Para enero de 2025, la Fundación Paz & Reconciliación reportó al menos dieciocho confrontaciones armadas entre distintos grupos armados organizados. Estos enfrentamientos se concentraron principalmente en la región del Catatumbo, donde el impacto humanitario continúa siendo especialmente grave como resultado de la confrontación sostenida entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del autodenominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), bajo el mando de “Calarcá”. Una vez más, Colombia inició el año bajo el signo de la violencia. Sin embargo, tras múltiples escenarios de confrontación en distintas regiones, el epicentro de la guerra comenzó a desplazarse hacia el sur del país.
En este contexto, el departamento del Guaviare emerge nuevamente como un escenario que condensa varias de las transformaciones del conflicto armado actual: disputas entre estructuras armadas surgidas tras la desmovilización de las FARC-EP, control territorial de corredores estratégicos en la Amazonía y una afectación humanitaria profunda, marcada por el confinamiento, el desplazamiento forzado y el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Disputa entre facciones disidentes
Tras la fractura del Estado Mayor Central (EMC), la confrontación entre las dos principales facciones disidentes de las antiguas FARC-EP comenzó a intensificarse durante el segundo semestre de 2024 en departamentos como Caquetá y Putumayo, particularmente en los municipios de Cartagena del Chairá y Solano, así como en Puerto Leguízamo y Puerto Guzmán.
Desde mediados de 2024, comunidades del departamento del Guaviare advirtieron un incremento sostenido de tensiones entre ambas estructuras. En noviembre de ese año, varias comunidades del municipio de Calamar denunciaron incursiones del Bloque Jorge Suárez Briceño, bajo el mando de alias “Calarcá”, acompañadas de un aumento de amenazas contra líderes sociales señalados de ser presuntos colaboradores del Frente Primero, estructura adscrita al Bloque Amazonas del EMC. Estos hechos marcaron el inicio de una fase de disputa territorial directa en el departamento.
De acuerdo con el monitoreo realizado por PARES, durante este periodo el Bloque Amazonas, comandado por “Iván Mordisco”, consolidó un control hegemónico en sectores de San José del Guaviare y El Retorno. De manera paralela, se registraron incursiones del Bloque Jorge Suárez Briceño en zonas rurales del sector del río Guayabero, así como combates esporádicos en áreas rurales de Calamar y San José del Guaviare. Comunidades reportaron la presencia simultánea de ambas facciones en veredas como Termales, Miravalle, San Miguel, Patio Bonito, Primavera y Caño Triunfo, así como en sectores rurales del corregimiento de El Capricho, configurando un escenario de superposición armada de alto riesgo.
El escalamiento abierto de la confrontación se produjo a comienzos de 2025. El 18 de enero de ese año se registraron enfrentamientos en la vereda Miravalle entre el Frente Jhon Linares del EMBF y el Bloque Amazonas del EMC. Estos combates inauguraron un nuevo ciclo de violencia en el Guaviare, con un incremento sostenido de hechos victimizantes como confinamientos y desplazamientos forzados, así como la intensificación de mecanismos de control social y gobernanza armada, entre ellos la instalación de retenes, la imposición de toques de queda y el recrudecimiento del reclutamiento forzado.
Durante el transcurso de 2025, la confrontación se mantuvo activa y fragmentada, con disputas recurrentes por el control de corredores estratégicos y enclaves productivos. Según la Alerta Temprana 001 de 2025 de la Defensoría del Pueblo, ambas facciones impusieron esquemas simultáneos de extorsión, desautorizándose mutuamente los cobros y exigiendo a las comunidades no realizar pagos a la contraparte. Esta dinámica generó una presión sistemática sobre líderes y lideresas comunitarias, obligadas a “definir bando” bajo amenaza, lo que incrementó los riesgos de estigmatización, persecución y victimización selectiva (Defensoría del Pueblo, 2025a).
La violencia no disminuyó y, en enero de 2026, la confrontación alcanzó uno de sus picos más críticos en el municipio de El Retorno. El 16 de enero se produjeron enfrentamientos en la vereda Cubay que dejaron al menos veintiséis personas muertas, confirmando la persistencia de este escenario de alta confrontación.
La guerra continúa en el Guaviare
Como ha sido documentado por PARES, la guerra entre las facciones comandadas por “Calarcá Córdoba” e “Iván Mordisco” no responde únicamente a una dinámica de expansión del Bloque Jorge Suárez Briceño. El Guaviare ocupa una posición geográfica clave en la arquitectura del conflicto armado contemporáneo. Como puerta de entrada a la Amazonía, conecta antiguos enclaves guerrilleros, corredores de economías ilícitas y zonas de colonización campesina e indígena históricamente marginadas. Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, este territorio no experimentó una transición efectiva hacia un control institucional sostenido, sino que quedó expuesto a una rápida fragmentación del orden armado.
La emergencia de múltiples estructuras disidentes, con mandos autónomos y proyectos divergentes, transformó el Guaviare en un espacio de competencia abierta. Más que una simple disputa entre organizaciones, se configuró una pugna por la herencia territorial, simbólica y económica de la antigua insurgencia, en un contexto de débil presencia estatal y alta rentabilidad de las economías ilegales, en el que las comunidades indígenas resultaron particularmente expuestas.
