Hace seis años, Colombia vivió una noche digna de película de terror (o de comedia negra, según se mire). En medio del Paro Nacional de 2019, luego de las protestas masivas del 21 de noviembre (21N), el país pasó de los cacerolazos en diferentes ciudades a la paranoia colectiva.
En el estallido social del 2019, miles de ciudadanos que un día antes protestaban por los cambios que evocaban el estallido social, de repente se atrincheraron en sus casas, armados con palos, escobas y hasta machetes, listos para enfrentar a los “vándalos” que nunca llegaron. Esto, gracias a ola de rumores difundidos por cadenas de WhatsApp y amplificados incluso por figuras políticas y medios oficiales de comunicación, que advertían sobre ladrones y “encapuchados extranjeros” ingresando a conjuntos residenciales en ciudades como Bogotá, Soacha y Cali donde las confrontaciones entre los manifestantes y la fuerza pública desataron un caos. En el caso de Bogotá, vacía en las calles por el toque de queda, fue el escenario de un pánico colectivo inducido que, con el pasar de las horas, se reveló infundado y sumamente conveniente para el Gobierno nacional.
Seis años después, recordamos aquella noche surrealista en que el gobierno de Iván Duque prácticamente nos vendió miedo a domicilio, un enemigo imaginario para neutralizar las movilizaciones tras el 21N. Pasemos revista a los hechos, los responsables de esta reprochable estrategia de “seguridad” y sus nefastos efectos, especialmente la estigmatización de los manifestantes y la población venezolana.
Cronología de la estratégia
- Antecedentes: Días previos al paro nacional, el gobierno Duque mostró signos de pánico… propio. El 19 de noviembre de 2019, la Policía realizó redadas en 37 viviendas de activistas, artistas y medios alternativos, buscando supuestos materiales de disturbios. Posteriormente, el 21 de esos allanamientos fueron declarados ilegales por los jueces. Paralelamente, altos funcionarios empezaron a estigmatizar la protesta antes de que ocurriera: el presidente Iván Duque y miembros del partido de Gobierno (Centro Democrático) insinuaron públicamente que detrás de la convocatoria legítima de sindicatos y estudiantes había “influencia extranjera” haciendo referencia al gobierno de Nicolás Maduro buscando desestabilizar el país. Incluso se llegó a cerrar temporalmente la frontera y a expulsar a algunos extranjeros “preventivamente”, bajo acusaciones nunca probadas de planear infiltraciones violentas. La mesa estaba servida para sembrar sospechas y miedo.
- 21N de 2019 – El Estallido Social: Llegó el día más importante del Paro Nacional. Desde temprano, millones de personas marcharon pacíficamente en Bogotá, Cali, Medellín y gran parte de las ciudades principales del país, expresando un descontento generalizado por el desempeño del gobierno del Iván Duque y sus escándalos recientes como la renuncia del Ministro de Defensa Guillermo Botero tras ocultar un bombardeo que asesinó a menores, por ejemplo. La jornada transcurrió en general en calma, con cantos, carteles y cacerolas sonando por doquier. Sin embargo, el ambiente se colocó tenso luego de que la Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), empezara reprimir brutalmente a los manifestantes, entre ellos, el joven Dylan Cruz, quien falleció dos días después luego por un trauma craneoencefálico penetrante ocasionado por el impacto de un proyectil tipo bean bag (una bolsa con perdigones de plomo recubierta de tela), disparado por un agente del ESMAD. El Ministro de Defensa de entonces, Carlos Holmes Trujillo, presentó un balance del 21N, dejando un saldo de 3 muertos y al menos 273 heridos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública.
Así se vive el #Cacerolazo en la carrera séptima con calle 58, en #Bogotá. https://t.co/a4G6lAcqcO pic.twitter.com/s2SG1h63xg
— El Espectador (@elespectador) November 22, 2019
Al caer la noche, la ciudadanía protagonizó un masivo cacerolazo espontáneo, un estruendo de ollas desde las ventanas mostrando descontento de manera pacífica. Sin embargo, el gobierno Duque, en lugar de atender las demandas, optó por el discurso de la mano dura. Aquella noche Duque hizo una alocución en televisión nacional hablando de “medidas necesarias para garantizar el orden” y advirtiendo que aplicaría todo el peso de la ley contra quienes alteraran la tranquilidad. Aquí se empezaba a dibujar la figura de un enemigo interno al cual culpar por los desmanes. En Cali, los disturbios en algunos barrios llevaron al alcalde Maurice Armitage a decretar toque de queda la noche del 21N.
