El informe que presentó Noticias Caracol, el 23 noviembre de 2025, sobre los nexos entre directivos del Ejército Nacional de Colombia y de la Dirección Nacional de Inteligencia con la disidencia de las Farc, comandada por Alexander Díaz, alias Calarcá, ha puesto en cuestión de nuevo la importancia y el papel estratégico que cumple la figura de los gestores de paz en la construcción de paz en el país.
Según los críticos, al igual que pasó con alias Calarcá —quien fue detenido en Antioquia a mediados de 2024 por el Ejército Nacional y luego dejado en libertad por orden de la Fiscalía—, muchas personas están utilizando la figura organizativa de gestores de paz para beneficiarse, tanto personal como a las organizaciones en que se inscriben, al usar a su conveniencia la libertad que les otorga la suspensión temporal de las órdenes de captura o la libertad condicionada de las cárceles.
Además, señalan los críticos, la poca o nula efectividad que muestran los gestores de paz en sus resultados. Dicen que, a pesar de ser más de 60 los gestores nombrados por el presidente Petro durante su mandato, han sido mínimos los avances en los diversos procesos de paz. Provocando, finalmente, que la importante e histórica figura de gestores de paz se vaya deslegitimando ante la ciudadanía y quebrantando la idea de que, entre más personas rodeen la construcción de paz, será mucho mejor para el país.
Frente a esta crítica, que tiene mucho de cierto, hay que decir que en Colombia el uso de los gestores de paz no es nuevo. Casi todos los gobiernos, desde Álvaro Uribe hasta Gustavo Petro, han recurrido a esta figura. Los presidentes que han pasado por la Casa de Nariño, han intentado responder al mandato constitucional de construir paz delegando algunas funciones asociadas a la paz a una serie de personas amigas —como apoyar los acercamientos o realizar los buenos oficios para continuar los procesos de paz— y que sirven de facilitadores, negociadores y verificadores, entre otras funciones.
Los gestores de paz hacen parte, precisamente, de estos aliados de la paz. A esta figura se le concibe como personas que pueden ayudar a construir y facilitar canales de diálogo entre armados ilegales y el Estado, con el fin de disminuir la violencia en las diversas regiones del país. Una organización muy útil en los acercamientos, para que sea posible iniciar procesos formales e instalar mesas; en las negociaciones, para que ayuden a avanzar en la discusión de las agendas; o en época de crisis, como herramientas para presionar a los grupos para que retomen los diálogos, si estos están congelados.
A pesar de estas importantes funciones que cumplen los gestores de paz, desde el mismo momento cuando empezó a funcionar la figura —con las leyes relativas al manejo de orden público desde 1997— la mirada crítica y el debate sobre sus integrantes ha permanecido. En especial, porque la vista se pone en los largos prontuarios criminales que caracterizan a los gestores o en la relación directa que tienen los gestores de paz con los actores ilegales y criminales, lo cual es predecible.
El mismo expresidente Álvaro Uribe, quien ha sido uno de los mayores críticos a la negociación política de la paz y al perdón de los armados, recurrió a la figura de gestores de paz en su mandato. Nombró, en el segundo período de 2006 a 2010, como gestora a Elda Neyis Mosquera García, alias Karina, una excombatiente de las Farc, reconocida en el país y entre las víctimas del conflicto como una de las exguerrilleras más sanguinarias. Lo cual generó grandes discusiones y críticas.
A Elda Neyis la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín la responsabilizó de haber cometido 143 delitos cuando era jefe del Frente 47 de las ex-Farc. Entre los más graves crímenes estuvieron los desplazamientos forzados, las desapariciones, el reclutamiento de menores y la toma de poblaciones. Y, a pesar de ello, el expresidente Uribe la nombró gestora de paz y la puso a hablar con las víctimas, para avanzar en materia de reconciliación y perdón.
También los sucesivos gobiernos, de Juan Manuel Santos e Iván Duque, designaron algunos gestores de paz. Tanto la Ley 975 de 2005, como otra serie de normas presidenciales —caso el Decreto 1175 de 2016—, le han permitido a los presidentes de la República la discrecionalidad para nombrar los gestores de paz. Y así lo hicieron Santos y Duque, aunque en menor número.
El que sí ha hecho uso amplio del poder presidencial para nombrar gestores de paz ha sido el presidente Gustavo Petro. Hasta noviembre de 2025 iban, por lo menos, 64 gestores nombrados. Lo cual se explica por la dinámica de la política de paz total, la cual planteó la apertura de una docena de mesas de negociación y el diálogo con medio centenar de grupos armados —al Margen de la Ley, organizados o de Estructuras Armadas del Crimen de Alto Impacto—, lo que exige y posibilita la implicación de múltiples amigos de la paz, para realizar diversas actividades.
Pero, hay que reconocerlo, el presidente Petro ha estirado al límite la figura de los gestores de paz. Quiso recurrir a esta forma organizativa de manera poco usual, para nombrar como gestores de paz a los jóvenes que participaron en los estallidos sociales de 2021 y que se les conoce como los integrantes de la Primera Línea. Buscando con ello la excarcelación y defendiendo la protesta social frente a la judicialización que quería la Fiscalía. Lo cual fue fuertemente criticado y negada su implementación por lo problemático que resultaba el nombramiento.
Luego, recurrió, a partir de 2023, a nombrar a los exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores. El primero fue Salvatore Mancuso Gómez —Resolución 244 del 14 de agosto de 2023— y luego nombró a un grupo de 16 gestores, todos exmiembros del paramilitarismo —Resolución 453 de 2025—. Lo cual, de nuevo, generó entre las víctimas y representantes de grupos de víctimas, duras críticas por el antecedente criminal y la poca claridad en el uso de la figura.
Y finalmente, la más reciente crítica se dio en el caso de alias Calarcá. Que como dije al inicio, fue nombrado por el presidente junto a otro grupo de personas —seis con Calarcá— para que apoyaran los diálogos de paz con la Estructura de Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF) de las Farc. Proceso que, a pesar de prometer avances y hablar de la construcción de una Zona de Ubicación Temporal, hasta el momento se ven pocos avances. Y ahora, el gestor de paz, en lugar de mostrar entregables, se le involucra con temas oscuros, como la construcción de “una empresa fachada”.
En conclusión, los gestores de paz en el país pasan por un momento difícil. Esta figura que había sido tan útil para avanzar en procesos de paz —como lo fue durante el gobierno de Ernesto Samper con gestores como Francisco Galán o Carlos Arturo Velandia con la Resolución No 207 de 1996— para generar acercamiento con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), ahora, en el gobierno Petro, se usa de manera muy amplia y libre, provocando un cuestionamiento desde la opinión pública a esta figura.
El llamado al Gobierno y el Estado es simple: no se puede abusar del uso de la organización jurídica y política de gestores de paz. Es necesario establecer normas y acuerdos claros de cuándo recurrir a ella, a quién nombrar y cómo administrar para no deslegitimarla. Además, hacer seguimiento a lo que hacen y presentar de manera transparente y periódica información que permita valorar sus aportes y evaluar la continuidad en la gestión. Finalmente, establecer límites y aprovechar posibilidades para que esta figura pueda apoyar el cierre del conflicto armado en Colombia.
* Esta columna es resultado de las dinámicas académicas del Grupo de Investigación Hegemonía, Guerras y Conflicto del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia.
** Las opiniones expresadas en esta publicación son de exclusiva responsabilidad de la persona que ha sido autora y no necesariamente representan la posición de la Fundación Paz & Reconciliación al respecto.
