Sin luz y sin garantías: riesgos humanitarios en el Bajo Cauca antioqueño en el marco del diálogo con el Clan del Golfo

Entre los últimos tres meses de 2025 y el primer mes de 2026, la subregión del Bajo Cauca antioqueño —conformada por los municipios de Caucasia, Nechí, Cáceres, Tarazá, El Bagre y Zaragoza— ha registrado múltiples afectaciones humanitarias asociadas a la intensificación de las normas de control territorial impuestas por el grupo armado organizado conocido como Clan del Golfo.

Este escenario ha generado interrogantes entre distintos actores del territorio sobre las razones que explican el endurecimiento de estas dinámicas de control, en un contexto en el que, aparentemente, las condiciones generales de seguridad y presencia armada en la subregión no han variado de manera sustancial.

Históricamente, el control territorial ejercido por los grupos armados organizados (GAO) en el Bajo Cauca ha tenido una mayor incidencia en las zonas rurales. En particular, el Clan del Golfo mantiene hoy una presencia consolidada, posicionándose como el grupo armado con mayor número de hombres en la subregión y ejerciendo una autoridad de facto caracterizada por la regulación de la movilidad, la imposición de normas de comportamiento, el control social, la administración informal de justicia y la injerencia tanto en economías legales como ilegales.

Esta situación ha sido ampliamente documentada a partir de información proveniente de medios de comunicación locales, denuncias de organizaciones sociales de base y reportes directos de actores comunitarios en los territorios.

Afectaciones humanitarias asociadas a la prestación del servicio de energía

Durante los últimos meses, una de las afectaciones humanitarias más graves registradas en la subregión ha sido la interrupción prolongada del servicio de energía eléctrica. Desde noviembre de 2025, se han presentado fallas reiteradas en distintos territorios del Bajo Cauca.

De acuerdo con el medio local NP Noticias Online, habitantes del corregimiento de Colorado, en el municipio de Nechí, realizaron protestas tras permanecer más de tres días sin servicio de energía, situación que afectó aproximadamente a 2.063 usuarios. Según el mismo medio, las fallas se debieron a que trabajadores y contratistas de Empresas Públicas de Medellín (EPM) no pudieron ingresar a la zona para realizar labores de mantenimiento, debido a intimidaciones y restricciones impuestas por el Clan del Golfo (NP Noticias Online, 2025).

Un hecho similar fue denunciado el 10 de diciembre de 2025 en el municipio de El Bagre por la Corporación Acción Humanitaria por la Convivencia y la Paz del Nordeste Antioqueño (Cahucopana Nordeste), organización campesina con presencia en los municipios de Remedios y Segovia. La organización emitió un llamado de urgencia humanitaria ante un grave daño en el sistema eléctrico que abastece al corregimiento de Puerto López, afectando tanto al centro poblado como a las veredas Las Negritas, Arenas Blancas, El Socorro, Villa, Monte Adentro, Bocas de Chicamoque, Cañaveral Chicamoque, Valparaíso, Mina Nueva, Panamá 9, El Nueve y La Cristalina, impactando a cerca de 15.000 habitantes.

Según la denuncia, la emergencia se agravó debido a que la presencia de actores armados ilegales estaría impidiendo el ingreso del personal técnico de EPM, lo que no solo prolongó la interrupción del servicio, sino que puso en riesgo el acceso efectivo a derechos fundamentales como la salud, el agua potable, la educación y la alimentación. La organización advirtió que esta situación podría constituir una infracción al derecho internacional humanitario y una grave vulneración a la dignidad de la población civil (Cahucopana Nordeste, 2025).

Posteriormente, el 19 de diciembre de 2025, NP Noticias Online informó que el Clan del Golfo venía afectando de manera sistemática la operación del servicio de energía en toda la subregión del Bajo Cauca, mediante restricciones a la movilidad del personal técnico. De acuerdo con el medio, el grupo armado exige a los trabajadores una solicitud de autorización con al menos una semana de antelación, en la que se detallen los datos personales de los empleados, los vehículos a utilizar y las labores a realizar a través de una carta.

