La Fundación Paz y Reconciliación publicará el próximo 24 de enero un informe nacional sobre la expansión de los grupos armados entre 2019 y 2025. La conclusión central es contundente: el deterioro de la seguridad y el crecimiento de actores armados no surgieron con la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, sino que obedecen a un proceso mucho más largo, complejo y estructural que comenzó a consolidarse desde 2019.
Asignar la responsabilidad exclusiva al actual gobierno no solo es impreciso; impide comprender las causas profundas de este nuevo ciclo de violencia.
2019: el inicio del nuevo ciclo armado
Tras la desmovilización de las FARC en 2016, distintos frentes que nunca ingresaron al acuerdo —o que lo abandonaron— empezaron a reorganizarse. A ellos se sumaron remanentes del paramilitarismo, estructuras criminales locales y bandas dedicadas a economías ilegales. Para 2019, el país ya mostraba señales claras de recomposición armada.
El Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), heredero de antiguas estructuras de las AUC, aprovechó vacíos institucionales y disputas locales para expandirse en el noroccidente. Paralelamente, las disidencias de las FARC comenzaron a reconstruir corredores estratégicos en Meta, Guaviare, Putumayo, Caquetá y Nariño.
En 2020, la pandemia alteró por completo la ecuación territorial. Mientras el Estado se replegaba para atender la emergencia sanitaria, los grupos armados ocuparon espacios abandonados, reorganizaron economías ilegales y ampliaron su capacidad logística. Ese año, la producción de cocaína alcanzó niveles históricos: 1.982 toneladas, once por ciento más que en 2019, con impactos directos en la financiación de los grupos.
La pandemia aceleró un proceso que ya estaba en marcha.
2022: el punto de quiebre
Hacia 2022, el país ya enfrentaba un escenario de violencia consolidada.
La lenta implementación del Acuerdo de Paz, la ausencia de seguridad territorial y la falta de protección efectiva a líderes sociales facilitaron que las disidencias, el EGC y el ELN ampliaran su presencia. Entre noviembre de 2016 y diciembre de 2024, 1.372 líderes sociales fueron asesinados, con una impunidad del 83,6%. En muchos territorios, las comunidades quedaron sin Estado y con múltiples actores armados disputando autoridad.
Las cifras de presencia armada lo confirman:
el número de municipios con al menos un grupo armado pasó de 195 en 2019 a 410 en 2022, un incremento superior al 110%.
Para cuando Gustavo Petro llegó al poder, el país ya estaba dentro de una fase acelerada de expansión criminal.
La Paz Total: una política que no originó el problema, pero tampoco logró contenerlo
Desde su discurso de posesión, Petro definió la Paz Total como su principal apuesta. El planteamiento era ambicioso: abrir simultáneamente procesos de diálogo con todos los actores armados e integrar ese esfuerzo a políticas sociales y de infraestructura que debían restarles poder territorial.
La idea requería un Estado fuerte, coordinado y con capacidades claras.
Nada de eso ocurrió.
Las mesas de negociación con el ELN, el Estado Mayor Central (EMC), el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) y otros grupos avanzaron de forma desigual. Los ceses al fuego redujeron enfrentamientos con la Fuerza Pública, pero no alteraron el control armado sobre la población. En varias zonas, los grupos aprovecharon la tregua para recomponer estructuras, mejorar finanzas y consolidar redes ilegales.
El problema no fue la negociación en sí, sino una falla estructural:
la Paz Total nunca llegó a consolidarse como política pública articulada.
No hubo coordinación interministerial, ni presencia estatal suficiente, ni ejecución territorial de las inversiones prometidas. Las comunidades siguieron bajo control armado, y los grupos se fortalecieron aprovechando los altos precios de la cocaína, la expansión de la minería ilegal y el aumento sostenido de la extorsión.
Por eso, aunque la Paz Total no explica el crecimiento armado, tampoco logró frenarlo.
Un país más complejo, más violento y con más actores en disputa
El nuevo informe de PARES muestra que Colombia llegó a 2025 con un panorama criminal multipolar:
- El EGC/Clan del Golfo mantiene la expansión más significativa.
- El ELN pasó por un ciclo de crecimiento y luego contracción, marcado por disputas con disidencias y fragmentación interna.
- Las disidencias —EMC, EMBF y Segunda Marquetalia— experimentaron su mayor recomposición desde 2016.
- En varios territorios, estructuras como las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, remanentes del EPL, y grupos urbanos en Buenaventura, Quibdó y Medellín complejizan aún más el mapa.
El análisis también distingue dos categorías clave:
Presencia sostenida: Municipios donde un grupo ha permanecido sin interrupciones durante al menos seis años.
Allí la gobernanza criminal tiende a institucionalizarse.
Disputa sostenida: Territorios donde dos o más actores compiten estructuralmente por control. Son escenarios de mayor violencia, desplazamiento y vulnerabilidad social.
En total:
- 268 municipios presentan presencia sostenida de un solo actor.
- 161 municipios enfrentan disputas crónicas.
Una geografía cada vez más densa, más estable para los grupos y más riesgosa para la población.
Un año decisivo
El gobierno Petro cierra su mandato en medio del congelamiento de la mayoría de diálogos, el giro hacia acciones militares y decisiones extraordinarias como el estado de excepción en el Catatumbo. El desafío es enorme: la autoridad estatal retrocedió en lugares donde la violencia ya estaba instalada antes de 2022 y donde la Paz Total no alcanzó a transformar la realidad.
Los datos son claros: hoy hay más del doble de municipios afectados por actores armados que en 2019.
Colombia vuelve a un ciclo de violencia que combina viejos repertorios con nuevas economías criminales. Las buenas intenciones no bastan. Se requiere una política de seguridad y protección coherente, sostenida y con presencia territorial real.
Un Estado que negocie cuando sea útil, pero que también disponga de la fuerza necesaria para recuperar control y garantizar derechos. g
El informe completo, que se presentará el 24 de enero, profundiza en estas tendencias y en los desafíos que enfrentarán el próximo gobierno y las comunidades atrapadas en esta recomposición armada.
