Un nuevo episodio de irregularidad carcelaria se dio en la última semana en Colombia: se demostró que hubo un parrandón vallenato en la cárcel de Itaguí, en donde el invitado estrella fue el cantante Nelson Velásquez. Además, según videos presentados por la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, al evento entraron vehículos de alta gama e incluso se ve cuando el cantante vallenato entra al penal por la puerta principal. Apenas se supo el escándalo, el Inpec relevó de su cargo al director de esa cárcel y el Gobierno ordenó el congelamiento preventivo de los diálogos que se vienen sosteniendo con los grupos armados del valle de Aburrá.
En este proceso serán investigados otros siete funcionarios de esta cárcel. En el parrandón, según pruebas que se tendrían, se consumieron altas cantidades de alcohol. Además, según la concejal, uno de los organizadores del evento sería uno de los miembros de la Oficina de Envigado, Sebastián Murillo Echeverri. Esto es materia de investigación.
No es la primera vez que se presenta este tipo de fiestas en el país. Son incontables las parrandas que se han dado en centros penitenciarios durante décadas y es una muestra más de las fallas del sistema carcelario y también de todo el aparataje de la justicia.
En las últimas horas, los jefes de las bandas criminales le presentaron al Gobierno una propuesta para reactivar los diálogos. Estos miembros de la mesa de diálogo señalaron a algunos políticos de Medellín como “calumniosos”, que pretenden torpedear una mesa de diálogo que, para ellos, ha sido exitosa. En el comunicado, difundido a través de redes sociales, los miembros de la mesa le piden al gobierno del presidente Petro: “Solicitamos al Presidente de la República, levantar la suspensión ordenada para los diálogos de paz urbana. Nuestra posición es clara: continuaremos ejerciendo la vocería con responsabilidad, evitando que el trabajo adelantado se vea debilitado por interpretaciones ajenas a su propósito, y evitando ante todo que hechos como el que se presentó se vuelvan a repetir”.
Esta parranda le ha traído fuertes cuestionamientos a la paz urbana y al proceso de paz que encabezó este Gobierno durante cuatro años, y cuyo saldo ha sido uno de los más pobres de su gestión, hasta el punto de que ni siquiera los más férreos defensores del Gobierno pueden sacar la cara por él.
Lo que los miembros de los grupos delincuenciales de Medellín le piden al Gobierno es tener en cuenta que no se puede responsabilizar a una sola persona, sino que esto viene siendo parte de la realidad carcelaria del país desde hace muchos años. Por ahora, el Gobierno ha respondido con puntos suspensivos. El silencio es lo que reina.