Esta práctica se habría implementado desde el mes de octubre, periodo en el cual se registraron retenciones temporales de al menos seis trabajadores en el corregimiento de Las Conchas, municipio de Nechí, así como intimidaciones, expulsiones y restricciones de ingreso en los corregimientos de Bijagual, El Tigre (Cáceres), Puerto Claver y Puerto López (El Bagre), Pato (Zaragoza) y Barro Blanco (Tarazá) (NP Noticias Online, 2025).

Más recientemente, el 26 de enero de 2026, el Ejército Gaitanista de Colombia retuvo ilegalmente a doce contratistas de EPM en el corregimiento de Colorado, municipio de Nechí. Según información de la Policía, el grupo armado exigió ser informado previamente sobre los trabajos a realizar en la zona. Tras la verificación de la identidad de los operarios, estos fueron liberados el mismo día. EPM denunció que este tipo de hechos se está volviendo recurrente y afecta gravemente la prestación del servicio de energía. La Alcaldía de Nechí rechazó lo ocurrido y anunció el acompañamiento de la Fuerza Pública (Gualdrón, 2026).

Control territorial y proceso de diálogo

Liderazgos sociales de la subregión han señalado que estas exigencias para el ingreso y la movilidad de personas y funcionarios no eran prácticas habituales en algunos territorios y menos la exigencia de cartas o anuncios con una semana de antelación. Algunos indican que estos lineamientos casualmente comenzaron a implementarse de manera sistemática tras el anuncio público, en septiembre de 2025, de los primeros ciclos de conversación entre el Estado colombiano y el Clan del Golfo, en el marco del denominado “Proceso para la Desmovilización del Autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia y la Construcción de Paz con el Pueblo en los Territorios” (social, 2026).

Estas restricciones no solo han afectado la prestación de los servicios públicos domiciliarios, sino que también han limitado el ingreso de familiares, funcionarios y otros actores institucionales, incluyendo personal de las administraciones municipales, profundizando el control territorial y las barreras de acceso institucional en los municipios del Bajo Cauca.

Desde el inicio de los diálogos y, particularmente, tras la ampliación territorial definida en el primer punto del segundo ciclo de conversaciones, se ha percibido un fortalecimiento de las normas de control territorial ejercidas por el Clan del Golfo. De acuerdo con testimonios anónimos recogidos en zonas rurales de la subregión, si bien históricamente han existido normas sociales impuestas por los GAO, no es habitual que estas se tornen tan restrictivas en ausencia de operativos recientes de la Fuerza Pública o de capturas de integrantes del grupo armado.

Asimismo, se ha reportado que mandos medios del Clan del Golfo justifican estas restricciones como órdenes emitidas desde niveles superiores de la organización, señalando que responden a directrices del comando del bloque (social, 2026). Estas prácticas han restringido el acceso de actores institucionales, población civil y actores empresariales, generando afectaciones directas a los derechos económicos, sociales y culturales de las comunidades, especialmente en lo relacionado con la prestación oportuna y continua de servicios esenciales.

Adicionalmente, se ha identificado un riesgo creciente de estigmatización de las Juntas de Acción Comunal (JAC), cuyos liderazgos comunitarios están siendo señalados por integrantes del Clan del Golfo como responsables de las restricciones de ingreso a los territorios, bajo el argumento de no transmitir de manera “adecuada” o “oportuna” los lineamientos impuestos por el grupo armado a personas externas. Esta situación expone a las JAC a presiones indebidas, posibles retaliaciones y a un mayor riesgo para su integridad y legitimidad comunitaria, afectando su rol como instancias de representación y cohesión social.

