La reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump ocupó un lugar central en la agenda de los medios de comunicación nacionales entre finales de enero e inicios de febrero. No era para menos: estaba en juego, quizá, el último cartucho de la diplomacia bilateral en medio de un escenario de tensiones crecientes que alcanzó su punto más crítico tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el pasado 3 de enero, que derivó en la captura y salida del país de Nicolás Maduro. El rechazo explícito de Petro frente a esta acción generó un cruce de discursos que alimentó la sospecha de que Trump podría replicar en Colombia una estrategia similar a la aplicada en Venezuela.

La reunión celebrada en la Casa Blanca no solo logró desescalar la confrontación diplomática, sino que derivó en acuerdos centrados, principalmente, en el fortalecimiento de la lucha conjunta contra el crimen organizado en Colombia. Estos acuerdos implicaron un viraje hacia una acción militar más contundente contra grupos armados organizados, entre ellos el ELN, el EMC y el EGC. Los alias  de Pablito, Chiquito Malo e Iván Mordisco fueron definidos como objetivos de alto valor tras el encuentro en Washington y, de manera explícita, se estableció una ofensiva frontal contra el ELN en la frontera colombo-venezolana. En este punto, se indica que el perfilamiento de alias Chiquito Malo tomó por sorpresa a la mesa de negociación con el EGC llegando incluso a que la delegación de ese grupo suspendiera temporalmente su participación en la misma en razón de realizar consultas internas tras esta disposición (Bonilla, 2026).

El impacto de los acuerdos tampoco tardó en sentirse en la región del Catatumbo, donde se atraviesa la peor crisis humanitaria desde la firma del Acuerdo de Paz de 2016, como consecuencia de la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes. En este contexto, y tras reunión en Washington, la Fuerza Aérea bombardeó un campamento del ELN en la zona, dejando como saldo siete integrantes de ese grupo armado muertos, entre ellos un menor de edad (El Colombiano, 2026).

Sin embargo, esta es solo una de las múltiples aristas que han marcado los efectos de la reunión entre Petro y Trump en el Catatumbo. En contraste con la ofensiva militar, han surgido voces de rechazo frente a lo acordado en dicho encuentro y, de manera paralela, se han promovido acercamientos con el ELN con el propósito de reactivar un proceso de negociación que permanece suspendido desde hace más de un año. A continuación, se presentan estos distintos elementos.

Tras la reunión realizada en Estados Unidos, diversas organizaciones sociales de Colombia y Venezuela participaron en el Encuentro Binacional de Hermandad por la Paz, desarrollado en zona de frontera, donde manifestaron su rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera en América Latina. En el marco del encuentro, las delegaciones propusieron la creación de un tribunal popular orientado a denunciar y visibilizar las acciones de intervención de Estados Unidos en la región. De igual manera, reiteraron un llamado al respeto de la soberanía de Colombia y de los demás países latinoamericanos, señalando que decisiones adoptadas desde escenarios externos podrían afectar la autonomía estatal y profundizar tensiones políticas y de seguridad en los territorios fronterizos.

Por otro lado, de acuerdo con información de las Fuerzas Militares conocida a través de medios de comunicación, se estableció que, de manera paralela al desarrollo de estas operaciones, una delegación del Gobierno nacional, encabezada por Víctor de Currea, se encontraba en el Catatumbo adelantando acercamientos con el ELN. Estos contactos se habrían realizado con acompañamiento internacional y de forma paralela a la mesa de negociación oficial coordinada por Vera Grabe, lo que ha sido interpretado como una señal de desarticulación en la estrategia estatal frente a este grupo armado, al coexistir acciones militares con intentos simultáneos de negociación (Redacción Colombia +20, 2026).

A su vez, tras la reunión entre Petro y Trump del pasado 3 de febrero, el ELN llevó a cabo cuatro acciones ofensivas contra la fuerza pública en los municipios de Villa del Rosario, Ocaña, El Tarra y El Carmen. Estos hechos parecen indicar una retaliación frente al reciente bombardeo ejecutado en El Catatumbo y configuran un escenario de posible escalamiento de la confrontación armada en Norte de Santander, con potenciales impactos directos sobre la población civil del departamento.

