El 12 de diciembre de 2025 publiqué una columna titulada “Anatomía de la pelea por el salario mínimo”. Allí mostré cómo, durante las primeras semanas de ese mes, la discusión sobre el salario mínimo legal mensual vigente (SMLMV) para 2026 se convirtió en el eje central de la economía política colombiana. En pocos días, el interés colectivo pasó de los debates sobre memoria histórica, la responsabilidad del M-19 en la toma del Palacio de Justicia y la persistencia del conflicto armado, a una disputa económica de gran calado. Lo que parecía una discusión coyuntural terminó convirtiéndose en un punto de inflexión institucional.
El proceso comenzó el primero de diciembre, con la instalación de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales (CPCPSL). Desde entonces circularon cifras sobre inflación, productividad y crecimiento, junto con las propuestas de incremento salarial.
Los trabajadores, representados por el Comando Nacional Unitario y las centrales CUT, CGT y CTC; los empresarios, a través de gremios como la Andi, Fenalco y Acopi; y el Gobierno nacional protagonizaron una negociación marcada por profundas diferencias. Las posiciones eran distantes: 16 % pedían los trabajadores; 7,21 % ofrecían los empresarios.
El desenlace era previsible. Como ha ocurrido cuando no hay acuerdo, el Gobierno fijó la cifra. El 31 de diciembre, el presidente Petro decretó un incremento del 23,7 %, un porcentaje que sorprendió incluso a los sindicatos y que fue calificado por diversos gremios y expertos como desproporcionado.
La controversia no terminó allí. Demandas ante el Consejo de Estado llevaron a la suspensión temporal del decreto por insuficiencia argumentativa. El alto tribunal ordenó expedir un nuevo decreto en ocho días mientras decide de fondo sobre la legalidad de la medida. Así, una decisión que durante décadas se resolvía en cuestión de semanas entró en un terreno de incertidumbre institucional.
El giro posterior resulta aún más revelador. La suspensión transformó la confrontación de diciembre en un respaldo casi unánime en febrero. En la alocución del 15 de ese mes, el presidente defendió la cifra como garantía de un “ingreso digno” y la enmarcó en las directrices de la Organización Internacional del Trabajo, proponiendo transitar del concepto de salario mínimo al de salario vital. La Comisión volvió a reunirse y terminó respaldando el incremento.
El debate dejó entonces de ser exclusivamente técnico. El presidente convocó a movilizaciones ciudadanas para respaldar la medida y advirtió que la discusión no estaba cerrada. Incluso introdujo la idea del “salario vital móvil”, abriendo la puerta a revisiones futuras si cambian las condiciones económicas.
Lo ocurrido desde diciembre no es solo una controversia sobre un porcentaje. Es una redefinición del terreno institucional donde se discute el salario. El aumento dejó de ser un ajuste anual determinado por variables económicas para convertirse en un instrumento central de disputa política y electoral.
Si esta tendencia se consolida, la fijación del salario mínimo ya no será un episodio técnico de cierre de año, sino un escenario permanente de debate sobre distribución de la riqueza, poder institucional y legitimidad democrática. Y en un año electoral, esa transformación no es menor: puede reconfigurar el eje mismo de la contienda presidencial y, con ello, el tono del debate público en Colombia.
