El Mesa es una organización, también conocida en Bogotá como Los Paisas, por tener sus orígenes en el municipio de Bello, Antioquia, desde finales de los años noventa. Esta organización tiene presencia en la ciudad aproximadamente desde 2012, y es uno de los casos más representativos de expansión interurbana exitosa, donde ha ganado terreno diversificando sus economías ilegales y, sobre todo, ganando control territorial, principalmente en áreas urbanas periféricas de la capital colombiana.
El accionar delictivo de la organización combina el tráfico de estupefacientes, comercialización ilegal de armas y la comisión de homicidios selectivos, lo que permite ejercer funciones de regulación informal del territorio. La organización concentra su presencia en sectores de las localidades de Suba, Ciudad Bolívar, Usme y Rafael Uribe Uribe en donde su presencia no solo se traduce en control del microtráfico, sino de su capacidad para administrar mercados —principalmente informales—, resolver conflictos y ejercer coerción sobre comunidades barriales en la ciudad.
En este sentido, los homicidios atribuidos a la organización, más que una expresión de violencia indiscriminada, han sido mecanismos de control y disciplinamiento dirigidos a sostener su presencia y control criminal contra competidores, subordinados y los habitantes de los barrios. Lo anterior es fundamental para entender el comportamiento de los delitos de alto impacto en localidades de Bogotá donde organizaciones delincuenciales han venido ganando terreno. Allí, la reducción relativa de homicidios y otros delitos no implica necesariamente una disminución del poder de las estructuras ilegales o un mejoramiento de las condiciones de seguridad, sino que, por el contrario, podrían indicar una estabilización de los equilibrios entre actores criminales y una mayor capacidad de control.
Por ejemplo, según datos del SIEDCO, en lo corrido de 2026, la localidad de Suba presenta una disminución del 46,7 % de los casos de homicidios, y en otras localidades, donde la organización hace presencia, se presentan también disminuciones —Ciudad Bolívar (-39 %), Usme (sin variación), la única localidad que no presenta disminuciones es Rafael Uribe Uribe (+30,8 %)—. De igual forma, la extorsión, fenómeno fuertemente vinculado a su accionar criminal, también presenta reducciones en donde ejerce mayor presencia y control de las dinámicas barriales —en Suba se redujo en 47,6 %, en Ciudad Bolívar 44,4 %, Rafael Uribe Uribe (80 %) y Usme (54,5 %)—.
Sobre este último, aunque en la rueda de prensa dada por el alcalde Carlos Fernando Galán no se destaque, el fenómeno extorsivo es uno de los elementos más relevantes de las dinámicas delictivas de este tipo de organizaciones que afectan a los habitantes de Suba y a otras localidades de la ciudad. Para poner un ejemplo, el control del microtráfico suele derivar en esquemas de cobro por “protección”, regulación del comercio informal y apropiación de rentas locales.
Esto indica que, si bien la captura de estos integrantes es importante para ganarle terreno a la criminalidad en la ciudad, lo que viene a continuación es precisamente la parte más compleja, que implica desmontar una red criminal construida durante años, en la que se combinan mecanismos de control poblacional, regulación de mercados y uso de la violencia.
En este sentido, el principal riesgo preexiste en la tendencia institucional de privilegiar respuestas reactivas sobre intervenciones estructurales, es decir, de desarrollar este tipo de operativos que —aunque necesarios— no afectan de manera sostenida las condiciones que permiten la reproducción y supervivencia de estas organizaciones. De otro lado, factores como la alta informalidad económica, la débil regulación del espacio urbano, la coexistencia de mercados legales e ilegales y la persistente desconfianza ciudadana en las instituciones y, en particular, la baja denuncia de casos de extorsión limita la capacidad estatal para dimensionar y enfrentar el fenómeno en toda su complejidad.
De esta manera, el impacto real de la captura de los integrantes de El Mesa dependerá menos del número de capturas que de la capacidad del Estado para intervenir de manera integral y sostenida las localidades afectadas por su presencia, de lo contrario, el espacio dejado por la estructura será rápidamente ocupado por otros actores —o incluso por los mismos capturados—, reproduciendo el ciclo de fragmentación, disputa y recomposición que es característico de la criminalidad urbana en Bogotá.
La desarticulación de El Mesa, así como de otras organizaciones que han sido impactadas por la estrategia de la actual Alcaldía —como Los Tigres, Tren de Aragua, Los Cats, Los del Sur, Los Coyotes, Los de la 57, y más de veinte organizaciones diferentes—, más que marcar el fin de una organización delictiva, representa un punto de inflexión dentro de un proceso continuo de adaptación del crimen organizado.
Es importante entender este hecho como parte de una dinámica más amplia y compleja que requiere de respuestas de más largo aliento, e incluso articulando los niveles local, departamental y nacional, más aún entendiendo que grupos como El Mesa evidencian un proceso de expansión de la dinámica criminal que se da en las áreas urbanas del país.
En este caso, El Mesa —cuyos principales cabecillas, alias Vallejo y alias Montañero, hacen parte de la mesa de diálogo de paz urbana del Valle de Aburrá — se ha expandido desde el Valle de Aburrá hacia otros municipios del oriente antioqueño, como El Carmen de Viboral, Rionegro y La Unión, y, si bien la facción de El Mesa que opera en Bogotá como Los Paisas maneja unas dinámicas distintas y relativamente autónomas a las del grupo que opera en Antioquia, se considera necesario ampliar el rango de visión con el que se analizan las problemáticas del crimen organizado en las ciudades del país y, asimismo, plantear respuestas institucionales más integrales.
