Por: Redacción Pares
Hay una serie de preguntas sobre las revelaciones que ha hecho la Revista Semana en las últimas horas sobre interceptaciones ilegales por parte del Ejército Nacional a organizaciones sociales, líderes políticos de la oposición y periodistas. La primera pregunta, y tal vez la más importante, es ¿quién o quiénes dieron la orden, un general o algunos coroneles o hay algo más de fondo? señala Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y reconciliación -Pares.
Las preguntas que este hecho generan y que deben ser investigadas y esclarecidos por las autoridades correspondientes lo antes posible, indica Ávila, serían ¿para qué personas o persona iba dirigida esa información? ¿cómo iba a ser utilizada esa información? ¿quiénes eran los enlaces? y ¿cuándo comenzaron esta serie de interceptaciones ilegales?
Estas acciones son propias de regímenes autoritarios y ponen en cuestión el derecho a una sociedad libre para ejercer un control democrático, informar y gozar con todas las garantías para el libre ejercicio de la libre expresión en el Colombia.
Periodistas en la mira
La Fundación para la libertad de Prensa -FLIP, rechazó enfáticamente que en Colombia permanezcan y se agudicen las prácticas de perfilamiento y vigilancia a periodistas por parte de organismos de inteligencia estatal.
En ese sentido, la FLIP explica que el perfilamiento y vigilancia de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar colombiano se han realizado de manera masiva, incluyendo en algunos casos anotaciones temerarias que etiquetan a los periodistas con grupos al margen de la ley a partir de inferencias basadas en valoraciones sobre el contenido de sus publicaciones.
Esta se trata de una peligrosa atribución que el Ejército se está abrogando para evaluar y parametrizar contenidos democráticamente relevantes incitándolos dentro de parámetros de guerra, subraya esta Fundación que . vela por la libertad de prensa en el país. En estos perfiles se incluyen datos privados y de familiares. En ningún caso hay autorización previa y por lo tanto la recolección y análisis de partes sensibles de la información viola los principios de legalidad y finalidad contemplados por la Ley de Inteligencia, subraya la FLIP.
Según la publicación realizada por Revista Semana, en las carpetas con información personal en poder del Ejército se encuentran periodistas como María Alejandra Villamizar (Caracol Radio), Juan Forero (The Wall Street Journal), Daniel Coronell (Univisión), Federico Ríos (freelance del New York Times), Óscar Parra (Rutas del Conflicto), Stephen Ferry (independiente), Ginna Morelo (La Liga Contra el Silencio), Yolanda Ruiz (RCN Radio), Ignacio Gómez (Noticias UNO), Lindsay Addario (independiente), Nicholas Casey (New York Times), Jhon Otis (CPJ y NPR). También están los medios de comunicación Rutas del Conflicto y La Liga Contra el Silencio.
La información recogida por el Ejército incluye árboles de contactos, datos de sus familiares, amigos, fuentes o direcciones de domicilio, entre muchos otros. También contempla anotaciones o “conclusiones” que refiere a deducciones realizadas por los analistas militares sobre las orientaciones políticas de los reporteros. Además, en algunos casos, muestra información de georeferenciación, es decir los puntos geográficos visitados por los reporteros durante varios meses, indica la FLIP.
Asimismo, la investigación de Semana revelada las últimas horas, detalla que en la información recopilada por las interceptaciones ilegales incluye la interacción que tienen los periodistas en sus redes sociales. Se pueden leer comentarios como: “Juan Forero: Tiene amigo a León Valencia y simpatizante del partido verde. Simpatizante de las FARC”. Se trata de deducciones estigmatizantes y temerarias que ponen en riesgo la seguridad de los periodistas.
Investigación de la Procuraduría
Por su parte, la Procuraduría General de la Nación asume el proceso disciplinario que adelanta el Comando de las Fuerzas Militares por presuntos seguimientos por parte de miembros del Ejército a periodistas, políticos, ong y sindicalistas, que fueron denunciados por la revista Semana en su más reciente número.
Por orden del Procurador General, Fernando Carrillo, se designó un funcionario especial para que evalúe los hechos, que de acuerdo con información entregada a la opinión pública por parte del Ministro de Defensa, habría dado lugar a que fueran retirados del servicio activo 11 oficiales.
Este proceso se suma a la indagación que inició en enero el Ministerio Público contra miembros del Ejército Nacional por establecer, por los hechos derivados de la diligencia de allanamiento y registro realizada el 18 de diciembre de 2019 en las instalaciones del Cantón Militar Miguel Antonio Caro – Batallón de Ciberdefensa, en Facatativá – Cundinamarca, en el que la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, en su condición de policía judicial disciplinaria, recolecta información.
La Procuraduría inicia la práctica de pruebas con el fin de verificar la ocurrencia de la conducta, determinar si es constitutiva de falta disciplinaria o si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad, establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se desplegó el comportamiento presuntamente irregular y el perjuicio causado a la administración pública.
Es profundamente lesivo para la democracia, para la salud institucional y para el Estado de Derecho en su conjunto, que un gobierno, cooptado por un sector político de ultraderecha contemple el espionaje ilegal como una manera de tomar las riendas de un país que cada día, al parecer, se le sale más de las manos.
Naciones Unidas preocupada por esta situación
Mediante comunicado dado a conocer este domingo, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ratifica su apoyo y su solidaridad con el trabajo legítimo de defensoras y defensores de derechos humanos, periodistas, miembros de partidos políticos, jueces y otras personas, en Colombia.
La Oficina expresa su profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensoras y defensores de derechos humanos, entre otras personas.
El viernes 1 de mayo de este año, el Ministro de Defensa anunció el retiro de sus cargos de 11 oficiales al igual que dio a conocer las disposiciones adoptadas por “presunto empleo irregular de las capacidades de inteligencia militar”.
Cabe reiterar la recomendación hecha al Estado colombiano por parte de la Alta Comisionada en 2009 de: “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos y estén sujetos a estrictos controles civiles y judiciales, a avanzar en la investigación de los responsables materiales e intelectuales de los delitos cometidos y a implementar un mecanismo efectivo de depuración de archivos con la activa participación de la Procuraduría”.