El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovó por un año más el mandato de su Misión de Verificación en Colombia el pasado viernes 31 de octubre. Esta decisión es esencial, no solo porque reafirma el rol del Consejo de Seguridad como aliado clave para la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, sino también porque apoya la construcción de un proyecto político para Colombia, centrado en poner fin a un conflicto armado histórico, tortuoso y desolador. Lamentablemente, la decisión incluyó la exclusión del seguimiento al Capítulo Étnico y la implementación de las sanciones propias de la JEP. Esta omisión genera una fuerte preocupación ante un posible retroceso en el camino hacia la paz integral para las víctimas.
La prórroga de la misión, formalizada mediante la Resolución S/RES/2798 (2025), fue aprobada con trece votos a favor y dos abstenciones: Rusia y Estados Unidos. Estas abstenciones marcan la primera ruptura de la unanimidad que había caracterizado las extensiones anuales del mandato durante años. La abstención de Estados Unidos, atribuida a la presión ejercida durante la administración de Donald Trump, buscaba evitar la renovación de la Misión. Fue a raíz de sus exigencias que se excluyeron dos de los temas más importantes para el país en materia de reparación integral.
El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, atribuyó esta decisión a las políticas de seguridad del presidente Gustavo Petro, afirmando que las relaciones de su país son firmes con el pueblo colombiano y las instituciones, mas no con la institución de la presidencia y la administración actual. Sin embargo, las decisiones de recortar las funciones de verificación frente al Capítulo Étnico parecen contradecir dichas afirmaciones. Esta exclusión representa un golpe directo a las comunidades negras e indígenas de Colombia, quienes han sido víctimas de manera diferenciada y sistemática en el conflicto interno y cuyo reconocimiento como tal es vital para lograr una construcción de paz integral y verdadera, por lo que el Capítulo Étnico es un componente transversal del Acuerdo que busca garantizar el enfoque diferencial en su implementación. Sin la verificación internacional de la Misión, existe un riesgo tangible de que la implementación de estas garantías cruciales se debilite o se estanque, por lo que esta función le fue encomendada a la Misión desde enero del 2023, formalizada, junto con el monitoreo de la reforma rural integral desde la resolución 2673.
Por su lado, Leonor Zabaleta, embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, subrayó la necesidad de preservar el Capítulo Étnico, pues el modelo de justicia centrado en las víctimas ha sido pionero, valorado internacionalmente, reconociendo que su exclusión es un duro golpe a la construcción de paz y a la reparación integral de esta población, por lo que incluso los embajadores ante Naciones Unidas de China y Francia lamentaron esta decisión; además, el excanciller Luis Gilberto Murillo, expresó también su descontento y preocupación ante la posibilidad de retrocesos para las víctimas más afectadas por la guerra, reconociendo que la intervención de monitoreo de la Misión es una paso para las voces de las comunidades étnicas afectadas.
Del mismo modo, el área de la implementación de las Sanciones Propias de la JEP es crucial, ya que asegura que los máximos responsables de crímenes del conflicto cumplan con medidas de carácter restaurativo y reparador, por lo que su exclusión deja un gran vacío en la verificación y monitoreo del cumplimiento de estas sanciones. La justicia transicional representa uno de los avances internacionales en la aplicación de un modelo de justicia no punitivo enfocado en las víctimas de un proceso de paz. Este punto fue añadido en mayo del 2021 mediante su resolución 2574.
Recordemos que la Misión de Verificación de Naciones Unidas se encuentra en Colombia desde el año 2016, mediante la Resolución 2261 del Consejo de Seguridad de la ONU, con el objetivo de monitorear y verificar el desarme y, como parte de un mecanismo tripartito, un cese al fuego bilateral definitivo y el cese de hostilidades tras la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las ahora extintas FARC-EP. Tras esto, en 2017 y bajo la resolución 2366, se extendió el tiempo de la Misión y se ampliaron las funciones para apoyar la implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las FARC-EP. De acuerdo con la resolución, la Misión inició con el propósito de verificar y apoyar los compromisos adquiridos por las partes respecto a dos aspectos clave del Acuerdo Final de Paz: los puntos 3.2 y 3.4: la reintegración social y económica de los excombatientes de las FARC-EP, y la garantía de seguridad y protección para estos firmantes y las comunidades que residen en las zonas históricamente más golpeadas por el conflicto.
La presencia de la Misión implica un monitoreo internacional al cumplimiento de lo pactado ahora en tres áreas fundamentales: reforma rural integral, reincorporación de firmantes excombatientes y garantías de seguridad. La misión le envía cada tres meses avances del proceso de implementación del acuerdo al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por lo que su presencia en el país tiene un peso en materia institucional considerable, reconocido desde la Cancillería de Colombia, la cual afirmó que la presencia de la Misión en los territorios del país, así como su articulación con entidades locales, regionales y nacionales han permitido otorgar respuestas más efectivas en contextos complejos, por lo que su renovación debe ser un motivo de celebración, las limitaciones con las que llega son preocupantes.
En este sentido, cabe destacar que la Misión, en tiempos recientes, también ha acompañado los esfuerzos de paz total impulsados por el gobierno de Gustavo Petro, al ser parte activa de los procesos de diálogo y negociación con grupos armados organizados. Esto se ha observado puntualmente a partir de su rol de veedora del cumplimiento de los acuerdos establecidos en el marco del funcionamiento de ceses al fuego bilaterales entre el Estado colombiano y grupos armados tales como el ELN o el EMBF, lo cual también es muestra de que este organismo internacional, además de hacer un seguimiento permanente a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, también cumple una función activa en relación a los procesos actuales de consecución de la paz para el país, mediante la vía del diálogo y la negociación.
Referencias:
Cancillería. (31 de octubre de 2025). El Consejo de Seguridad de la ONU reafirma su compromiso con la paz en Colombia y extiende el mandato de la Misión de Verificación hasta octubre de 2026. Gobierno de Colombia. [Comunicado de prensa]. Recuperado de: https://www.cancilleria.gov.co/newsroom/news/consejo-seguridad-onu-reafirma-su-compromiso-paz-colombia-extiende-mandato-mision
Misión de Verificación de la ONU en Colombia. (31 de octubre de 205). El Consejo de Seguridad extiende el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia. Recuperado de: https://colombia.unmissions.org/el-consejo-de-seguridad-extiende-el-mandato-de-la-misi%C3%B3n-de-verificaci%C3%B3n-de-las-naciones-unidas-en
Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz. (s. f.). UN Verification Mission in Colombia. Recuperado de: google.com/url?q=https://dppa.un.org/en/mission/un-verification-mission-colombia&sa=D&source=docs&ust=1762330375774786&usg=AOvVaw0eGW96sOK06n8rp5Z356zb
Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz. (31 de octubre de 2025). Misión de Verificación en Colombia extiende mandato hasta octubre de 2026. [Comunicado de prensa]. Recuperado de: https://portalparalapaz.gov.co/2025/10/31/mision-de-verificacion-en-colombia-extiende-mandato-hastaoctubre-de-2026/
