Por: Isaac Morales Pérez. Coordinador de la línea de seguridad urbana y crimen organizado, Pares.
Human Rights Watch presentó un informe en el que revela que varios grupos armados en Colombia han cometido asesinatos y otros abusos contra civiles para imponer sus propias medidas en contra de la propagación de la COVID-19, han estado ejerciendo control sobre la población y el territorio para evitar la propagación del virus; la organización internacional asegura que en al menos 11 de los 32 departamentos del país, estos episodios se han registrado desde inicios de las medidas de aislamiento obligatorio que decretó el Gobierno Nacional.
“En al menos cinco de estos departamentos, los grupos utilizaron la violencia para imponer el cumplimiento de sus normas, y en al menos otros cuatro amenazaron con recurrir a la violencia. Los grupos han comunicado, generalmente a través de panfletos y mensajes de Whatsapp, una amplia variedad de medidas que incluyen toques de queda; cuarentenas; restricciones a la circulación de personas, automóviles y embarcaciones; límites con respecto a los días y horarios de apertura de tiendas; y la prohibición de acceso a las comunidades para extranjeros y personas de otras zonas del país.”, reporta Human Rights Watch.
Entre los hechos registrados, se presentan asesinatos, quema de motos y amenazan de muerte a la población civil, adicionalmente llaman la atención sobre las consecuencias nefastas de estas medidas impuestas por la violencia, como la imposibilidad de movilización en casos de extrema urgencia e incluso la obtención de recursos económicos ya que en muchas de estas poblaciones las personas viven de la venta informal de comida y otros artículos en las calles, al no haber personas en las calles y al imponerse el miedo estos pequeños negocios dejan de existir, condenando a la pobreza y al hambre a muchas familias.
Dentro del informe presentado, se reseñan actos cometidos por grupos de las disidencias de las FARC como el Frente 1, 7 y 10 en Arauca y Guaviare, el Frente Carolina Ramírez, la Columna Móvil Jaime Martínez, el Frente Oliver Sinisterra en Putumayo y Nariño; Grupos Armados Organizados como las AGC, La Mafia, Los Contadores, el ELN en Bolívar, entre otros.
Lo que sostienen Human Rights Watch, es que el Estado Colombiano no está garantizando la protección y garantía de los derechos humanos de los ciudadanos en estas zonas del país y que los grupos armados de igual forma violan todo tipo de acuerdos relacionados con los derechos de la población civil.
Claramente este tipo de hechos son consecuencia del histórico abandono estatal que se ha notado en varias zonas del país, la ausencia de la presencia institucional con oferta integral en muchos aspectos da lugar a que organizaciones armadas de este tipo tengan la capacidad de controlar estos territorios, sin acceso a la justicia, a educación y salud los pobladores se ven en alto riesgo y por ende obligados a cumplir los mandatos de miedo que les imponen.
Por ello es preciso un esfuerzo mayor por parte del Estado para consolidar su presencia y es además un llamado a la exigencia de la implementación del acuerdo de paz que preveía estos vacíos institucionales que de alguna una otra forma serian cooptados por nuevos grupos armados.
Ahora bien, lo que revela Human Rights Watch esta relacionado con el control de la movilidad, quizá asociado a la mayor diligencia de sus economías ilegales; por su parte, la Línea de Seguridad Urbana y Crimen Organizado se PARES ha prestado importante atención a hechos similares, quizá no de imposición de medidas, pero sí de presencia de grupos en varias partes del país, por ejemplo, en Santa Marta y la troncal del Caribe La Silla, Los Pacheca y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra siguen en disputas por el control de los corredores de drogas en el Caribe, aún más tras la baja de Alias 80.
En Cúcuta las disputa por el microtráfico se intensificó durante el mes de mayo en las comunas 6,7,8,9 y 10, entre bandas que distribuyen la droga del ELN y Los Rastrojos, y en Villavicencio se observa la incursión del Clan del Golfo en municipios del Meta y zonas de Villavicencio, con el presunto propósito de permear grupos de delincuencia común.
El esfuerzo del Gobierno Nacional debe orientarse a reconocer la amenaza directa que estos grupos armados y delincuenciales representan; la deuda sigue en acciones de estabilización y consolidación responsabilidad directa del Estado tras haber pactado la paz con la guerrilla de las FARC, es preciso que la oferta institucional integral llegue a las zonas más vulnerables, cooptadas por la ilegalidad y evitar así un mal mayor para el país.