Vuelve y juega: Colombia, el país más peligroso para líderes ambientales

Por: Laura Cano Periodista – Pares

La violencia en el país no cesa. Desde la firma del Acuerdo de Paz, los asesinatos a líderes y lideresas sociales han sido uno de los problemas que más se han agudizado en Colombia. Según el Sistema de Información de la Fundación Paz & Reconciliación (SIPARES), desde el 24 de noviembre de 2016 hasta la fecha, se han registrado 675 asesinatos contra esta población (Te podría interesar el informe: Violencia contra personas líderes y defensoras: una realidad que traspasa fronteras).

El panorama ha sido cada vez más crítico y, justamente, uno de los ojos que están puestos en esta situación son los de Global Witness, una ONG que desde el 2012 ha estado recopilando datos sobre asesinatos de personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. Desde su reporte de 2018, esta organización ha señalado que Colombia es el país más peligroso para las personas que ejercen este tipo de liderazgo. El 2020 no fue la excepción: de nuevo Colombia aparece como protagonista en este crítico informe.

Hay que recordar que en el 2018 se presentó el reporte de 2017, año para el cual se registraba que, del total de los asesinatos cometidos en el mundo (97), 32 habían ocurrido en Colombia. Para el informe publicado en 2020 (sobre la situación en el 2019), 212 casos se reportaron a nivel global; entre esos, 64 fueron contra líderes y lideresas ambientales del país.

Ahora, en el informe más reciente, Global Witness reportó un total de 227 asesinatos cometidos en el 2020, de los cuales 65 tuvieron lugar en Colombia: país que, de nuevo, figura como uno de los más peligrosos para el ejercicio de la defensa de los derechos ambientales. México y Filipinas son los dos países que le siguen en este informe: ocurrieron 30 y 29 casos, respectivamente. A pesar del panorama crítico de estos dos países, en Colombia se duplica el número de personas asesinadas respecto a las cifras de cada uno de ellos.

El panorama general

Como se mencionó anteriormente, Global Witness logró registrar 227 asesinatos contra personas líderes ambientales en el 2020. Esto significa que a más de 4 personas les fue arrebatada la vida cada semana. Hay que decir que, como se indica desde esta organización, es necesario reconocer el alto nivel de subregistro que puede haber en este panorama debido al poco seguimiento que se hace a este tipo de victimizaciones, así como a las restricciones de prensa y a la ausencia de registros independientes de ataques contra las personas defensoras del medio ambiente y el territorio.

“Las disputas por la tierra y el daño ambiental –dos de las principales causas subyacentes detrás del activismo de las comunidades– también pueden ser muy difíciles de monitorear en las zonas del mundo afectadas por los conflictos. Sabemos que, más allá de los asesinatos, muchas personas defensoras y comunidades también son silenciadas mediante la utilización de tácticas como las amenazas de muerte, vigilancia, violencia sexual o criminalización. Y estos tipos de ataques son aún menos denunciados. Estos desafíos en el registro, junto con el requisito de cumplir con estrictos criterios de verificación para acreditar los asesinatos, hacen que nuestras cifras sean –casi que con certeza– una subestimación”, se lee en el informe.

Adicionalmente, se identificó que las causas que más habían motivado estos crímenes había sido la oposición a la explotación forestal (23 casos), a la minería e industrias extractivas (17 casos) y a la agroindustria (17 casos). Además, muchos casos estaban relacionados con la sustitución de cultivos ilegales (17 casos), la reforma agraria (12 casos) y la defensa del agua (20 casos). En 112 de los hechos no se logró establecer el sector de defensa al que pertenecían las personas asesinadas.

Asimismo, a pesar de ser Colombia el país con mayor número de casos, si se tiene en cuenta el registro per cápita, Nicaragua fue el país más peligroso para las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente: en este país centroamericano se registraron 12 asesinatos, mientras que en 2019 se contabilizaron 5.

A la violencia homicida se suma otra serie de victimizaciones a las que son expuestas estas personas defensoras: hostigamientos, persecución y criminalización, además de casos en los que la violencia sexual se ha utilizado como una herramienta para generar miedo a las personas que ejercen estos liderazgos, especialmente cuando se trata de mujeres.

“Más de 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas en 2020 eran mujeres. Si bien la cantidad de asesinatos registrados contra mujeres parece ser menor, quienes actúan y se manifiestan también pueden enfrentar amenazas específicas de género, incluida la violencia sexual. Las mujeres suelen enfrentar un doble desafío: la lucha pública para proteger su tierra, agua y nuestro planeta, y la lucha, a menudo invisible, para defender su derecho a manifestarse dentro de sus comunidades y familias. En muchas partes del mundo, las mujeres todavía están excluidas de la propiedad de la tierra y discusiones acerca del uso de los recursos naturales”, se agrega.

Colombia, en alerta por asesinatos a personas defensoras de los derechos ambientales

Ya son dos años en los que consecutivamente Colombia ha estado bajo la lupa como el país donde hay más asesinatos a líderes y lideresas ambientales. Y es que justamente en el país hay varios contextos que atraviesan esta situación, pues, por un lado, hay una situación generalizada de asesinatos contra personas defensoras de derechos humanos que se ha agudizado desde 2016, pero además, son muchos los motivos estructurales por los que los ejercicios de liderazgo resultan necesarios.

Por ejemplo, se han adelantado acciones relacionadas a la sustitución de cultivos ilícitos, en donde ha habido una fuerte oposición al uso de glifosato y a la erradicación forzada. En este contexto, además, se reportan casos en los que grupos campesinos son víctimas de ejecuciones extrajudiciales mientras la fuerza pública realiza este tipo de erradicación. Según el SIPARES, en el 2020 ocurrieron tres de estos hechos registrados en Antioquia, Norte de Santander y Nariño.

Además, desde varios sectores se han realizado actividades contra el fracking, para promover que los territorios estén libres de esta actividad y para que, además, se respete el derecho a la consulta previa a la que las comunidades tienen derecho. Y a esto se suma toda la lucha por la tierra, que históricamente ha sido una de los motivos que más ha llevado a la conflictividad en el país.

Este escenario se complejiza aún más teniendo en cuenta la proliferación y el fortalecimiento de estructuras armadas ilegales, pues a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y de la salida de las FARC-EP, muchos otros grupos han copado las zonas del país, agudizando la situación de violencia y dejando como una de sus grandes víctimas a defensores y defensoras de derechos ambientales. Muchos de estos grupos actúan a través de la financiación de estructuras a las que les benefician las acciones contra el medio ambiente por las que muchos líderes y lideresas trabajan. De acuerdo al informe de Global Witness, precisamente, un actor central que tendría responsabilidad en buena parte de los casos que ocurren a nivel global se trata del sector conformado por empresas y corporaciones que, en muchos casos, contarían incluso con la complicidad de los Gobiernos de los países en que estas victimizaciones ocurren a gran escala.

Como se mencionaba en el título de este artículo, vuelve y juega: por segundo año consecutivo, Colombia es el país más peligroso para la defensa del medio ambiente en el mundo. Esta realidad pone sobre la mesa el cuestionamiento relacionado a cuáles han sido las medidas de protección que se han tomado desde el Estado para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales del país, pues los llamados han sido muchos, y las acciones por parte de las instituciones encargadas parecen quedarse cortas.