En los primeros días de 2026, medios de comunicación documentaron la instalación de al menos cuatro retenes por parte de grupos armados ilegales en la región del Catatumbo. No obstante, estas cifras reflejan apenas una fracción de una realidad más amplia marcada por el subregistro, que dificulta dimensionar la profundidad de la crisis humanitaria y los mecanismos de control social impuestos por los grupos armados ilegales.
Entre el 16 de enero y el 7 de diciembre del 2025, en medio de las confrontaciones armadas entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Frente 33 del Estado Mayor de Los Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias de las FARC-EP, la Unidad para las Víctimas registró 105.203 personas con hechos victimizantes, como desplazamiento forzado, amenazas, confinamiento y abandono o despojo forzado de tierras.
Por otro lado, la personería de Cúcuta, entre el 22 de diciembre de 2025 y el 8 de enero de 2026 se registró el periodo más intenso y cruento de la ofensiva del Frente 33 del EMBF en contra del ELN. Como consecuencia directa de las hostilidades, en zonas como los corregimientos de Paccelli y La Gabarra en el municipio de Tibú y Filogringo en el municipio de El Tarra, aproximadamente 850 núcleos familiares que integran 2.331 personas se vieron forzados a desplazarse, evidenciando un grave impacto humanitario sobre la población civil y una vulneración sistemática de las garantías de protección consagradas en el Derecho Internacional Humanitario (DIH).
Estas cifras reflejan que la confrontación armada en el Catatumbo trasciende el enfrentamiento entre actores ilegales y se traduce en una crisis humanitaria sostenida, donde la población civil continúa siendo la principal víctima, en abierta contravención de las obligaciones de protección establecidas por el DIH.
Estos retenes ilegales se concentran en dos arterias viales estratégicas para la región del Catatumbo: la vía que comunica a Cúcuta con el municipio petrolero de Tibú y el corredor que conecta la capital de Norte de Santander con Ocaña. En sectores como La Llana y El Tablazo, en jurisdicción de Tibú, así como en el sector conocido como La Curva, en el municipio de Bucarasica, se ha vuelto recurrente la presencia de hombres armados, vestidos con prendas camufladas y botas de uso militar, quienes detienen y registran vehículos particulares, motocicletas y buses de transporte intermunicipal; y revisan celulares, computadores o simplemente indagan o investigan a quien consideren sospechoso.
Estas prácticas no solo buscan identificar a presuntos enemigos, sino que constituyen un mecanismo de control territorial y social que restringe la movilidad, genera temor colectivo y consolida el dominio armado sobre la población civil. Un ejemplo de ello fue la retención de cinco uniformados de la Policía Nacional que transitaban de civil por la zona. El hecho ocurrió el 7 de enero de 2026 y su liberación se presentó doce días después. Este hecho evidencia cómo los retenes trascienden la lógica de verificación o vigilancia armada y, así mismo, se convierten en escenarios de privación de la libertad, imposición de autoridad paralela y vulneración sistemática del DIH, al afectar tanto a la fuerza pública como a la población civil que transita por estos corredores estratégicos.
En su conjunto, estos retenes ilegales consolidan un ejercicio de autoridad armada que desplaza al Estado y redefine las reglas de la vida cotidiana en el territorio. Al restringir la movilidad y someter a la población civil a prácticas de control, vigilancia e intimidación, los grupos armados ilegales normalizan el miedo como mecanismo de dominación y profundizan la vulneración sistemática de derechos fundamentales. De esta manera, el tránsito por vías estratégicas deja de ser un acto cotidiano para convertirse en un escenario permanente de riesgo, exposición y sometimiento para las comunidades del Catatumbo.
En conversación con Pares, Eliana Zafra, integrante del Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), capítulo Norte de Santander, señaló que el control social impuesto por los grupos armados ilegales se intensifica en el Catatumbo a través de la instalación sistemática de retenes ilegales, una práctica que no solo restringe la movilidad, sino que profundiza y agudiza las violaciones a los derechos humanos de la población civil. “Los retenes ilegales son un ejercicio de dominación y control social y territorial que ejercen los grupos armados ilegales que hoy se encuentran en confrontación en el Catatumbo. Su gravedad se incrementa en escenarios de confrontación armada, donde la población queda expuesta al cruce de las balas y a riesgos permanentes para su vida e integridad”, indicó Zafra.
La persistencia de estos retenes ilegales revela que el control social ejercido por los grupos armados en el Catatumbo no es un fenómeno aislado ni coyuntural, sino una estrategia deliberada de dominio territorial en medio de la confrontación armada. Al instalar puestos de control en corredores estratégicos, los actores ilegales no solo disputan el control del espacio físico, sino que regulan la movilidad, imponen normas y condicionan la vida cotidiana de las comunidades, profundizando escenarios de miedo, silencio y subregistro.
