El informe más reciente del secretario general de las Naciones Unidas sobre Colombia presenta un panorama complejo, con avances parciales en la implementación del Acuerdo Final de Paz, pero también serias amenazas en materia de seguridad, justicia transicional y derechos humanos (Misión de Verificación de la ONU, 2025). La ONU enfatiza que el país se encuentra en una encrucijada: consolidar los logros alcanzados o retroceder hacia la prolongación de la violencia.

La situación de seguridad en Colombia continúa siendo uno de los principales obstáculos para la consolidación de condiciones estructurales de “paz”. A pesar de los avances normativos e institucionales derivados del Acuerdo Final de 2016, la presencia activa y la disputa territorial de múltiples actores armados mantienen un escenario de alta conflictividad, generando un entorno de riesgo permanente para comunidades, excombatientes y líderes sociales. El informe más reciente de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas destaca que, durante el tercer trimestre de 2025, se registraron enfrentamientos significativos en departamentos como Bolívar, Antioquia, Cauca y Guaviare, con consecuencias humanitarias graves que incluyen desplazamientos masivos, confinamientos, violencia sexual, asesinatos selectivos y reclutamiento de menores.

La persistencia de estas dinámicas refleja las dificultades estructurales para desmantelar las economías ilegales y legales que sostienen a los grupos armados. El Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las extintas FARC siguen disputándose corredores estratégicos para el narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas ilícitas. Estas economías no solo financian la confrontación armada, sino que también perpetúan la fragmentación social y limitan la presencia estatal en regiones históricamente marginadas.

En este contexto, las garantías de seguridad previstas en el Acuerdo Final enfrentan serias limitaciones. La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada como pilar para coordinar políticas de desmantelamiento de estructuras ilegales, lleva más de un año sin reunirse en sesión plenaria, lo que ha retrasado la implementación de una estrategia integral contra los grupos armados y organizaciones criminales. A pesar de algunos esfuerzos parciales, como el despliegue de investigadores de la Fiscalía en el Cauca y Bolívar, o el fortalecimiento del sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, los avances han sido insuficientes para garantizar una protección efectiva de comunidades, líderes sociales y excombatientes.

Situaciones de violencia, como las que se han agudizado en zonas del sur de Bolívar, son muestra del reto en materia de seguridad que se viven en uno de los epicentros de la violencia armada. Durante el tercer trimestre de 2025, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas identificó enfrentamientos recurrentes entre el Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) en municipios de esta región. (Fundación Paz & Reconciliación , 2025.)  Estas confrontaciones han generado graves afectaciones humanitarias. Esta región tiene una larga trayectoria como enclave estratégico para los actores armados, debido a su geografía montañosa y a la presencia de economías ilícitas, principalmente la minería de oro y la producción de coca. Estos factores convierten a la región en un corredor logístico fundamental para la financiación de los grupos armados ilegales. En la coyuntura actual, la disputa territorial entre el ELN, el Clan del Golfo y facciones disidentes de las FARC ha intensificado la violencia, en un escenario en que las comunidades permanecen atrapadas entre las hostilidades, la imposición de normas sociales coercitivas y restricciones a la movilidad.

La dificultad de encontrar soluciones a los riesgos de seguridad en zonas como el sur de Bolívar responde a varios factores estructurales. En primer lugar, la presencia del Estado es débil y fragmentada: los esfuerzos militares se concentran en operaciones puntuales, pero carecen de continuidad y acompañamiento social. Y, en segundo lugar, las políticas de desmantelamiento de grupos armados ilegales avanzan lentamente. Todo esto, sumado a que los programas de desarrollo y sustitución de economías ilegales avanzan con lentitud, lo que reduce la confianza de las comunidades (El Espectador, 2025).

El caso del sur de Bolívar ilustra la interdependencia entre seguridad y desarrollo en la implementación del Acuerdo Final. La persistencia de la violencia pone en riesgo los componentes de reincorporación de excombatientes, las garantías de seguridad para líderes sociales y la ejecución de proyectos PDET. Según la ONU, entre junio y septiembre de 2025, más de 8.700 personas fueron desplazadas y 41.800 permanecieron confinadas en distintas regiones del país, siendo el sur de Bolívar uno de los focos principales.

La ausencia de una respuesta integral y sostenida compromete la posibilidad de que el acuerdo logre sus objetivos estructurales: la presencia estable del Estado, el desmonte de las economías ilegales y la protección de los derechos de las comunidades. En consecuencia, el sur de Bolívar se convierte en un termómetro de los desafíos más críticos para la paz: si no se logra estabilizar las regiones en conflicto, las promesas del acuerdo no se cumplirán.

Finalmente, la persistencia de la violencia en Colombia obedece a una compleja interacción entre la debilidad del Estado en zonas periféricas, la fortaleza de economías ilegales y la fragmentación de los actores armados. Estas condiciones plantean enormes dificultades para encontrar soluciones sostenibles, pues no basta con avances normativos o programáticos si no se acompañan de una acción decidida que combine seguridad, justicia y desarrollo territorial. La ONU advierte que el éxito de la implementación del Acuerdo Final depende, en gran medida, de la capacidad del Estado para garantizar seguridad efectiva y justicia frente a la violencia persistente, así como de la voluntad política para traducir los compromisos en transformaciones concretas en los territorios.

Referencias

El Espectador. (2025). Ante desatención del Gobierno Petro, 500 familias desplazadas en sur de Bolívar vuelven a sus fincas pese a minas antipersonales. Obtenido de https://www.elespectador.com/colombia-20/paz-y-memoria/guerra-en-sur-de-bolivar-desplazados-vuelven-a-la-zona-donde-hay-minas-antipersonal-y-combates-entre-eln-y-clan-del-golfo/

Fundación Paz & Reconciliación . (2025.). Sur de Bolívar: Vacío de poder y guerra por la Serranía de San Lucas. Obtenido de https://www.pares.com.co/sur-de-bolivar-vacio-de-poder-y-guerra-por-la-serrania-de-san-lucas/

Misión de Verificación de la ONU. (2025). Informe Trimestral del Secretario General sobre la Misión de Verificación en Colombia S/2025/595. Obtenido de http://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_n2524246.pdf