#ÚltimaHora El alcalde de Cali, Maurice Armitage, acaba de declarar toque de queda en la ciudad a partir de las 7:00 p.m. "Ningún ciudadano de Cali puede estar en la calle a partir de esa hora porque será detenido", dice. pic.twitter.com/fZncsVqjoS
— El País Cali 📰 (@elpaiscali) November 21, 2019
- 22N de 2019 – La noche del terror: Para el 22 de noviembre, las protestas continuaron con concentraciones más pequeñas y cacerolazos. Pero en Bogotá, el exalcalde Enrique Peñalosa, en coordinación con el expresidente Duque, tomó una medida drástica: declarar toque de queda general la noche del 22. Era la primera vez en 42 años que se imponía un toque de queda generalizado en la capital. Inicialmente la restricción iba a ser solo en algunos sectores del sur, pero el Gobierno Nacional ordenó extenderla a toda la ciudad. Así, 13.000 policías y militares salieron a patrullar las calles desiertas. La decisión, supuestamente para “contener” a unos cuantos “vándalos”, terminó conteniendo más bien a millones de ciudadanos en sus casas y desencadenando una cascada de desinformación.
Díganme loca, por para mí esto está muy sospechoso. Pasan horas en las que se meten a los conjuntos y saquen lugares y después aparece la policia como salvadores y héroes. ¿Qué pasó con la policía esas horas? pic.twitter.com/0YnjAjx51m
— 4Y3 (@4y3_1212) November 23, 2019
Desde el inicio del toque de queda, videos y audios alarmistas inundaron redes sociales, especialmente en WhatsApp y Facebook, reportando falsos saqueos en barrios residenciales. Se veían grabaciones fuera de contexto, incluso videos reciclados de Cali la noche anterior, y testimonios no verificados que afirmaban que grupos de encapuchados iban “llegando a robar apartamentos”. Las alarmas de edificios sonaron por toda la ciudad, activadas por porteros nerviosos, mientras vecinos asustados corrían a formar “guardias” armadas con lo primero que tenían a mano.
En zonas como Salitre, Fontibón, Cedritos o Suba, creció el pánico: voces desesperadas gritaban que venían “los vándalos”, se escucharon detonaciones (que luego resultaron ser disparos al aire hechos por residentes presos del miedo), y algunos llegaban a detener a cualquier sospechoso que vieran merodeando. En varios conjuntos residenciales, docenas de vecinos pasaron la noche en vela con palos y cuchillos, esperando unos ladrones imaginarios.
Vecinos en el sector de Castilla decidieron vestirse de blanco y salir con palos ante la amenaza de saqueos. #ReportoCity pic.twitter.com/Ryedl9DlxA
— Canal Citytv (@Citytv) November 23, 2019
- 23N de 2019 – La pena colectiva: Hacia la madrugada del 23, las autoridades locales empezaron a desmentir los infundios. El propio alcalde Peñalosa tuvo que salir públicamente a llamar a la calma: “Hemos revisado cientos de llamadas y nunca ha sido algo real. Parece una campaña orquestada para crear terror… Los invito a la tranquilidad”, declaró cerca de las 11 p.m. del mismo 22 de noviembre, reconociendo que prácticamente todas las denuncias de saqueos eran falsas alarmas. El comandante de la Policía, general Óscar Atehortúa, confirmó que de 45 llamadas recibidas denunciando vándalos, solo un caso resultó real; el resto, pura histeria colectiva.
Informo a los ciudadanos que hay una campaña orquestada para crear terror en residentes de apartamentos en relación con el ingreso de vándalos a robar. De todas maneras estamos atentos y respondemos a cualquier llamado de emergencia! pic.twitter.com/Z6QAYFWA1B
— Enrique Peñalosa (@EnriquePenalosa) November 23, 2019
¿Quién orquestó esa campaña de pánico? Esa pregunta flotaba en el aire. Atehortúa insinuó que alguien (no especificó quién) había lanzado una especie de “terrorismo psicológico” simultáneo en Cali y Bogotá, invitando por redes a vandalizar y a la vez infundiendo temor para que la gente se recluyera. Pero ni él ni el alcalde identificaron responsables de esa “estrategia orquestada”. Entretanto, en las calles, la protesta pacífica había sido neutralizada por completo: el pánico logró en una noche lo que la fuerza pública no había podido en dos días. De hecho, el 23 en la tarde, cuando algunos ciudadanos volvieron a salir a manifestarse, el ESMAD actuó con dureza inusitada para dispersar cualquier atisbo de marcha, bajo la orden de no permitir bloqueos. Ese mismo día, se confirmó el fallecimiento del joven Dilan Cruz.
- Días posteriores – Xenofobia y silencio: En la semana siguiente, se multiplicaron brotes de xenofobia contra ciudadanos venezolanos, chivos expiatorios predilectos en medio del caos. En Bogotá, varios bicitaxistas venezolanos vieron cómo sus vehículos eran incendiados por turbas enfurecidas. Hubo agresiones verbales y físicas; a los migrantes los trataban de “plaga” en buses y calles. Todo alimentado por la narrativa de que “los vándalos” venían de fuera. No ayudó que Migración Colombia anunciara con bombos y platillos la expulsión masiva de 59 venezolanos acusados de vandalismo durante las protestas (además de otros 24 expulsados preventivamente por supuestamente querer infiltrar la movilización). Estas deportaciones expeditas, sin debido proceso, fueron criticadas como arbitrarias y xenófobas. En paralelo, desde el Gobierno se instaló la versión de que todo había sido un complot internacional: el partido de gobierno (liderado por el ex presidente Álvaro Uribe) afirmó que las protestas obedecían a “la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores”.