Investigaciones recientes han documentado la manera en que esta disputa se articula a través de corredores estratégicos y produce transformaciones profundas en los territorios indígenas. Un caso emblemático es el corredor Tomachipán–Cumare, una trocha ancestral utilizada históricamente por el pueblo nukak para la recolección de alimentos y medicinas, que fue progresivamente ampliada por las FARC en los años noventa y hoy es utilizada por estructuras armadas ilegales como eje de movilidad, control territorial y transporte de insumos y derivados de cocaína (Mahecha & Franky, 2010; Mongabay Latam, 2025).
La transformación del territorio evidencia una secuencia de ocupaciones armadas superpuestas: colonización campesina en los años setenta, control del Bloque Oriental de las FARC durante la década de 1990, incursión paramilitar a finales de los noventa y, en la actualidad, presencia de facciones disidentes. Esta continuidad permite identificar una persistente militarización informal del territorio, en la que distintos actores han disputado enclaves estratégicos asociados a economías ilegales y corredores de movilidad.
Entre 1999 y 2023, el Guaviare se consolidó como uno de los núcleos históricos de cultivos de coca del país, con un pico de 27.380 hectáreas en 2002 y un nuevo ciclo expansivo posterior a 2016, particularmente en la Reserva Natural Nukak y el resguardo indígena homónimo (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]–SIMCI, 2023). En el área de influencia directa de la vía Tomachipán–Cumare, los cultivos han mostrado un incremento sostenido desde 2019, con aumentos superiores al 50 % en radios de cinco kilómetros (Mongabay Latam, 2025).
Este patrón productivo se encuentra estrechamente vinculado a la expansión de infraestructura ilegal. Según el Instituto SINCHI y la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, al interior del resguardo Nukak se han construido más de 500 kilómetros de vías no autorizadas, concentrando más del 70 % de los focos de deforestación a menos de dos kilómetros de estas rutas (FCDS, 2025; SINCHI, 2024). Entre 1990 y 2025, la pérdida acumulada de bosque en el resguardo supera las 36.000 hectáreas, asociada a ganadería extensiva, cultivos ilícitos y apertura vial.
Las consecuencias humanas de esta dinámica son especialmente graves para el pueblo nukak, pues es así como la ocupación armada de sus corredores ancestrales ha restringido la movilidad tradicional, provocado desplazamientos reiterados y facilitado prácticas sistemáticas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, aprovechando su conocimiento del territorio (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2025). De este modo, los corredores no constituyen simples infraestructuras de tránsito, sino verdaderas estructuras de control armado que articulan economías ilícitas, violencia y degradación ambiental.
¿Cómo responde la institucionalidad?
Frente a los enfrentamientos registrados en enero de 2026 en la vereda Cubay (El Retorno, Guaviare), la Defensoría del Pueblo activó una misión humanitaria, con acompañamiento de la MAPP-OEA y el Comité Internacional de la Cruz Roja, orientada a la recuperación y gestión digna de los cuerpos de veintiséis personas. En su pronunciamiento público advirtió sobre el riesgo inminente de nuevos confinamientos y desplazamientos, y solicitó elevar de manera urgente la situación a los espacios de diálogo con las estructuras disidentes (Defensoría del Pueblo, 2026).
A esta actuación se sumó el Instituto Nacional de Medicina Legal, que confirmó la identificación de veinticuatro de los cuerpos, entre ellos cuatro menores de edad, y anunció la entrega digna a sus familiares conforme a los protocolos forenses (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2026). Sin embargo, más allá de estas intervenciones humanitarias indispensables, la respuesta del Estado volvió a ser tardía, reactiva y limitada a la administración de la emergencia.
Mientras los informes se publican y los cuerpos son identificados, las comunidades continúan atrapadas entre dos facciones armadas que disputan corredores, economías ilegales y control territorial. El Guaviare no enfrenta un episodio aislado de violencia, sino una dinámica sostenida de guerra sin contención efectiva. La institucionalidad llega después de los combates, cuando ya hay muertos, desplazados y niños reclutados. Y esa secuencia, que parece estar destinada a repetirse cada enero, revela un problema al que no le encontramos todavía soluciones. ¿Cómo protegemos a las comunidades mientras continua la guerra?
Referencias
Defensoría del Pueblo. (2025a). Alerta temprana 001 de 2025. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
Defensoría del Pueblo. (2026). Comunicado sobre misión humanitaria en El Retorno (Guaviare), enero de 2026. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
Fundación Paz & Reconciliación. (2025). Monitoreo de confrontaciones armadas en Colombia – Enero de 2025. Bogotá: PARES.
Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS). (2025). Monitoreo de deforestación y vías ilegales en territorios indígenas de la Amazonía colombiana. Bogotá: FCDS.
Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas SINCHI. (2024). Inventario de vías ilegales y dinámicas de deforestación en la Amazonía colombiana. Bogotá: SINCHI.
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2026). Comunicado sobre identificación de cuerpos provenientes de El Retorno (Guaviare). Bogotá: INMLCF.
Mahecha, D., & Franky, C. E. (2010). Contacto, desplazamiento forzado y cambios entre los nukak. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Mongabay Latam. (2025). El corredor Tomachipán–Cumare y la reconfiguración armada en el resguardo Nukak. Reportaje de investigación.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2025). Informe anual sobre reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en Colombia. Bogotá: ONU Derechos Humanos.
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito – Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (UNODC–SIMCI). (2023). Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 1999–2023. Bogotá: UNODC.