En paralelo, en medio de la ofensiva contra los llamados objetivos de alto valor impulsada por el Gobierno nacional, la Defensoría del Pueblo solicitó el levantamiento de las órdenes de captura contra integrantes del Frente 33 del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP. Desde Pares se sostuvo comunicación con la oficina de prensa de la mesa de diálogos de paz, desde donde se señaló que esta es una solicitud que el Gobierno no estaría dispuesto a conceder, y se expresó la expectativa de que se respete la vigencia del cese al fuego con este grupo armado, el único que permanece activo en la actualidad. Esta situación introduce una tensión adicional en la política de Paz Total, al evidenciar los límites del diálogo y el cumplimiento de acuerdos en un contexto atravesado por operaciones militares y estrategias de seguridad diferenciadas frente a los actores armados presentes en la región.

En el marco del desarrollo de la mesa de diálogos de paz con el Frente 33 del EMBF, se instaló en Cúcuta, el 6 de febrero, la Mesa Técnica para el Plan de Acción orientado a la atención integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Esta iniciativa busca avanzar en la desvinculación de menores de edad y frenar las prácticas de reclutamiento forzado. Si bien, el anuncio puede interpretarse como un intento de generar medidas humanitarias concretas en medio del conflicto, su efectividad dependerá de la implementación real de los compromisos y de las garantías para la protección de la niñez en el territorio. En contraste, el establecimiento de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) continúa retrasado debido a la confrontación armada entre el ELN y el Frente 33, lo que complejiza aún más el panorama para evidenciar avances tangibles en la región dentro del proceso de negociación con el EMBF.

Es claro que la reunión Petro-Trump representa un viraje en la política de Paz Total, al otorgar mayor prevalencia a la acción militar frente a los procesos de negociación impulsados desde el inicio del gobierno. En el Catatumbo, este cambio se traduce en una peligrosa coexistencia entre ambas estrategias. Mientras se proyecta una arremetida militar contra el ELN en la frontera colombo-venezolana, el proceso de diálogo con el Frente 33 avanza de manera fragmentada y con resultados limitados. Este escenario configura una situación ambivalente para la población civil del Catatumbo, que aún carece de garantías para un retorno efectivo a sus territorios y que puede percibir la intensificación de la presencia militar del Estado como un factor adicional de riesgo.

En este sentido, los efectos de la acción militar del Estado contra el ELN podrían extenderse a otros departamentos con presencia sostenida de ese grupo en la frontera colombo-venezolana, entre ellos Arauca y La Guajira. Este escenario podría derivar en una respuesta armada más amplia a nivel territorial por parte de ese actor armado. Esta situación configura un escenario de riesgo de cara a las elecciones del próximo 8 de marzo en la zona fronteriza, particularmente si se tiene en cuenta la capacidad operativa y el control territorial que mantiene el Frente de Guerra Oriental del ELN en esta región del país.

En este contexto, la coyuntura derivada de la reunión Petro-Trump no solo redefine la relación bilateral en materia de seguridad, sino que plantea interrogantes estructurales sobre la sostenibilidad y coherencia de la política de Paz Total, ad portas del cierre del gobierno de Gustavo Petro. La simultaneidad entre ofensivas militares focalizadas, negociaciones diferenciadas con actores armados y presiones geopolíticas externas configura un escenario volátil en territorios históricamente afectados por el conflicto, como el Catatumbo. Esta dinámica, lejos de resolver las disputas armadas, podría profundizar la fragmentación de las estrategias estatales frente a los grupos ilegales, en un escenario nacional caracterizado por múltiples focos de violencia, lo que podría llevar al límite las capacidades operativas y los niveles de coordinación institucional del Estado.

De cara al corto y mediano plazo, el principal riesgo radica en que el escalamiento militar y las tensiones entre negociación y confrontación terminen trasladando los costos del conflicto a la población civil, particularmente en zonas fronterizas con débil presencia institucional y alta disputa por economías ilegales. En este sentido, la evolución del panorama en El Catatumbo será un indicador clave para evaluar el rumbo real de la Paz Total -en el tiempo que queda de gobierno- y la capacidad del Estado colombiano para articular respuestas integrales que combinen seguridad, negociación política y garantías humanitarias en territorios donde la persistencia del conflicto sigue siendo una realidad cotidiana.