Diálogo sociojurídico y profundización del control

Según las declaraciones realizadas por el Espacio de Conversación Sociojurídico, en el primer punto del segundo ciclo de conversaciones se ampliaron las áreas de implementación de acciones piloto orientadas a la consolidación de confianza en el departamento de Antioquia. Mientras que inicialmente estas acciones se circunscribían al municipio de Mutatá, la ampliación incluyó a tres municipios de la subregión del Bajo Cauca antioqueño: Cáceres, El Bagre y Nechí. De acuerdo con el comunicado emitido por el equipo negociador el 18 de septiembre de 2025, estas acciones buscaban avanzar, entre otros aspectos, en:

1. La no vinculación, uso o reclutamiento de niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, así como la eliminación de las violencias físicas y sexuales en su contra;
2. La atención integral a la migración, incluida la migración inversa;

• La protección de la naturaleza;

1. El respeto y la no interferencia en la paz electoral durante procesos políticos nacionales y territoriales; y
2. La observancia de los principios del Derecho Internacional Humanitario (DIH)(Defensoria del Pueblo, 2025).

No obstante, en los últimos meses se ha evidenciado en el Bajo Cauca un cambio en las normas de control social que dista de los objetivos planteados. La ampliación territorial definida en el segundo ciclo de conversaciones ha coincidido con la extensión y profundización de las normas de control territorial del Clan del Golfo hacia nuevos municipios y corregimientos.

Este comportamiento sugiere que el proceso de diálogo ha sido interpretado por el grupo armado como una oportunidad para reafirmar y demostrar su autoridad territorial, regulando de manera más estricta la movilidad, el acceso institucional y la presencia de actores externos. Esta estrategia podría entenderse tanto como un mecanismo de presión social en el marco de las negociaciones, como una forma de demostrar su capacidad de control territorial y de implementación de eventuales medidas de confianza en los municipios priorizados por la Mesa Sociojurídica.

Impactos humanitarios y suplantación de funciones estatales

La imposición de permisos previos, la exigencia de avisos con antelación y las retenciones al personal técnico de empresas prestadoras de servicios públicos constituyen una forma de suplantación de funciones estatales. A través de estas prácticas, el Clan del Golfo ejerce un control directo sobre la garantía de derechos fundamentales, afectando de manera desproporcionada a la población civil y limitando la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones básicas.

Las interrupciones prolongadas del servicio de energía eléctrica han generado impactos en cadena sobre otros derechos fundamentales, como la salud, el acceso al agua potable, la educación y la alimentación. Estos hechos evidencian que las normas de control territorial impuestas por el Clan del Golfo no se limitan a aspectos de seguridad —como lo ha argumentado el grupo ante las comunidades—, sino que inciden de manera estructural en las condiciones de vida, el bienestar y la dignidad de la población del Bajo Cauca antioqueño.

Conclusiones

Los hechos documentados evidencian que, en el contexto del proceso de diálogo entre el Estado colombiano y el Clan del Golfo, se ha producido un fortalecimiento de las prácticas de control territorial de este grupo armado organizado, con efectos directos sobre la vida cotidiana de las comunidades del Bajo Cauca antioqueño. La restricción al ingreso de personal técnico y la interrupción prolongada de servicios públicos esenciales reflejan la consolidación de un escenario de gobernanza híbrida, en el que actores legales como las Juntas de Acción Comunal (JAC) se ven forzados a asumir responsabilidades y mediaciones impuestas por el Clan del Golfo, que se posiciona como autoridad territorial de facto. Esta situación no solo expone a los liderazgos comunitarios a mayores niveles de riesgo, sino que además vulnera derechos fundamentales y profundiza la crisis humanitaria en la subregión.

Lejos de generar alivios inmediatos para la población civil, estas dinámicas evidencian el riesgo de que los procesos de negociación avancen sin mecanismos claros de protección territorial ni garantías humanitarias efectivas, permitiendo la consolidación del control de los GAOs en detrimento del Estado de derecho y de la seguridad de las comunidades.

Llamado de atención

Resulta urgente que el Estado colombiano, las instancias responsables del proceso de diálogo y los organismos de verificación incorporen mecanismos efectivos de monitoreo territorial, protección de la población civil y garantía del acceso continuo a servicios públicos esenciales. La construcción de paz no puede traducirse en la normalización del control armado ni en la delegación de facto de funciones estatales a actores armados ilegales. Cualquier proceso de negociación debe tener como eje central la protección de los derechos humanos y el alivio humanitario inmediato en los territorios.