El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) no es simplemente otro capítulo en la larga historia de corrupción en Colombia. Es, como revela la Línea de Democracia y Gobernabilidad de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) en su más reciente informe “Anatomía del escándalo de la UNGRD: gobernanza informal, clientelismo y corrupción”, un espejo del sistema político mismo, una muestra del modo de gobernanza que ha hecho del clientelismo y la impunidad la columna vertebral de la gestión pública en el país.
Este documento muestra que la corrupción no es un conjunto de episodios aislados, sino un entramado estructural que atraviesa gobiernos, ideologías y generaciones políticas. En este sentido, el caso UNGRD —originado en la compra irregular de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira— no es un accidente administrativo, sino la evidencia de un sistema de cooptación estatal que convierte los recursos públicos en una moneda de cambio político y la manifestación de un sistema de corrupción estructural que funciona como una forma de gobernanza informal en Colombia que perdura gracias a incentivos perversos, instituciones débiles y normas sociales que normalizan el intercambio de favores por recursos públicos.
El mecanismo de los cupos indicativos es central en este análisis. Concebidos formalmente para descentralizar la inversión, en la práctica se convirtieron en la moneda de cambio para pactar apoyos legislativos. El caso de la UNGRD, con la compra sobrevalorada de carrotanques para La Guajira, ejemplifica cómo los recursos para emergencias fueron instrumentalizados para financiar maletines de efectivo dirigidos a congresistas, asegurando así la gobernabilidad.
Una de las conclusiones más contundentes es que, pese a las promesas de ruptura con las prácticas tradicionales, funcionarios del gobierno de Gustavo Petro terminaron reproduciendo los mismos mecanismos de corrupción que habían denunciado en gobiernos anteriores. Funcionarios de alto nivel habrían utilizado los cupos indicativos y el direccionamiento de contratos para comprar votos en el Congreso, evidenciando una lógica de continuidad en las prácticas irregulares para mover agenda política.
A nivel social, el informe también alerta sobre la legitimación comunitaria de la corrupción, ilustrada en recibimientos masivos a condenados como Bernardo “Ñoño” Elías. Se crea así una “economía moral” donde el desfalco se perdona a cambio de obras, consolidando un patrón de dominación social.
El reporte concluye que la lucha anticorrupción no puede limitarse a cambios de gobierno. Se requieren transformaciones estructurales profundas: eliminar mecanismos discrecionales como los cupos, despolitizar la burocracia, fortalecer los controles y cambiar la cultura que tolera estas prácticas. Mientras estos incentivos sigan intactos, cualquier gobierno, sin importar su ideología, estará condenado a repetir el ciclo. Es por ello por lo que el caso de corrupción de la UNGRD no es un accidente, sino que es la anatomía misma de cómo la corrupción genera lógicas de poder irregulares en Colombia.
El informe completo puede consultarse aquí:
