Por: Laura Cano. Periodista Pares.
Recientemente se conoció que el ministro de Defensa, Diego Molano, había afirmado que en abril se daría de nuevo paso a la aspersión aérea con glifosato a cultivos ilícitos, esto a pesar de que desde distintos sectores y organizaciones se ha instado a que se dejé de lado esta herramienta, pues por años ha demostrado su poca efectividad en la lucha contra el narcotráfico, y por el contrario, su relación con enfermedades físicas y daños al suelo y los cultivos de las comunidades.
Vale la pena recordar que durante septiembre del año pasado, cuando Carlos Holmes Trujillo aseveró que se estaba avanzando en la logística, pilotos, y protocolos para comprar glifosato y reanudar las aspersiones, diversas organizaciones de la sociedad civil y expertos realizaron un comunicado en enviado al Gobierno nacional, en el que especificaban las consecuencias que tendría la reanudación de la aspersión aérea con glifosato. Además, añadían que este procedimiento es muy costoso en términos sociales y ambientales.
Resaltaban que la Agencia Internacional para el Estudio del Cáncer (IARC) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) califica al glifosato como “probablemente carcinógeno en humanos”., asimismo se retomó que en julio de 2019 la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia recomendó la prohibición global absoluta del glifosato ante la probabilidad de sufrir abortos y/o problemas dermatológicos.
“Volver a la aspersión aérea con este herbicida, además de tener implicaciones sobre el ambiente y la salud de las poblaciones, podría aumentar brechas de desarrollo y desigualdad social, considerando que la fumigación aérea no solo mata la hoja de coca, sino que erradica todo lo que se haya sembrado en un territorio, poniendo en riesgo la biodiversidad, el mínimo vital y los medios de vida de algunas poblaciones vulnerables”, se leía en el documento.
Además, y como se ha hecho en reiteradas ocasiones, se advirtió que la fumigación aérea podría llegar a causar desplazamientos de las comunidades por los efectos químicos del herbicida en su salud, las operaciones militares que se llevan a cabo en sus territorios, y la pobreza en que se ven inmersos luego de que los cultivos de pancoger son fumigados. Es necesario señalar que este panorama ha ocasionado mayores riesgos en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes.
Justamente sobre lo anterior, hay que traer a colación que hace poco más de un mes el Tribunal Superior de Pasto ordenó la suspensión de la resolución 001 de 2020 correspondiente al tema de aspersiones aéreas y pueblos indígenas. Esta fue emitida por la Dirección de Consulta Previa del Ministerio de Interior gracias a la acción de tutela interpuesta por Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA) con el acompañamiento del Colectivo Fals Borda (OFB).
Esta tutela había sido puesta por los resguardos indígenas y consejos comunitarios de la subregión del Pacífico Nariñense delos municipios de San Andrés de Tumaco, Mosquera, Maguí Payán, Santa Bárbara, Roberto Payán, La Tola, El Charco, Francisco Pizarro, Olaya Herrera y Barbacoas. En esta, entre otras cosas, denunciaban la vulneración de “los derechos fundamentales de consulta previa, consentimiento libre, previo e informado, salud, vida digna, mínimo vital, debido al proceso y al derecho de paz”.
¿Qué sigue según el Gobierno?
Siguiendo lo informado por Diego Molano, en los siguientes 90 pretenden estar al día con los parámetros para reiniciar la aspersión aérea en el país, así como tener una respuesta del Consejo Nacional de Estupefacientes sobre si avala o no esta forma de erradicación, a la vez que se alistarían las condiciones exigidas por la Corte Constitucional.
“Vamos a combinar todos los esfuerzos: primero, en erradicación manual; segundo, con desarrollo alternativo, pero también cumpliendo con los requisitos que establece la Corte Constitucional iniciaremos la aspersión en las zonas donde corresponde”, dijo el funcionario en el medio de comunicación. Igualmente, señaló el funcionario que buscan superar la cifra de erradicación de cultivos de uso ilícito, la cual para el 2020 fue de 130.000.
Sobre esto hay que nombrar que hace poco desde Pares se advirtió que esa cifra y las cuentas del Gobierno Nacional no cuadran, y podrían estar siendo infladas, pues prácticamente de ser como afirmó el Gobierno y en ese momento Carlos Holmes Trujillo, se habría acabado con las siembras de coca en el territorio nacional.
