A principios de abril, en compañía de un grupo de directores de medios de comunicación, me reuní con el secretariado de las FARC en La Habana. Fue una reunión larga, a puerta cerrada, donde los jefes de la guerrilla nos hablaron de las dificultades de las negociaciones y escucharon atentamente las preguntas, las críticas y las impugnaciones que sobre la subversión armada y el proceso de paz teníamos 15 personas vinculadas con el periodismo. Salí bastante preocupado de esa reunión. Las FARC hablaron de tres nudos al final de la negociación: uno, la pretensión de imponer una solución de justicia que implicara cárcel para los líderes de la guerrillas; dos, las enormes posibilidades de que una vez se firme la paz se desaten agresiones por parte de fuerzas militaristas contra la vida de las personas que vienen a la vida civil y a la lucha política; tres, el temor a que se incumplan los acuerdos y la imperiosa necesidad de establecer unos mecanismos que garanticen el desarrollo y la implementación de la agenda de paz, para lo cual solo veían como salida una Asamblea Nacional Constituyente. Dijeron que ellos entendían los compromisos de este proceso de paz con las víctimas del país y la necesidad de la verdad, la justicia y la reparación, pero advertían que ninguna negociación política entre partes contendientes había terminado en la aceptación de cárcel para los guerrilleros y esta no sería la primera vez que eso ocurriera. Señalaron que en otras negociaciones y acuerdos en el país se habían gestado en los cuarteles agresiones y muertes contra los firmantes de la paz y la situación actual de las Fuerzas Militares no daba para despejar estas dudas y temores. Plantearon que lo jurídico no se podía resolver unilateralmente, que no era posible obviar su participación directa en la elaboración de las leyes y decretos que trazarán el camino de la reconciliación y pondrán en marcha las reformas. También los directores de medios les advirtieron a los líderes de las FARC que el ambiente en la opinión pública para los beneficios judiciales y para la participación política de las guerrillas no era el mejor, y que, además, eso era bien aprovechado por las fuerzas de oposición y en este contexto no era fácil resolver las dificultades que ellos enunciaban. Han pasado casi cinco meses y ahora veo que estos nudos se han empezado a desatar. Que el gobierno y las FARC están encontrando solución a problemas tan espinosos. El presidente Santos y los partidos de la Unidad Nacional han convenido la tramitación de una reforma constitucional para establecer una Comisión Especial Legislativa con participación de las FARC que tenga la misión de dar vida a unos tribunales de justicia para juzgar a los implicados en el conflicto, definir la participación política de las guerrillas desmovilizadas y desarmadas, darle facultades extraordinarias al presidente y perfeccionar un mecanismo de refrendación con facilidades para la participación de la ciudadanía. Como la discusión sobre estos temas se inició hace dos semanas y las FARC no se han manifestado en contra de las declaraciones públicas de Santos y de las gestiones que ha realizado el jefe del equipo negociador del gobierno, Humberto de la Calle, en la búsqueda de este mecanismo, saco la conclusión de que la guerrilla y el gobierno concertaron la iniciativa. No es el único paso dado para resolver la trama de estas negociaciones. El gobierno y las FARC han logrado vincular a la Mesa a delegados del presidente Obama, de Alemania, de Naciones Unidas, de Unasur, a más de los garantes y acompañantes que venían de atrás y del papa Francisco que ha fijado su atención en el proceso que se adelanta en La Habana. A su vez, el gobierno dedicó de tiempo completo al general Naranjo para diseñar con la guerrilla el dispositivo de seguridad que protegerá a los reintegrados en el posconflicto. Esta gran representación internacional y estos mecanismos de seguridad tienen como objetivo la verificación del cese definitivo de la guerra y, sobre todo, tienen el papel de contener cualquier intento de agresión contra los desmovilizados de parte de sectores militares coludidos con fuerzas ilegales. La decisión de meter al Congreso de la República en el trámite final de la paz ha significado, seguramente, debates muy duros al interior de la guerrilla. Pero ahora les corresponde a los parlamentarios de la Unidad Nacional, a las fuerzas de izquierda y a los demás miembros del Congreso que apoyan las negociaciones de paz actuar con la mayor responsabilidad y disciplina. No se les puede ocurrir modificar de manera sustancial lo que mediante una larga y difícil negociación ha sido acordado en La Habana. No pueden sembrar de micos y trampas la legislación que servirá para cerrar definitivamente este conflicto. Tienen que actuar con diligencia y con un espíritu especialmente abierto a fórmulas para acelerar la firma del acuerdo final de paz. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Ocurre una gran tragedia en Urabá. Un helicóptero Black Hawk que perseguía a integrantes de la banda criminal los Urabeños, liderada por los hermanos Úsuga, se viene al suelo y mueren 16 policías. Inmediatamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice: “Tumban helicópteros, asesinan soldados y policías y el gobierno aumenta su actitud complaciente”. Después agrega: “Altos oficiales de las Fuerzas Armadas confirman en privado derribamiento terrorista de helicóptero, gobierno los silencia”. Entonces el presidente Santos, el ministro de la Defensa y el director de la Policía empiezan a responder y dicen que la más probable causa de la caída del helicóptero es el mal tiempo de la zona donde estaba operando. Que está descartado que lo hubiesen derribado a tiros. Que no se debe hacer política con estos hechos dolorosos. El debate se enciende y ya van diez días donde los medios registran los hechos. Pero las víctimas, los policías que murieron cumpliendo su deber, han pasado a un segundo plano, el lugar principal lo ocupa la polémica, la disputa por quién tiene la verdad en este triste episodio. Oigo las discusiones en la radio, veo las controversias en televisión, leo columnas y artículos y quedo con la sensación de que gana el uribismo y pierde el gobierno. No es nada categórico, solo se ha impuesto la duda y además se ha dejado en el aire cierta culpabilidad de Santos y del director de la Policía en la tragedia, cierta responsabilidad directa en los hechos, por “la complacencia”, porque adelantan unas negociaciones de paz, porque no planean bien estas operaciones… Entonces es cuando siento indignación con estas cosas, por la manera como se retuerce la historia, por la desvergüenza con la cual un político en función de opositor olvida sus grave responsabilidad en