La comunidad indígena Motilón-Barí lanzó una alerta urgente: entre enero y agosto de 2025 tienen el registro de al menos cien casos de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados en el Catatumbo. La denuncia, que evidencia el recrudecimiento de la violencia en esta zona fronteriza, revive la preocupación por la vulnerabilidad de las comunidades ancestrales frente a las dinámicas del conflicto armado.
El pueblo indígena Motilón-Barí encendió las alarmas frente al recrudecimiento de la violencia en el Catatumbo, que en lo corrido de 2025 deja a sus comunidades en una situación de alto riesgo. La Asociación de Autoridades Tradicionales del Pueblo Barí Ñatubaiyibari denunció que los grupos armados ilegales que operan en el Catatumbo (en municipios como El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra y Tibú) intensifican las prácticas del reclutamiento forzado de niños, niñas y jóvenes, además de amenazas, hostigamientos y restricciones a la movilidad de sus líderes.
En un comunicado público, la organización señaló que los hechos recientes, entre ellos la desaparición de un joven en Ocaña y la instalación de retenes armados en el territorio, afectan la vida, la cultura y la autonomía de las 23 comunidades que integran el resguardo Motilón-Barí. Estas prácticas, advierten, no solo vulneran derechos humanos y colectivos, sino que también representan infracciones graves al Derecho Internacional Humanitario.
Alexander Dora, vocero del Observatorio de Derechos Humanos de la Asociación del Pueblo Barí, le precisó a Pares que grupos armados, como el Frente 33 de las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), vinculan a menores de edad del pueblo indígena a estas estructuras por el conocimiento ancestral que tienen del territorio y los caminos, lo que facilita el tránsito de los armados en zonas de difícil acceso. “Nuestros niños están siendo utilizados como guías para la guerra, cuando deberían estar en la escuela y con sus familias”, señaló.
El líder indígena también advirtió que este reclutamiento estaría siendo financiado por estructuras narcotraficantes, en un contexto donde los cultivos de uso ilícito aumentan su presencia en el territorio ancestral. “El narcotráfico se ha convertido en un motor de la violencia que padecemos. Hoy la vida de nuestros jóvenes vale lo que cuesta mantener las rutas de la droga en el Catatumbo”, agregó Dora.
Finalmente, hicieron un llamado al Alto Comisionado para la Paz para que convoque a mesas de diálogo que incluyan a las autoridades indígenas, advirtiendo que, sin garantías reales de seguridad y respeto a sus derechos, la pervivencia del pueblo Barí continúa en grave peligro.
