“La tierra es vida”: Avanzan los Diálogos Regionales de Paz en Nariño

“La paz es el tránsito de las economías ilegales a las economías legales por múltiples vías”, afirmó el gobernador de Nariño Luis Alfonso Escobar, en el marco del lanzamiento del evento “Erradicar para la Paz”, realizado el 24 de enero de 2026 en El Remanso, corregimiento de Llorente, Distrito Especial de Tumaco, una de las zonas cocaleras más fuertes de Nariño y con registros de hechos violentos y violaciones de DDHH más notorios. En este evento se dio inicio oficial a la erradicación voluntaria de 198 hectáreas de cultivos de coca y se oficializó la entrega de 2.835 hectáreas de tierras, que antes estaban destinadas a los cultivos de uso ilícito, a las comunidades: este hecho se constituye como un logro de la política de paz del actual gobierno, que concibe la construcción de paz como un proceso integral que incluye la transformación del territorio como condición para la pacificación del territorio, considerando que los diálogos con los actores armados son insuficientes, que la paz no es un asunto únicamente militar y que la ciudadanía y las poblaciones deben ser parte fundamental de la política de seguridad.

A pesar de las profundas contradicciones que siguen existiendo en Nariño, los avances en erradicación y sustitución de cultivos en el Pacífico son notorios y esperanzadores, la guerra se sostiene de la economía ilegal y el Pacífico nariñense ha sido, durante las últimas décadas, una de las zonas cocaleras más importantes, así como una de las zonas más violentas del país. Según el gobernador de Nariño ya existen acuerdos sociales para la erradicación voluntaria de 20.000 hectáreas de coca, 10.000 en Tumaco, 5.000 en Abades y 5.000 en Roberto Payán, que constituyen aproximadamente el 40 por ciento de las hectáreas sembradas en el departamento. Este diálogo entre el gobierno y las comunidades, que permite avanzar en la lucha contra el narcotráfico desde la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos, es una alternativa a la fumigación con glifosato y, además, cumple con la apuesta de desmontar la base social del narcotráfico y volver a convertir a las poblaciones más excluidas en partícipes reales del Estado Social de Derecho, puesto que en muchos lugares las economías ilícitas son la única posibilidad que tienen las comunidades de acceder a recursos que les permitan sustentar sus derechos básicos.

Este proceso se inscribe en un viraje estructural de la política antidrogas y agraria del país, que prioriza la erradicación voluntaria articulada al acceso a la tierra, la inversión pública y los proyectos productivos sostenibles. Según información oficial, en Tumaco más de 22.000 familias avanzan actualmente en procesos de sustitución concertada, mientras que a nivel departamental se reportan cerca de 7.000 hectáreas que ya salieron de economías ilícitas y hacen parte de programas de reconversión productiva como RenHacemos. A esto se suma una inversión pública superior a los 157.794 millones de pesos orientada a fortalecer ingresos lícitos en el Pacífico nariñense, así como la formalización de predios que, por décadas, permanecieron bloqueados por su uso ilegal. Esta estrategia no solo busca reducir la siembra de coca, sino desmontar las condiciones estructurales que la sostienen, como informalidad en la tenencia de la tierra, ausencia estatal y falta de alternativas económicas, apostándole a una paz territorial basada en derechos, arraigo comunitario y sostenibilidad social y ambiental.

“Es histórico”, afirma una lideresa afrocolombiana tumaqueña, con respecto al acuerdo de erradicación voluntaria y agilización de la titulación de tierras colectivas para los consejos comunitarios y la implementación de proyectos productivos como el cacao y la palma africana. Y es que la entrega de tierras no es un hecho menor, afrodescendientes, indígenas y campesinos han sido víctimas históricas de la exclusión y el desarraigo; la lucha por la tierra en el Pacífico nariñense tiene una larga trayectoria, poco documentada por la academia o los medios, pero profundamente viva en la memoria de las comunidades. Sus liderazgos recuerdan la violencia y el despojo a que han sido sometidos; explotados, señalados, masacrados y desterrados, una y otra vez por el poder de turno, amos, colonos, terratenientes, paramilitares, guerrilla, narcotraficantes, bandas criminales. Cambian las épocas, los motivos y las bonanzas económicas, pero la disputa es la misma: la tierra fértil, el territorio y su riqueza. Esta consciencia histórica ha sido consigna de los movimientos sociales en Nariño “Recuperar la tierra para recuperarlo todo” gritaban los indígenas pastos en los años 80´s, “La tierra es vida” proclama hoy el pueblo Awá, con la felicidad y la esperanza que para ellos significa recibir los títulos que legitiman y respaldan legalmente su pertenencia al lugar que habitan. 

Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras, afirmó en el evento que para lograr este avance ha sido fundamental el papel de las comunidades que, desde el trabajo colectivo y el conocimiento del territorio han ejecutado la erradicación manual de los cultivos abriendo paso a la posibilidad de que estos terrenos, sin la traba legal que supone el hecho de que estén siendo utilizados en actividades ilegales, puedan ser legalizados por las instituciones correspondientes que han respondido con celeridad, demostrando la voluntad política del gobierno nacional de titular tierras cuyo trámite estaba archivado hace años e incluso décadas. Su intervención pone en evidencia una de las fortalezas del enfoque de paz del actual gobierno: más que un tema militar la paz es un acuerdo social que reconoce la complejidad territorial, valora las necesidades, saberes y aportes comunitarios y asume, sin evasivas, que el Estado ha fallado históricamente en garantizar derechos básicos y cumplir compromisos con amplios sectores poblacionales.

Los avances en erradicación voluntaria, acceso a la tierra y diálogo social en Nariño muestran que la paz no se construye únicamente desde los acuerdos con los armados, sino desde la transformación concreta de las condiciones que han sostenido la guerra en los territorios. La restitución y formalización de la tierra es un acto de justicia social y de reparación histórica. Aunque persisten riesgos, contradicciones y disputas, las experiencias en Tumaco y el Pacífico nariñense demuestran que, cuando las comunidades son reconocidas como sujetos políticos y protagonistas del cambio, es posible reemplazar la lógica de la guerra por un proyecto de vida colectivo, digno y pacífico. En ese horizonte, la tierra deja de ser el motivo de la violencia armada para transformarse, como afirman las comunidades, en vida y futuro.