Entre las riberas de los ríos Cauca y Nechí y las montañas antioqueñas de los municipios de Tarazá y Valdivia se alza la voz de la ruralidad. Es la voz de las campesinas y campesinos que integran la Asociación de Campesinos Unidos del Río Nechí (Asocurn), una organización que, desde las zonas más apartadas del territorio, ha decidido resistir a la guerra y sembrar paz.
“El objetivo de la asociación es luchar por la defensa de los derechos de los campesinos, especialmente de quienes vivimos en veredas lejanas”, afirma Genisis Peña Ferrer, vicepresidenta de Asocurn (2026).
Históricamente, los municipios de Tarazá —en la subregión del Bajo Cauca— y Valdivia —en la subregión del Norte de Antioquia— han sufrido de manera sistemática los impactos del conflicto armado colombiano y las profundas transformaciones que este ha generado sobre sus territorios. Una de las expresiones más visibles de esta realidad es la dependencia de amplios sectores rurales de las economías ilícitas.
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), los municipios de Tarazá, Valdivia y Cáceres conforman uno de los enclaves cocaleros más productivos del país, con más de 5.900 hectáreas sembradas de coca en 2023. Esta economía ilegal no solo ha moldeado las dinámicas productivas del territorio, sino que ha alimentado directamente el conflicto armado (2023).
A ello se suma la presencia simultánea de cuatro Grupos Armados Organizados (GAO) en la zona. Según el Mapa de Presencia de Grupos Armados Organizados en Colombia – 2025 de la Fundación Paz y Reconciliación, en estos municipios operan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y Los Caparros. La coexistencia y disputa entre estos actores ha generado graves afectaciones a las comunidades: confinamientos prolongados, desplazamientos forzados, asesinatos de líderes sociales, contaminación del territorio con artefactos explosivos, y una presión constante para vincularse a economías ilegales como la coca y la minería ilegal (Fundación Paz y Reconciliación, 2025).
En este escenario, Asocurn decidió tomar un camino distinto: organizarse para resistir y construir paz desde el territorio. Hoy, la asociación tiene presencia en más de una decena de veredas rurales de Valdivia y Tarazá, entre ellas La Llana, La Coposa, La Alemania, Los Pomos, Raudal, La Serrana, La Colmena, La Cruzada, Doradas Bajas, Doradas Altas, Neri, Cumbre de Puri, El Tahamí y Quebraditas, comunidades que hacen parte de algunos de los corredores con mayor disputa armada en Antioquia.
Asocurn nació alrededor del año 2012, pero, como muchas organizaciones campesinas en contextos de alta conflictividad, su historia no ha sido lineal. Los desplazamientos forzados, el miedo y la ausencia de garantías debilitaron su estructura organizativa durante varios años, hasta dejarla casi inactiva.
“Para ese entonces hubo temas de orden público, lo que obligó al desplazamiento de algunos dignatarios, y la asociación quedó como en un ‘pare’”, recuerda Genisis Peña (2026).
Fue entre 2021 y 2022 cuando las comunidades decidieron reactivar la organización, en medio de un nuevo ciclo de confrontación armada, marcado por las disputas entre el Ejército Gaitanista de Colombia y Los Caparros. “En esa segunda asamblea general es cuando me invitan por primera vez a hacer parte de la asociación. Se constituye nuevamente una junta directiva y queda Luz Dary Granda Osorio, por segunda vez, como representante legal”, relata Genisis (Ferrer, 2026).
La reactivación de Asocurn estuvo profundamente marcada por el liderazgo de las mujeres campesinas. Desde el Comité de Género, liderado por Genisis, la asociación comenzó a fortalecerse vereda por vereda, abordando temas como violencias basadas en género, derechos humanos, liderazgo comunitario y organización social.
Este proceso también estuvo atravesado por la historia personal de su vicepresidenta, quien llegó al territorio después de haber sido víctima de violencias basadas en género. Sin embargo, en medio de ese fortalecimiento organizativo surgió una pregunta clave: ¿cómo hablar de derechos y de paz cuando no existen garantías mínimas para el sostenimiento económico de las familias?
En un territorio donde la coca se había convertido en una de las pocas fuentes de ingreso disponibles, la discusión sobre la autonomía económica se volvió central. No como un debate moral, sino como una necesidad urgente para sobrevivir sin seguir alimentando el conflicto armado.
