Las razones por las que Colombia no merecía ser descertificada

Lo que ocurrió en los Estados Unidos que tiene al país hoy en una cacería de brujas es un efecto post pandemia. Como se muestra en la tabla, del 2019 al 2022 prácticamente se duplicaron las muertes por sobredosis de Fentanilo. Las razones son variadas.

Desde 2015, el salto de muertes por sobredosis y del uso de fentanilo obedece a un cambio “tecnológico” del mercado ilícito combinado con la potencia extrema de la sustancia. El fentanilo —decenas de veces más fuerte que la morfina— requiere cantidades ínfimas para producir miles de dosis, lo que abarata la logística, facilita el contrabando y multiplica el riesgo de sobredosis por errores mínimos de dosificación. Bajo la llamada “ley de hierro de la prohibición”, la presión represiva empuja a los traficantes hacia presentaciones más potentes y concentradas, de ahí el reemplazo de la heroína por fentanilo y sus análogos. A la vez, el mercado se masificó con píldoras falsificadas (las “M30” y otras) que simulan fármacos recetados: en 2023 se decomisaron más de 115 millones de pastillas con fentanilo, 2.300 veces más que en 2017, y casi la mitad de los decomisos fueron ya en forma de píldora. El abastecimiento también se reconfiguró: tras controles más estrictos en China, el Cártel de Sinaloa y el CJNG pasaron a producir fentanilo en México con precursores importados y prensas para tabletas, asegurando un flujo constante hacia EE. UU[4]

Pero el caldo de cultivo es social y sanitario: la mortalidad por sobredosis se concentra en contextos de pobreza, desempleo, falta de seguro y trayectorias de encarcelamiento, y ha crecido con fuerza en comunidades negras e hispanas desde 2019. A ello se suman trastornos mentales y traumas no atendidos —factores que aumentan el riesgo de consumo problemático y de sobredosis—, y una respuesta sanitaria históricamente insuficiente (brechas de acceso a buprenorfina/metadona, reducción de daños desigual), agravada durante la pandemia en la que la ausencia de sistema sanitario llevó a la gente a autoprescribirse opioides de forma masiva. De hecho, recientes investigaciones muestran que no es la lucha contra las drogas sino los esfuerzos estatales por prevención y control de daños los que ayudan a disminuir la epidemia. Pero el votante Trumpista no quiere prevención, sino guerra.

¿Es decir que la culpa de que nos descertifiquen no es de Petro?

Sí y no. El gobierno de Petro no ha tenido un buen desempeño en una política contra las drogas, de forma integral. La sustitución, entre otras políticas asociadas ha sido fracasada y desordenada.  Pero en materia de certificación o no, pesaba mucho más la relación política del presidente con el gobierno Trump, las dificultades de acompasar una diplomacia efectiva con las derivas en X del presidente de la república y la relación con Venezuela. Para el gobierno de los Estados Unidos hoy Colombia es el último aliado de la región para el cual la relación con el país norteamericano es más importante que para nadie, dado que es nuestro mayor socio comercial. En el resto de Suramérica, es China. Pero adicional a eso, Donald Trump necesita un enemigo político claro y en eso el hecho del viraje político de Colombia a la izquierda requiere que muestre fuerza – que fue lo que hizo – contra el presidente Petro.

Estados Unidos está interpretando hoy el terrorismo de una forma amplia y políticamente enfocada no sólo en las amenazas reales a la seguridad de los norteamericanos, sino a las necesidades políticas individuales y domésticas de Donald Trump, lo que equivale a decir que está utilizando recursos del erario público norteamericano para sus muy puntuales intereses, pero esencialmente para lo que el considera que será una estrategia exitosa en la recuperación de la influencia norteamericana sobre el sur del continente, cuya pérdida atribuye a los gobiernos demócratas que lo precedieron. De esta forma, la crisis del fentanilo a su juicio es un ataque externo equivalente a un ataque terrorista, que tiene aristas domésticas y ligadas a la migración – contra la que ha declarado una guerra sin cuartel – y el crimen organizado o delincuencial que además le ha permitido imponerse sobre los Estados Demócratas utilizando la guardia nacional contra sus ciudadanos que protestan.

En esto, aunque Colombia hubiera hecho al pie de la letra la tarea de la erradicación, mientras Gustavo Petro fuera presidente, nos hubieran descertificado. Fue una descertificación política, amparada en el ambiente de zozobra que se vive en los Estados Unidos.  

Lo que viene es una nueva guerra contra el terror

La nueva guerra contra el terror que viene es una guerra más política que realmente contra amenazas criminales. En primer lugar, como lo muestra Lucía Dahmert en su reciente libro sobre corrupción y crimen organizado en América Latina, la diversificación del crimen organizado va mucho más allá del narcotráfico, y el narcotráfico mismo ya es una cadena de valor mucho más global y compleja. Para poner un ejemplo, gran parte del crimen organizado en lugares de no producción de droga (casi toda Suramérica) se lucra del contrabando de bienes de consumo como cigarrillos, ropa o alcohol. Los puertos son uno de esos lugares.

Como ya lo he señalado en otras columnas, se creó también una amenaza real en la extorsión generalizada que tiene más que ver con la precariedad institucional y la ausencia de efectividad en el control de cárceles y delincuencia organizada que en la presencia de cárteles de drogas, que están localizados principalmente en México y Centro América y que no necesariamente han implicado descertificación, pese a que el peso es mucho mayor. Por ejemplo, en El Salvador se llevó a cabo un pacto corrupto entre Bukele y la Mara Salvatrucha 13 que se dedica al tráfico de drogas, pero El Salvador no fue descertificado. El New York times en investigaciones recientes ha mostrado que hay evidencia de que El Salvador se niega a entregar a miembros de esta organización del Crimen Organizado, tal vez más poderosa que muchas y con acceso directo al poder político[5].  

La guerra se centrará exclusivamente en los países que no sean políticamente afines a Donald Trump y será una combinación de intervención política y presión. No obstante, no es fácil ni los Estados Unidos de hoy son los mismos de los años setenta u ochenta. El país está al borde de un “shutdown” que es básicamente cuando el gobierno cierra temporalmente operaciones porque el Congreso no aprueba el presupuesto. Los debates al interior de los republicanos son inmensos y ante una eventual nueva crisis de inflación por el desastre de los aranceles muchos congresistas tendrán que pensar cómo justificar un gran incremento en el gasto militar versus el recorte absoluto de la atención médica y social. Ante eso es relativamente fácil intuir por qué a Trump le conviene esta declaratoria de guerra con un enemigo tan difuso. Siempre un enemigo externo logra tapar los malos resultados domésticos. Si no, que lo diga Nicolás Maduro.