Seguridad sin paz, paz sin seguridad o paz con derechos: lo que está en juego en 2026

A siete semanas de la primera vuelta presidencial, la Defensoría del Pueblo puso sobre la mesa algo más que un insumo técnico, son unas líneas rojas urgentes para tratar en materia de derechos humanos. Las recomendaciones dirigidas a quienes aspiran a la Casa de Nariño, trazaron cuatro frentes que no admitirían más aplazamientos sin comprometer gravemente la protección de los derechos humanos: desigualdad, paz y seguridad, ambiente y territorio, y reforma rural. No es un programa de gobierno, sino un listado de mínimos ineludibles. El contraste con los planes de trabajo de Iván Cepeda, Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella revela, sin embargo, tres proyectos de país muy distintos frente a esa hoja de ruta.

De un lado, Cepeda se mueve dentro del mismo lenguaje que la Defensoría, derechos humanos, centralidad de las víctimas, cumplimiento integral del Acuerdo de Paz y transformación estructural de las desigualdades. Del otro, Paloma y Oviedo traducen parte de esos mínimos a la gramática de la tecnocracia, seguridad, eficiencia fiscal, focalización de subsidios, restauración ambiental financiada por la renta extractiva. Más lejos, Abelardo de la Espriella se apropia de las cifras de crisis que producen entidades como la Defensoría, pero se sitúa en abierta confrontación con su marco normativo, paz entendida como guerra sin negociación, reforma rural reemplazada por expansión agroindustrial, ambiente subordinado a una agenda de seguridad energética y crecimiento.

Lo que está en juego no es si los candidatos “mencionan” desigualdad, paz, ambiente o campo, pues todos lo hacen, sino si se hacen cargo o no de la arquitectura de derechos que más allá de ser prioridad para la Defensoría, debería ser el eje principal que guíe una ruta de acción para atender a las victimas y poblaciones vulnerables que siguen habitando la Colombia menos atendida y escuchada.

Desigualdad y cuidados, tres lenguajes para un mismo problema

El primer llamado de la Defensoría apunta al corazón del problema colombiano: la desigualdad persistente que atraviesa la vida rural, étnica, de género, etaria y de discapacidad. No se trata solo de ingresos, sino de brechas en salud, educación, trabajo decente, libertad sindical, acceso a tecnologías y, sobre todo, en la organización social del cuidado que limita la autonomía económica de las mujeres. De ahí la insistencia en un Sistema Nacional del Cuidado con financiación y gobernanza territorial, en una reforma integral al sistema de salud, en garantías efectivas de permanencia escolar y en entornos laborales seguros frente al acoso y las violencias basadas en género.

El programa de Iván Cepeda se aproxima a este diagnóstico desde una matriz de derechos y de macroestructura. La desigualdad no aparece como un problema de “falta de oportunidades” aislado, sino como producto de una economía política de la macrocorrupción, del racismo estructural y de la violencia contra movimientos sociales, pueblos étnicos y sectores populares. La “revolución ética” que propone no es una campaña de valores individuales, sino una recomposición del Estado para enfrentar la corrupción como macrocriminalidad, redistribuir poder y recursos, y proteger a quienes han cargado con el costo de la guerra y del modelo económico. En su discurso, mujeres, víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes, campesinado y diversidad sexual son sujetos de derechos y de poder constituyente, no simples “poblaciones vulnerables”.

Sin embargo, el lenguaje del cuidado en sentido estricto aparece más diseminado que sistematizado. Hay una crítica al patriarcado y un reconocimiento del trabajo de cuidado, hay énfasis en derechos sociales (salud, educación, trabajo digno) y en participación de las mujeres en espacios de decisión, pero no se despliega una arquitectura tan explícita de Sistema Nacional del Cuidado como la que plantea la Defensoría. En términos de afinidad, Cepeda comparte el enfoque estructural y de derechos, pero está menos cerca en la traducción institucional detallada de la política de cuidados.

