Se radicó ante el Congreso de la República el proyecto de ley que busca que el uso de la energía sea más justo, transparente y sostenible.
¿De dónde parte esta propuesta? Primero, una idea básica pero esencial: que las tarifas de energía sean equitativas. Que muchas familias no tengan que elegir entre pagar el recibo de energía o comprar alimentos. En esa línea, el proyecto pretende fortalecer la participación ciudadana: que la voz de los usuarios, de los territorios menos favorecidos, se escuche y participe en las decisiones del sector energético.
A su vez, este proyecto apunta a reformar la ley de servicios públicos y del sector energético respectivamente para adaptarlas a las necesidades del mundo actual, uno que exige eficiencia, transición hacia energías limpias y que tenga en cuenta el cambio climático.
Algunos de los puntos clave que este proyecto incorpora:
- Se introducen disposiciones relacionadas con la participación de los usuarios y el control social sobre las fórmulas tarifarias, la composición de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
- Nuevos criterios para que los subsidios lleguen de verdad a quienes los necesitan.
- Busca fortalecer la confiabilidad del sistema.
- Se promueven Tarifas que apoyen la transformación productiva mediante fuentes renovables.
- Facturación transparente.
- Protección de los usuarios frente a cobros ajenos a su consumo.
La importancia de estas medidas no puede subestimarse. Vivimos en un país con diversidad territorial enorme, con regiones rurales, con comunidades indígenas, con realidades distintas de las grandes ciudades. Y muchas veces la energía llega, pero no siempre en condiciones dignas o suficientes. Con este proyecto de Ley, se busca democratizar el sector energético, permitiendo hacer asequible el servicio de energía, porque este es un derecho, y no un lujo.
Pero también debemos tener claro: presentar el proyecto es el inicio de un camino, no el final. Ahora viene el debate, la revisión, los ajustes, la construcción colectiva. Y allí es donde entramos todos.
Porque al final del día, de nada sirve un marco regulatorio brillante si en la práctica el dinero no alcanza para pagar las altas tarifas, o si las decisiones se toman sin consultarnos. La energía debe servir al desarrollo de la gente, y no que la gente sirva para que la energía sea rentable o impuesta.
Este proyecto suena a cambio. Y para que ese cambio sea real, requiere compromiso de todos: del Estado, de la industria, de las comunidades y de cada uno de nosotros. Que no sea solo una “ley más”, sino un nuevo pacto social que transforme el sector energético colombiano desde dentro.