lo que ocurre ahora en Urabá. En medio de la incomodidad, de la repulsa que me causa esa manera de hacer política, veo pasar la película completa de la zona bananera. Estos Úsuga, estos Urabeños, son la herencia de un modelo de control político, social, económico y territorial de los paramilitares, forjado en los años noventa del siglo pasado en Urabá, cuando Álvaro Uribe ejerció como gobernador de Antioquia, y también son el rezago de las negociaciones que el propio Uribe realizó con las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya es suficientemente conocido que entre 1994 y 1998 se tejió una alianza entre el grupo de Carlos Castaño al cual pertenecían estos Úsuga, líderes políticos vinculados a Uribe, empresarios del banano y la ganadería, militares encabezados por Rito Alejo del Río y toda suerte de agentes del Estado. Esas fuerzas impusieron un férreo control de la zona y produjeron una escalada indecible de muerte y de terror. Uribe la denominó “la pacificación de Urabá”. De estos aliados, algunos, la minoría, se desmovilizaron con la negociación de las autodefensas; otros fueron a parar a las cárceles acusados de parapolítica o paraeconomía; y está el caso del general Rito Alejo del Río condenado a 25 años por el asesinato del campesino Mario López Mena. Pero el modelo sobrevivió, la alianza persiste bajo nuevas condiciones y con nuevos liderazgos. Es una herencia maldita. En Urabá opera un pacto entre la ilegalidad y la legalidad, con una novedad, sectores de la guerrilla ahora están ahí. Los Úsuga y su grupo, que en tiempos de la expansión paramilitar fueron enviados por Castaño a los Llanos Orientales, retornaron a la región y allí montaron su retaguardia y se convirtieron en la principal banda criminal del país con presencia directa en diez departamentos y con alianzas con 97 grupos que operan en otras regiones. La diferencia, la gran diferencia, es que ahora se empieza a generar una actitud distinta del Estado frente a este modelo, frente a esta alianza. En los tiempos de Uribe como gobernador o como presidente, nunca, óigase bien, nunca, se hicieron grandes operaciones policiales y militares, ni la Justicia se jugó entera a desbaratar el fenómeno en Urabá. Ahora, desde Bogotá se adelanta una gran ofensiva que ha llevado a la cárcel a cientos de integrantes de la banda. Operación Agamenón, la llaman. También la Fiscalía adelanta procesos contra más de 600 funcionarios públicos vinculados con las bandas criminales, la mayoría de ellos policías y militares. Es todo lo contrario de lo que dice Uribe, es ahora cuando se está rompiendo “la complacencia”. Es poco probable que los Urabeños hayan derribado el helicóptero. La movilización aérea ha sido la gran ventaja del Estado sobre los irregulares, los fusiles solo alcanzan 500 metros por tiro efectivo, los Black Hawk tienen un superblindaje en el piso. Pero el gobierno debió decir que la posibilidad existía, cuestión que en lugar de vergüenza es honor; que la Policía Nacional estaba cumpliendo en esa zona deberes sagrados del Estado que antes no se cumplían; que era un acto heroico en contraste con las alianzas de otros funcionarios del Estado con ilegales.Ocurre una gran tragedia en Urabá. Un helicóptero Black Hawk que perseguía a integrantes de la banda criminal los Urabeños, liderada por los hermanos Úsuga, se viene al suelo y mueren 16 policías. Inmediatamente el expresidente Álvaro Uribe Vélez dice: “Tumban helicópteros, asesinan soldados y policías y el gobierno aumenta su actitud complaciente”. Después agrega: “Altos oficiales de las Fuerzas Armadas confirman en privado derribamiento terrorista de helicóptero, gobierno los silencia”. Entonces el presidente Santos, el ministro de la Defensa y el director de la Policía empiezan a responder y dicen que la más probable causa de la caída del helicóptero es el mal tiempo de la zona donde estaba operando. Que está descartado que lo hubiesen derribado a tiros. Que no se debe hacer política con estos hechos dolorosos. El debate se enciende y ya van diez días donde los medios registran los hechos. Pero las víctimas, los policías que murieron cumpliendo su deber, han pasado a un segundo plano, el lugar principal lo ocupa la polémica, la disputa por quién tiene la verdad en este triste episodio. Oigo las discusiones en la radio, veo las controversias en televisión, leo columnas y artículos y quedo con la sensación de que gana el uribismo y pierde el gobierno. No es nada categórico, solo se ha impuesto la duda y además se ha dejado en el aire cierta culpabilidad de Santos y del director de la Policía en la tragedia, cierta responsabilidad directa en los hechos, por “la complacencia”, porque adelantan unas negociaciones de paz, porque no planean bien estas operaciones… Entonces es cuando siento indignación con estas cosas, por la manera como se retuerce la historia, por la desvergüenza con la cual un político en función de opositor olvida sus grave responsabilidad en lo que ocurre ahora en Urabá. En medio de la incomodidad, de la repulsa que me causa esa manera de hacer política, veo pasar la película completa de la zona bananera. Estos Úsuga, estos Urabeños, son la herencia de un modelo de control político, social, económico y territorial de los paramilitares, forjado en los años noventa del siglo pasado en Urabá, cuando Álvaro Uribe ejerció como gobernador de Antioquia, y también son el rezago de las negociaciones que el propio Uribe realizó con las Autodefensas Unidas de Colombia. Ya es suficientemente conocido que entre 1994 y 1998 se tejió una alianza entre el grupo de Carlos Castaño al cual pertenecían estos Úsuga, líderes políticos vinculados a Uribe, empresarios del banano y la ganadería, militares encabezados por Rito Alejo del Río y toda suerte de agentes del Estado. Esas fuerzas impusieron un férreo control de la zona y produjeron una escalada indecible de muerte y de terror. Uribe la denominó “la pacificación de Urabá”. De estos aliados, algunos, la minoría, se desmovilizaron con la negociación de las autodefensas; otros fueron a parar a las cárceles acusados de parapolítica o paraeconomía; y está el caso del general Rito Alejo del Río condenado a 25 años por el asesinato del campesino Mario López Mena. Pero el modelo sobrevivió, la alianza persiste bajo nuevas condiciones y con nuevos liderazgos. Es una herencia maldita. En Urabá opera un pacto entre la ilegalidad y la legalidad, con una novedad, sectores de la guerrilla ahora están ahí. Los Úsuga y su grupo, que en tiempos de la expansión paramilitar fueron enviados por Castaño a los Llanos Orientales, retornaron a la región y allí montaron su retaguardia y se convirtieron en la principal banda criminal del país con presencia directa en diez departamentos y con alianzas