Bajo la bandera de la “Paz Total”, el gobierno del presidente Gustavo Petro, prometió un giro en la forma en la que el Estado colombiano se relacionaría con la guerra interna, en la cual se minimizaría la utilización de métodos de combate que tuvieran un alto riesgo para la población civil, como lo son los bombardeos. Pese a ello, entre julio de 2024 y noviembre de 2025, la Fuerza Pública ejecutó al menos trece operaciones aéreas ofensivas contra distintos grupos armados, principalmente contra las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), y en menor medida contra el Clan del Golfo. Estas acciones, lejos de constituir episodios marginales, revelan tensiones persistentes entre la política de paz y las exigencias operacionales de las Fuerzas Militares, así como dilemas humanitarios profundos derivados de la muerte de menores de edad reclutados por grupos armados ilegales.
De acuerdo con la información pública disponible, el primer ataque documentado se produjo en julio de 2024 en el Cauca contra el EMC al mando Iván Mordisco. Un mes más tarde, la Fuerza Pública ejecutó un bombardeo contra la estructura Dagoberto Ramos en Toribio. En septiembre, se realizaron dos bombardeos en Leiva y Policarpa (Nariño) que golpearon enclaves logísticos del EMC. Para el mes de octubre, las operaciones se desplazaron hacia Caquetá, con un ataque en San Vicente del Caguán que destruyó un depósito de explosivos y otro en Cartagena del Chairá dirigido a un mando medio. En noviembre, la ofensiva continuó en La Macarena (Meta), donde fue atacado el Frente Jorge Briceño, y en diciembre se bombardeó una célula vinculada a “Calarcá Córdoba” en Vista Hermosa.
Para el año 2025, en febrero, un bombardeo en el Guaviare golpeó la estructura de “Pescado”, uno de los mandos de confianza de Mordisco, y se realizaron operaciones aéreas simultáneas en Arauca. En marzo, se atacó un campamento de instrucción del EMC. Paralelamente, en abril se produjo el primer bombardeo del Gobierno Petro contra el EGC-Clan del Golfo en Tierralta (Córdoba); en mayo, otro en Riosucio (Chocó); y en junio se ejecutó el primer ataque aéreo contra el ELN en Arauquita (Arauca). Ahora, aunque según el ministerio de defensa estas acciones representaron menos del 1 % de los 1.404 combates registrados por el sector Defensa entre 2022 y 2025, tuvieron un impacto político y humanitario significativo y evidenciaron que la guerra aérea siguió siendo una herramienta disponible dentro de la estrategia gubernamental.
Los ministros de defensa de Petro
Iván Velásquez
Este despliegue aéreo se desarrolló en un marco doctrinal que, desde los primeros días del gobierno, estuvo marcado por las directrices del entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez. Apenas asumió el cargo, Velásquez declaró que “los bombardeos deben ser suspendidos”, señalando un giro importante frente a la política de seguridad de gobiernos anteriores. Su mensaje no implicaba una prohibición absoluta, sino un cambio de paradigma: los bombardeos solo podrían realizarse bajo condiciones extremadamente restrictivas, privilegiando siempre la preservación de la vida y el cumplimiento estricto del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Esta posición se sustentaba tanto en consideraciones humanitarias como en los antecedentes trágicos de operaciones anteriores donde habían muerto menores reclutados por grupos armados ilegales.
Velásquez sostuvo que este tipo de operaciones debían estar precedidas por verificaciones rigurosas de inteligencia que garantizaran la ausencia de población civil y, especialmente, de menores. Esta postura, que se convirtió en símbolo del enfoque humanitario del Gobierno Petro, buscaba equilibrar la obligación constitucional de proteger a la población con la necesidad de no escalar conflictos en territorios donde el reclutamiento infantil era sistemático.
Sin embargo, la realidad operacional presentó desafíos constantes. En Cauca, donde la situación de seguridad se deterioró aceleradamente tras el levantamiento del cese al fuego regional con las disidencias del EMC, la Fuerza Aérea Colombiana realizó el primer bombardeo del gobierno Petro en el corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia. Velásquez defendió públicamente la operación, aclarando que se trataba de un ataque “beta”, orientado a dispersar minas y artefactos explosivos que impedían el avance terrestre de tropas y no contra objetivos humanos. Sostuvo que la operación se ejecutó en una zona sin población civil y que su propósito era garantizar la seguridad de los soldados en un territorio altamente disputado por las estructuras del EMC. La defensa de Velásquez mostró que su directriz no era una renuncia a las capacidades aéreas, sino un marco estricto para su uso, subordinado a la protección de la vida y a la necesidad operativa demostrada.
Pedro Sánchez
La posición de Velásquez contrastó posteriormente con la del ministro que lo sucedió, Iván Pedro Sánchez, quien adoptó una postura más abierta en la defensa de las operaciones aéreas. Bajo su dirección, el Ministerio de Defensa ha insistido, frente a los recientes hechos que los bombardeos, se ejecutaron bajo plena observancia del DIH y que los adolescentes reclutados por los grupos armados podían perder su protección cuando desempeñaban funciones continuas de combate. Así lo dejo constado el miércoles 19 de noviembre ante la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes quien adelantó un debate de control político contra el ministro de defensa.
El bombardeo en la vereda Itilla, en el municipio de Calamar, en el departamento de Guaviare, ocurrido el 10 de noviembre de 2025, donde murieron al menos siete menores de edad, según la información publicada por Medicina Legal. Abrió un debate nacional porque puso de relieve las obligaciones del Estado bajo el DIH frente a la protección de niños y adolescentes reclutados por grupos armados ilegales.