1/7 El paro convocado para el 21 de noviembre hace parte de la estrategia del Foro de São Paulo que intenta desestabilizar a las democracias de América Latina, secundado por grupos opositores cuyo propósito ha sido bloquear al Gobierno del Presidente Iván Duque.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) November 8, 2019
En otras palabras, vendieron la idea de un enemigo colectivo, el fantasma del castrochavismo internacional, para deslegitimar el estallido social. Con esta cortina de humo, Duque lanzó una agenda de “diálogo nacional” descafeinado y logró, al menos temporalmente, cambiar la conversación de reformas sociales a “seguridad y orden”. Los llamados a investigar la campaña de pánico quedaron en nada. Aunque congresistas como Roy Barreras anunciaron investigaciones por “pánico inducido por el Estado” y preguntaron abiertamente “¿Hay una estrategia estatal para generar pánico y reemplazar el clamor de cambio por el clamor por represión?”, en la práctica no hubo sanciones ni responsables. Con el paso de los meses, el episodio fue sepultado bajo otras noticias, y el gobierno pareció salirse con la suya, al menos hasta que un nuevo estallido social en 2021 mostró que el descontento seguía latente.
La historia de la noche del 22N de 2019 es una muestra de la estratégica clásica del Uribismo, una estrategia tan astuta como perversa: sembrar miedo para vender seguridad. En el manual de los gobiernos autoritarios, pocas tácticas son tan efectivas como crear un enemigo imaginario que haga a la población correr a los brazos del orden establecido. Iván Duque y su equipo, acorralados por la magnitud del Paro Nacional, optaron por esta fórmula.
Primero, inflaron el espectro de la infiltración extranjera y el vandalismo descontrolado, recordemos que desde días antes ya hablaban de complots venezolanos, “vándalos” importados e influencias cubanas. Después, cuando las confrontaciones escalaron, aplicaron una medida excepcional (toque de queda general) que no se veía hacía décadas, sabiendo que eso generaría ansiedad e incertidumbre el ciudadano del común. Finalmente, permitieron (o quizá propiciaron) que una avalancha de desinformación corriera sin control esa noche. El resultado fue casi inmediato, allí donde horas antes había manifestantes exigiendo cambios, ahora había vecinos asustados pidiendo más policía y mano dura.
La administración Duque jamás reconoció algún error en esos acontecimientos; por el contrario, pareció apostar por la desmemoria como estrategia. Ninguna entidad del gobierno hizo un balance público del toque de queda ni de la histeria colectiva que se vivió. Desde luego, esta táctica de crear un enemigo colectivo imaginario tuvo graves efectos sociales. El más vergonzoso fue la estigmatización de los migrantes venezolanos. Colombia, que se precia de haber recibido solidariamente a más de 1.5 millones de venezolanos en esos años, vio cómo en cuestión de días afloraban expresiones xenófobas masivas. Medios y autoridades dieron un peso desmedido a la nacionalidad de los detenidos en protestas, a pesar de que la gran mayoría de manifestantes (pacíficos o no) eran colombianos. Se instaló en el imaginario que “buena parte de los saqueos” estaban en manos de venezolanos, cuando la evidencia real de ello fue prácticamente nula.
Para los manifestantes colombianos, la lección de esos días fue agridulce. Por un lado, demostraron su poder multitudinario y creativo el 21N, pero por otro, comprobaron cómo el establecimiento podía recurrir a estratagemas para desarticular la protesta. Se trató de un modelo de propaganda del miedo que recuerda prácticas de épocas oscuras: fabricar un fantasma que justifique el uso desmedido de la fuerza. De hecho, la coincidencia temporal con protestas en otros países como Chile, permitió al gobierno Duque reciclar el fantasma del “Foro de São Paulo” y el intervencionismo venezolano, un comodín retórico de la derecha regional.
Una píldora para la memoria.
Seis años después, el recuerdo de la noche del 22N de 2019 sigue siendo un vergonzoso recordatorio de hasta dónde puede llegar un gobierno para conservar el control: infundir pánico en su propia gente. Aquel pánico colectivo infundido logró su cometido inmediato, enfriar las calles y neutralizar momentáneamente el Paro Nacional, pero a un costo moral altísimo.
Al final, la “noche del pánico” del 22N pasará a la historia como la noche en que perseguimos fantasmas y enemigos imaginarios. Que estos seis años de distancia nos sirvan para reflexionar: un gobierno que necesita infundir terror para imponer orden es un gobierno que le ha fallado a su pueblo. Y un pueblo que reconoce esa estrategia ya no debería caer dos veces en la misma trampa. Como se vio entonces, la solidaridad y la información veraz fueron los antídotos: apenas la gente descubrió que no había lobos merodeando, la paranoia cedió. Porque el enemigo no estaba en el barrio de al lado ni venía de otro país, el enemigo estaba en el discurso del miedo. Desenmascarar ese discurso es, en últimas, el primer paso para que nunca más el pánico orquestado nos arrebate el derecho a la protesta y la esperanza de un cambio social legítimo.