con 97 grupos que operan en otras regiones. La diferencia, la gran diferencia, es que ahora se empieza a generar una actitud distinta del Estado frente a este modelo, frente a esta alianza. En los tiempos de Uribe como gobernador o como presidente, nunca, óigase bien, nunca, se hicieron grandes operaciones policiales y militares, ni la Justicia se jugó entera a desbaratar el fenómeno en Urabá. Ahora, desde Bogotá se adelanta una gran ofensiva que ha llevado a la cárcel a cientos de integrantes de la banda. Operación Agamenón, la llaman. También la Fiscalía adelanta procesos contra más de 600 funcionarios públicos vinculados con las bandas criminales, la mayoría de ellos policías y militares. Es todo lo contrario de lo que dice Uribe, es ahora cuando se está rompiendo “la complacencia”. Es poco probable que los Urabeños hayan derribado el helicóptero. La movilización aérea ha sido la gran ventaja del Estado sobre los irregulares, los fusiles solo alcanzan 500 metros por tiro efectivo, los Black Hawk tienen un superblindaje en el piso. Pero el gobierno debió decir que la posibilidad existía, cuestión que en lugar de vergüenza es honor; que la Policía Nacional estaba cumpliendo en esa zona deberes sagrados del Estado que antes no se cumplían; que era un acto heroico en contraste con las alianzas de otros funcionarios del Estado con ilegales. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

El 20 de agosto de 2014, Marta Lucía Ramírez anunciaba el respaldo a David Barguil para asumir la presidencia del Partido Conservador, en su momento advirtió que apoyando este nombre como jefe de la colectividad aseguraba la renovación en el interior del partido: “Vamos a hacer la renovación del partido para mostrar cómo la política se hace con servicio, con ideas, con propuestas, estoy segura de que vamos a hacer una renovación muy importante del Partido Conservador”. En el primer examen de la nueva jefatura en cabeza de Barguil y con el acompañamiento de Marta Lucía Ramírez se concluyó que el resultado está lejos de ser renovador. Tal vez la entrega de avales a candidatos para autoridades locales y regionales sea el mejor ejemplo. El pasado 6 de julio la Fundación Paz y Reconciliación publicó un informe en el que advertía riesgos sobre 140 candidatos a autoridades locales y departamentales en 19 departamentos del país. Luego de cerradas las inscripciones se pudo constatar que 112 de ellos recibieron el aval o se inscribieron como candidatos. La gran mayoría de ellos avalados por los partidos tradicionales. El Partido Liberal y Conservador encabezan los listados. Entre los candidatos a los que se les reafirmó el aval se encuentra Jorge Coral Rivas quien aspira a la gobernación del Putumayo y Arnulfo Gasca para la gobernación de Caquetá, ambos con el aval del Partido Conservador. En las elecciones de 2011, Coral Rivas fue electo alcalde de Puerto Asís, pese a que en ese momento se conoció una grabación con el jefe de la banda criminal de la ‘Constru’, conocido como Gargola’. En la grabación de voz se escucha al actual candidato a la gobernación recibiendo apoyo de esta banda criminal. El apoyo significaba financiación ilegal, se habló de 150 millones de pesos. La investigación contra Coral Rivas nunca avanzó, y siempre se habló de una grabación de voz que según el hoy candidato a la gobernación fue descontextualizada. Esta vez la Fundación Paz y Reconciliación presenta en primicia el video de uno de los dos encuentros entre Coral Rivas y ‘Gárgola’.  Incluso se alcanza a apreciar publicidad política del entonces candidato a la alcaldía en medio del video. Además de la relación entre ‘Gárgola’ y Coral Rivas, existen dos hechos que empañan los años de administración de Coral Rivas en Puerto Asís. Por un lado, el asesinato del entonces presidente al Concejo Municipal Luis Cemilo Chalpatar Rivera y por otro lado, el homicidio del profesional de la oficina de proyectos de la alcaldía Pedro Julio Ramos Matacea, ambos homicidios se produjeron en el año 2014 y ambos se habían opuesto a una serie de iniciativas de Coral Rivas de contratación. Jorge Coral Rivas renunció hace algunos meses a la Alcaldía de Puerto Asís para aspirar a la gobernación. Además Coral Rivas ha lanzado a su hermano  Carlos Gonzalo Coral Rivas por el Polo Democrático a la Alcaldía de Puerto Asís. Por su parte, Arnulfo Gasca, llamado el patrón de patrones, tiene una historia confusa y oculta. Por un lado, en el 2011 recogió firmas para aspirar a la gobernación del Caquetá, y de algo más de 66.000 firmas solo fueron válidas unas 1.600. Por otro lado, Gasca no ha podido explicar de forma clara su riqueza personal, la cual se hizo en la época de la bonanza coquera del sur del país, de hecho muchas versiones de la comunidad lo sindican que estar relacionados con el narcotráfico Adicionalmente, Gasca fue el esposo de la suspendida alcaldesa de Florencia, Caquetá, Gloria Patricia Farfán, quien fue la esposa del narcotraficante Evaristo Porras Ardila.  Aunque Barguil y Marta Lucia Ramírez han dicho que ellos no conocían a Arnulfo Gasca aquí se presenta la foto en la que ellos posan con el patrón de Patrones en la sede del partido Conservador, la foto fue tomada previo al otorgamiento del aval a Gasca. Nota Publicada en www.semana.com

Foto: Tomada de Instagram juli_lopezs La detención de Juliana López, la modelo paisa capturada en China, me llevó otra vez a Shanghái, a un restaurante, a una conversación con Ricardo Galindo, cónsul general de Colombia en esa lejana ciudad. Fue hace poco, cuando ya el verano había comenzado y un calor infame asediaba las tardes en la ribera del río Yangtsé. Ricardo, un bogotano educado en el Colegio San Carlos, con estudios posteriores en Comercio y Relaciones Internacionales, había pedido ya el pato pekinés, emblema de la comida china, cuando surgió el tema de los colombianos presos en esas tierras de oriente. Fue una fortuna que María Fernanda, mi compañera, hiciera una pregunta sobre el lugar y la comida y obligara a un largo paréntesis, donde el cónsul nos habló de la primera vez que había ido al restaurante y de su lento acercamiento a los platos tradicionales de la comida más variada y más deliciosa del mundo. Pudimos saborear el pato antes de llegar al plato amargo de esa tragedia silenciosa que viven más de un centenar de jóvenes de nuestro país en las cárceles de China. Ahora que la tristeza llega a una mujer hermosa, jugadora de fútbol, con alguna figuración pública, quizás la sociedad colombiana pueda conocer los pormenores de esta infamia de la mafia colombiana. No sabemos qué tan responsable y qué tan consciente sea Juliana del delito en que se ha visto envuelta y de las consecuencias que se le vienen encima, pero las historias que nos contó Ricardo