Haciendo énfasis en el seguimiento que se ha hecho desde Pares, hay preocupación por cuenta de una estrategia que está resultando ineficiente. Por ejemplo, en 2019 la reducción fue tan solo de 8.000 hectáreas aproximadamente. Sobre esto Ariel Ávila mencionaba que: “obedece a que no hay auditorias sobre las cifras. Es muy baja la auditoria que dejan hacer las Fuerzas Militares y la Policía. Además a que ”(…) Con menos hectáreas se está produciendo más cocaína. En gran parte esto tiene que ver con los precios del mercado internacional. El precio de la droga está muy alto”.
Ante esta situación desde Pares se habló con Rosa María Mateus, defensora de Derechos Humanos y abogada Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, organización desde donde ha venido haciendo acompañamiento integral a comunidades indígenas, afro y campesinas en procesos de exigibilidad de sus derechos en la defensa de su territorio, su autonomía y sus formas de vida.
Pares: Desde distintos sectores se ha insistido en lo poco efectivas que son las aspersiones aéreas en esa lucha contra el narcotráfico que el Gobierno lleva. Ahora, con el nuevo ministro el camino que se quiere tomar es el mismo. ¿Desde el Cajar, con todo el trabajo que han adelantado al respecto, cuál es la lectura que se hace sobre que se quiera en abril retomar estas aspersiones?
Rosa María Mateus: Realmente con el Gobierno Duque no es extraña una postura de este tipo por parte de un ministro. Ya son varios los que han pasado y han tenido como propósito este tipo de políticas. Entonces no es extraño para nosotros que este nuevo ministro también tenga esa postura irracional al respecto.
Frente a esto hay mucha impotencia, hay mucha tensión, miedo y zozobra con este tipo de declaraciones en las comunidades que han sido afectadas y que se verían afectadas con las aspersiones aéreas con glifosato, que a su vez, también varias de estas son las que se están viendo afectadas por las aspersiones terrestres y por la erradicación forzada.
Pares: Es un hecho que la implementación de Acuerdo de Paz ha sido insuficiente, y por esa vía la implementación del PNIS. ¿Esto cómo afecta o qué injerencia tiene en estas decisiones del Gobierno de continuar con las aspersiones aéreas?
R.M.M: En efecto la implementación del Acuerdo de Paz no se está realizando de manera real, ni efectiva. El Gobierno no está cumpliendo con lo que allí se estableció, ni con las políticas públicas que deberían haberse generado. El Gobierno lo que hizo fue inventarse un tema paralelo, en el que está invirtiendo los recursos que deberían estar dirigidos a implementar el Acuerdo.
No hay una implementación real, sobre todo del punto 4 y estas políticas antidrogas; se sigue persiguiendo al eslabón más débil de la cadena del narcotráfico que son los cultivadores, y se pretende seguir con el tema de los consumidores. Esto es lamentable.
La Corte Constitucional fijo unos criterios, incluso en razón de las varias acciones de tutela que se han venido realizando, de la presión de las comunidades y de medios de comunicación, allí se establecían los pasos y todo lo que se debería primero hacer antes de llegar a la decisión de las aspersiones.
Entonces, lo primero es intentar que vía sustitución voluntaria, pero por supuesto que esto no va a ser posible si la gente no tiene las garantías del cumplimiento de los acuerdos a los que se llegan con ellos/as. Ahí vemos una gran preocupación, hay una falta de veeduría y de observación muy grande frente a lo que está pasando con los programas de sustitución voluntaria, esto significa que la gente no pueda abandonar el cultivo de uso ilícito, pues porque básicamente quedarían sin sus necesidades básicas cubiertas, en términos también en que estos cultivos les ha dado todo lo que el Estado no.
Es increíble cuando se llega a una comunidad y se pregunta qué les ha dado la coca y se encuentra en que la coca ha sido el Estado en muchos lugares de nuestro país. Pero también es muy triste cuando se les pregunta qué les ha quitado la coca, porque también las comunidades lo reconocen, están convencidas de que es necesario un cambio y una transformación, y por eso le apuntan a la sustitución voluntaria.
No hay que olvidar que el punto 4 también contempla el rol de las políticas para perseguir a los verdaderos narcotraficantes y en ese sentido si el Gobierno no actúa, son actores que van a continuar en las regiones haciendo una presión muy grande frente a los cultivadores y los campesinos.
Pares: Hace poco más de un mes se conoció que el Tribunal Superior de Pasto decidió admitir la tutela en la que las comunidades del Pacífico pedían que se suspendiera la resolución 001 de 2020 con la que se pretendía las aspersiones en algunos zonas de sus territorios. Con esto, y entre muchas otras acciones, ha resaltado la importancia de la organización. ¿Cómo fortalecer estas acciones? Asimismo, ¿cómo éstas han venido jugando un papel fundamental en la oposición a la aspersión aérea?
