Entre 2018 y 2025, Colombia ingresó en un nuevo ciclo de violencia marcado por la expansión simultánea de distintos grupos armados, la recomposición de economías ilegales y la persistente debilidad estatal para contener estos fenómenos. La desmovilización de las FARC abrió espacios que fueron rápidamente ocupados por el ELN, el EGC y las disidencias, mientras la pandemia aceleró la reorganización territorial y económica de estas estructuras. En este contexto, el país experimentó un deterioro sostenido de las condiciones de seguridad y un aumento progresivo de la presión armada sobre comunidades rurales y urbanas.

El monitoreo realizado por PARES evidencia que el número de municipios con presencia de al menos un actor armado creció de manera acelerada, pasando de 195 en 2019 a más de 400 en 2022 y expandiéndose aún más para 2025. Este avance no fue uniforme: mientras algunos territorios consolidaron presencia sostenida de un solo actor, otros enfrentaron disputas crónicas entre múltiples estructuras que compiten por corredores estratégicos, cultivos ilícitos, minería ilegal y rentas de extorsión. Regiones como Arauca, el Catatumbo, Cauca, Nariño y los corredores amazónicos se convirtieron en epicentros de recomposición armada y de profundos impactos humanitarios.

Aunque la política de “paz total” generó ceses al fuego y acuerdos parciales, no logró frenar el crecimiento ni la capacidad de regulación territorial de los grupos armados. En amplias zonas, la violencia no disminuyó, sino que mutó hacia formas menos visibles pero más invasivas, como el control social, las restricciones a la movilidad, la imposición de normas ilegales y la captura de economías locales. Así, el país enfrenta hoy un escenario híbrido donde disminuyen los combates abiertos, pero se profundiza la gobernanza criminal, afectando la seguridad, la institucionalidad y la vida cotidiana de miles de comunidades.