desnudan la ingenuidad y la ignorancia de muchachos colombianos pobres que se dejan seducir por el ofrecimiento de unos cuantos millones de pesos y aceptan llevar drogas sin saber el destino final y los graves peligros que los acechan. La trama más común es así: los convencen del viaje y un poco antes de salir les entregan el alijo, los tiquetes, el pasaporte y su visado, les hablan por primera vez de su destino final y les advierten que allí alguien los estará esperando para recibir la mercancía y orientar su itinerario de vuelta. Van con los ojos cerrados a la indescifrable República de China, al lugar más hostil frente a las drogas, al sitio donde se paga con la cadena perpetua o con la ejecución la posesión de 50 gramos de cocaína. Algunos son simples anzuelos. Les entregan una pequeña carga, buscan su detención y con ello alejan la vista de un tráfico mayor. Otros van de gancho ciego. Les patrocinan viajes para que compren mercancías chinas y en el viaje de ida camuflan entre sus dispositivos y pertenencias las drogas. Ricardo describió con algún detalle las condiciones de la reclusión y ahí no acerté a definir qué sería más doloroso para el reo y para su familia: la pena de muerte o la cadena perpetua.  Las posibilidades de ver a un ser querido en la vida son casi inexistentes. Los presos tienen derecho a una hora de visita al mes y para que esta eventualidad se realice los familiares tienen que atravesar el mundo en el viaje más largo y costoso de su existencia. La soledad adquiere el color de una angustia infinita con la barrera del idioma y de las costumbres. Ni las señas sirven para hacerse entender en una cultura que bien parece de un planeta distinto al que habitamos en Occidente. Hablar, que muchas veces es más importante que comer, se vuelve un milagro que puede ocurrir cada cierto tiempo si tienes el dinero para pagar una llamada a Colombia, quizás a Medellín o a Cali, de donde salen la mayoría de los jóvenes que caen en las redes de la mafia. Con el cónsul hablamos de la posibilidad de la repatriación de esos hijos desgraciados de nuestro país y esa ilusión no aparece en el horizonte. China tiene la voluntad de hierro, no quiere delegar el castigo, es una historia larga que viene de las guerras del opio, es una garra que se volvió más dura con el ascenso del Partido Comunista chino. Tampoco es dable abrigar la esperanza de que las mafias declinarán el tráfico de drogas hacia esas latitudes. El costo de las sustancias se multiplica en ese país inmenso y a los jefes mafiosos les importa poco el destino de quienes son apresados con su carga de muerte. Solo queda una campaña enorme para disuadir a los jóvenes de esta tentación y la perfección de la inteligencia y los controles en la salida de nuestros aeropuertos y fronteras. Es necesario contar cada detención, cada tragedia, hasta que el mensaje llegue a los rincones de los barrios de nuestras ciudades donde los criminales abusan de la pobreza y de la ingenuidad de nuestros muchachos y los embarcan en la quimera de conseguir un dinero con el riesgo de empeñar para siempre su vida. Columna de Opinión publicada en Revista Semana

Por: Caracol Radio Las acciones generaron el desplazamiento de 1200 colombianos, otros 400.000 se vieron afectados por los ataques a oleoductos y la contaminación del agua, las pérdidas para el sector petrolero superaron los 101.700.000 millones de pesos, según lo expresó Ariel Ávila,investigador de la Fundación Paz y Reconciliación. Según la Fundación,  las acciones violentas en eso dos meses se triplicaron con respecto a las que hubo durante cinco meses del cese unilateral. «En los dos meses después del rompimiento del cese unilateral del 22 de mayo al 20 de junio, se cometieron 372 acciones armadas legando a los niveles prácticamente de 2011, 1200 desplazamientos, 400.000 personas afectadas de forma indirecta por el tema del rompimiento de los oleoductos o el tema de volamientos de torres de energía, un costo ambiental que todavía es incalculable y sobre todo un costo político en el tema del proceso de paz«. Frente al nuevo cese decretado por las Farc, que comenzó a regir el 20 de julio, Ávila dijo que de la suspensión de los bombardeos por parte del Gobierno dependerá  en gran medida el desescalamiento en el próximo mes o meses que dure el nuevo cese unilateral. «Un cese unilateral tiene unos límites que mantener, por eso hay que hacerle un llamado alGobierno a que comience a desescalar, para llegar en cuatro meses a un cese bilateral». En la presentación del informe, León  Valencia, presidente de la Fundación,  señaló que decretar un cese bilateral antes de las elecciones de octubre, podría asegurar el desescalamiento. «Si las elecciones de octubre nos cogen en un escalamiento del conflicto como el que hay ahora, pues la cosa sería  desbaratar esas negociación, porque además de las Farc está también el ELNy ahora hay una interferencia grande de las mafias en la campaña electoral, que claro queda más al desnudo si las Farc no está en tregua, porque si las Farc no está en tregua todo se lo achacan a las Farc», precisó Valencia.

Parece ser que en Magdalena el fantasma de la parapolítica será uno de los principales protagonistas en las elecciones regionales del próximo 25 de octubre. O por lo menos así lo ha dejado ver hasta el momento la agitada campaña para la Gobernación del departamento, que en este caso tiene además como telón de fondo las rivalidades políticas dentro de una familia que por años ha ostentado el poder en esa región del país: los Vives. Hasta hace unas semanas, en las calles de Santa Marta y en las de los municipios de la región se decía casi con certeza que la próxima gobernadora del Magdalena sería Rosa Cotes Vives, tía del actual gobernador Luis Miguel Cotes Habeych, el Mello Cotes. Fue la primera en oficializar su candidatura, avalada por Cambio Radical, y su nombre sonaba para el cargo desde finales del año pasado. Además, desde que su sobrino asumió la Gobernación, Rosa Cotes se había venido desempeñando como gestora social, labor que le dio visibilidad y le valió el reconocimiento como “la primera dama del departamento”. Sin embargo, los cuestionamientos sobre su candidatura son varios. Es la esposa del exalcalde de Santa Marta José Francisco Zúñiga Riascos, quien en 2009 fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado y constreñimiento al sufragante, luego de que reconociera haber recibido apoyo del jefe paramilitar Hernán Giraldo, cabecilla del frente Resistencia Tayrona de las Auc, cuando aspiraba a la Alcaldía en 2004. Rosa Cotes es la carta del denominado grupo de Los Conejos, liderado por sus dos hermanos Luis Miguel y Álvaro Cotes Vives, este último padre del hoy gobernador, que en su momento no sólo apoyaron la