Por medio de un comunicado oficial el Comité Político del Pacto Histórico confirmó que la consulta interna no se realizará para escoger la candidatura presidencial, aun cuando la decisión del Tribunal Superior de Bogotá fue suspender lo dispuesto por el CNE en relación a los sectores que podían estar en la unificación del partido. Pero entonces, la discusión debe centrarse en cómo garantizar que la democracia interna de cada uno de los partidos y movimientos políticos no sea excluyente y realmente responda a los intereses de sus bases.

La tutela interpuesta por Gustavo Bolívar y Carolina Corcho logró retomar la posibilidad de participación de los sectores excluidos por el CNE. Sin embargo, la coalición decidió priorizar la consulta interpartidista prevista para marzo, junto con otros liderazgos progresistas o cercanos al progresismo de cara a las elecciones presidenciales, lo cual busca lograr mayores certezas jurídicas, pero que, al mismo tiempo, extiende la incertidumbre para la definición de la candidatura presidencial.

La consulta sigue siendo la ocasión para mostrar que la democracia interna del progresismo está a la altura del proyecto político que se promete y es una oportunidad de marcar la diferencia frente a las prácticas excluyentes que se critican en otros sectores. De cara a la jornada electoral lo que está en juego, además, es la capacidad de los sectores alternativos de asegurar reglas claras, respaldo y condiciones aptas para competir. Sin garantías reales, cualquier consulta puede deslegitimar la apuesta política en vez de fortalecerla.

Las tensiones alrededor de figuras como Daniel Quintero evidencian otro punto crítico, pues el ingreso de aspirantes cuestionados puede sabotear el proyecto político desde dentro y nos recuerda casos como el de “Manguito” que demostró cómo este tipo de avales se convierten en un problema para las mismas fuerzas progresistas. Hoy, el riesgo de que un nuevo “manguito” logre colarse es muy fuerte y la presencia de candidaturas con procesos judiciales abiertos o con alianzas discutibles plantea la necesidad urgente de filtros más robustos. Reconociendo que la intensión no es juzgar de forma precipitada, aun cuando dichas investigaciones no les halla responsabilidad, todavía.

Una de las cosas más delicadas de esta coyuntura es que la discusión ha concentrado en justas peleas jurídicas por las restricciones y en desconfianzas entre colectividades y precandidaturas, pero la discusión sobre cómo consolidar un Frente Amplio capaz está siendo desplazada, y esa dinámica refuerza la percepción de que el progresismo está atrapado en sus propias pugnas internas. Además, la falta de consensos internos sobre cómo manejar estas tensiones proyecta una imagen de improvisación que la derecha no va a desaprovechar, aunque la oposición no atraviesa su mejor momento, pues sus precandidaturas no tienen mayor fuerza en la opinión pública y sus liderazgos tradicionales no logran articular unos relatos completamente atractivos.

Pero igualmente, no habrá consulta que valga, sin garantías jurídicas claras. La prioridad debe ser organizar desde ya un mecanismo que no dependa de la improvisación, que convoque ampliamente a las bases, pero que, sobre todo, proyecte una candidatura con alta legitimidad. No hay tiempo para seguir aplazando decisiones ni para dejar que las diferencias internas se conviertan en rupturas irreparables. De aquí a marzo, el reto es construir un Frente Amplio que asegure la continuidad del proyecto progresista en 2026. El tiempo apremia y no se puede menospreciar que la derecha espera cualquier tropiezo para recuperar el terreno perdido.  

Aunque la consulta de octubre se va cayendo, todavía estamos a tiempo de evitar que lo que caiga sea la credibilidad del progresismo como alternativa de poder.

* Continuando con el objetivo del Especial Consulta, durante el mes de septiembre mis columnas de opinión estuvieron orientadas a promover algunas reflexiones sobre la consulta de los sectores progresistas.