En su célebre tratado De la guerra, publicado póstumamente en 1832, el teórico militar prusiano Carl von Clausewitz definió el conflicto armado como “una continuación de la política por otros medios”. Es decir, como un instrumento racional al servicio de objetivos políticos específicos y relativamente moderados que interesan al Estado que ha empleado la violencia armada para alcanzarlos.
No hay interés en la destrucción física absoluta del adversario, sino más bien en preservarlo como interlocutor viable para forzar una concesión (ya sea política, económica, territorial o diplomática). Algo que, en últimas, preserve el equilibrio de poder preexistente o lo modifique de forma controlada y no radical.
Un siglo después, el también militar alemán Erich Ludendorff invirtió esta lógica en su libro La guerra total (1935). Inspirado en su experiencia como comandante supremo de los ejércitos alemanes durante la Primera Guerra Mundial, Ludendorff defendió la persecución de objetivos absolutos: una apuesta por la victoria total o la derrota más absoluta. Esto requiere la destrucción completa de las capacidades militares y económicas del adversario, junto con el quebrantamiento definitivo de su voluntad de resistencia.
Para lograrlo, es imprescindible una movilización total de los recursos humanos, científicos e industriales de la nación, lo que implica la subordinación de la política y de toda la sociedad al esfuerzo bélico. De este modo, la guerra deja de ser un medio para convertirse en un fin en sí misma.
Desde el 24 de febrero de 2022, Vladímir Putin se debate entre estas dos aproximaciones para ganar un conflicto que, en su origen, tenía un carácter netamente clausewitziano.
Se trataba de un supuesto ataque relámpago diseñado para neutralizar en pocos días —o, a lo sumo, semanas— al presidente ucraniano Volodímir Zelenski y a sus principales asesores políticos y militares, allanando el camino para la instalación de un gobierno afín que mantuviera a Ucrania dentro de lo que Rusia considera su esfera de influencia geopolítica tradicional. Este cambio, naturalmente, iría acompañado de la separación de ciertas regiones de mayoría rusoparlante en el este (donde separatistas prorrusos se habían alzado contra Kiev desde 2014) y el sur del país.
Sin embargo, han transcurrido casi cuatro años desde que el presidente ruso anunció el lanzamiento de la llamada “operación militar especial”, que al momento de escribir estas líneas ha causado entre 800.000 y 1.200.000 bajas rusas, sumando muertos, heridos, prisioneros y desaparecidos en acción, según estimaciones del Ministerio de Defensa en Kiev. Las pérdidas ucranianas, por su parte, probablemente no se conocerán con exactitud hasta el fin del conflicto.
Aun así, fuentes independientes al gobierno de Zelenski, como la periodista del servicio rusoparlante de la BBC Olga Ivshina, las sitúan en un rango de 300.000 a 500.000 bajas totales, de las cuales aproximadamente 140.000 serían muertos en combate. Esto no solo supera con creces a la Guerra de Crimea (1853-1856), que hasta 2022 había sido la más sangrienta de la historia rusa con anterioridad a las guerras mundiales del siglo XX, sino que además sugiere una transición, y eventualmente un desenlace, orientado hacia el tipo de conflicto planteado por Ludendorff, aunque este se mantenga dentro de los matices políticos y tecnológicos propios de las guerras del siglo XXI.
En este mismo orden de ideas, existen incluso autores como el historiador Benno Ennker, profesor emérito de la Universidad de Tübingen, que ya desde finales de 2022 defendía —en un artículo publicado por la Bundeszentrale für politische Bildung (BPB, think tank gubernamental alemán sobre educación política)— la idea de que los objetivos clausewitzianos de Putin en materia de concesiones políticas y territoriales comenzaban a difuminarse en favor de algo más sombrío.
Para Ennker, la guerra del Kremlin en Ucrania pasaría de ser un asunto de política exterior a uno de política interior, que permitiría a Putin modificar a su favor el delicado equilibrio de poder compartido entre la oficina del presidente, el legislativo y las agencias militares y de inteligencia con el que gobernó hasta bien entrada la década de 2010. Con este cambio, Putin lograría reinventar su gobierno como un tipo de dictadura ultrapersonalista más propio de los regímenes fascistas y estalinistas del siglo XX, llevando a Rusia cada vez más cerca de ese estado ideal de “movilización total” en el que la guerra se convierte en el principio base de organización de la sociedad, como plantea Ludendorff.
