hacarí y San Calixto.
Una violencia que se agudizó desde el 16 de enero de 2025 ante el inicio de las confrontaciones del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP, que de acuerdo al último reporte entregado por el Puesto de Mando Unificado (PMU) de la Gobernación de Norte de Santander con fecha del 21 de octubre del presente año, deja cerca de 83 mil personas desplazadas, 1.740 se encuentra en confinamiento y 163 personas asesinadas. Sin embargo, el subregistro es una de las realidades que enfrenta la crisis humanitaria. Una violencia cuyo verdadero impacto, sigue desbordando cualquier cifra y recordando que la magnitud del dolor en el Catatumbo es mucho mayor de lo que las estadísticas alcanzan a mostrar.
Transformación de las violencias: drones, minas y pedagogías del miedo
Entre las 123 afectaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y las 73 violaciones a derechos humanos documentadas por la Comisión Humanitaria, la introducción de drones con explosivos representa una transformación profunda en las lógicas de violencia. Esta tecnología habilita ataques remotos, de difícil rastreo y alta capacidad destructiva, dirigidos a viviendas, centros poblados y estructuras comunitarias, generando un terror extendido y minando —literal y simbólicamente— la vida cotidiana.
Además, la presencia de artefactos sin explosionar en caminos, zonas escolares y rutas de tránsito convierte los espacios cotidianos en campos minados, afectando de manera flagrante el DIH. Los letreros que advierten “peligro minado”, instalados por distintos grupos, constituyen una pedagogía del miedo que reemplaza la autoridad legítima del Estado por normas impuestas a través del terror y la coerción armada.
Control territorial y ruptura del tejido comunitario
El control armado no solo limita la movilidad física, sino que reconfigura completamente la vida social. Los retenes, las requisas de celulares y los interrogatorios arbitrarios consolidan un sistema de vigilancia que castiga cualquier sospecha. En veredas como Versalles, casas minadas y calles convertidas en corredores de riesgo muestran cómo los actores armados ejercen un control totalizante sobre la vida comunitaria.
La fractura del tejido organizativo es uno de los impactos más graves. Al menos 51 líderes comunales han sido amenazados, desplazados o silenciados, debilitando la capacidad de acción de las Juntas de Acción Comunal (JAC), históricamente pilares de organización y representación campesina. La pérdida de liderazgo incrementa la vulnerabilidad colectiva, pues priva a las comunidades de vocerías legítimas y canales institucionales para reclamar sus derechos.
Riesgo electoral y crisis de representatividad
El debilitamiento del liderazgo coincide con un período preelectoral crucial. En 2026 se realizarán elecciones de JAC, Curules de Paz, Presidencia, Senado y Cámara. La Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026 de la Defensoría del Pueblo advierte sobre un alto riesgo de constreñimiento armado antes, durante y después de los comicios.
El temor a postularse, ejercer liderazgo, asistir a reuniones o votar amenaza directamente los derechos políticos de la población. Un escenario donde los actores armados determinan quién puede participar y bajo qué condiciones implica una alteración grave de la democracia local y regional.
Desescolarización y nuevas estrategias de reclutamiento
La niñez y la adolescencia están entre las poblaciones más afectadas. Varias instituciones educativas permanecieron cerradas durante todo 2025 por enfrentamientos, caída de explosivos y presencia de minas antipersonal. Esta situación interrumpe el Programa de Alimentación Escolar (PAE), que no llegó a veredas como Filogringo (El Tarra).
El contraste entre la afirmación del gobernador de Norte de Santander —quien aseguró durante la visita presidencial del 3 de diciembre de 2025 que el PAE cubre el 100 % del Catatumbo— y la evidencia comunitaria revela una desconexión profunda del Estado respecto al territorio. Esta ausencia estatal genera un vacío que los grupos armados llenan mediante estrategias de reclutamiento dirigidas a menores, incluso a través de redes sociales y tácticas de manipulación emocional.
Disputa por la hegemonía armada y riesgos de escalamiento
El análisis territorial sugiere que el Catatumbo podría ingresar en una fase de disputa final por la hegemonía del control armado. El ELN mantiene dominio histórico en Convención, Hacarí, Teorama y San Calixto, mientras que el Frente 33 sostiene presencia significativa en Tibú y El Tarra, donde busca recuperar corredores estratégicos esenciales para las economías ilícitas y la movilidad transfronteriza.
En la actualidad, el ELN mantiene un dominio territorial más amplio, especialmente en zonas estratégicas como Convención, Hacarí, Teorama y San Calixto, lo que le otorga ventaja en términos de movilidad, reclutamiento y control social. Sin embargo, en Tibú y El Tarra persiste una disputa abierta, donde las disidencias del Frente 33 fortalecen su presencia buscando recuperar corredores que históricamente conectan cultivos, rutas de movilidad y pasos fronterizos. Esta presión territorial amplifica la tensión en veredas como Bertrania, Campo Seis, Versalles y Filo Gringo, donde los choques armados dejan daños profundos en infraestructura, viviendas y tejido comunitario.
