Contexto histórico-político
A pocos meses de los comicios para la elección democrática de un nuevo gobierno y de autoridades locales en Perú, el panorama político y social del país es aún convulso e incierto debido a la permanente inestabilidad institucional, la creciente violencia y criminalidad, el descontento generalizado hacia las élites gobernantes, la criminalización y represión de la protesta y la ausencia de políticas sociales encaminadas al bienestar social.
A manera de contexto, debe precisarse que la crisis social, económica y de gobernabilidad de Perú empeoró a partir de los años ochenta tras sucesivos gobiernos castrenses en la primera mitad del siglo XX y una dictadura militar sui generis que tomó el poder a finales de los años sesenta. Esta debacle política, económica, social e institucional preexistente se profundizó pese al advenimiento de un nuevo periodo “democrático” dentro del cual se promulgó la constitución de 1979 y se logró el retorno a elecciones populares en 1980, deteriorándose en estos años la relación del gobierno con los sindicatos y organizaciones sociales, agudizándose la inflación económica e intensificándose la violencia socio-política mediante un naciente conflicto armado caracterizado por violaciones sistemáticas a los derechos humanos, constante represión estatal y la expansión de los grupos guerrilleros Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA). Factores que en simultaneidad con el colapso económico regional conocido como “la década perdida de América Latina” acentuaron el declive de la nación a lo largo de esta época.
Las administraciones de Fernando Belaúnde (1980-1985), derrocado con anterioridad por el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas, y de Alan García (1985-1990) estuvieron marcados por una frecuente debilidad institucional, colapso económico, conflicto armado y crisis humanitaria, en consecuencia, en ambos gobiernos se presentaron hechos de violencia política, violaciones a los Derechos Humanos, corrupción, hiperinflación, aumento del desempleo, escasez de alimentos, desplazamientos masivos, entre otras situaciones de exclusión. Detonando un extendido y profundo malestar social expresado en masivas movilizaciones ciudadanas, mientras las guerrillas llevaban a cabo múltiples acciones bélicas.
En 1990, Alberto Fujimori se posesiona como primer mandatario implementando un gobierno de corte dictatorial, cargo que ostentaría durante dos periodos presidenciales gracias a la constitución de 1993 que brindase sustento legal a la reelección. En 1992, concentra el poder como resultado de un auto golpe e inicia un periodo de autoritarismo caracterizado por apertura neoliberal, corrupción sistemática, privatización del sector público, recesión económica, aumento del desempleo y la pobreza, crímenes de Estado, masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, criminalización de la oposición, programas de esterilización forzada contra mujeres campesinas e indígenas, clientelismo, cooptación de integrantes de las distintas ramas del poder y medios de comunicación, fraude electoral y debilitamiento de la democracia. En este escenario, el pueblo peruano se movilizó masivamente en el 2000 en oposición a una tercera reelección en aquello que se conoció como “la marcha de los cuatro suyos” (nombre tomado del legado indígena quechua que significa: las cuatro regiones del imperio, el Tahuantinsuyo incaico).
Pese a ello, la situación no ha mejorado sustancialmente en lo transcurrido del siglo XXI. En estos 25 años Perú ha atravesado por múltiples vicisitudes sociales, políticas y económicas como la desigualdad estructural, la inestabilidad institucional, la excesiva burocracia, los sucesivos cambios de gobierno, el constante déficit fiscal, la persistencia de la crisis humanitaria, la agudización de los conflictos socio-ambientales, el incremento de la represión estatal, el incontrolable crecimiento del crimen organizado y de la inseguridad a nivel nacional, la brutal represión a las movilizaciones sociales, la cooptación y desmantelamiento del Estado, entre otros tantos escenarios conflictivos.