La apuesta fue clara: reproducir árboles de cacao desde viveros comunitarios, como una alternativa productiva legal, con arraigo territorial y posibilidades reales de comercialización en el municipio. No se trataba de competir con la rentabilidad inmediata de la coca —algo que la asociación reconoce como inviable—, sino de iniciar una transición gradual, voluntaria y consciente hacia otra economía posible.
“La coca es lo que nos ha estado trayendo el conflicto al territorio. Es la culpable de que pasemos temporadas de hambruna, porque hay personas que han acumulado 20 o 30 kilos de base de coca y no tienen a quién vendérsela por las disputas entre los grupos armados. Eso nos llevó a decir: no más, tenemos que cambiar de economía”, afirma Genisis (Ferrer, 2026).
El proyecto Viveros Comunitarios para la Paz fue posible gracias a una persistente “Operación Sirirí” adelantada por el Comité de Género ante las alcaldías de Tarazá y Valdivia, tocando puertas de manera constante hasta lograr apoyo institucional. Un ejercicio silencioso pero insistente, se podría decir que inspirado en la histórica búsqueda de Fabiola Lalinde por su hijo desaparecido por el ejército colombiano en 1984.
Gracias a este esfuerzo y al acompañamiento de la Asociación de Cacaoteros de Valdivia (Asocaval), se logró firmar un convenio interadministrativo, en diciembre del año 2024, entre las alcaldías de Tarazá y Valdivia y Asocaval, que actuó como madrina del proceso, dado que Asocurn no contaba aún con experiencia en la ejecución de este tipo de convenios.
Durante seis meses, el proyecto recibió asesoría técnica por parte de Asocaval y apoyo financiero de las administraciones municipales en siete viveros con alrededor de 130.000 plántulas de cacao, ubicadas estratégicamente en los núcleos veredales de Neri, Quebraditas, El Tahamí, Doradas Altas, Raudal, Los Pomos y La Llana. Sin embargo, al finalizar el convenio, la sostenibilidad del proceso no ha sido sencilla.
“El cacao es un cultivo de largo plazo. Hay personas que se cansan y dicen: meto tiempo y plata y no veo resultados todavía”, reconoce Genisis (Ferrer, 2026). A ello se suman plagas, enfermedades y la falta de insumos, que han puesto a prueba la resistencia organizativa.
Aun así, los viveros se mantienen. “El convenio se acabó hace varios meses, pero nosotros hemos mantenido los viveros vivos”, dice con orgullo. Para Asocurn, sostenerlos es una demostración concreta de que la apuesta por cambiar de economía no es un discurso, sino una decisión colectiva.
La relación entre este proyecto y la construcción de paz es directa. “Creemos que lo que ha mantenido activo el conflicto en el territorio es la persistencia de los cultivos de uso ilícito”, afirma Genisis (Ferrer, 2026). Por eso, la iniciativa no plantea una sustitución forzada, sino una “transición amorosa”, que empieza con pocos y busca contagiar a muchos
En un contexto de confinamientos y desplazamientos recientes, los viveros también representan una apuesta por el arraigo. “Queremos salir adelante en el territorio y no migrar a otros lugares”, señala Genisis.
Los Viveros Comunitarios para la Paz no solo producen plantas de cacao; también fortalecen la organización, los liderazgos locales y el sentido de comunidad. Cada vivero tiene responsables articulados a la junta directiva y al Comité de Género, reforzando la corresponsabilidad.
Sin embargo, Asocurn es clara en su llamado: estos esfuerzos no pueden sostenerse solos. Se requiere acompañamiento técnico continuo, inversión rural, garantías de seguridad y una presencia institucional real y sostenida en el territorio.
En las riberas del río Nechí, del río Cauca y en las montañas antioqueñas, donde la guerra ha dejado huellas profundas, Asocurn sigue apostándole a la vida. Entre la coca que alimenta la violencia y el cacao que exige paciencia, la asociación ha elegido sembrar futuro.
Referencias
Ferrer, G. P. (21 de Enero de 2026). Entrevista ASOCURN. (A. Paternostro, Entrevistador)
Fundación Paz y Reconciliación. (09 de Diciembre de 2025). Mapa de Presencia de Grupos Armados Organizados en Colombia. Obtenido de PARES: https://www.pares.com.co/balance-de-grupos-armados-2025/
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)-Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (SIMCI). (Septiembre de 2023). Colombia. Informe de monitoreo de territorios afectados por cultivos ilicitos 2022. Obtenido de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC): https://biesimci.org/fileadmin/2023/documentos/informe_de_monitoreo_de_territorios_afectados_por_cultivos_ilicitos_2022.pdf
