¿Riesgo inminente para los firmantes de paz del ETCR Simón Trinidad en Cesar?

La crisis humanitaria desencadena el 16 de enero de 2025 en la región del Catatumbo, tras la ofensiva del ELN contra el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), ha afectado de forma directa a los firmantes del Acuerdo de Paz. De acuerdo a los datos registrados por la Defensoría del Pueblo (con fecha de corte al 22 de enero) se han documentado 6 firmantes asesinados, siete desapariciones, y 102 desplazados.

El recrudecimiento de la violencia en esta zona ha generado un clima de zozobra que pone en riesgo tanto la estabilidad de los procesos de reincorporación como la seguridad de las comunidades, de manera que las acciones violentas contra firmantes de paz en el Catatumbo puedan ser extensivas a otros departamentos. De hecho,la Defensoría del Pueblo en su última alerta temprana 005-25, emitida el 10 de marzo de 2025, advirtió sobre un posible riesgo inminente que enfrentaría la población civil, particularmente las personas firmantes del acuerdo y el campesinado, de los municipios de La Paz, Manaure Balcón del Cesar y San Diego, en el norte del departamento Cesar. Se menciona que la advertencia tiene como epicentro el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Simón Trinidad de la vereda Tierra Grata, situada en límites entre los corregimientos de Sabanas de León, de Manaure Balcón del Cesar, y San José de Oriente, de La Paz.

 

Mapa 1  Focalización geográfica del riesgo

 

Este riesgo inminente se plantea como consecuencia de una posible expansión de la confrontación armada del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, donde se proyectan enfrentamientos entre el Frente de Guerra Nororiental- Manuel Pérez Martínez del ELN y el Frente 19 Simón Trinidad del Bloque Magdalena Medio- Gentil Duarte del EMBF. La Defensoría del Pueblo, argumenta que esta región del Cesar se ha caracterizado por su valor geoestratégico como zona de refugio/retaguardia, o como corredor de movilidad, de manera que si esta región antes les resultaba de interés a los grupos armados en conflicto, ahora, en el marco de una confrontación abierta, adquiere un mayor valor.

 

¿Cómo afecta esta situación a la población firmante de paz?

La prospectiva de riesgo inminente descrita por la Defensoría, indica posibles afectaciones directas contra esta población, entre las que se incluyen: homicidios selectivos, desplazamientos masivos, desapariciones forzadas, estigmatización, amenazas, retenciones ilegales, y extorsión. Esta acciones dirigidas contra la población del mencionado ETCR hace parte de dinámicas de estigmatización a través de las cuales su proceso de reincorporación es puesto bajo sospecha por determinados sectores sociales y políticos, que los asocian con las facciones disidentes de las antiguas FARC-EP, aumentado así su nivel de riesgo y vulnerabilidad frente a una eventual expansión del conflicto al norte del Cesar.

 

Estas dinámicas de estigmatización, han sido empleadas como mecanismo para justificar agresiones contra firmantes de paz. Una muestra de ellos es que, el pasado 19 de enero de 2025, a través de un comunicado del ELN titulado “No eran civiles, jugaban a dos bandos”, en el cual el Frente de Guerra Nororiental afirma que los cinco firmantes de paz asesinados para ese momento en el Catatumbo, eran  miembros activos del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), razón por la cual su asesinato era “justificado”. Ante este panorama crítico para los firmantes de paz, es necesario preguntarse:

 

El Observatorio para la Defensa de la Vida (ODEVIDA),identificó que entre los años 2017 y 2025 (con fecha de corte hasta el 3 de marzo) se perpetraron un total de 442 asesinatos en contra de personas firmantes del Acuerdo de Paz. A partir de estas cifras, se evidenció un aumento sostenido de los homicidios entre 2017 y 2019, reflejando un período de alta vulnerabilidad para dicha población. Este incremento puede estar relacionado con la lenta implementación de medidas de seguridad y la reconfiguración de grupos armados organizados en territorios históricamente controlados por la antigua guerrilla de las FARC-EP. 

 

Particularmente, en 2017 se registraron 36 asesinatos, cifra que se duplicó en 2018 con 67 casos, y alcanzó su punto más álgido en 2019 con 79 homicidios. A partir de 2020, se observa un breve descenso progresivo en los asesinatos, con un total de 75 homicidios, que se redujeron el año siguiente (2021) a 53 asesinatos. Decreciendo la cifra aún más en el año 2022 a 42 homicidios, y aumentando dos casos más para el año 2023, para un disminuyendo nuevamente en 2024 con 30 casos. Sin embargo, pese a la reducción sostenida de casos de homicidio, el 2025 inicio de manera violenta, consolidando a enero de 2025 como el primer mes del año más violento entre 2017 y 2025, con un total de 10 casos.