En este sentido y debido a un interés particular en las dinámicas de la movilización colectiva, en 2024 el área de investigación e incidencia de la escuela de gobierno y políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), crea una plataforma para compilar y sistematizar datos sobre la protesta social de 1980 a 2023[1], repositorio que ha logrado recolectar información de aproximadamente 24.000 eventos de protesta durante dicho periodo.
Retrocesos y Avances en los últimos años
En 2009, el gobierno de Alan García profiere una serie de decretos con el fin de otorgar licencias de explotación de la Amazonía en el marco del tratado de libre comercio con Estados Unidos, en respuesta, las comunidades indígenas y campesinas se organizan en férrea oposición al saqueo y destrucción de la madre tierra, configurándose así uno de los más graves conflictos socio-ambientales del siglo XXI conocido como “el Baguazo” [2], en estos hechos perdieron la vida alrededor de 35 personas. El efecto político de este conflicto fue opuesto a los intereses del ejecutivo, dado que aceleró las iniciativas legislativas para desarrollar el marco legal interno de aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que obliga a los Estados a consultar previamente con los pueblos indígenas las acciones, intervenciones o la adopción de medidas legislativas o administrativas que puedan resultar potencialmente lesivas para dichas comunidades, sus territorios y formas de vida.
Apenas un año después del Baguazo, el gobierno peruano conjuntamente con empresas multinacionales emprendió el proyecto Conga en la región de Cajamarca con el fin de extraer oro y cobre, que, de ejecutarse, hubiese afectado cuatro fuentes de agua estratégicas para las comunidades. Este proyecto conllevó a un nuevo y prolongado conflicto socio-ambiental que dejó como saldo negativo cinco personas asesinadas y un resultado positivo a propósito de la preservación de los cuerpos de agua y la suspensión definitiva del proyecto minero.
Simultáneamente, el conflicto de Tía María en Arequipa ha generado constantes confrontaciones entre comunidades indígenas y fuerzas militares en distintos momentos como en 2009, 2011, 2015 y 2019, documentándose en total siete asesinatos de indígenas, este proyecto a la fecha continúa interrumpido. Por su parte, el caso Las Bambas en la región de Apurímac (el proyecto activo más grande de extracción de cobre a gran escala de Perú) generó un agudo conflicto exacerbado a partir de 2015 por cambios no consultados con las comunidades e implementados arbitrariamente por la empresa China que opera el yacimiento, incumplimientos por parte de la multinacional y el Estado, criminalización de líderes y lideresas, uso frecuente de estados de emergencia y permanente violencia por parte de la fuerza pública.
En este orden de ideas, se ha configurado un discurso criminalizador dirigido hacia los indígenas peruanos por medio del término “antimineros” [3], pretendiendo promover representaciones sobre esta población como salvajes, incivilizados, violentos, delincuentes, terroristas, opuestos al progreso de la nación y la modernidad, legitimando así la descalificación de sus demandas, la criminalización de sus integrantes y la represión de sus movilizaciones.
Entre 2010 y 2020 se mantuvo la inestabilidad política, la crisis económica y la conflictividad social y ambiental. Entre los hechos más relevantes sobresale el escándalo de corrupción de Lava Jato vinculado a Odebrecht, como red transnacional y sistémica de sobornos que vinculó a todos los presidentes desde Alejandro Toledo (2000-2005) hasta Martín Vizcarra (2018-2020), a congresistas incluyendo a Keiko Fujimori, ministros, gobernadores, magistrados, entre otros altos funcionarios. Esta situación detonó frecuentes movilizaciones en todo el país entre 2016 y 2020 como rechazo a la corrupción de la clase política y en defensa de la democracia, alcanzando el punto más álgido en 2020 luego del asesinato de dos jóvenes en una jornada de manifestación en Lima. Estos hechos en conjunto repercutieron en la disolución del congreso en 2019, acentuando la debilidad institucional y la falta de legitimidad del sistema político.
