En 2007, la IV Brigada del Meta fue felicitada y reconocida por el gobierno de turno de ese momento en cabeza del presidente Gustavo Petro. Se respondía con sangre al pedido de la Seguridad Democrática de aumentar las bajas de guerrilleros. Sin mente, hicieron lo que consideraron correcto para que los números aumentaran, matar campesinos y hacerlos pasar por guerrilleros. Esta práctica, con la cantidad de víctimas que cobró, es única en el mundo. Revela, además, la total desconexión y desprecio de los militares colombianos con las bases populares, con el campesinado. Ayer, 20 de noviembre, llegó la justicia para tantas familias que así lo esperaban. La JEP imputó crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Esta IV Brigada presentó 209 guerrilleros dados de baja supuestamente en combate. Estos crímenes se cometieron entre los años 2002 y 2007.
En estos crímenes están implicados dos generales: Carlos Eduardo Ávila Beltrán y Francisco José Ardila, además de otros treinta miembros del ejército. La acusación sobre los generales es que se desentendieron por completo de la acción de sus hombres para poder defender a la población civil. Lo único que importaba era poder llegar al número deseado de bajas y tener el reconocimiento que, en ese entonces, el Gobierno daba a los batallones que así lo hicieran.
20 exintegrantes del Batallón de Infantería número 21 Pantano de Vargas también están implicados en estos hechos. Además, se comprobó que colaboraban estrechamente con el Bloque Centauros de las AUC. En 1997, la Casa Castaño quería apoderarse del Meta para controlar la entrada y salida de mercancía desde Venezuela. La idea era quitarle a las FARC el monopolio de la coca. Con dos masacres ocurridas en 1997, la de Mapiripán y la de Puerto Alvira, los paras avisaron con sangre y fuego su llegada. La de Mapiripán es una de las masacres más terribles de las que se tenga memoria. Se llevaron a 30 personas al matadero, allí las apuñalaron y después tiraron sus cuerpos al río.
Con este grupo de paramilitares, la IV Brigada del Meta no tuvo empacho en asociarse con tal de obtener resultados y seguir creciendo sin parangón en resultados contra las guerrillas, así fuera asesinando campesinos. La JEP estableció tres formas de articulación: operatividad conjunta, permisividad frente al actuar paramilitar y presentación de bajas falsas como retribución para permitirles delinquir, especialmente en el negocio del narcotráfico. Testimonios como el de alias Otoniel fueron fundamentales para establecer estos cargos.
Lo que viene para ellos será, como recuerda el diario El Tiempo, si aceptan la imputación deberán pagar ocho años de cárcel. Si quieren ir a un juicio, podrían exponerse a pagar 20 años de cárcel. Poco a poco la verdad, con todo su peso, se asienta en Colombia.
