Como se anunció desde la campaña electoral, durante los poco más de 20 días de gobierno de Abelardo de la Espriella se ha evidenciado un giro significativo en la orientación de la política de seguridad en el país, con respecto al gobierno de Gustavo Petro. Luego de cuatro años durante los cuales se priorizaron negociaciones y espacios de conversación socio jurídica de forma simultánea con Grupos Armados Organizados (GAO) y Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto (EAOCAI) en el marco de la política de Paz Total, el nuevo gobierno ha anunciado una estrategia de seguridad basada en la recuperación del control territorial, el fortalecimiento de capacidades militares en inteligencia, una política de sometimiento a la justicia y una mayor centralidad del discurso en las capacidades de cooperación con la policía, institucionalidad, gobiernos locales e incluso ciudadanía, para combatir el crimen organizado.
Algunos de los primeros anuncios del gobierno durante las últimas tres semanas permiten identificar varias decisiones orientadas a materializar los pilares de la estrategia de seguridad del nuevo gobierno: en principio, la eliminación de toda la arquitectura normativa que daba viabilidad a los diálogos que se desarrollaron durante la política de Paz Total y su remplazo por una única vía de sometimiento a la justicia para todo el conjunto de grupos y estructuras; el traslado y dispersión de cabecillas de estructuras criminales que participaban como voceros en procesos de diálogo hacia otros centros penitenciarios; la creación de frentes de seguridad y redes de cooperación ciudadana; la decisión de tratar bajo la categoría de terrorismo a diferentes estructuras armadas y criminales; y el endurecimiento de la política migratoria, incluyendo la deportación de personas migrantes vinculadas con actividades delictivas o que se encuentren en situación migratoria irregular. Estas primeras decisiones apuntan a una política de seguridad enmarcada en la desarticulación del crimen organizado en áreas urbanas, sin embargo, la implementación de algunas de ellas desconoce una distinción natural en el tratamiento de dinámicas de violencia producto del conflicto armado y violencias en el marco del crimen organizado transnacional. Asimismo, algunas de estas medidas también pueden generar incentivos perversos para que se produzcan violaciones de derechos humanos.
Tras la primera gran medida de transitar de un mecanismo de diálogo al sometimiento para combatir el crimen organizado, De la Espriella anunció en días pasados el traslado de 103 cabecillas de estructuras criminales recluidos en la cárcel de Itagüí hacia ocho establecimientos penitenciarios de diferentes regiones del país. Esto con el fin de desarticular la coordinación criminal que desde el centro penitenciario se ha logrado establecer con las dinámicas de criminalidad en las calles del Valle de Aburrá. Entre los trasladados se encuentran antiguos negociadores delegados en el Espacio de conversación sociojurídica del Valle de Aburrá, donde destacan cabecillas como alias Douglas perteneciente a la organización de La Terraza, alias Tom, uno de los principales miembros de La Oficina y Carlos Pesebre de la estructura de Los Pesebreros. Aunque el traslado a cárceles de mayor seguridad busca romper aparentemente las redes de comunicación, coordinación y dificultar el funcionamiento de una articulación criminal desde el centro penitenciario, esto puede resultar contraproducente para la reducción de los índices de criminalidad en el Valle de Aburrá.
En la actualidad, el modelo de gobernanza criminal en el Valle de Aburrá se encuentra caracterizado por una articulación minuciosa entre Grupos Delictivos Organizados (GDO) como La Terraza y Los Pesebreros, ya mencionados anteriormente, así como Los Chatas, entre otros y estructuras barriales como los denominados “combos”, con una incidencia barrial más focalizada operando bajo esquemas de coordinación y regulación de mercados al servicio de la organización de “La oficina”, encargada de aglutinar y articular las dinámicas de criminalidad en el Valle de Aburrá. Este esquema de coordinación contribuye a explicar la disminución de los homicidios en este territorio de forma sostenida y gradual año tras año, pasando de 874 homicidios en 2018 a 449 en 2025, lo que evidencia una capacidad de regulación de la violencia por parte de estas estructuras y no un debilitamiento de las mismas, donde los cabecillas que se encuentran en las cárceles y que hicieron parte de los Espacios de conversación sociojurídica han jugado un papel fundamental, en el apaciguamiento de la violencia.
