Hace apenas unas semanas celebrábamos la inauguración del primer Territorio Energético en Tierralta, Córdoba, donde una granja solar comunitaria prometía una reducción del 15 % en las tarifas eléctricas para 500 familias vulnerables. Hoy, el turno es para San Antonio de Palmito, en Sucre, que se convierte en el segundo municipio del Caribe colombiano en abrazar el sol como alternativa justa, limpia y descentralizada.
¿Es esta una tendencia o una excepción?
El nuevo proyecto solar, parte del programa Colombia Solar – Energía para Población Vulnerable, instala cerca de 1.975 paneles solares para beneficiar, nuevamente, a 500 hogares de estratos 1 y 2. La promesa esta vez es aún más ambiciosa: una reducción de hasta el 60 % en la tarifa de energía.
A esto se suman beneficios colectivos. Escuelas, centros de salud y otras instituciones públicas también verán una disminución en sus gastos operativos. Se trata, sin duda, de un paso firme hacia una transición energética con enfoque territorial y social. Pero, ¿serán estos proyectos suficientes para cerrar la brecha histórica de pobreza energética?
Como recordamos en el caso de Tierralta, los Territorios Energéticos no son solo infraestructuras solares, sino símbolos de una nueva forma de entender la energía: como derecho, no como privilegio. Sin embargo, el riesgo está en convertir lo excepcional en anecdótico. ¿Será esta una política estructural, o dependerá de la voluntad política del momento?
¿Qué desafíos enfrentan estas iniciativas?
Aquí la dialéctica se hace evidente. Por un lado, tenemos el despliegue tecnológico: paneles, obras civiles, financiamiento. Por otro, la sostenibilidad social: ¿quién opera y mantiene estas granjas en el mediano plazo? ¿Las comunidades están siendo capacitadas para apropiarse de estas soluciones? ¿Dónde queda el componente de participación ciudadana?
La transición energética justa no es solo una meta climática: es un principio democrático.
San Antonio de Palmito repite el modelo de Tierralta. Pero repetir no siempre significa replicar con sentido. Para evitar que estas experiencias se desinflen, es fundamental que los entes territoriales se conviertan en actores permanentes del proceso, no solo en ejecutores de proyectos financiados desde el centro.
El sol, que históricamente ha bañado los territorios del Caribe con su intensidad, hoy se convierte en un aliado. Pero no basta con instalar paneles solares si no transformamos las relaciones de poder, los modelos de gestión y las capacidades institucionales. La justicia energética no se mide solo en kilovatios, sino en participación, equidad y permanencia.
Tierralta abrió el camino. San Antonio de Palmito lo confirma. Ahora es responsabilidad del Estado, de las comunidades y de la sociedad civil garantizar que la luz que se enciende hoy no sea fugaz, sino estructural.