En términos económicos, aunque Perú presentó entre 2010 y 2014 un mayor crecimiento comparado con el promedio de la región, su dependencia casi absoluta al modelo extractivista aunado a un escaso desarrollo industrial y de diversificación productiva, causaron una desaceleración de la economía entre 2015 y 2019 debido puntualmente a la vulnerabilidad del país frente a la variación de los precios internacionales de materias primas. Escenario económicamente desfavorable que conjuntamente con la crisis sanitaria desatada por la pandemia de COVID-19, propició una honda contracción económica y agudizó el colapso de casi todas las esferas de la sociedad peruana.
Por su parte, luego de elecciones extraordinarias para la conformación de un “renovado” congreso a principios de 2020 y el ascenso al poder de Pedro Castillo a mediados de 2021, el electo mandatario intentó una vez más disolver el legislativo a finales de 2022, interpretándose esto como un connato de golpe de Estado que desencadenó una profunda crisis política que condujo a su destitución y posterior arresto, así como a masivas jornadas de protestas hasta abril de 2023.
En consecuencia, la entonces vicepresidenta Dina Boluarte asume el cargo en medio de un panorama de crisis generalizada, enraizado en causas históricas y estructurales y con múltiples factores coyunturales, entre ellos, el impacto negativo de la pandemia, el incremento de los índices de pobreza y pobreza extrema, la profundización de la catástrofe humanitaria, serias dificultades para una pronta y adecuada recuperación económica postpandemia, así como diferentes demandas sociales sobre el sistema político como la exigencia de su renuncia, la convocatoria a elecciones anticipadas, la clausura del congreso, la restitución de Castillo, la conformación de una asamblea constituyente y la redacción de una nueva constitución, igualmente, la permanencia de varios conflictos socio-ambientales, los impactos desproporcionados del cambio climático y la constante exclusión de amplios sectores sociales de la participación política. Factores que en conjunto resultaron caldo de cultivo de una colectiva indignación e insatisfacción expresada durante meses en las calles.
Por consiguiente, las multitudinarias manifestaciones de finales de 2022 e inicios de 2023 alcanzaron una dimensión únicamente comparable con “la marcha de los cuatro suyos” 22 años atrás, no obstante, la represión estatal durante este periodo fue absolutamente desproporcionada en relación con ciclos anteriores de movilización. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo [5], Entre el siete de diciembre de 2022 y el siete de abril de 2023 se reportaron como asesinadas 67 personas en el marco del estallido, mientras que casi 2000 resultaron lesionadas en el desarrollo de aproximadamente 1300 acciones colectivas de protesta o posterior a ellas. Este registro logró esclarecer que 60 de las víctimas mortales eran civiles y las siete restantes pertenecían a las fuerzas armadas, asimismo, se documentó que 11 personas fallecidas eran menores de edad, la mayoría hombres y en alta proporción jóvenes entre los 18 y los 29 años.
En términos territoriales, nueve regiones resultaron particularmente afectadas y las víctimas fueron en mayor porcentaje campesinos, indígenas, integrantes de sindicatos, de movimientos estudiantiles y de organizaciones sociales, configurándose de esta manera una geografía y una demografía de la represión a sangre y fuego de la movilización social. Este periodo estuvo caracterizado por un constante uso del Estado de emergencia, violaciones sistemáticas a los derechos humanos, excesivo y desproporcionado uso de la fuerza y permanente criminalización de la protesta y sus causas.
En este sentido, durante más de 35 años han sido descalificadas organizaciones sociales, opositores políticos y en particular la acción de protesta mediante la práctica simbólico-discursiva del “terruqueo”. El término “terruco” surgió en la década de los ochenta en la región de Ayacucho en el contexto del naciente conflicto armado como neologismo derivado de la quechuización de la palabra terrorista. Por tanto, el terruqueo consiste en señalar deliberada y sistemáticamente a un amplio y heterogéneo número de actores sociales y políticos de guerrilleros, delincuentes o vándalos terroristas[6].