En este sentido, el traslado de estos cabecillas a otras cárceles del país puede interferir en la capacidad de control de estos sobre las formas de operación de estos grupos criminales y organizaciones delictivas, especialmente en áreas urbanas, limitando los esquemas de coordinación y regulación de la violencia. Sin embargo, también emerge la posibilidad de una especie de retaliación de algunos de estos cabecillas, evidenciado en el incremento de los índices de violencia como el homicidio. Incluso trasladar a los cabecillas sin transformar las condiciones de seguridad, inteligencia y control dentro de los establecimientos puede desplazar el problema, generando el riesgo de reproducir la capacidad de influencia criminal que tenían algunos de estos reclusos en la cárcel de Itagüí, ahora en nuevos centros penitenciarios.
Otro elemento central es la decisión del nuevo gobierno de tratar a todas las estructuras criminales como grupos terroristas, independientemente de que su actividad principal sea el narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión o el contrabando. Sin embargo, esta propuesta plantea serios interrogantes, toda vez que no toda organización criminal puede ser automáticamente considerada terrorista por participar en actividades violentas o ilegales relacionadas con economías ilícitas. El terrorismo tiene implicaciones jurídicas específicas y obedece a unos criterios técnicos específicos establecidos por los Estados y organismos, donde se demuestre la sistematicidad en acciones que representen un peligro para la seguridad nacional.
La simplificación del fenómeno y el uso unánime de esta categoría para definir a todas las estructuras y grupos, es contraproducente, ya que si todas las amenazas son reducidas a la categoría de terrorismo, se pierde capacidad para comprender las diferencias entre una organización de delincuencia común dedicada principalmente a dinámicas criminales en entornos urbanos como la extorsión, un grupo dedicado al crimen organizado transnacional con implicaciones directas en mercados de narcotráfico a gran escala, con mayor capacidad de articulación y un GAO con capacidad de disputar al Estado el control territorial y social de una zona específica. La distinción de la naturaleza de los grupos o estructuras permite la definición de acciones estratégicas por parte del Ejercito y la Policía para atender de mejor manera los factores de inseguridad a nivel rural y urbano.
Finalmente, el presidente ha anunciado operativos dirigidos, primero, contra personas extranjeras involucradas en actividades delictivas y, posteriormente, contra quienes no hayan regularizado su situación migratoria. Este es uno de los puntos más sensibles es la nueva política frente a la población migrante, puesto que la posibilidad de realizar deportaciones masivas de personas simplemente por encontrarse en situación migratoria irregular puede generar una violación de los derechos de la población migrante, una irregularidad administrativa no convierte a una persona en delincuente ni permite prescindir del debido proceso. Adicionalmente la implementación de esta medida como uno de los componentes para combatir el crimen organizado, termina reforzando de manera contraproducente narrativas de estigmatización en contra de población migrante, que por su nacionalidad y su situación irregular terminan siendo relacionadas de manera equivoca con dinámicas de criminalidad y fenómenos de inseguridad, especialmente en grandes ciudades y centros urbanos como Bogotá, donde la población migrante asciende a cerca de 590.000 personas, de acuerdo con las Secretaria de Integración Social.
En conclusión, la política de seguridad de Abelardo de la Espriella representa un cambio de paradigma frente al gobierno anterior. Su apuesta central es recuperar la iniciativa del Estado mediante la coerción, el sometimiento judicial, la presión sobre las organizaciones armadas y criminales, la reorganización del sistema penitenciario y una mayor articulación de la fuerza pública. Sin embargo, la toma de decisiones sin criterios analíticos para el entendimiento de los fenómenos de violencia a nivel rural y urbano resulta contraproducente dado que Colombia no enfrenta un fenómeno criminal homogéneo, por ello, apelar al sometimiento a la justicia como única vía para la desmovilización de GAO, GDO o grupos de delincuencia común genera dificultades, pues desconoce la distinción de las dinámicas de violencia en lo urbano y rural, las motivaciones de cada uno, sus capacidades de control social y territorial, sus formas de organización y coordinación, sus repertorios de violencia, sus objetivos estratégicos y sus actividades criminales. Resolver todas estas expresiones de violencia mediante una única fórmula de sometimiento es tan problemático como los pecados atribuidos a la Paz Total del pasado gobierno, sobre los cuales la nueva derecha enarbolo su discurso de seguridad durante campaña.