candidatura de Zúñiga, sino también la del exgobernador Trino Luna, igualmente condenado en el proceso de la parapolítica, por sus nexos con Hernán Giraldo y Jorge 40. Quienes conocen el manejo de la política en el departamento dicen que en la Gobernación no se toma una sola decisión sin que pase antes por la aprobación de Álvaro Cotes quien, aseguran, ha sido el que ha manejado los hilos del poder detrás de su hijo. Con la llegada de Rosa Cotes al cargo, la estrategia se mantendría, consolidando así el poder del clan político en el Magdalena. Los Cotes tienen también un importante punto a su favor. Cuentan con el apoyo de los Díaz-Granados, poderosa familia política del departamento que tiene significativa representación local y es cercana al Gobierno Nacional. Incluso, durante la inscripción de su candidatura, Rosa Cotes estuvo acompañada por uno de los más conocidos representantes de la familia, el congresista Eduardo Díaz-Granados. La campaña de la candidata de Cambio Radical también ha sido señalada de incurrir en algunas irregularidades e incluso el pasado viernes la Fundación Paz y Reconciliación denunció la existencia de audios que demostrarían una presunta compra de votos para beneficiarla, además de la supuesta participación del Mello Cotes en el evento político que se realizó para la inscripción oficial de la candidatura de Rosa Cotes. El Espectador intentó en varias ocasiones comunicarse con la candidata, pero fue imposible hablar con ella. Sin embargo, desde la oficina de prensa de la campaña emitieron un comunicado en el que desmintieron los señalamientos hechos por Paz y Reconciliación, asegurando que quien había asistido a la inscripción había sido Álvaro Cotes Habeych, hermano gemelo del Mello. Aunque no se pronunciaron sobre la supuesta compra de votos, aseguraron que se trata de una persecución política en contra de la candidata y que prueba de ello es que en varios medios los han señalado de recibir apoyos “de políticos que en la actualidad tienen supuestos nexos con los paramilitares: infame calumnia”. Hace unas semanas, a través de una carta que circuló en redes sociales, Rosa Cotes también se había pronunciado sobre los supuestos respaldos de parapolíticos a su candidatura, señalando a otros candidatos como receptores de dichos apoyos. Concretamente, Cotes hacía referencia a artículos publicados en varios medios de comunicación en los que se advertía que dirigentes políticos como Miguel Pinedo y Luis Eduardo Vives Lacouture (ambos condenados por parapolítica) estarían uniendo fuerzas para rodear la campaña del candidato por el Partido Liberal Joaquín José Vives Pérez, el más fuerte contendor de Rosa Cotes, y además su primo hermano. A Jotica Vives, como se le conoce en la región al aspirante del liberalismo, también lo cuestionan por supuestamente contar con el apoyo del exdirigente político Jorge Caballero, condenado en 2008 por vínculos con paramilitares del bloque Norte de las Autodefensas, y del excongresista Alfonso Campo Escobar, uno de los firmantes del Pacto de Ralito, suscrito en 2001 por jefes de las autodefensas y más de 50 políticos, con el objetivo de establecer un proyecto para “refundar al país”. Controversias a las que el candidato responde asegurando que no ha hecho alianzas de ningún tipo, aunque desde su campaña se ha trabajado para convocar a todos los sectores y partidos para que acompañen su propuesta. “Si me pregunta si Miguel Pinedo está conmigo, que es lo que ha dicho Rosa Cotes, voy a decir que he hablado con él, pero nunca me ha dicho que va a estar conmigo”, explicó a El Espectador Vives Pérez, manifestando que en efecto se ha reunido con muchos líderes políticos del Magdalena, como cualquier otro candidato. “Me han atribuido a Jorge Luis Caballero y él no está conmigo, que yo sepa está con Rosa”, aseveró insistiendo en que las condiciones de su campaña están puestas por un programa de gobierno al que pueden adherir quienes se sientan representados. “Yo no soy candidato nacido de una coalición de ellos (parapolíticos). Si llegan aquí, llegarán bajo las condiciones que yo pongo, pero no es que se hayan organizado y yo sea la figura de ellos. Lo he dicho públicamente: si creen que van a hacer más de lo mismo, están equivocados”, puntualizó. Para algunos, la candidatura de Jotica Vives es un palo en la rueda para Rosa Cotes, pues se habla de algunas divisiones en las filas de Cambio Radical en el departamento que podrían finalmente favorecer al candidato del liberalismo. El otro contendor en la batalla, Jorge Luis López, del Centro Democrático, aún es visto como un candidato débil, más aun si se tiene en cuenta que su partido no tiene estructuras ni plataformas fuertes en la región que le permitan la construcción de bases para ganar votos en zonas ya dominadas por las otras colectividades. De hecho, no cuentan con candidato para la Alcaldía de Santa Marta. Aunque recién empieza la campaña electoral y aún quedan tres meses para la cita en las urnas, lo cierto es que hay quienes creen que el tema de la parapolítica tocó tanto al departamento que es casi imposible hacer política sin tropezarse en algún momento con el tema pues, a pesar de sus enredos judiciales, los barones que resultaron salpicados por el escándalo aún conservan la capacidad de orientar la opinión pública y mantienen importantes redes electorales en el departamento que serán definitivas a la hora de elegir un ganador.

Por: El Tiempo Se firmen o no los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc, las ciudades y no solo las áreas rurales deben prepararse para el posconflicto. Aún más si se considera que el 76 por ciento de los colombianos vive en ciudades, y que para el 2050 se espera que la cifra supere el 80 por ciento, según proyecciones de ONU-Hábitat. Esa fue la principal conclusión del ‘Primer Foro Ciudades y Posconflicto’, organizado por ONU-Hábitat, el Fondo Nacional del Ahorro (FNA) y Portafolio, en el que participaron representantes de los ministerios de Interior y Vivienda, alcaldes, expertos y cooperantes internacionales. “Debería ser una política central de aquí en adelante. La agenda del posconflicto debe construirse, no solo para la firma de los acuerdos, sino como una prioridad para la transformación social del país”, aseguró Sandra Devia, directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior. ¿Cómo lograrlo? Devia asegura que un instrumento imprescindible son los planes de ordenamiento territorial (POT) de cada municipio y ciudad pequeña, intermedia o grande. “La descentralización no es esperar que la Nación les dé dinero, sino gobernabilidad, que los alcaldes construyan ciudad. Cada uno de ellos debe tener un plan para el posconflicto”, agregó. Y esto exige que las ciudades dejen de mirarse en el