Cuando votar no basta: violencia política y fragilidad democrática en el Cauca

Durante la primera quincena de marzo, el Cauca vivió una aparente paradoja: mientras la jornada electoral legislativa transcurrió sin alteraciones visibles al orden público, en distintos municipios persistieron asesinatos, secuestros, confinamientos y otras formas de violencia selectiva. Esta coexistencia obliga a formular una hipótesis de trabajo: en el departamento, la violencia política no se dirige necesariamente a sabotear los procesos electorales en su dimensión formal, sino a afectar de manera estratégica el ejercicio cotidiano de lo político, entendido como la capacidad de la ciudadanía para organizarse, deliberar, representar intereses colectivos y participar activamente en la vida social del territorio. En consecuencia, aunque las elecciones puedan desarrollarse en relativa normalidad, la construcción democrática puede estar siendo erosionada por acciones selectivas contra liderazgos y procesos organizativos.

La democracia no se agota en la apertura de mesas de votación ni en el conteo de sufragios. Requiere garantías para que liderazgos sociales y políticos ejerzan su labor sin coerción, para que las comunidades se reúnan sin miedo y para que la representación no implique un riesgo vital. Bajo esta premisa, los hechos registrados en marzo sugieren que la violencia selectiva continúa condicionando el espacio cívico en el Cauca. El asesinato de Andrés Giovanny Rodríguez Burgos en el municipio de Miranda constituye un punto de partida significativo. Según Indepaz (2026), se trataba de un líder social y político, perteneciente al partido Cambio Radical y excandidato al Concejo municipal en 2023, quien fue asesinado mientras trabajaba en una estación de servicio. La eliminación violenta de un actor con trayectoria política local no solo afecta a su círculo inmediato; tiene un efecto disuasivo más amplio sobre quienes consideran participar en escenarios de representación o liderazgo comunitario. Si ejercer liderazgo incrementa el riesgo, la participación se retrae y la democracia se debilita en su base social.

De manera similar, el secuestro del exdiputado y líder afro Luis Carlos Vallejo Román en López de Micay, reportado el 8 de marzo (La Página, 2026; Aportando al Cauca, 2026), revela que la violencia también alcanza a figuras con reconocimiento público y trayectoria institucional. Este hecho se suma a retenciones previas de personas con aspiraciones o incidencia política en el departamento, configurando un patrón que puede interpretarse como una forma de presión o disciplinamiento sobre quienes encarnan procesos organizativos o vocerías colectivas.

Se podría inferir, con respecto a la situación, que estas acciones no son meramente reacciones coyunturales asociadas al calendario electoral, sino parte de una dinámica más profunda de control territorial y regulación social. En contextos donde actores armados disputan influencia, el liderazgo social representa un poder alternativo: organiza comunidades, denuncia abusos, gestiona recursos, interpela al Estado y articula demandas colectivas. En esa medida, puede convertirse en un obstáculo para proyectos de dominación local basados en la coerción.

Las alertas de confinamiento emitidas por el CRIC el 6 de marzo en la vereda Alto San Francisco, en Santander de Quilichao, evidencian cómo la confrontación armada impacta directamente espacios comunitarios, incluyendo escuelas y sedes de autoridades indígenas (CRIC, 2026). El confinamiento no solo restringe la movilidad física; limita la deliberación colectiva y la capacidad organizativa. Cuando las comunidades no pueden reunirse sin quedar en medio de enfrentamientos, el ejercicio de lo político se reduce a su mínima expresión.

La activación de una mina antipersonal en La Vega, que dejó tres personas heridas (Óscar Campesino, 2026), y los hostigamientos registrados en El Estrecho, Patía (Caracol Radio, 2026; Cauca Noticias, 2026), refuerzan la idea de que la violencia no distingue entre dimensiones militares y civiles en sus efectos. Aunque algunas acciones puedan tener como objetivo principal a la Fuerza Pública, su impacto se extiende sobre la población y produce un clima de temor que condiciona la vida comunitaria. Sin embargo, para la hipótesis aquí planteada, lo central no es la confrontación armada en sí misma, sino cómo esta configura un entorno en el que el liderazgo social y político opera bajo amenaza constante.

En este escenario, la normalidad electoral adquiere un carácter relativo. El hecho de que no se hayan presentado ataques directos contra puestos de votación no implica que las condiciones democráticas sean plenas. La violencia selectiva puede operar de manera más silenciosa pero igualmente efectiva: elimina liderazgos, genera autocensura, fragmenta procesos organizativos y debilita la confianza colectiva. Así, la democracia puede mantenerse en su forma procedimental mientras se erosiona en su dimensión sustantiva.

Dicho lo anterior, surge la hipótesis de que en el Cauca se está configurando una modalidad de violencia política que no necesariamente busca interrumpir el ritual electoral, sino incidir en el ecosistema social donde la política se produce y se reproduce. Al afectar liderazgos, restringir la movilidad comunitaria y consolidar órdenes de facto en determinados territorios, se limita la capacidad ciudadana de participar activamente en lo social y en lo público.

Si esta lectura es correcta, el desafío institucional no se reduce a garantizar la seguridad durante las jornadas electorales, sino a proteger de manera estructural el ejercicio del liderazgo social y político en el territorio. De lo contrario, la democracia corre el riesgo de convertirse en un procedimiento formal que convive con prácticas de intimidación y control que desincentivan la participación real.

En suma, la estabilidad de un día de votación no equivale necesariamente a la consolidación democrática. Cuando el ejercicio de lo político implica riesgos desproporcionados y la violencia selectiva continúa afectando a quienes encarnan procesos comunitarios y representativos, la democracia se ve impactada en su núcleo. El caso del Cauca sugiere que la violencia política no siempre se manifiesta en grandes rupturas visibles, sino en una erosión gradual y persistente de las condiciones que hacen posible la participación de la ciudadanía en la construcción de su propio destino colectivo.