La intensificación de enfrentamientos y el aumento de prácticas como drones explosivos, minas, amenazas y desplazamientos masivos son indicios de una estrategia orientada a consolidar control exclusivo antes de 2026.
Organizaciones sociales han alertado sobre la posible incursión del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). Su llegada implicaría una alteración profunda del equilibrio armado existente, abriendo un escenario de triple confrontación, el más destructivo para la población civil.
La actual bonanza cocalera, la reorganización de corredores terrestres y el cierre de rutas marítimas hacia Venezuela crean incentivos para que estos grupos busquen posicionarse en el Catatumbo. Su presencia se caracteriza por el ejercicio violento de control social, la captura criminal de economías ilícitas y retaliaciones directas contra la población civil.
Ahora, la configuración actual del conflicto armado sugiere una posible expansión de las disputas hacia regiones aledañas, particularmente hacia el Magdalena Medio y el sur de Bolívar, territorios históricamente estratégicos por su carácter minero-energético, la presencia de corredores fluviales y la articulación con redes del narcotráfico. Informes recientes han documentado la reactivación de disputas entre facciones armadas en zonas como Yondó, San Pablo, Santa Rosa y Morales, donde se superponen intereses del ELN, del Clan del Golfo y de estructuras disidentes (Defensoría del Pueblo, 2024).
Este reacomodo territorial se conecta con la consolidación de rutas hacia el Caribe, en especial los corredores que conducen desde el Catatumbo y el nordeste antioqueño hacia los puertos clandestinos de la subregión de la Mojana, la depresión momposina y la costa de Sucre y Bolívar, aprovechando la presión militar en la frontera con Venezuela y el cierre progresivo de rutas marítimas tradicionales (UNODC, 2023). En conjunto, estos factores configuran un escenario regional donde el escalamiento del conflicto en el Catatumbo podría detonar nuevas disputas multiespaciales, reactivar fracturas armadas en el corredor del Magdalena Medio y consolidar un eje de movilidad criminal continuo entre frontera, centros cocaleros, zonas de minería ilegal y puntos de salida hacia el Caribe colombiano, aumentando los riesgos humanitarios para las comunidades campesinas, mineras y ribereñas de estas regiones.
Finalmente, el Catatumbo atraviesa una crisis humanitaria de carácter estructural, donde cada aspecto de la vida cotidiana (la movilidad, la educación, el liderazgo comunitario, la participación democrática y la seguridad alimentaria) se encuentra atravesado por la violencia armada y el abandono institucional. Los explosivos en caminos y veredas, el control territorial de los grupos armados, la fractura del tejido comunal, el riesgo electoral, la desescolarización y el inminente escalamiento del conflicto conforman un escenario de vulneración permanente para la población civil.
Sin embargo, incluso en este contexto adverso, las comunidades continúan resistiendo con una fuerza que contrasta con la fragilidad de la presencia estatal. La labor de las organizaciones humanitarias, los liderazgos sociales, la Iglesia y la cooperación internacional evidencia que, pese a la crudeza de la guerra, permanece viva la defensa de la vida, la dignidad y el territorio. Pero la resiliencia comunitaria no puede seguir siendo el principal escudo frente a la violencia.
El Estado colombiano tiene la responsabilidad urgente e ineludible de adoptar medidas integrales de protección, garantizar presencia institucional efectiva y restablecer las rutas de atención humanitaria que permitan mitigar los riesgos y reparar las afectaciones. La omisión o la respuesta insuficiente solo profundizarán la crisis y prolongarán el sufrimiento de las comunidades. El Catatumbo no puede seguir enfrentando en soledad una guerra que lo desangra en silencio; es momento de garantizar que sus voces, sus vidas y sus derechos no sigan siendo eclipsados por la confrontación armada.
Referencias Bibliográficas.
Fundación Paz & Reconciliación. (2025). Análisis territorial del conflicto armado en Norte de Santander 2024–2025. Bogotá.
Fundación Paz & Reconciliación. (2025). Sur de Bolívar: Entre coca, oro y guerra. Bogotá.
Defensoría del Pueblo. (2024). Alerta Temprana 018-2024: Riesgos por reacomodo de actores armados en el Magdalena Medio y sur de Bolívar. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.
Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026. Bogotá: Sistema de Alertas Tempranas.
Comisión Humanitaria del Catatumbo, Vivamos Humanos, Corporación Poder Paz & Asociación Campesina del Catatumbo. (2025). Informe de verificación humanitaria en Tibú y El Tarra. Cúcuta.
Gobernación de Norte de Santander – Puesto de Mando Unificado (PMU). (2025). Reporte de afectaciones humanitarias por confrontaciones armadas. Cúcuta: Gobernación de Norte de Santander.
United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC. (2023). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos en Colombia. Viena: UNODC.