El plan de Paloma Valencia, por su parte, recoge buena parte del vocabulario de brechas, pero lo reescribe en clave de focalización y gestión. Su apartado de “Colombia que cierra brechas y abre oportunidades” pone en el centro la expansión de la educación inicial, los bonos educativos, la Ruta 3E para que ningún joven quede por fuera de estudiar, emplearse o emprender, y un sistema de transferencias y subsidios anclado en la “cédula del hogar”. Alrededor de la política de cuidados, el programa es sorprendentemente específico, formalización de cuidadoras comunitarias, contratos, salud y pensión para quienes cuidan, ampliación de cupos de educación inicial como palanca para liberar tiempo de las mujeres, flexibilización laboral y ampliación de licencia de paternidad. En violencia de género, proponen juzgados especializados “una familia, un juez”, rutas integrales y acompañamiento para autonomía económica.

En este punto, la campaña de Paloma y Oviedo dialoga muy directamente con las exigencias de la Defensoría en materia de organización social del cuidado y entornos laborales seguros. El punto ciego está en otros ejes del capítulo, el racismo, la discriminación étnica, la libertad sindical y la informalidad estructural son tratados más como problemas de productividad y focalización que como violaciones de derechos con raíces históricas. Es un programa que parece decirle a la Defensoría, aceptamos su agenda de cuidados, pero la traducimos en la capacidad fiscal para actuar.

El documento programático de Abelardo de la Espriella, en cambio, se mueve en otra clave. Parte de la idea de que “Colombia no es un país pobre, sino empobrecido” por corrupción, violencia y centralismo, y plantea que la tarea es pasar de “administrar escasez” a “desatar abundancia”, crecimiento económico del 7%, desregulación agresiva, reducción de impuestos y recorte del Estado. La desigualdad aparece sobre todo como síntoma de un Estado capturado e ineficiente. Ahí donde la Defensoría reclama una intervención estructural orientada por derechos, el programa propone una cirugía de choque pro–mercado.

Curiosamente, su capítulo sobre mujeres sí incorpora componentes que se acercan a la agenda de la Defensoría, violencia contra la mujer como problema prioritario de orden público, rutas de atención aceleradas, subsidio progresivo de maternidad, registro nacional del cuidado, seguridad social subsidiada para cuidadoras, fondo para autonomía económica y formación en economía digital. La economía del cuidado se nombra y se busca monetizar. El problema es que estas medidas se apoyan en una estructura general que no asume la desigualdad como obligación estatal de garantía de derechos, sino como un obstáculo a superar mediante crecimiento y disciplina social. La textura de derechos humanos que la Defensoría propone se diluye en una narrativa de mérito, orden y prosperidad.

Paz y seguridad, entre la arquitectura de paz y la contra–reforma

Si hay un lugar donde el llamado de la Defensoría es más explícito, es en su segundo eje. A pesar del Acuerdo Final de 2016, el conflicto armado y la criminalidad organizada se han reconfigurado en estructuras transnacionales altamente organizadas. La Defensoría denuncia masacres, reclutamiento forzado, confinamientos, desplazamientos masivos, asesinatos de liderazgos sociales y presupuestos insuficientes para mantener la arquitectura de paz: la UBPD con déficit acumulado, las sanciones restaurativas de la JEP sin recursos para los TOAR, un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición que funciona a media máquina. El llamado es especifico, es fundamental fortalecer la implementación de las políticas de paz, financiar el Sistema Integral y superar el falso dilema entre paz y seguridad.

El proyecto de Iván Cepeda se ubica dentro de esta arquitectura. Su trayectoria política está entrelazada con el Acuerdo de Paz y con la defensa de los derechos de las víctimas, y el programa prolonga esa línea. El texto insiste en que no hay paz posible sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, y reivindica la centralidad del Sistema Integral frente a los intentos de desmontarlo. Al hablar de macrocriminalidad, Cepeda extiende a la lucha contra la corrupción metodologías desarrolladas para crímenes de lesa humanidad, lo que sugiere una continuidad conceptual entre justicia transicional y justicia frente a la gran corrupción. La paz no aparece solo como cese de hostilidades, sino como transformación de estructuras que han permitido genocidio político, despojo y desplazamiento forzado.