R.M.M: Realmente este ha sido un trabajo muy complejo de organizaciones y procesos de base, y de organizaciones nacionales, sin embargo, en medio de todo lo que significa esto se ha podido abrir una grieta en esa gran roca, porque estos sistemas de justicia lamentablemente no son perfectos, pero sí se han tomado unas decisiones que han dejado ver cómo realmente el Gobierno no ha cumplido, y cómo deben darse unas garantías previas frente a cualquier acción que tome el Gobierno respecto a la aspersión forzada.
Definitivamente hay que continuar fortaleciendo estas acciones. En este momento una de las maneras que nosotros/as vemos y que es muy importante, es que la sociedad en general esté pendiente de lo que la Corte Constitucional debe hacer en este momento, pues en este momento debe definir con rigurosidad todos los requisitos para la aspersión aérea.
«Con este Gobierno está funcionando mucho el dicho de “confunde y reinarás”, pues estos informes que están presentando, es una cantidad de papel, pero en la filigrana y en la observación real nos encontramos con que todo eso es puro papel y que no se está cumpliendo de manera efectiva con ninguno de los programas que se han determinado» Imagen: Pares.
Por otra parte, las organizaciones han jugado un papel fundamental, ese fortalecimiento organizativo es el que ha dado paso a la resistencia, el que ha dado paso a la denuncia, y el que seguirá abriendo pasos en el país. Definitivamente se depende mucho de esa fuerza que se busca en los territorios.
Nosotros confiamos en esa fuerza de movilización, a pesar de lo difícil de las situaciones que se están presentando en estas zonas, de la criminalización y judicialización de líderes/as muy importantes para estas causas. Frente a eso hay que seguir organizándonos, seguir denunciando y seguir resistiendo a un Gobierno que no tiene ninguna voluntad de escuchar a las organizaciones sociales, ni a los/as expertos/as que se han pronunciado sobre el tema de daños del glifosato.
Pares: Por último, el ministro dice que lo que se pretende es superar la meta de erradicación de 130.000 hectáreas de cultivos ilícitos que se tuvo en 2020 y que en menos de 90 días estarían listas las condiciones establecidas por la Corte para la reanudación de la aspersión, así como la respuesta del Consejo Nacional de Estupefacientes. Esta es parte de la versión institucional. Con el trabajo que ustedes han venido realizando, ¿cuáles son las condiciones de muchas de las zonas y el contexto en el que se pretende retomar las aspersiones? ¿Hay condiciones reales para las comunidades?
R.M.M: No hay condiciones de garantías de derechos de las comunidades que se verían afectadas con las aspersiones aéreas. Aquí en Colombia desde hace mucho tiempo todo este tema de las consultas han funcionado como relataba Eduardo Galeano, cuando señalaba que un cocinero en alguna ocasión reunió a todas las aves del mundo y les preguntó con qué salsa querían ser comidas, y entonces una gallina pasó al frente y le dijo que ellas no querían ser comidas, por lo que el cocinero le dijo que no, que eso estaba fuera de la cuestión.
Así funciona mucho este papel de las consultas, de la participación de las comunidades, y así como el cocinero, el Gobierno colombiano no quiere escuchar a quienes se verían directamente afectados/as. Hay una preocupación enorme porque a pesar que se logran esos mecanismos, estos se diluyen y no se hacen de manera responsables y tampoco son efectivos. Por eso es que las comunidades han tenido que organizarse para resistir de otras maneras, las cuales son muy riesgosas, atravesadas por mucha violencia y persecución. Detrás de esto hay intereses muy oscuros con todo estos, que es todo el megaproyecto del narcotráfico.
Lo anterior es solo un parte, porque también hay que hablar de cuando se dañan cultivos y luego no queda otra opción que sembrar a otros lados, porque tienen necesidades que suplir, pero además tienen actores armados respirándoles al lado.
El Estado insiste en seguir cometiendo el mismo error que se ha venido cometiendo por años. Estas declaraciones vienen de un Gobierno que se podría catalogar como cínico. No sería para nada viable que un Gobierno como este continuara. Hay que pensar muy bien en lo que se viene.
Si el Gobierno vuelve a realizar las aspersiones seguiremos poniendo la piedra en la rueda para que esto no funcione. Pero igual las comunidades deben prepararse para tener unos mecanismos de autoprotección, de no dejar que sus niños salgan mientras están asperjando, no consumir agua de esas fuentes. Esto es toda una tragedia, y nos resistimos a pensar que esto suceda nuevamente, pues el Estado ni siquiera ha parado a estudiar la cantidad de demandas que tiene pendientes alrededor de este tema.
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