Cabe mencionar que durante los dos últimos años no han cesado las movilizaciones en Perú. En 2024 se presentaron cientos de protestas motivadas por la indignación frente a diversos temas críticos como la corrupción y la impunidad, la minería extractivista, la inseguridad, el crimen organizado, las extorsiones, la precariedad económica y demás dinámicas conflictivas. Por su parte, entre septiembre y noviembre del año en curso, la denominada “generación z” protagonizó una serie de movilizaciones de alcance nacional tras la sanción de la reforma pensional, desencadenando a su vez demandas por cambios estructurales relacionados con diversas y arraigadas problemáticas como la catástrofe de gobernabilidad y de representatividad política, de corrupción e impunidad, de inseguridad y criminalidad, de inestabilidad económica y laboral, entre otros aspectos críticos.
En estas manifestaciones transcurridas en sincronía con distintas acciones colectivas de la misma generación en otras partes del mundo, se reportaron aproximadamente 131 personas heridas entre civiles, periodistas, personal de salud y policías, 11 detenciones arbitrarias y 2 víctimas mortales [7], revelando de nuevo el patrón sistemático de tratamiento bélico y de represión de la protesta social por parte de las autoridades peruanas.
La protesta social: expresión por excelencia de inconformidad ante las desigualdades
De acuerdo con el profesor y politólogo Moisés Arce (2003) [8], la contienda popular en Perú se clasifica en tres grandes momentos: de crisis, de ajuste y de expansión del mercado, cada uno de ellos signado por sus propias particularidades. Durante los 40 años que abarca el análisis (de 1980 a 2020), el autor caracterizó ocho actores sociales principales: ciudadanía, estudiantes, operadores políticos, comunidades tradicionales, personas privadas de la libertad, pensionados, víctimas de la violencia y población desempleada.
En cuanto a las acciones de protesta, se identificaron siete grandes modalidades: marchas, paros, huelgas, bloqueos de vías, huelgas de hambre, plantones y toma de lugares. En relación con los reclamos que motivaron las manifestaciones, estableció seis categorías: laborales, políticas, ambientales, territoriales, económicas y de prestación de servicios desagregados a su vez en nueve criterios adicionales: rechazo de mandatos, crítica a ejecución de funciones, rechazo de normas, destitución de autoridades, oposición a promulgación de normas, incumplimiento de pactos, rechazo a la privatización, oposición a la ejecución de reformas y animadversión hacia el programa de erradicación de hoja de coca.
Los principales antagonistas han sido recurrentemente el Estado, siendo el ejecutivo el principal contendiente, en cabeza de los diferentes ministerios, así como las empresas del sector público y los gobiernos regionales, y la empresa privada, específicamente multinacionales y empresas centradas en la extracción de bienes naturales como actividad económica principal.
Respecto a los lugares de mayor concentración de las movilizaciones, en el periodo de crisis se presentaban en la capital, en contraste, en tiempos de expansión económica las áreas periféricas cobraron mayor protagonismo debido a la descentralización administrativa y la promulgación de políticas extractivistas que ocasionaron múltiples conflictos socio-ambientales y territoriales con las comunidades indígenas y campesinas.
Consecuentemente, hasta 2020 en Perú no había sido reconocido expresamente en ninguna ley ni constitución El Derecho A La Protesta Social, año en el cual el tribunal constitucional profiere la sentencia 0009/2018 que consagra la protesta como derecho fundamental autónomo, se establece su contenido material y ciertos límites en cuanto a su garantía, por efecto del proceso jurídico llevado a cabo por el colegio de abogados de Puno contra el poder ejecutivo [9].