espejo e incluyan en sus planes las áreas metropolitanas, que articulen a los municipios con los que interactúan por sus dinámicas económicas y sociales. “Deben tener instrumentos de planeación que permitan capitalizar los dividendos de la paz, pero el 75 por ciento de las ciudades tienen el POT desactualizado y el 80 por ciento es de insuficiente calidad”, dijo Augusto Posada, presidente del FNA. Fernando Castro, subdirector del Departamento Nacional de Planeación, aseguró que para ello el plan nacional creó una herramienta, un equipo para que los alcaldes construyan sus POT, con su apoyo. Para Alexandra Guáqueta, directora nacional para el posconflicto, entre los retos está el cambio de dinámica en las relaciones de gobernanza entre la Nación y las urbes, así como repensar las estrategias de seguridad y hacer las innovaciones sociales, en educación y salud, para atender a víctimas y reinsertados. Guáqueta señaló además que es hora de hablar del control territorial que los grupos ilegales tienen en algunas zonas de las ciudades, tema al que consideró se le ha dado la espalda, aunque pidió “diferenciar las dinámicas de criminalidad urbana distintas a las del conflicto armado”. Sobre esto, León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, señaló que es clave que la Nación y que los alcaldes recuperen el control territorial cedido por años a los ilegales: a los grupos armados en el campo y a delincuentes en la ciudad. “Los jóvenes han sido cooptados en las ciudades por grupos criminales, se han apropiado de barrios donde hay debilidad del Estado, pero son actores vitales en la agenda”, anotó Valencia. Un tema clave son los dividendos que dejaría la paz. Elkin Velásquez, director regional de ONU-Hábitat, aclaró que son diferentes para cada país y ciudad y que cada experiencia en el mundo es distinta, pero hay puntos de encuentro. “De entrada, solo se puede decir que un efecto inmediato es el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y una reducción en la desigualdad, pero cada urbe construye eso”, expresó. Pero Guáqueta planteó algunas posibilidades: “Tal vez ciertos productos se abaraten porque se facilitará el transporte desde zonas donde se vivió el conflicto, incluso, porque puede caer la extorsión de los ilegales a los ciudadanos”. Una oportunidad Otra conclusión del panel es que esta es una oportunidad sin precedentes. León Valencia lo resumió así: “En los procesos de paz y desmovilización que ha vivido el país nunca se habló de posconflicto. Tampoco se había visto que los alcaldes hablaran de ello”. Carlos Caicedo, alcalde de Santa Marta, advirtió sobre los riesgos de no afirmar esos pasos y pidió no repetir la historia. “Tras el proceso con los paramilitares y su desmovilización, que dio lugar a bandas criminales que no son otra cosa sino los ‘paras’, la Nación nos dejó el tema social sin acompañamiento y nos tocó vivir, en el 2012, el paro armado de ‘los Urabeños’ ”, recordó. En este sentido, la alcaldesa de Florencia (Caquetá), Susana Portela, asegura que en sus planes urbanos hace falta el apoyo financiero por parte de la Nación. “Tienen una obligación moral con nosotros y es clave, con nuevos recursos de la Nación, poder atraer al sector privado para que tengamos otras fuentes de ingreso para construir mejor ese plan para el posconflicto”, anotó. Hay que fijarse en las raíces del conflicto Jared Kotler, asesor de paz de las Naciones Unidas, pidió “tener procesos que miren los problemas que generaron el conflicto armado”. Por su parte, Carlo Natale, de la Unión Europea, sugirió revisar el caso de Irlanda, cuyo conflicto se dio en el entorno urbano. Víctor Traverso, director de CAF Colombia, enfatizó en que la lucha es contra la iniquidad y en las ciudades intermedias. “Hay que generar identidades barriales en zonas marginales, que nos sean zonas para ocupar, sino para habitar”, puntualizó Ramón Gandarias, embajador de España. Nota publicada en el diario El Tiempo

Foto:  Marco Tulio Ruiz, Nelson Mariño y José Rodolfo Pérez. Tomada de la Silla Vacía.com Falta poco para las elecciones del 25 de octubre, sy en el departamento del Casanare todo hace pensar que la silla de la Gobernación para los próximos cuatro años ya está escriturada.  Tal como ha ocurrido en las últimas dos elecciones – en 2011 y las atípicas de 2013, este puesto será ocupado por el representante del llamado “Clan de la Casita”. El clan de “la Casita” fue conocido popularmente con este nombre desde el año de 2010, cuando sus representantes consiguieron aval del hoy extinto movimiento político AFROVIDES. Para esas elecciones, el símbolo con el que se identificaba la colectividad era una casa, de allí que fueran señalados como el “Clan de la Casita”. Para las elecciones de 2015, este Clan espera mantener el control del segundo departamento con mayor recepción de regalías en el país, por medio de la gobernación, más quince alcaldías municipales. Integrantes del Clan de la Casita: Para este propósito su carta a la Gobernación es Julio Ramos, quien por primera vez participará para aspirar a un cargo de elección popular. Julio Ramos es cercano a una de las cabezas más visibles del Clan de la Casita, Nelson Mariño, quien fue elegido como gobernador en 2011 y posteriormente destituido e inhabilitado por irregularidades en el manejo de contratos relacionados con regalías[1]. Además de Mariño, el poder de la Casita está en manos del actual gobernador Marco Tulio Ruiz y el ex representante a la Cámara, José Rodolfo Pérez, quien luego de dejar 100% Colombia, siguió los pasos de su aliado político Yahir Acuña y buscó aval en Opción Ciudadana, movimiento que respalda la candidatura de Julio Ramos. José Rodolfo Pérez renunció a la curul de representante a la cámara el pasado mes de noviembre, la que había conseguido con el aval del movimiento 100% Colombia, liderado por Yahir Acuña. Luego de renunciar a la curul poco se supo sobre el paradero de Pérez, sin embargo, a la hora de entregar los avales de Opción Ciudadana, José Rodolfo Pérez volvió a ser el referente para este partido político en el  departamento. José Rodolfo Pérez se presenta como el heredero natural de su hermano Miguel Ángel Pérez, quien en 2006 fue condenado a 15 años de cárcel por recibir el apoyo de bloque paramilitar de Martin Llanos. Un año más tarde, José Rodolfo Pérez inició su carrera política en cabeza de Apertura Liberal. Hasta ese año, Pérez no había tenido gran trayectoria en la política local. El único antecedente político que se conoce, previo a la captura de su hermano, fue en 1993, cuando se desempeñó como Secretario General de la Gobernación de Oscar Wilchez, quien también fue condenado a siete años de prisión por parapolítica. En las elecciones legislativas de 2010, José Rodolfo Pérez