Si se analiza la situación desde la arena de la diplomacia internacional que intenta poner fin a la guerra, tampoco parecen existir prospectos muy alentadores. Pese a controlar una buena parte del sur y el este del país, Putin aún está lejos de poder usar la destrucción del ejército ucraniano o el derrocamiento de su gobierno como bazas de negociación para una paz a su medida.
Los rusos no solo no han cumplido con estos objetivos, sino que tampoco han podido evitar que el ejército ucraniano alcanzara un número récord de casi 880.000 hombres en servicio activo para finales de 2025, y lograra reemplazar gran parte del equipamiento de origen soviético que poseía en 2022 por armamento occidental moderno, sumado a un notable aumento de la producción doméstica en materia de drones militares (industria en la que Ucrania se posiciona como uno de los líderes mundiales, con una capacidad de hasta 4-4.5 millones de unidades anuales), sistemas de guerra electrónica y artillería autopropulsada (como la Bohdana, con tasas de producción que superan las 20-40 unidades mensuales).
Esto es clave si se tiene en cuenta que, ya durante las fallidas negociaciones de paz de Estambul en 2022, Putin había sido enfático en poner un límite de apenas 85.000 hombres a las fuerzas armadas de Kiev, y había querido eliminar por completo su capacidad para fabricar drones y otros dispositivos militares de largo alcance capaces de bombardear las profundidades de Rusia.
Pese a estos éxitos defensivos, Ucrania tampoco parece muy bien parada en la actual mesa de negociaciones, pues —tal como señala el periodista y editor de asuntos globales de la BBC, John Simpson— el nuevo informe sobre la estrategia de seguridad nacional de la Administración Trump ha abierto una posibilidad hasta hace poco impensable: la idea de que un presidente norteamericano abandone formalmente el sistema estratégico que ha estado en vigor desde la Segunda Guerra Mundial.
Según Simpson, Estados Unidos no solo no está seguro de querer seguir haciéndose cargo de la defensa europea a largo plazo, sino que abiertamente manifiesta su desdén por el rumbo que considera está tomando el continente; llegando al extremo de afirmar en su informe de seguridad que Europa se enfrenta a la “cruda perspectiva de la desaparición de su civilización”.
No menos grave resulta la situación económica del gobierno de Volodímir Zelenski, quien, en declaraciones al periódico KyivPost, afirmó el 28 de diciembre pasado que Ucrania requiere entre 700 y 800 mil millones de dólares para su reconstrucción de aquí al 2040, lo que ha generado preocupación entre sus aliados.
De estos últimos, cabe destacar que el canciller alemán Friedrich Merz no logró alcanzar un consenso continental sobre el uso de activos rusos congelados en la Unión Europea para cubrir las necesidades financieras de Kiev (que en 2025 registró 9.000 millones de dólares menos en ayuda militar extranjera respecto al año anterior). El temor a las repercusiones legales que podrían erosionar la confianza global en el sistema bancario europeo, así como la oposición de políticos como el primer ministro húngaro Viktor Orbán, sepultaron sus intenciones.
El hecho de que el gobierno de Trump se haya convertido más en un mediador externo que en un aliado capaz de suplir un flujo constante de armamento y dinero a Kiev ha sido, sin lugar a dudas, la característica que mejor define la intensa actividad diplomática de los meses de noviembre y diciembre de 2025. La visita de Zelenski a Florida a finales de diciembre pasado se sumó a los constantes viajes entre Moscú y Mar-a-Lago emprendidos por Jared Kushner y Steve Witkoff como dupla negociadora de Washington.
Estos intercambios lograron resolver algunos temas particularmente sensibles, como la renuncia o el congelamiento de las pretensiones ucranianas de ingreso a la OTAN (lo que, a su vez, puede generar una mayor presión diplomática para su ingreso acelerado a la Unión Europea como compensación) y el ofrecimiento de garantías de seguridad internacionales similares a las que contempla el artículo 5 de la Alianza Atlántica por un período de hasta 50 años.