No obstante, algunas normas promulgadas posteriormente han buscado dejar sin sustento legal el dictamen del tribunal, entre ellas, la sentencia de casación 1464 de 2021, el decreto legislativo 1589 de 2023 y la ley 32183 de 2024, que restringen tanto la legalidad como la legitimidad de la protesta desde una perspectiva punitiva, limitando su alcance en caso de “obstaculizarse” servicios esenciales o vulnerarse derechos de terceros. A su vez, estas normas introdujeron modificaciones en el código penal centradas en agravar las penas y tipificar como delitos determinadas acciones enmarcadas dentro de la protesta como el bloqueo de vías, la obstrucción de comunicaciones, la ocupación de espacios públicos, el cerco de la infraestructura, la financiación y la solidaridad con las movilizaciones, contemplándose todas estas acciones como delito de extorsión.
En este sentido, en nombre de la seguridad ciudadana y el orden público se ha criminalizado la protesta social, asimismo, se han instrumentalizado la inseguridad y la criminalidad, lo que requiere del diseño e implementación de políticas públicas y una arquitectura normativa garantista antes que punitivista.
De modo que, el reconocimiento de la protesta como derecho fundamental ha estado opacado por la constante y sistemática inobservancia por parte de las autoridades locales y nacionales, vulnerando de esta manera distintos derechos conexos como la libertad de prensa, de expresión y de movilización, asimismo, el Estado ha respondido bélicamente a la protesta mediante el uso excesivo y violento de la fuerza, contabilizándose cientos de asesinatos, detenciones arbitrarias, agresiones corporales y oculares, persecuciones políticas y mediáticas y se han judicializado desproporcionada e irregularmente a civiles señalados de presunta comisión de delitos [10]. En este escenario se visibiliza la sistemática y flagrante violación del legítimo derecho a la protesta por parte del Estado peruano, anulándose de esta manera los cimientos de la democracia, los derechos y libertades fundamentales, la participación política y los mecanismos de control social ante las injusticias y las desigualdades.
¿Qué viene ahora?
Posterior al ataque armado del 8 de octubre sucedido en un club recreativo de las fuerzas militares en Lima, en el cual resultaron seis personas heridas por arma de fuego incluyendo varios integrantes de la popular banda de cumbia peruana Agua Marina quienes presentaban un concierto, el congreso decidió de manera casi unánime destituir a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente (figura contemplada en la constitución política que faculta al legislativo a remover del cargo a presidentes cuando no cumplen a cabalidad con sus funciones), así como por indicios de corrupción, inconformidad popular respecto a su gestión y un ineficiente manejo de las múltiples problemáticas que aquejan y siguen aquejando a Perú.
De inmediato, el cargo fue asumido por José Jerí hasta entonces presidente del congreso, (señalado de corrupción y violencia sexual), quien se propuso mediante el gobierno que preside y que denomina “de transición” reunificar políticamente el país, dinamizar la economía, combatir el crimen organizado mediante estrategias conjuntas con autoridades locales y crear las condiciones propicias para unas elecciones democráticas, legitimas y pacificas previstas para abril de 2026.
Es así que, durante los últimos 25 años Perú ha presenciado el ascenso y el declive de 12 presidentes, un caso de corrupción de proporciones continentales que involucró buena parte de la élite política, la brutal represión de varios conflictos de carácter socio-ambiental, un paulatino proceso de degradación económica y de pauperización generalizada, incremento desmedido de la inseguridad y la criminalidad, múltiples violaciones de los derechos humanos y la permanente movilización del pueblo peruano que en ejercicio del legítimo derecho a la protesta ha tenido que pagar con vidas humanas, pérdidas materiales, criminalización (terruqueo), persecución y victimización derivada de crímenes de Estado.