En este sentido, es la campaña que más claramente asume el paquete completo de exigencias de la Defensoría, implementación integral del Acuerdo, fortalecimiento de instituciones como JEP y UBPD, y comprensión de la seguridad como política integral que articula paz, justicia, política criminal y desarrollo territorial. Sin embargo, sigue estando en duda la capacidad real del Estado para sostener esa arquitectura en un contexto de crisis fiscal y de resistencia de élites regionales, el compromiso normativo está, pero el músculo institucional y presupuestal es otra discusión.

El plan de Paloma Valencia adopta un punto de partida distinto, “Colombia no puede seguir siendo un país donde el miedo manda más que el Estado”. De ahí se despliega una agenda de “recuperar el territorio” mediante aumento del gasto en seguridad y defensa, ampliación del pie de fuerza, militarización estratégica de vías y regiones con alto riesgo de secuestro, inteligencia reforzada, endurecimiento de penas, construcción de cupos carcelarios y reclusión agropecuaria como modelo de resocialización. La política antidrogas gira en torno a la reactivación de la fumigación en zonas de cultivos industriales, la sustitución “forzosa y generosa”, y la asfixia financiera de las estructuras criminales, todo ello acompañado de cooperación internacional tipo Escudo de las Américas, con referencias positivas al Plan Colombia.

Esta mirada reconoce la gravedad de la crisis humanitaria, pero reubica la solución en el terreno del control y la disuasión. La arquitectura de paz de 2016 no aparece como horizonte a profundizar, sino como un antecedente implícito frente al cual la prioridad actual es “estabilizar” mediante orden y firmeza. No hay un compromiso explícito con el fortalecimiento del Sistema Integral ni con la financiación de la UBPD o las sanciones restaurativas de la JEP. Tampoco una defensa decidida de la política de diálogos y sometimiento. En el vocabulario de la Defensoría, es una agenda que intenta responder a la dimensión de seguridad, pero que no asume la inseparabilidad de paz y derechos humanos.

Con Abelardo de la Espriella, la tensión se vuelve frontal. Su diagnóstico coincide en parte con las cifras de violencia, cultivos de coca en expansión, extorsión, secuestro, desplazamientos y confinamientos masivos. Pero la respuesta programática se resume en un lema: “con los criminales no habrá negociación”. La paz total es descrita como traición a la patria, y la apuesta es por una guerra sin ambigüedades, destrucción de cultivos ilícitos mediante fumigación aérea, erradicación manual y persecución de capitales, extinción de dominio exprés, extradición, desmontaje de milicias y poderes coercitivos paralelos, reconstrucción de la fuerza pública con amplio respaldo político y simbólico.

Esta configuración no solo desatiende el llamado de la Defensoría a fortalecer la arquitectura de paz, sino que se propone revertirla. En el debate público, De la Espriella ha planteado abiertamente la eliminación de la JEP. No hay lugar para procesos de diálogo condicionados con verificaciones humanitarias, ni para el asiento humanitario de organizaciones en las mesas. La protección de la población civil se confía a la eficacia de la fuerza y al castigo ejemplar, no a la combinación de mecanismos de sometimiento, justicia transicional y transformación territorial. Si la Defensoría pide superar el falso debate entre paz y seguridad, este programa lo profundiza y propone seguridad contra la paz.

Ambiente y territorio, entre la justicia climática y el extractivismo como solución

El tercer eje de la Defensoría no separa “medio ambiente” de conflicto y derechos humanos. Deforestación, acaparamiento de tierras, ganadería extensiva, vías ilegales, minería de oro en contextos de informalidad e ilegalidad y cultivos de uso ilícito son motores simultáneos de crisis ecológica y de control armado del territorio. La Defensoría reclama una política que integre protección de la naturaleza en la seguridad, en los acuerdos con actores armados y en el desarrollo rural, reconociendo que la naturaleza también es víctima.

En el programa de Cepeda, la cuestión ambiental aparece como parte de una agenda más amplia de justicia climática y reconfiguración de la inserción de Colombia en el sistema internacional. Se insiste en que América Latina ha sido una “zona de paz” amenazada por disputas geopolíticas en torno a bienes comunes como la Amazonía, el agua y los minerales críticos, y se cuestiona el doble rasero de las potencias que descargan responsabilidades ambientales en el sur mientras protegen sus propias industrias. A nivel interno, la crítica al prohibicionismo en la política de drogas está ligada a la necesidad de transformar ecuaciones productivas en los territorios rurales, de modo que la transición económica reduzca tanto la violencia como la presión sobre bosques y ecosistemas.