En este contexto, la población civil queda atrapada entre los actores en confrontación, expuesta a retaliaciones, señalamientos y al riesgo permanente de quedar en medio del fuego cruzado, por lo que muchas comunidades optan por mantenerse en el confinamiento o eligen abandonar sus territorios en busca de respuestas institucionales.
Sumado a esta grave situación humanitaria, los retenes ilegales crean condiciones propicias que refuerzan las prácticas de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, al permitir a los grupos armados ilegales identificar, perfilar y ejercer presiones directas sobre menores de edad que habitan en contextos marcados por la pobreza, la exclusión y la limitada presencia institucional. Mediante la intimidación sistemática, el control de la movilidad y la imposición de una autoridad armada, estos actores consolidan mecanismos de coacción que normalizan la violencia en la vida cotidiana y facilitan la captación de menores de edad, que constituyen una grave vulneración de los derechos de la niñez y una transgresión directa de las normas del DIH que prohíben de manera absoluta su vinculación a las hostilidades.
En este contexto, Eliana Zafra advierte que la niñez y la adolescencia son las principales víctimas de estas dinámicas de control armado. “La población más afectada son los niños, niñas y adolescentes: primero, por el reclutamiento forzado; segundo, por la afectación a derechos fundamentales como la educación, la salud y la recreación; tercero, por el desarraigo que enfrentan cuando salen en condición de desplazamiento y llegan a territorios sin garantías ni protección; y cuarto, por la instrumentalización de los menores de edad como informantes en el marco del conflicto”, precisó la defensora de derechos humanos.
Un riesgo advertido por la Defensoría del Pueblo en el informe “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz”, donde alerta sobre cómo el control territorial ejercido por los grupos armados ilegales continúa facilitando el reclutamiento forzado, el uso y la utilización de niños, niñas y adolescentes en el conflicto armado mediante prácticas de engaño y seducción. A través de incentivos como regalos, falsas promesas de bienestar y supuestas oportunidades futuras, se interrumpen de manera violenta cientos de proyectos de vida en la región del Catatumbo. Entre enero y noviembre de 2025, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) reportó la desvinculación de 49 menores de edad que fueron reclutados por los grupos armados ilegales y ya formaban parte de sus filas en distintos municipios de la subregión, lo que evidencia la persistencia de esta grave vulneración de derechos.
Por otro lado, las prácticas de reclutamiento forzado a menores de edad que ejercen los grupos armados ilegales, generan también graves afectaciones específicas sobre las mujeres. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, entre enero y noviembre de 2025 se identificaron 634 de violencias basadas en género (VBG), donde se destaca la trata de personas con fines de explotación sexual (151) y delitos contra la libertad e integridad sexual (179). Estas prácticas evidencian que el control social ejercido por los grupos armados ilegales no solo busca dominar el territorio, sino también regular los cuerpos y la vida íntima de las mujeres en el marco del conflicto armado.
En este contexto, las VBG se consolidan como una herramienta estructural del control social ejercido por los grupos armados ilegales, profundizando la subordinación, el silenciamiento y la pérdida de autonomía de las mujeres en los territorios en disputa. La regulación forzada de sus cuerpos y de su vida íntima no solo reproduce patrones sexuales, sino que agudiza las prácticas de reclutamiento que pasan por el enamoramiento y la seducción por parte de unidades guerrilleras a niñas y adolescentes, que recurren al abandono de sus lugares de origen como mecanismo de protección.
No obstante, el reclutamiento forzado y las VBG se entrelazan como estrategias complementarias del control armado, y configuran la continuidad de violencias que afectan de manera desproporcionada a niñas y mujeres en el Catatumbo. La ausencia de garantías efectivas de protección y prevención permite que estas prácticas se reproduzcan y se naturalicen en los territorios, que llevan a la ruptura de sus proyectos de vida. Este escenario plantea un desafío urgente para el Estado y la comunidad internacional en términos de prevención temprana, protección integral y respuestas diferenciadas con enfoque de género y de niñez en contextos de conflicto armado.
Referencias
- Defensoría del Pueblo. (2026). Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz. Defensoría del Pueblo.
- Unidad para las Víctimas. (2025). Registro Único de Víctimas (RUV). Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
- Personería Municipal de Cúcuta. (2026). Información entregada por la oficina de comunicaciones. Personería Municipal.
- Zafra, E. (2026, enero). Entrevista a la presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH) capítulo Norte de Santander.
