Cuando el presidente decretó este año un 23 % en el alza del salario mínimo, enseguida un amplio sector social -privilegiado económicamente y por ello autodenominado ‘gente de bien’- manifestó su inconformidad en una suerte de inocultable egoísmo. Se trata de personas de insuficiente humanidad, dadas a creer que la fuerza de trabajo no vale nada, y que sí vale, y mucho, el capital acaparado por ciertos empresarios e industriales, cuya riqueza la obtuvieron fundados en criterios de inmoralidad codiciosa; en criterios que, insólitamente, pretenden hacernos ver la inequidad como una predestinación de naturaleza divina.
No por otra razón, la remuneración a la fuerza de trabajo comenzó a implementarse legalmente a finales del siglo diecinueve y se generalizó en el siglo veinte, después de la primera guerra mundial, con el fin de controlar a quienes no les garantizaban a sus trabajadores la salud, la educación y la vivienda y, además, únicamente les pagaban lo suficiente para la compra de alimentos que les permitieran “trabajar, trabajar y trabajar”.
O también podríamos decir, que el salario mínimo se concibió especialmente para proteger a quienes se ocupaban -y se ocupan todavía- en los llamados “talleres de miseria”, una especie de centros de producción donde las jornadas laborales eran extensas, las condiciones humanas denigrantes y los sueldos peores.
De existir una conciencia espontánea en quienes contratan a los otros, y en consecuencia la capacidad de advertir cuánto vale la mano de obra (picar piedras, destapar alcantarillas, fabricar zapatos…); si así fuera -digamos que por cuenta de la naturaleza humana tendiéramos ciegamente a ser justos- entonces nunca alguien se hubiera imaginado la figura impuesta de un salario mínimo, y nuestra coexistencia sería paradisiaca. No en vano los estados nacionales modernos, en nuestro caso un estado social y de derecho, tienen a la igualdad como centro renovador de la moral y de la ética pública.
Con todo, pese a la figura del “salario mínimo”, instaurado en los países civilizados, hay quienes por hacer parte del sector privilegiado y contratar trabajadores, siguen dándose maña para, de la mano de los políticos, torcer la voluntad de la Constitución y de la administración pública y mantenerlo lo más bajo posible. En fin, estrategias sin vergüenzas con las cuales han mantenido esclavizados a los pobres.
De hecho, y en virtud de la complicidad entre los empleadores y los políticos, no es descabellado proponer que la baja o el alza del salario mínimo no sea sometida a debates políticos (y no otra cosa son las concertaciones), y más bien debería deducirse su valor con precisiones matemáticas y estadísticas, basadas en la palpable realidad social; en el costo de las necesidades básicas y no sólo en cuánto vale alimentar a las personas para ponerlas a trabajar, trabajar y trabajar, sin que desfallezcan.
De modo que el salario mínimo vital, mientras ocurra en calidad de control, es porque no se tiene conciencia de valores tan elementales como compartir. Compartir no es regalar, sino vivir en equidad. Es decir, pagarle a quienes hacen bien su trabajo en correspondencia a lo realizado. Cuando tengamos conciencia del derecho de cada persona a tener saldadas las necesidades básicas; entonces el verdadero desarrollo, que no el tecnológico ni el del confort materialista, será el de las empatías; y empezarían las personas a gozarse la vida trabajando, sin que ello implique el peso que hay detrás de la ya mentada frase esclavista, y puedan también, disfrutar, disfrutar y disfrutar.
Que exista el salario mínimo vital, es la demostración del egoísmo, no de los estados que lo imponen como control a los ciudadanos deshumanizados, sino el egoísmo de aquellos individuos que, por cuenta de sus intereses particulares, defienden el salario mínimo; es decir, el más bajo posible. El egoísmo se halla estrechamente ligado al individualismo y, tal vez, hasta tengan razón los filósofos al decir que “el hombre se mueve por sus propios intereses, egoístamente”.