Es un enfoque que habla el mismo idioma que la Defensoría, la naturaleza no es solo recurso a explotar, sino casa común y, en muchos casos, escenario de victimización por parte de economías ilegales y legales. El desafío pendiente es descender de ese plano de principios a medidas específicas de control de deforestación, regulación de la minería de oro y trazabilidad de cadenas productivas, para que la promesa de justicia climática no quede atrapada en el nivel discursivo.

Paloma Valencia reconoce a Colombia como potencia ambiental y fijan como objetivo frenar la deforestación, restaurar un millón de hectáreas y convertir la conservación en fuente de ingresos. Su programa propone familias guardabosques remuneradas, pagos por servicios ambientales, fortalecimiento de parques nacionales y una reforestación comercial significativa, con énfasis en valles interandinos, llanos y sabanas costeras. El financiamiento de esta agenda se plantea, en buena medida, a través de la reorientación de regalías provenientes de sectores minero–energéticos hacia el cuidado de bosques, páramos y humedales.

El problema es que esa misma plataforma programática incluye la reactivación del fracking, la expansión de la producción de petróleo y gas hasta un millón de barriles diarios, el impulso al carbón y la consolidación de una política minero–energética agresiva. La apuesta es que “crecer y conservar no son opuestos” si se hace bien, pero el riesgo de reproducir conflictos socioambientales del tipo que la Defensoría ha documentado en contextos de minería de oro y control armado es evidente. La naturaleza es protegida y, al mismo tiempo, instrumentalizada como soporte de una nueva fase de extractivismo regulado.

En el caso de Abelardo de la Espriella, la prioridad es inequívoca, seguridad energética, competitividad y estabilidad fiscal a partir de la recuperación de la exploración y explotación de hidrocarburos y de la minería metálica. Se reivindica a Ecopetrol como activo estratégico, se plantea acelerar proyectos de gas, incluso no convencionales, y desarrollar minería de oro, cobre y tierras raras con “oportunidad económica estratégica”. La distinción relevante es entre minería legal y criminal, pero no hay un desarrollo profundo sobre cómo evitar que la minería legal reproduzca lógicas de despojo y destrucción ambiental similares a las ilegales.

El ambiente entra en escena como condición para el crecimiento, no como horizonte de derechos. La integración entre seguridad, naturaleza y paz que exige la Defensoría queda prácticamente ausente, el bosque es frontera económica, no territorio en disputa ni víctima de guerra.

Reforma rural, el campo como prueba de fuego

El último eje de la Defensoría vuelve sobre un punto que el Acuerdo de Paz de 2016 colocó en el primer renglón, la reforma rural integral. A pesar de la aprobación reciente de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, que se presenta como uno de los instrumentos jurídicos más importantes para tramitar conflictos sobre tierras, persisten brechas enormes en acceso a la tierra, infraestructura, crédito, asistencia técnica y presencia estatal. La Defensoría insiste en la urgencia de sacar adelante la ley ordinaria que operativice la Jurisdicción Agraria y, sobre todo, de avanzar en la implementación efectiva de la Reforma Rural Integral como deuda histórica con el campo.

Respecto a los programas analizados, Iván Cepeda es quien más claramente se inscribe en el marco de la Reforma Rural Integral. Su proyecto entiende el campo como escenario central del conflicto y, por tanto, como lugar prioritario de la paz. No solo reivindica el punto uno del Acuerdo, redistribución de tierra, desarrollo rural con enfoque territorial, reconocimiento de campesinos como sujetos de derechos, sino que lo vincula con su agenda de lucha contra la macrocorrupción, al mostrar cómo redes criminales han capturado políticas agrarias, tierras y presupuestos. La Jurisdicción Agraria aparece como pieza de una arquitectura mayor de justicia, que incluye tanto crímenes contra la humanidad como despojo y desplazamiento.