 

 

Por otra parte, los datos reflejan que la violencia homicida contra firmantes de paz no es uniforme en todo el país, sino que se concentra en departamentos con una fuerte presencia de actores armados, disputas por el control social y  territorial y economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal. El caso de Cauca, con la cifra más alta de homicidios (81) es un reflejo de la reconfiguración de la violencia en este departamento, donde los actores armados continúan disputándose el control de corredores estratégicos. La situación es similar en departamentos como Nariño, el cual registra un total de 43 asesinatos, Antioquia 41 y Caquetá con 40. La débil presencia estatal y la fuerte presencia de grupos armados ha convertido a estos  cuatro departamentos como los que concentran el mayor nivel de riesgo de violencia homicida para firmantes de paz a nivel nacional.

 

Gráfica 2 violencia homicida contra personas firmantes del paz entre 2017 y 2025 diferenciada por departamento

 

 

Estos datos, evidencian que tras casi una década de la firma del Acuerdo de Paz de 2016,la implementación de dicho acuerdo en materia de medidas de protección a población firmante es deficiente, permitiendo la reproducción de factores de riesgo que afectan especialmente a esta población en zonas con presencia de conflictividad armada. El bajo nivel de implementación de medidas de protección y seguridad para firmantes no es una problemática reciente, pues aproximadamente hace tres años la Corte Constitucional declaró un Estado de Cosas Inconstitucional por medio de la sentencia  SU020/22, en la cual constató las graves violaciones a la vida y a la seguridad de la mencionada población, reconociendo, los reiterados incumplimientos y la falta de voluntad política de las autoridades para ejecutar sus obligaciones de manera concordante con las normas legales y constitucionales que desarrollaron el componente previsto en el punto 3.4 del Acuerdo Final de Paz (Corte Constitucional,2022).Asimismo, la directora de la Agencia para la Reincorporación, Alejandra Miller, en entrevista con El Tiempo reconoció las falencias de la implementación del acuerdo y sus implicaciones en materia de seguridad para los firmantes:

“Creo que este tema de la seguridad sin duda se ha venido deteriorando, entre otras causas, por la no implementación a tiempo del acuerdo de paz.[…] Por lo tanto, una solución estructural al problema de seguridad, que sin duda es una enorme preocupación para la reincorporación, si a los firmantes los están matando no hay reincorporación que valga, está en la posibilidad de que avancen las mesas de diálogo en el marco de la ‘paz total’”.

Por lo tanto, teniendo en cuenta este panorama, es necesario que el Estado Colombiano implemente de manera efectiva lo pactado en dicho acuerdo, adoptando integralmente las políticas de protección contenidas allí ,de manera que estas se focalicen en las regiones donde se enfrentan mayores riesgos. De la misma manera, es necesario fortalecer la capacidad de respuesta institucional frente a eventuales escenarios de riesgo, como el señalado por la Defensoría del Pueblo en el norte del departamento del Cesar. La advertencia de la Defensoría del Pueblo sobre un riesgo inminente contra la población firmante ubicada en la Serranía del Perijá, debe constituirse como insumo para la prevención y reducción del riesgo, que permita mitigar las afectaciones que se pueden desencadenar ante una posible expansión de la crisis humanitaria del Catatumbo hacia la franja de la Serranía del Perijá, previendo que las graves afectaciones padecidas por firmantes en el Catatumbo no se reproduzcan en el Cesar.

 

 

 

Referencias

-Defensoría del Pueblo. (2025). Alerta temprana de Inminencia 005-25. Recuperado de https://alertasstg.blob.core.windows.net/alertas/005-25.pdf

-Corte Constitucional de Colombia. (2022). Sentencia SU-020/22. Magistrada Ponente Cristina Pardo Schlesinger. Recuperado de  https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2022/SU020-22.htm

-El Tiempo. (2024). “Sin seguridad para los firmantes, no hay reincorporación que valga”: Alejandra Miller, directora de la Agencia para la Reincorporación. Recuperado de: https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/sin-seguridad-para-los-firmantes-no-hay-reincorporacion-que-valga-alejandra-miller-directora-de-la-agencia-para-la-reincorporacion-3401831

-Defensoría del Pueblo de Colombia. (2024, 5 de marzo). Se agrava la crisis humanitaria en el Catatumbo: 36.000 personas desplazadas. Recuperado de: https://www.defensoria.gov.co/en/-/se-agrava-la-crisis-humanitaria-en-el-catatumbo-36.000-personas-desplazadas