Finalmente, cabe mencionar que, aun cuando los sufragios del próximo mes de abirl no garanticen necesariamente una prolongada estabilidad institucional, social y económica y teniendo en cuenta la absoluta incertidumbre frente al futuro político del país, se espera que Perú logre consolidar más allá de una robusta institucionalidad, una política sin la captura de las élites sobre ella, un modelo de Estado garantista de los derechos de las personas, las comunidades y los territorios, una economía sustentada en la preservación de la naturaleza y el bienestar colectivo en lugar de responder a intereses extractivistas. En este sentido, es fundamental la promción de una relación Estado-ciudadanía en que sea posible expresarse sin miedo a perder la libertad o la vida y donde protestar no signifique ser criminalizado y judicializado, una democracia que promueva la deliberación y la participación antes que favorecer la concentración de la riqueza, la represión violenta y el cierre de los canales formales y finalmente, la consolidación de condiciones que promuevan el bienestar y la calidad de vida bajo principios de dignidad, legalidad, pluralismo, justicia ambiental, igualdad y no discriminación.
[1] Base de datos sobre protestas sociales en Perú, creada por el área de investigación e incidencia de la escuela de gobierno y políticas públicas de la PUCP, URL: https://puntoedu.pucp.edu.pe/investigacion-y-publicaciones/investigacion/peru-24000-protestas-sociales-entre-1980-y-2023-conoce-sus-datos/
[2] Se toma el término de la región amazónica del Bagua, donde transcurrieron principalmente los hechos. Para mayor información se puede consultar el artículo:Saldaña Cuba, J., y Salazar Delgado, J. (2018). Discursos criminalizadores sobre la otredad indígena en medios de comunicación escrita durante el Baguazo (2009). En Anuario de investigación del CICAJ 2017. Lima: Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica (CICAJ); Departamento Académico de Derecho (DAD); Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
[3] Para un mayor desarrollo sobre este concepto consultar el texto de 2017 de Tamara Lajtman: El «anti minero» como enemigo interno en el Perú: un análisis a la luz de los casos de Conga y Tía María. México: Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe ( IEALC/ UBA).
[4] Los informes completos se encuentran en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/Crisis-pol%C3%ADtica-y-conflicto-social-Reporte-de-personas-fallecidas-Del-7-de-diciembre-de-2022-al-7-de-abril-de-2023.pdf?utm_source=chatgpt.com.Y en el enlace: [5]https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2023/05/Reporte-de-personas-heridas-7-de-diciembre-de-2022-7-de-marzo-de-2023.pdf?utm_source=chatgpt.com
[6] Esta estrategia político-mediática de estigmatización/criminalización estuvo dirigida hacia contradictores y críticos del régimen que se consolidó en los años noventa durante el régimen de Fujimori y se prolongó en diferentes momentos de polarización social como en el último gran brote de manifestaciones en 2022, así como hacia la población indígena con la expresión “anti mineros”, correlato del terruqueo.
[7] Para mayor información, se puede consultar la página de la Defensoría del Pueblo de Perú disponible en:https://www.defensoria.gob.pe/categorias_de_documentos/reportes/?utm_source=chatgpt.com
[8] En el libro “Perú: cuatro décadas de contienda popular”, Arce presenta un análisis exhaustivo de las dinámicas, las acciones, los tipos de reclamos, los actores y los lugares en los cuales se presentaron protestas de 1980 a 2020. Enlace al documento completo: https://biblio.flacsoandes.edu.ec/libros/digital/59920.pdf
[9] Consultar el artículo “el derecho a la protesta en amenaza: el caso de Perú”, escrito por Sofía Forero. Disponible en: https://www.dejusticia.org/el-derecho-a-la-protesta-en-amenaza-la-situacion-de-peru/
[10] Se encuentra mayor información en el informe “crisis política y protesta social: impactos en la salud individual y colectiva”, elaborado por la Defensoría del Pueblo de Perú, detallándose el número de personas lesionadas, el lugar de ocurrencia, el tipo de lesión con el respaldo de reportes médicos y forenses. Debe precisarse que este informe abordó el análisis a partir de casos de contusiones, traumatismos o heridas en la cabeza, perspectiva analítica que dificulta la diferenciación de los casos específicos de agresiones oculares de otro tipo de lesiones corporales.