Paloma Valencia articula una propuesta distinta de ruralidad, “campo seguro, digno y competitivo”. Su programa incluye formalización de tres millones de hectáreas, otorgamiento de tierras con proyectos productivos y asociatividad, expansión de la frontera agrícola mediante zonas francas rurales y un ambicioso plan de vías terciarias. El campesino es concebido ante todo como productor al que se debe dotar de título, crédito, tecnología y mercados. Es una lectura de modernización agraria que pone el énfasis en productividad y competitividad, más que en reparación histórica o redistribución.

Nada indica que esta agenda sea incompatible, por definición, con la Reforma Rural Integral; podría ser, en teoría, uno de sus instrumentos. Pero en la práctica, el programa evita anclar sus propuestas en el Acuerdo de Paz y en la RRI, y no otorga centralidad a la Jurisdicción Agraria como dispositivo para resolver conflictos de tierra.

Abelardo de la Espriella, en cambio, confronta abiertamente el marco de la RRI. Habla de “acabar la falsa reforma agraria” y plantea una reconfiguración del campo centrada en seguridad para veredas, expansión de la frontera productiva en 1,5 millones de hectáreas y una apuesta fuerte por la altillanura como “Mato Grosso colombiano”. La solución a las brechas rurales pasa por convertir al campesino en propietario, sin precisar bajo qué criterios de redistribución y por impulsar grandes plataformas agroindustriales orientadas a la exportación.

Esta visión ignora deliberadamente las dimensiones de reparación, restitución y reconocimiento campesino que subyacen a la Reforma Rural Integral y a la Jurisdicción Agraria. Además, entra en fricción con el tercer eje de la Defensoría al plantear expansión de frontera en regiones con alta sensibilidad ambiental y presencia de economías ilegales. El campo deja de ser la prueba de fuego de la paz para convertirse en la frontera de una nueva ola desarrollista.

¿Quién se hace cargo de los mínimos ineludibles?

La Defensoría del Pueblo no se lanzó a competir con los candidatos por la mejor promesa, sino a recordarle al país que hay un piso de derechos que no es negociable. Ese piso tiene cuatro columnas: reducir desigualdades estructurales con enfoque de cuidados y de curso de vida; sostener y financiar la arquitectura de paz y justicia transicional; asumir el ambiente como dimensión central de los derechos humanos; y cumplir la Reforma Rural Integral y la Jurisdicción Agraria como deuda histórica con el campo. La pregunta que deja el contraste con los programas es quién se hace cargo de ese piso y quién prefiere construir otra casa.

Iván Cepeda se aproxima más que nadie al diseño original, habla el lenguaje de los derechos, de las víctimas y del Acuerdo de Paz; inscribe desigualdad, corrupción, conflicto y devastación ambiental en una misma estructura; y reconoce la centralidad de la RRI y de la justicia transicional. Sus debilidades se ubican menos en el plano normativo y más en el de la viabilidad, cuánto músculo estatal, fiscal y político hay para sostener esa arquitectura frente a las resistencias que la Defensoría misma documenta.

Paloma Valencia acepta buena parte de las preocupaciones de la Defensoría, pero las reescriben en una sintaxis de estabilización, más seguridad y fuerza pública ahora, focalización inteligente de subsidios, cuidados como política social tecnocrática, restauración ambiental financiada por una renovada bonanza extractiva, y una ruralidad productiva que se distancia del lenguaje de la Reforma Rural Integral. No son indiferentes a los mínimos, pero los reorganizan bajo la prioridad de “orden y firmeza”.

Abelardo de la Espriella, finalmente, convierte varios de los diagnósticos de la Defensoría en combustible para una contra–reforma, cifras de violencia y corrupción al servicio de una agenda de mano dura sin negociación, expansión extractiva sin marco robusto de derechos ambientales y una reforma rural desplazada por la promesa de un nuevo “milagro” agroindustrial. Donde la Defensoría plantea mínimos, él ve obstáculos que deben removerse.

La elección, entonces, no es solo entre estilos de liderazgo o modelos económicos, sino entre tres modos de relacionarse con la hoja de ruta que una institución de derechos humanos ha trazado en nombre de millones de víctimas y de territorios que siguen viviendo en guerra. En un país donde los acuerdos se han incumplido tantas veces, la pregunta de fondo es quién está dispuesto a tratar estos mínimos como compromisos de Estado, y quién los seguirá viendo como simples sugerencias de campaña.