Sin embargo, la doctrina contemporánea del DIH es clara: los menores de 15 años solo pueden considerarse combatientes cuando participan directamente en hostilidades, y la mera pertenencia a un grupo armado no constituye participación directa. Incluso para los adolescentes mayores de 15 años, el Estado debe contar con información de inteligencia previa, específica y verificable que confirme su rol operativo para considerarlos objetivos legítimos. Roles como enfermeros, cocineros, encargados de intendencia o menores en entrenamiento también permanecen protegidos, sin excepciones.
En el caso del Guaviare, por ejemplo, existía amplia evidencia pública sobre el reclutamiento infantil realizado por las disidencias al mando de Iván Mordisco. Tal como se menciona en el artículo titulado “Las cifras de reclutamiento infantil contradicen el supuesto desconocimiento de Petro tras el bombardeo en Guaviare” del El País, Desde enero de 2025, la Defensoría del Pueblo, organizaciones sociales y fuentes militares habían documentado que el EMC trasladaba menores desde Cauca, Nariño y Amazonas hacia el Meta y Guaviare para reforzar sus unidades (Defensoria del Pueblo , 2025). Además, de que instituciones como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) mostraban un incremento notable de desvinculaciones de menores en Guaviare: 21 casos en 2025, ocho de ellos en Calamar, sumado al rescate de dos adolescentes meses antes en el mismo municipio, por parte del Ejercito. (El País, 2025)
Pese a ello, la operación en Itilla se llevó a cabo bajo la figura de apoyo aéreo cercano para proteger a 20 hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES). Aunque el presidente habló de 150 combatientes reunidos, el comandante de las Fuerzas Militares precisó que eran alrededor de 120, pertenecientes a las estructuras de Jimmy y Pescado, quienes buscaban atacar a frentes rivales y a las tropas estatales. Aun así, la operación se sustentó en un aparato de inteligencia robusto, según lo menciono el ministro de defensa en la rueda de prensa: 530 días de trabajo, 12.000 informes de inteligencia operacional, 25 análisis tácticos y 30 agentes involucrados. Con tal cantidad de información, era objetivamente previsible que entre estos combatientes hubiera menores de edad. (Semana, 2025)
A ello se suma que los dos objetivos de alto valor (Jimmy y Pescado) lograron escapar, lo que reabre la discusión sobre la proporcionalidad y la necesidad del ataque. La defensora del Pueblo, Iris Marín, planteó, al igual que varios investigadores y analistas, que, si existían alternativas menos letales, como el uso de francotiradores o refuerzos terrestres, especialmente considerando que el Gobierno había anunciado el envío de más de mil soldados adicionales a la región meses antes.
En este sentido, el bombardeo en Guaviare condensa las tensiones entre el DIH, la información disponible y las decisiones operacionales que ha comunicado el Gobierno Nacional. Aunque el Gobierno sostuvo que no tenía conocimiento de la presencia de menores, la evidencia existente antes del operativo indicaba que el reclutamiento infantil era sistemático en la zona, que los menores estaban siendo movilizados desde diversas regiones y que su presencia en estructuras del EMC era altamente probable. Bajo el DIH, esta previsibilidad obligaba al Estado a extremar las medidas de verificación y a considerar alternativas al bombardeo aéreo, especialmente cuando existían indicios de presencia de personas protegidas.
Finalmente, la dimensión ética de los bombardeos adquiere una gravedad singular en el contexto colombiano. La sociedad colombiana había creado un pacto mínimo en torno a la protección de los niños y niñas en la guerra. La salida del ministro Guillermo Botero, tras el bombardeo de 2019 en Caquetá donde murieron siete menores, representó precisamente ese límite colectivo: un consenso transversal según el cual atacar campamentos con presencia de menores constituía una transgresión inaceptable, al punto de justificar una moción de censura (Fundación Paz & Reconciliación, 2022). En este sentido, que un gobierno de izquierda relativice hoy aquella valoración resulta particularmente preocupante, pues erosiona un logro fundamental del debate público: el reconocimiento de que los derechos de los niños son prevalentes incluso en medio de operaciones militares. Más aún, cuando tanto en el gobierno de Duque como en el de Petro, estos bombardeos no han producido una reducción sostenida de las filas de los grupos armados; por el contrario, el número de integrantes ha aumentado año tras año, acompañado de mayores dinámicas de reclutamiento. Así pues, si estas operaciones no están generando una ventaja militar decisiva y sí están produciendo costos humanitarios irreparables, el interrogante ético se vuelve ineludible: ¿por qué insistir en justificarlas como la mejor opción táctica cuando sus efectos prácticos son, a la vez, limitados en lo militar y devastadores en lo moral?
Referencias
Defensoria del Pueblo . (2025). ALERTA TEMPRANA N°001-2025. Obtenido de chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/001-25.pdf
El País. (2025). Las cifras de reclutamiento infantil contradicen el supuesto desconocimiento de Petro tras el bombardeo en Guaviare. Obtenido de https://elpais.com/america-colombia/2025-11-17/las-cifras-de-reclutamiento-infantil-contradicen-el-supuesto-desconocimiento-de-petro-tras-el-bombardeo-en-guaviare.html
Fundación Paz & Reconciliación. (2022). Bombardeando el futuro. Obtenido de https://www.pares.com.co/bombardeando-el-futuro/
Semana. (2025). Iván Mordisco: los secretos de la operación que llevó al bombardeo contra las disidencias de las Farc en el Guaviare. Obtenido de https://www.semana.com/nacion/articulo/exclusivo-asi-fue-infiltrada-la-cupula-criminal-de-ivan-mordisco-que-fue-bombardeada-en-el-guaviare-hubo-traicion-de-por-medio/202526/