ganó en la mitad de los municipios del departamento y llegó al Congreso de la República con el aval de Apertura Liberal. Posteriormente, se inició el proceso de consolidación del Clan de la Casita con inclusión del caudal político de Pérez en AFROVIDES, con el que ganaron la Gobernación en 2011, por medio de Nelson Mariño, quien en 2012 fue destituido. Para las elecciones atípicas a la Gobernación, el clan demostró su poder una vez más y mantuvo la Gobernación, ahora en nombre de Marco Tulio Ruiz. Marco Tulio Ruiz, quien cuando decidió aspirar a la Gobernación tampoco registraba alguna participación en política, es reconocido en el departamento como dueño de un número importante de casinos y droguerías, negocios con los que habría conseguido su fortuna. Durante la campaña para las elecciones atípicas, se le vio acompañado de José Rodolfo Pérez y el destituido gobernador, Nelson Mariño, como se puede apreciar en las siguientes fotos  en las que se le vio usar excesivos recursos, al regalar motos, bicicletas, neveras, lavadoras y bonos para mercados. Foto tomada previa a elecciones atípicas. Marco Tulio Ruiz, Nelson Mariño y José Rodolfo Pérez. Búsqueda de un partido político: Ante la desaparición de AFROVIDES y 100% Colombia, el Clan busco aval en Opción Ciudadana y Cambio Radical, de la mano de José Rodolfo Pérez, quien había mantenido cercanía con el polémico ex representante a la Cámara Yahir Acuña. Por medio de esta relación, el partido Opción Ciudadana le entregó el aval a Ramos en reunión en la que estuvo presente Doris Vega, esposa y heredera de la red política de Luis Alberto “el Tuerto” Gil, quien en 2012 fue condenado a siete años y medio de prisión por su relación con paramilitares en el departamento de Santander. En las pasadas semanas, se vio a Yahir Acuña y Luis Alberto Gil dirigiendo reuniones de Opción Ciudadana en el Hotel Stil de Cartagena. Luego de esta reunión se conoció que José Rodolfo Pérez sería el responsable de entregar los avales de esta colectividad en el departamento de Casanare. La campaña política de Julio Ramos inició mucho antes de conseguir el aval de Opción Ciudadana y Cambio Radical, y tal como se puede ver en las siguientes fotos, los eventos su candidatura se caracterizan por el derroche de recursos, los que, según fuentes en campo, no pueden provenir de un lugar diferente que al Clan de la Casita, porque Julio Ramos, abogado de 33 años no tiene ni la trayectoria no el capital financiero para movilizar estos recursos. Se presume que la campaña que estaría siendo financiada con recursos de la Gobernación del departamento. Eventos Nelson Mariño (gobernador destituido del Casanare) – Julio Ramos actual candidato a la gobernación  (eventos públicos)  y el candidato a la alcaldía de Agua Azul Martín Pérez, quien también es apoyado por el Clan. Como era de esperarse, la correría por el departamento ha sido apoyada directamente por Nelsón Mariño, a quien además se le ha visto en eventos oficiales de la Gobernación entregando viviendas en compañía del actual gobernador Marco Tulio Ruiz, lo que demuestra como por medio de los recursos púbilcos el clan sigue haciendo procelitismo político. Así las cosas, no nos debe sorprender que el clan mantenga el poder en Casanare para las próximas elecciones y que de esa manera, pese a todas las irregularidades que rodean al Clan, estos sigan beneficiándose de los recursos del departamento y puedan gobernar en cuerpo ajeno. [1] “Procuraduría confirma destitución del gobernador de Casanare Nelson Mariño” en caracol.com Recuperado en Línea: http://bit.ly/1n8nrDJ

Ver informe completo El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México en 2013 elaboró un informe en el que revela cuales eran en ese entonces las cincuenta ciudades más violentas del mundo. Entre este ranking estaban cinco ciudades colombianas, una de ellas era Santa Marta. Sin embargo en 2014 el distrito turístico dio un vuelco y al dìa de hoy disminuyo sus índices de homicidio en un 50%. Pero ¿qué ha pasado desde ese entonces hasta la fecha en materia de seguridad en Santa Marta?; ¿Por qué mejoraron los indicadores?. La respuesta a estos interrogantes se encuentra en el informe de balance de seguridad y convivencia para el primer semestre de 2015, elaborado por el Observatorio de Seguridad de la alcaldía de Santa Marta (ODSC), donde un punto a destacar es la disminución de los delitos de alto impacto en la comuna 1 de Santa Marta. Este lugar en la ciudad, históricamente ha sido calificado como uno de las más peligrosas de la ciudad, porque venía bajo el control de los grupos armados ilegales que se dedican a la extorsión, contrabando de gasolina y al narcotráfico en el distrito de Santa Marta. Uno de estos actores ilegales eran “Los Urabeños” y “Los Pachencas” que por medios coercitivos e infundiendo el miedo en la comunidad les amedrentaba para que no denunciaran los actos delictivos de los que eran víctimas. Por otro lado esta tendencia de lectura positiva a la baja podría estar relacionada, a las estrategias implementadas por la policía metropolitana en enero del presente año que consistió en la instalación durante quince días de un comando provisional con la presencia de sus diferentes especialidades, realizaron actividades en las que se involucró a la comunidad; y a las “Ferias de la Equidad”[1] que organiza la alcaldía distrital llevando la oferta institucional a los barrios. Otro punto que resalta la baja en inseguridad con el informe del ODSC, habla en el sector de mercado de la ciudad, porque la plaza de Mercado de Santa Marta continúa siendo un punto bastante importante para la administración, por las dinámicas que allí se han venido presentando, donde la tradición era la de arreglar en el mismo mercado las cuentas. Sin denuncias. Quien controlaba la Troncal del Caribe controlaba la plaza de mercado. Sus dinámicas han estado interconectadas con la de los comerciantes del lugar, quienes han venido financiado de manera directa, a través del pago por seguridad a los actores armados ilegales. Por lo anterior en el trabajo con ellos, se ha venido estableciendo confianza y acciones rápidas de la Policía, para que los comerciantes no sientan la necesidad de seguir pagando a los ilegales. Para esto la decisión y la voluntad política de la alcaldía de recobrar el mercado y organizar la plaza debe seguir marcar la diferencia. Descargar Informe [1]La Feria de la Equidad es un programa de la Alcaldía distrital cuyo objetivo es ofertar los servicios de cada una de sus dependencias con acompañamiento de otras entidades como: la Registraduría Nacional del Estado Civil, el SENA, el ICBF, entre otros, para que la comunidad de la zona urbana y rural acceda de forma rápida y gratuita a los beneficios del Estado.

