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A Colombia la gobierna el miedo al uribismo

Ariel Ávila Ariel Ávila, Columnistas

La mayoría de los sectores políticos colombianos, incluido el que gobierna Colombia, toma las decisiones basado en lo que podría pensar la oposición del expresidente Álvaro Uribe. Esto no solo ha llevado a un bloqueo en materia legislativa y de política pública, sino sobre todo a la toma de decisiones contradictorias que han puesto en jaque asuntos claves de la vida nacional, entre ellos, la implementación del proceso de paz que se firmó entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC.

El presidente Juan Manuel Santos había tomado la decisión de liquidar políticamente al Centro Democrático, partido que agrupa a los seguidores del expresidente Uribe. Para ello creó un escenario en el cual la derrota se daba al tercer round. El primero, se produjo en las elecciones de 2014, en ese momento el candidato de Uribe fue derrotado en la segunda vuelta presidencial. El segundo, se desarrolló en 2015, en las elecciones locales y regionales. Allí el uribismo logró solo 56 alcaldías de las 1.122 que tiene el país, es decir, una derrota estruendosa.

El tercer round fue el 2 de octubre de 2016, es decir, el plebiscito por la paz. El presidente Santos quería asestarle el golpe definitivo al uribismo y mandarlo al baúl de los recuerdos. Sin embargo, una mala estrategia comunicativa, una desinformación inmensa, acompañada de la ausencia de pedagogía para la paz, llevaron a la derrota del Sí y con ello revivieron al uribismo. A un año de elecciones presidenciales la actual coalición de gobierno no sabe cómo tomar decisiones y su único cálculo es no molestar al uribismo para evitar confrontaciones públicas.

El expresidente Álvaro Uribe logró aglutinar alrededor de su proyecto político, a sectores radicales religiosos, que veían en los avances de minorías sexuales y derechos de la mujer una amenaza a sus principios de vida. El matrimonio entre parejas del mismo sexo, la posibilidad de la adopción para estas parejas, la equidad de género y hechos, como el nombramiento de dos ministras lesbianas durante la administración Santos provocó una reacción conservadora. Con la falacia de la ‘ideología de género’ que traería el proceso de paz, miles de miembros de iglesias protestantes y católicos votaron contra algo que no existía. Igualmente aglutinó elites locales, principalmente rurales, muchas de ellas ligadas a la ilegalidad, que se habían beneficiado del despojo de más de 7 millones de hectáreas cometido contra campesinos y que terminaron en manos de terceros, muchos de ellos políticos y ganaderos. Y también aglutinó sectores urbanos que detestaban a las FARC y no gustaban del proceso de paz.

Este acumulado político suma cerca de 6 millones de votantes, de los 18 que seguramente sufragarán en 2018. Una parte importante del pastel. El uribismo le apuesta al fracaso del proceso de paz, ya que será su bandera política. Mientras tanto el gobierno colombiano ha caído en el círculo vicioso, o la trampa que le han tendido. Muchas decisiones importantes y urgentes para la implementación del proceso de paz, no se toman por miedo a la reacción del uribismo, condenando, así al fracaso del proceso de paz y con ello contribuyendo a la victoria del Centro Democrático.

Tres ejemplos son importantes. El primero, es que el proceso de reincorporación de las FARC quedó mal negociado. A mandos medios de las FARC, que manejaron centenares de hombre y miles de millones de pesos, se les están ofreciendo cerca de 280 dólares mensuales por dos años y un proyecto productivo por 3.000 dólares por una sola vez. Algo absurdo para mandos que tuvieron mucho poder en épocas de conflicto. Las posibilidades de reincidencia son inmensas, y aunque los expertos lo han advertido y funcionarios del gobierno lo aceptan en privado, nadie toma una medida para corregir este error.

Igualmente el modelo de Justicia Transicional que se aprobó en el marco del proceso de paz, fue modificado. El uribismo y algunos partidos de la coalición de gobierno se aliaron para evitar que empresarios y políticos que patrocinaron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado entraran al modelo de justicia y por ende quedaran en la impunidad. Los denominados terceros lograron la impunidad gracias a una jugada política realizada casi a medianoche en el Congreso de la República.

Pero tal vez el ejemplo más visible del miedo que gobierna a Colombia tiene que ver con la reforma agraria. De la propuesta inicial no queda ni el recuerdo. Nuevamente el empresariado rural, con algunos beneficiados por el despojo de tierras a pequeños campesinos, arrinconó al gobierno y lo obligó a modificar el proyecto de decreto. Además lo poco que se salvó, será enviado al Congreso, donde seguramente no se aprobará nada. La elite rural, de mayoría uribista, obligó al gobierno a convertir la reforma agraria en una gran frustración política.

Columna de opinión publicada en Semana.com