A la compleja situación de violencia y seguridad que se viene presentando en la subregión del Catatumbo en Norte de Santander se suman otros escenarios de disputa armada de forma simultánea en otras partes del país. El mes de febrero inicia con el llamado que hace la defensoría del pueblo a través de la alerta temprana de inminencia 002 de 2025 sobre el escenario de riesgo en los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, por cuenta de la confrontación armada entre facciones de las disidencias de las Farc que dejan múltiples escenarios de riesgo para la población de estos municipios[1].
Esta confrontación tiene orígenes recientes y se da en el marco del proceso de expansión territorial del EMC en el suroccidente del país desde el departamento del Cauca permitiéndole consolidar su presencia en departamentos como Nariño, municipios fronterizos entre Cauca, Huila y Tolima y parte del departamento del Valle del Cauca.
Por otro lado, en Buenaventura, a pesar de que el proceso de paz urbana mantiene la tregua entre Shottas y Espartanos, se mantiene el desarrollo de economías ilegales concentradas en el cobro de extorsiones y contrabando. Ante este complejo escenario de seguridad que vive el departamento del Valle del Cauca al que se suma lo recientemente alertado por la defensoría del Pueblo, la gobernadora de ese departamento, Dilian Francisco Toro expuso recientemente en la W que no quiere que haya “otro Catatumbo” en su departamento, haciendo alusión a la crisis humanitaria que se vive actualmente en esa subregión de Norte de Santander por cuenta de la oleada de violencia perpetrada por el ELN y que se ha prolongado por más de dos semanas.
[1] La alerta expone riesgos tales como asesinatos selectivos, confinamientos, desplazamientos forzados, entre otros, así como exposición a hurtos y cobro de extorsiones.