Pese a ello, quedan en el tintero asuntos tan decisivos como el control de la energía que se produce en la planta nuclear de Zaporiyia (para la que Estados Unidos propuso un plan de distribución conjunta en primera instancia), y el de la porción noroccidental de la región del Donbás. Un territorio de alrededor de 5.800 kilómetros cuadrados, con cifras de población cambiante debido al desplazamiento generado por la guerra, y que además cuenta con centros urbanos como Kramatorsk, Sloviansk y Konstantynivka.
Ucrania ha blindado esta región con un gran cinturón de fortalezas de hasta 50 kilómetros de extensión, que hasta el momento ha cumplido con el nada despreciable papel de impedir la penetración rusa en las regiones no ocupadas de Zaporiyia y Dnipropetrovsk.
Zelenski se niega a cederlo sin pelear, e incluso ha propuesto convertirlo en una zona económica especial bajo supervisión internacional —con posible participación destacada de Estados Unidos— a la espera de futuros referendos sobre su estatus. A esto último, Moscú y Washington respondieron inicialmente con la idea de una zona desmilitarizada bajo administración rusa, congelando el resto de la línea del frente en sus posiciones actuales. Sin embargo, ambas propuestas se enfrentan a la imposibilidad de ceder territorio nacional prevista en la constitución ucraniana, que entre otras cosas no puede ser modificada sin la realización de elecciones previas ni mientras esté vigente la ley marcial.
Puede que la propuesta del presidente ucraniano sea una táctica dilatoria para retrasar lo inevitable, pero en cualquier caso una paz clausewitziana que no defina con suficiente claridad el estatus de territorios estratégicos resulta peligrosa, pues corre el riesgo de generar a largo plazo el tipo de narrativa revanchista que Europa conoció tan dolorosamente en instancias como el Tratado de Versalles a finales de la Primera Guerra Mundial.
Tampoco hay que olvidar a China, que es quizás el país más interesado en la prolongación de un conflicto que no solo aleja la atención estadounidense del Océano Pacífico, sino que inclina cada vez más a su favor la correlación de poder con el aliado ruso.
La guerra ha llevado a que más de la mitad de las exportaciones energéticas de Moscú acaben en manos del gigante asiático, por no mencionar la elevada dependencia en materia de bienes de consumo, maquinaria industrial, semiconductores y otros componentes clave de las industrias TIC.
Una relación que corre el riesgo de convertirse en un vasallaje abierto y de la que, paradójicamente, Vladímir Putin solo puede ser rescatado por Donald Trump: el único hombre capaz de eliminar sanciones y devolver a Rusia a los mercados occidentales en la mesa de negociación. Ante este panorama, solo cabe preguntarse si la continua dilación de las negociaciones acabará por llevar al aterrador escenario en el que la paz del manual de Ludendorff sea la única alternativa real.
Colombia tampoco ha permanecido indiferente al conflicto, pues, más allá del incremento de los precios de los fertilizantes del sector agrícola —que afectó al campo nacional desde sus inicios—, el flujo de mercenarios ha sido constante. Durante la sesión legislativa que aprobó en diciembre el Proyecto de Ley n.º 579 de 2025 en la Cámara de Representantes, mediante el cual el país se adhirió a la Convención de la ONU de 1989 que prohíbe la financiación, el reclutamiento y el entrenamiento de mercenarios, se reveló que, según cifras del excanciller Luis Gilberto Murillo, alrededor de 300 de los aproximadamente 500 connacionales que participaron en la guerra del lado ucraniano hasta finales de 2024 habían muerto.
Una cifra significativa si se tiene en cuenta que fuentes como la periodista Nathalie Leticia Gallón, vinculada al proyecto International Women’s Media Foundation – Women on the Ground: Reporting from Ukraine’s Unseen Frontlines, estiman el número total de mercenarios colombianos en alrededor de 2.000 durante los casi cuatro años de combate que ha vivido el país europeo. Por otra parte, en 2025, se registró un aumento de casos como los de Óscar Mauricio Blanco López y Pablo Puentes Borges, condenados por tribunales militares rusos a 19 y 28 años de cárcel, respectivamente, por su servicio militar en las filas de Kiev.
Es sabido que el gobierno de Gustavo Petro ha pedido a las agencias de inteligencia nacionales que colaboren con el gobierno ucraniano en la gestión de programas de repatriación, a través de la Embajada de Colombia en Polonia, y, aunque la adhesión a la Convención de la ONU debe celebrarse, no parece que los colombianos que han caído en manos rusas puedan contar todavía con grandes esperanzas.