Desde el 22 de mayo de 2015, momento en que se levantó la tregua unilateral decretada por las FARC en diciembre de 2014, varias regiones del país han estado sumidas en una crisis humanitaria debido a las repercusiones de las acciones armadas. En total 372 acciones armadas. Esta escalada ha afectado especialmente a la costa pacífica y en general el sur del país,  donde se han presentado alrededor de 1200 desplazados por los hostigamientos, combates y acciones de sabotaje. En cabeceras municipales se han registrado desplazamientos intraurbanos debido a que las familias que viven cerca de estaciones de policía o bases militares, han abandonado sus viviendas por temor a los disparos y ataques con artefactos explosivos contra la Fuerza Pública por parte de las FARC. Por ejemplo, en los últimos dos meses se han presentado 29 ataques a la infraestructura energética, lo cual ha afectado la vida de más de 400,000 personas, ya que ha restringido la atención médica, la educación y las actividades del diario vivir. Igualmente se han presentado algo más de 80 acciones contra la infraestructura petrolera del país, lo cual, no solo ha causado un fuerte impacto económico, sino un terrible desastre ambiental. También se han registrado 49 ataques a bienes particulares  dejando a varios civiles heridos, entre estas acciones se incluye la quema de buses de trasporte intermunicipal, camiones de trasporte de alimentos, de gas, de servicio escolar y de carga. La mayoría de estos hechos han sido registrados en el departamento de Antioquia, el temor es tan grande que se le ha dado el nombre de “alto de los muertos” a un sitio en el que es general el ataque a los buses de servicio intermunicipal. Este panorama contrasta con lo que vivió el país los primeros cinco meses del año 2015, momento en el que se desarrolló el cese unilateral indefinido, se produjeron un total de 91 acciones armadas, 12 de estas violatorias de la tregua por parte de las FARC, entre ellas se cuenta la de Buenos Aires Cauca. Así las cosas durante estos cinco meses el promedio de acciones armadas mensual fue de 18.2. Mientras que para los dos meses en los que no hubo cese, es decir, entre el 22 de mayo y el 20 de julio, el promedio de acciones fue de 186 acciones por mes. Una vista atrás. Para el año 2011, un año antes del inicio de las negociaciones de paz, el promedio mensual de acciones armadas donde se veían involucradas estructuras de las FARC y estructuras de las Fuerza Pública colombiana era de 179, esto incluía bombardeos, campos minados, combates, hostigamientos, entre otras. La siguiente gráfica discrimina el tipo de acción armada que se produjeron durante el 2011. Bases de datos Fundación paz y reconciliación[1]. Igualmente el  año 2012 comenzó como uno de los años más violentos de la última década. Esto producto no solo por el paro armado que desarrollaron los Urabeños en varias regiones del país, sino también por las fuertes acciones de las FARC en algunas zonas de la nación. De hecho, uno de los sucesos más recordados ocurrió el mes de julio cuando el presidente de la república tuvo grandes dificultades para llegar al municipio de Toribio en el Cauca, de hecho su helicóptero fue hostigado por cerca de 2 horas, antes de poder aterrizar. Luego entre julio y septiembre el país vivió una fuerte ofensiva contra la infraestructura energética del país, lo que llevó a pensar a buena parte de la opinión pública que las FARC estaba nuevamente a la ofensiva. La siguiente gráfica muestra el total de acciones de las FARC durante el 2012 discriminada por tipo de hecho. Bases de datos Fundación Paz y Reconciliación[1]. El 2012 hasta el mes de septiembre iba encaminado a ser un año bastante más violento que el año 2011 pero fue la tregua unilateral anunciada por las FARC luego del inicio de las negociaciones la que modificó la tendencia. La siguiente gráfica muestra la evolución mensual de las acciones de las FARC para el 2012.  Debe recordarse que desde el inicio de las negociaciones de paz las FARC declararon un total de 5 treguas, la primera de ellas a finales del año 2012. [1] Las convenciones son: C= Combate; H=Hostigamiento; CM=Campo Minado; B= Bombardeo; AIP= Ataque a la infraestructura petrolera;  AIE= Ataques a la infraestructura energética; F=Francotirador; E= Emboscada;  ABP= Ataques a bienes particulares. Bases de datos Fundación Paz y Reconciliación. Nótese como enero y agosto fueron los meses más violentos con más de 300 acciones cada uno y en los demás meses la tendencia fue bastante similar a excepción de los últimos dos meses cuando se declaró la tregua Unilateral. Esta cifra de enero y agosto llama la atención, pues es la primera vez que se superan las 300 acciones por mes en la última década. Las Cifras del cese unilateral indefinido diciembre de 2014- mayo de 2015. Durante los cinco meses de tregua en total se dieron 91 acciones armadas. De ellas 12 fueron violatorias de la tregua  y las restantes 79 fueron de iniciativa de la fuerza pública. Entre las acciones violatorias de la tregua se encuentra la de Buenos aires Cauca que dejó un total de 11 militares muertos. La siguiente gráfica muestra dicha distribución. Base de datos Fundación Paz y Reconciliación. Así las cosas se pasó de posibles 895, suma que sale del promedio de acciones de 2011 (179), a 91 acciones en los cinco meses de tregua entre finales de 2014 y 2015. Es decir, se presentó una reducción cercana al 90%. El siguiente mapa muestra los municipios donde se presentaron dichas acciones armad La siguiente gráfica muestra el tipo de acción en la que se distribuyeron las 91 acciones realizadas durante la duración de la tregua. Al comparar los primeros 5 meses desde el año 2012 hasta el año 2015, se pueden apreciar los siguientes datos. Base de datos de la Fundación Paz y Reconciliación. Se debe aclarar que durante el año 2014 hubo un total de 5 treguas temporales, por ello una reducción importante en la intensidad del conflicto. Los datos de la Guerra Mayo 22 de 2015- julio 20 de 2015 Una vez levantado el cese unilateral declarado por las FARC el 22 de mayo de 2015, el número de acciones armadas fue incrementándose paulatinamente. El país se había acostumbrado a la paz, y reaccionó fuertemente ante el incremento del accionar militar por parte de las FARC. La siguiente gráfica muestra el tipo de acción militar que se produjeron durante estos dos meses: Base de datos Fundación Paz y Reconciliación. Dos cosas se deben destacar de la anterior gráfica. Por un lado, los más de 100 ataque a la infraestructura económica del país. (83 acciones contra la infraestructura petrolera, 29 energética y 13 contra la infraestructura vial). Desde el año 2008 las FARC adoptaron este tipo de ataques como una estrategia militar, e incluso, crearon las famosas comisiones de mineros, comandos especializados en este tipo de ataques.  Lo segundo, es la reducción importante de los combates, las FARC cada vez combaten menos y se dedican más a la guerra de guerrillas. Los costos económicos de la industria petrolera comparando el primer trimestre del año  2015 con el segundo son los siguientes. Fuente. CAMPETROL. Durante el segundo trimestre del año e incluido los primeros días de julio  los costos en el sector por las acciones suman cerca de $101.700 millones de pesos (en los cuales se incluye reparaciones, descontaminaciones, y pérdida de crudo). Durante el primer trimestre la cifra fue bastante baja como se ve en la anterior gráfica. Este año el sector ha perdido más de 100.000 barriles lo que equivale a $14.560 millones en pérdidas de ingresos por venta de crudo.  Dicho datos salen del informe publicado el 16 de julio del 2015 por la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros. Ahora bien, la intensidad de la confrontación armada no fue homogénea en todo el país, fueron 19 departamentos afectados y 100 municipios. De hecho, seis departamentos suman cerca del 80% del total de acciones armadas siendo Putumayo el más afectado, tal como lo muestra la siguiente gráfica. Base de datos Fundación Paz y Reconciliación. El siguiente mapa muestra el total de municipios afectados por las acciones armadas y su ubicación.  Cerca de 10 municipios concentraron más de 80 acciones armadas. [1] Las convenciones son: C= Combate; H=Hostigamiento; CM=Campo Minado; B= Bombardeo; AIP= Ataque a la infraestructura petrolera;  AIE= Ataques a la infraestructura energética; F=Francotirador; E= Emboscada;  ABP= Ataques a bienes particulares.